Caja de la Ingeniería: Dura carta documento contra Amaro Busatto

Foto de izq. a der.: Oscar Ezcurra, Gerardo Severín y Amaro Busatto 

La Caja de la Ingeniería transita hace tiempo sus días con directivos fuertemente cuestionados por la oposición. Según dicen sus críticos, se han aferrado a los cargos desde el año 2011 contra mandato judicial, ponen en riesgo la institución y se realizan grandes operaciones económicas aunque tienen conocimiento de la situación legal en trámite.

Jorge Zavala -que nunca ocupó cargo en la Caja- se dirigió a Amaro Busatto con duros términos a partir de un comunicado de prensa firmado por el Arquitecto (Amaro Busatto) y el Ingeniero Agrónomo Gerardo Severín en el que afirman que "la querella (representada por Zavala en juicios que se tramitan en tribunales)... tenía como única finalidad desestabilizar esta institución y mancillar el buen nombre de sus directivos" y agrega: "invitamos a reflexionar sobre las actitudes indignas de aquel grupo...".

Zavala, apela a la historia y les dice: "saben indubitablemente que ello no es así. Alcanza en sobremanera apelar a la realidad jurídica, histórica y fáctica: permanentes dilaciones presentadas en forma abusiva por parte de sus letrados y el escandaloso presunto uso de influencias –a su favor- por parte del Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe -Luis Rubeo- que comparte, por otra parte, lineamientos políticos con otro Diputado (Leandro Busatto), familiar directo de quien ostenta actualmente la presidencia de la Caja: Amaro Busatto". 

El afiliado a la Caja de la Ingeniería hace referencia a la política y pone al descubierto cuestiones denunciadas en tribunales por otros afiliados que trasuntan gravedad institucional a nivel provincial.

"Se recuerda que (Luis) Rubeo envío una misiva al Sr. Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Dr.  Roberto Prieu Mantaras, en momentos -del año 2013- que debía decidirse la continuidad de vuestro desembarco en los cargos asumidos contra mandato expreso de la Justicia, contra Resolución Judicial. Casualmente, el fallo posterior –y por entonces- coincidió con vuestras pretensiones. Tal fue el despropósito y la politización de la vida democrática de la Institución –lejos de la vida profesional- que un afiliado –con el ánimo de evitar influencias externas que afecten el destino democrático de la institución- instó una denuncia penal por “TRÀFICO DE INFLUENCIAS” contra los Diputados Luis Rubeo y Leandro Busatto (actualmente en análisis de la CSJPSF). Y otro afiliado preocupado por bienes presentó una denuncia penal por “DEFRAUDACIÓN”".

La fuerte Carta Documento le reclama a Amaro Busatto que se "ratifiquen o rectifiquen" de las manifestaciones que vertió el Directorio.

"Parece mentira, que estos largos años de existencia de la Caja de la Ingeniería, que nunca había tenido directivos investigados por la Justicia -como sucede con ustedes-, haya que explicar que los afiliados tienen derecho a peticionar ante las autoridades. Que las Resoluciones Judiciales deben respetarse y cumplirse. Que un afiliado como el que suscribe, que nunca ocupó cargo alguno en la entidad, deba pedir rectificaciones a supuestos Directores que asumieron sin el permiso de la justicia en el año 2011 y aún pretenden aferrarse a la calidad de directivos", dice Jorge Zavala".

La intimación vino cargada de referencias a los hechos sustentados en documental judicial, según la perspectiva del dirigente que se siente agraviado: "Esta parte no fue la que no respetó a la Justicia cuando mandó a suspender las elecciones. Esta parte no se aferró a los cargos poniendo en riesgo la vida institucional de la Entidad. Por el contrario, promovimos un verdadero funcionamiento democrático, donde los Directivos no ocupen cargos por imposición" y agrega: "Omiten malintencionadamente decir a los afiliados, sin ruborizarse, que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, por mayoría de sus miembros rechazó el Recurso de Queja presentado por el Dr. Nestor Oroño de inconstitucionalidad, con la pretensa intención de dejar sin efecto vuestros procesamientos (Ezcurra, Busatto, Severín) por DESOBEDIENCIA JUDICIAL".

Asimismo, con conceptos de alto contenido institucional y legal aclaró: "Son Ustedes los que deben dar explicaciones a la justicia. Son Ustedes los deberían explicar si la erogación para la defensas judiciales salen de sus bolsillos o las pagamos todos los afiliados. Recuerdo que pesa sobre sus personas, por ejemplo, una denuncia penal por defraudación (EXPEDIENTE Nº 366/2013, QUE FUERA INICIADO POR EL SR. FISCAL DE DISTRITO S/ REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN EN RELACIÓN A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL ING. EDUARDO BONINI POR EL PRESUNTO DELITO DE DEFRAUDACIÓN ART. 173 DEL CP).

El tipo de agravios que los firmantes del comunicado realizan, es el de los denominados injuria equívoca o encubierta, por la que indirectamente y sin decir la verdad creen que el desprestigio de otra persona puede salvar sus propias responsabilidades".

Para finalizar, tal vez lo más impactante de la intimación, dice:  "Es tal vuestro intento de generar confusión entre los afiliados, que omiten explicar que la justicia tiene sometido a análisis la nulidad del proceso electoral -“suspendido” por el mismo Poder Judicial-  del año 2011 (Expediente Nº 271/11)".

Otro escándalo envuelve a la Caja de la Ingeniería y la atención de la oposición está centrada en el supuesto atropello a la justicia por parte de estos directivos, ya que en el pasado les pareció extraño -a la oposición- la decisión de algunos Camaristas.

Existiría una supuesta transferencia de fondos de la Caja a la Mutual creada (AMACI) y que preside el investigado Arquitecto Oscar Ezcurra. Un sector importante de afiliados tiene en estudio ese tema.

TEXTO COMPLETO DE LA CARTA DOCUMENTO DIRIGIDA A AMARO BUSATTO

De mi consideración: 

               JORGE ZAVALA, DNI 10 935 388, en mi carácter de afiliado de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe, Primera Circunscripción, por la presente, le solicito a Uds. se ratifiquen o rectifiquen de las manifestaciones que vertieron en un COMUNICADO DE PRENSA -en febrero de 2014-, que fue enviado a todos los afiliados, a medios de comunicación y –además- fue publicado en la página web de nuestra Institución. Asimismo, se vertió en la “MEMORIA”- enviada a los afiliados-  inexactitudes.

En el mencionado “COMUNICADO” se me descalifica sosteniendo que: “La circunstancia referida, es consecuencia de la inactividad de la querella que, en una clara demostración de la inconsistencia y falta de fundamentos de la instancia, tenía como única finalidad desestabilizar esta Institución y mancillar el buen nombre de sus directivos” y agrega: “invitamos a todos a reflexionar sobre las actitudes indignas de aquel grupo minoritario”.

Ustedes, saben indubitablemente que ello no es así. Alcanza en sobremanera apelar a la realidad jurídica, histórica y fáctica: permanentes dilaciones presentadas en forma abusiva por parte de sus letrados y el escandaloso presunto uso de influencias –a su favor- por parte del Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe -Luis Rubeo- que comparte, por otra parte, lineamientos políticos con otro Diputado (Leandro Busatto), familiar directo de quien ostenta actualmente la presidencia de la Caja: Amaro Busatto.

 Se recuerda que Rubeo envío una misiva al Sr. Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Dr.  Roberto Prieu Mantaras, en momentos -del año 2013- que debía decidirse la continuidad de vuestro desembarco en los cargos asumidos contra mandato expreso de la Justicia, contra Resolución Judicial. Casualmente, el fallo posterior –y por entonces- coincidió con vuestras pretensiones. Tal fue el despropósito y la politización de la vida democrática de la Institución –lejos de la vida profesional- que un afiliado –con el ánimo de evitar influencias externas que afecten el destino democrático de la institución- instó una denuncia penal por “TRÀFICO DE INFLUENCIAS” contra los Diputados Luis Rubeo y Leandro Busatto (actualmente en análisis de la CSJPSF). Y otro afiliado preocupado por bienes presentó una denuncia penal por “DEFRAUDACIÓN”.

 Parece mentira, que estos largos años de existencia de la Caja de la Ingeniería, que nunca había tenido directivos investigados por la Justicia -como sucede con ustedes-, haya que explicar que los afiliados tienen derecho a peticionar ante las autoridades. Que las Resoluciones Judiciales deben respetarse y cumplirse. Que un afiliado como el que suscribe, que nunca ocupó cargo alguno en la entidad, deba pedir rectificaciones a supuestos Directores que asumieron sin el permiso de la justicia en el año 2011 y aún pretenden aferrarse a la calidad de directivos.

Se recuerda que en el expediente judicial Nº 271/2011, los Jueces de Cámara Penal: Dres. PRIEU MANTARAS, RUCCI Y ECHAURI, resolvieron: …3) COMUNICAR A LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA PARA QUE SE ABSTENGAN DE CONTINUAR CUALQUIER ACTO DEL PROCESO ELECTORAL.

Las “actidudes indignas” a las que hacen referencia, afectan seriamente mi honor. Nadie puede ser considerado “indigno” por reclamar justicia.

 Omiten malintencionadamente decir a los afiliados, sin ruborizarse, que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, por mayoría de sus miembros rechazó el Recurso de Queja presentado por el Dr. Nestor Oroño de inconstitucionalidad, con la pretensa intención de dejar sin efecto vuestros procesamientos (Ezcurra, Busatto, Severín) por DESOBEDIENCIA JUDICIAL.

 Asimismo, es agraviante para mi honor que el comunicado sostenga que “tenía como única finalidad desestabilizar esta Institución y mancillar el buen nombre de sus directivos”. 

De ninguna manera, es intención desestabilizar la Institución. Esta parte no fue la que no respetó a la Justicia cuando mandó a suspender las elecciones. Esta parte no se aferró a los cargos poniendo en riesgo la vida institucional de la Entidad. Por el contrario, promovimos un verdadero funcionamiento democrático, donde los Directivos no ocupen cargos por imposición.

Asimismo, resulta extraño explicarles el derecho que asiste a los ciudadanos de poder denunciar ante la justicia, de peticionar ante las autoridades -con fundamentos como se ha hecho oportunamente-.

Una institución tan importante debe manejarse de acuerdo a la legalidad, legitimidad y autenticidad.

No son menores las irregularidades que se visualizan como las asunciones se han realizado en el año 2012 y 2013, toda vez que se hicieron desobedeciendo lo que establecen los Sres. Jueces (mencionados up supra). Sin perjuicio que la cuestión de fondo está pronto a resolverse en lo referente a la nulidad del proceso electoral del año 2011, lo que llamativamente evitan comentar en sus relatos injuriantes. 

Me agravia particularmente que esa conducción de manera maliciosa y mendáz  -mediante comunicados que me implican- exprese de manera inexacta los roles en el proceso, y que pretendan convertirse en víctimas -reitero, usando el aparato comunicacional de la institución-, cuando son los verdaderos promotores del caos institucional, que hasta ahora puede interpretarse,  con el fin de permanecer en sus sillones.

Son Ustedes los que deben dar explicaciones a la justicia. Son Ustedes los deberían explicar si la erogación para la defensas judiciales salen de sus bolsillos o las pagamos todos los afiliados. Recuerdo que pesa sobre sus personas, por ejemplo, una denuncia penal por defraudación (EXPEDIENTE Nº 366/2013, QUE FUERA INICIADO POR EL SR. FISCAL DE DISTRITO S/ REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN EN RELACIÓN A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL ING. EDUARDO BONINI POR EL PRESUNTO DELITO DE DEFRAUDACIÓN ART. 173 DEL CPP).

El tipo de agravios que los firmantes del comunicado realizan, es el de los denominados injuria equívoca o encubierta, por la que indirectamente y sin decir la verdad creen que el desprestigio de otra persona puede salvar sus propias responsabilidades.

En particular, considero que la desestabilización de la institución la realizan personas que desobedecen las órdenes judiciales y que estando procesadas igualmente llevaron adelante acciones comerciales en contra de la legislación vigente.

Quienes denunciamos las acciones ilegales solamente cumplimos con el rol que cualquier afiliado debe realizar en función de control de legalidad de las acciones de la Institución.

Téngase presente vuestro desconocimiento del derecho. Las denuncias planteadas lo son ante la Fiscalía de turno, y es el Ministerio Público Fiscal el que lleva adelante la acusación en materia penal contra los imputados. El fiscal es el titular de la persecución por parte del Estado. El querellante solamente aporta las pruebas conducentes al esclarecimiento del hecho. A lo mejor, a ustedes les convenga una justicia lenta. Pero no es lo que los hombres que vivimos al amparo de la Constitución pretendemos.

Por otro lado, y teniendo en cuenta la faz subjetiva, la acción desplegada por el Directorio en el comunicado de prensa, agravada por la mención que realizan en la Memoria y Balance de la Institución, es absolutamente dolosa y malintencionada,  porque me pretende desacreditar mi buen nombre y honor ante los afiliados.

Es tal vuestro intento de generar confusión entre los afiliados, que omiten explicar que la justicia tiene sometido a análisis la nulidad del proceso electoral -“suspendido” por el mismo Poder Judicial-  del año 2011 (Expediente Nº 271/11).

De no hacerse efectiva la retractación en el término, iniciaré acciones legales civiles y penales que por derecho me asisten

Sin otro particular. Lo saludo atte.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Jorge Zavala                                                                                        Afiliado Caja de la Ingeniería Nº 1699