Pases millonarios, grasas estatales y zorros en el gallinero
El escribano Arribas se ganó la confianza de Mauricio Macri dos décadas atrás, como representante de Martín Palermo y otras estrellas durante su paso triunfal por la Ribera. Fue asesor del fantasmal Deportivo Maldonado hasta horas antes de que su amigo se calzara la banda presidencial, aunque ahora declara haberse desvinculado del pase de Calleri y del club uruguayo gerenciado por una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que los sabuesos antilavado sospechan que funcionó en varios casos como vehículo para la triangulación de pases, la evasión tributaria y el ocultamiento de activos ilícitos. Con el abogado Darío Richarte recién asumido como director de Finanzas de la AFI y a la vez como vocal de Angelici en la comisión directiva azul y oro, el caso podría salpicar al entorno más íntimo del Presidente. Salvo que con su cúpula renovada, la UIF desista de exigirle a la AFA los datos que requiere mensualmente su resolución 70/2011: quiénes son los dueños de los derechos de cada jugador de primera división, con qué fondos se pagaron y a través de qué bancos, entre otros detalles incómodos.
El FIFAgate a nivel mundial, el banquero arrepentido del HSBC en Suiza y el Lava Jato en Brasil pusieron de relieve como nunca durante el año pasado la trama empresarial de una corrupción que suele achacarse exclusivamente a los políticos. Otro pase millonario que quedó envuelto esta semana en un escándalo de coimas fue la venta del 58% de Perez Companc a Petrobras en 2002, por el cual uno de los exdirectores de la petrolera detenidos en Río de Janeiro denunció que se pagaron 100 millones de dólares en sobornos a miembros del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El zar petrolero argentino Oscar Vicente, CEO de PeCom en aquel momento y actual presidente del Club del Petróleo, cobró según el denunciante un “premio” de 6 millones de dólares por aceitar la operación, que se concretó por u$s 1.100 millones. Además del poderoso lobby hidrocarburífero, Vicente preside la petrolera Entre Lomas. Curiosamente, solo el diario Río Negro se hizo eco de la noticia que puso las barbas en remojo de buena parte de la patria contratista criolla.
AeroLan Argentinas
El desembarco de ejecutivos del sector privado en oficinas públicas se convirtió en el sello distintivo de la gestión macrista, tal como se había anticipado en esta columna el 13 de noviembre. Pero tras un mes de gestión, los conflictos de intereses empiezan a patentizarse. En la UIF, su titular saliente José Sbattella impugnará este lunes en audiencia pública a la candidata oficialista a la vicepresidencia, María Eugenia Talerico, por violación de las leyes Antilavado y de Ética Pública. Como apoderada del oficial de cumplimiento del HSBC, en varias ocasiones durante 2015, la abogada querelló contra el Estado para aventar las sospechas de lavado que aún pesan sobre el banco y cuestionó la constitucionalidad de la ley 26.683 y de las sanciones que prevé.
En Aeroparque, donde el cambio de quincena llegó ayer con una huelga contra la filial local de Lan, también comienzan a emerger las incompatibilidades resultantes de haber colocado al frente de Aerolíneas a varios ejecutivos que acompañaron al flamante vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, en su larga gestión como CEO de la compañía de capitales chilenos. Daniel Maggi, el gerente de Recursos Humanos que acaba de designar en la aerolínea de bandera la ex CEO de Chevrolet Isela Costantini, ocupó durante siete años el mismo cargo en la competencia. Diego Sanguinetti, el nuevo vice de Aerolíneas, también es un ex Lan.
¿Dónde está el conflicto? En que los gremios aeronáuticos pretenden pactar ahora el incremento salarial anual que Lan debió haber acordado en diciembre, según su convenio colectivo, pero la compañía solo ofrece el mismo 27,4% de incremento que otorgó Aerolíneas en septiembre, antes de la devaluación que disparó la inflación a un nivel anualizado cercano al 40%. Con los ejecutivos formados por Lopetegui al mando de las dos empresas, los aeronáuticos enfrentan un virtual monopsonio de su fuerza de trabajo. Maggi y Sanguinetti evitarán a toda costa que sus colegas de Lan superen la pauta de septiembre, porque saben que si lo hacen les pedirán a ellos la reapertura de su propia paritaria.
Ajeno a las controversias, Macri recibió esta semana en su despacho de la Rosada a su amigo Sebastián Piñera, el expresidente chileno que vendió su participación en Lan a la familia Cueto en 2010. Piñera fue luego invitado por Alejandro Graiver a Punta del Este, donde por unas horas coincidió con el mexicano Vicente Fox, otro expresidente conservador que eligió para asolearse las playas de Maldonado. Mañana, en ese mismo balneario, el banquero Jorge Brito abrirá su chacra Mamá Ganso a la flor y nata del establishment. Al Presidente ya no le quedan vacaciones: pasó las suyas en familia en el country Cumelén de Villa La Angostura junto al nonagenario Alberto Roemmers y sus hijos Pablo, Alejandro y Alberto Jr, dueños del laboratorio homónimo. Los anfitriones tuvieron la delicadeza de retrotraer los aumentos de precios de medicamentos que habían dispuesto antes de las Fiestas. A cambio obtuvieron el compromiso del secretario de Comercio, Miguel Braun, de que los precios serían “completamente libres” antes de mitad de año.
Tarifazo en puerta
El aumento de tarifas de luz y gas que según Alfonso Prat-Gay permitirá al fisco ahorrar 1,5% del PBI este año también está siendo definido en estas horas por los ejecutivos del sector privado que colonizaron los despachos oficiales con el recambio presidencial. El encargado de los anuncios será el ministro de Energía, el ex Shell Juanjo Aranguren, quien ya avisó que los aumentos regirán desde febrero. Los técnicos que supervisan los detalles del reajuste eléctrico son dos nuevos directores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): el ingeniero Ricardo Sericano, un ex Edenor, y el contador Juan Garade, formado en Edesur. Así, las dos compañías que debe controlar el ENRE se garantizaron (por lo menos) contar con información de primera mano sobre los cambios que se vienen.
La oposición haría bien en verificar cuándo abandonaron Sericano y Garade sus cargos en las dos distribuidoras privadas metropolitanas de luz porque, si no dejaron pasar un año, los artículos 13 y 15 de la ley de Etica Pública les impedirían asumir en el ENRE. También convendría que pidieran explicaciones sobre el mecanismo que barajan para maquillar el tarifazo. Los cálculos preliminares apuntan a que tres de los cinco millones de usuarios de Capital y el Gran Buenos Aires paguen entre cinco y seis veces más por la luz que consumen, lo cual los equipararía con los del resto del país. Pero para que ese impacto luzca como la mitad del real, la idea es que la facturación sea bimestral pero dividida en dos vencimientos, para que el cliente los pague mensualmente. Como el incremento regiría desde el 1º de febrero y el bimestre termina el 1º de marzo, las primeras facturas comprenderían un mes con tarifas viejas y otro con nuevas.
Los escollos inmediatos del plan Aranguren son al menos dos. Por un lado, si bien el ministro anticipó que quedarán exentas de parte del tarifazo las dos millones de familias con menores ingresos entre las que pagan por su electricidad, el ENRE solo dispone de datos sobre 600 mil familias que actualmente abonan la tarifa social. Para peor, la mitad de ellas consume más de los 150 kWh mensuales que el Gobierno aceptaría mantener subsidiados como máximo, porque viven en zonas sin red de gas y usan la electricidad para calentarse en invierno. El otro interrogante es qué pasará en las provincias. Aunque la actualización tarifaria corrige una injusticia distributiva y geográfica que dejó como herencia el dispendioso devidismo energético, pocos usuarios en las provincias imaginan que a ellos también les llegará la suba, por la porción de los subsidios que hoy se destina al segmento de la generación. Es un foco de conflictividad todavía imprevisible, como si no hubiera ya suficientes.
