Con impulso de Carrió

La ley de Defensa de la Competencia prevé millonarias multas y crea figura del "arrepentido"

Miércoles 28 de Septiembre 2016

El proyecto cuenta con el apoyo del macrismo y ya puso a varios sectores empresariales a la defensiva. Crea un órgano que permita recuperar la competitividad de precios. También posibilita las acciones de reparación de daños y perjuicios causados como consecuencia de las infracciones a las normas

Un nuevo proyecto de ley pone a prueba el difícil equilibrio entre ser un gobierno "market friendly" y atender la demanda de los socios políticos que piden gestos firmes ante las empresas: con la firma de Elisa Carrió y el radical Mario Negri, se presentó una iniciativa para castigar a las empresas que afecten la competencia.
El proyecto, que impone duras sanciones para quienes incurran en monopolio o "cartelización", ya puso a la defensiva a grandes empresas de diversos sectores, y plantea para el macrismo uno de sus dilemas clásicos: si sobreactúa su postura contra las "corporaciones", se expone a que le hagan acusaciones parecidas a las que se le hacían al kirchnerismo; pero si no acompaña, se enfrente con los socios de la coalición Cambiemos.
Toda una complicación para un Gobierno empeñado en diferenciarse del kirchnerismo y, al mismo tiempo, mantener a su lado a los referentes políticos que los acompañaron durante la campaña electoral.
Además, al ser una fuerza que no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, se vio obligada a negociar y, al mismo tiempo, a tratar de mantenerse fuerte.
Por lo pronto, la decisión tomada parece ser privilegiar la sociedad política. Y desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puso el ojo sobre 11 sectores de la economía, a los que acusó de ser oligopólicos. Ellos son aluminio, acero, petroquímica, telefonía móvil, tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos, aceite, leche, carne, detergentes para la ropa, transporte terrestre interurbano de pasajeros y transporte aéreo.
Además, hace poco tiempo castigó a Visa por posición dominante en el mercado de las tarjetas de crédito.
En ese camino, el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reformar la Ley de Defensa de la Competencia, que apunta a combatir la formación de monopolios y la cartelización.
Para el macrismo, durante la gestión kirchnerista, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, fue inoperante y  “favoreció las prácticas monopólicas y la concentración del mercado, lo que inhibió la aparición de pymes, castigó a los consumidores y afectó al empleo”. 
De todas maneras, "no será una agencia de control de precios",  sino que, por el contrario, se prevé "promover la competencia para que el mercado recupere la competitividad de los precios".
Los ideólogos de la propuesta fueron Negri y Carrió, quienes estuvieron acompañados  por el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el titular de la bancada del PRO en Diputados, Nicolás Massot.
La propuesta tiene como datos novedosos la creación de la figura del arrepentido para combatir las prácticas monopólicas de abuso de posición dominante, y la creación de la Agencia Nacional de la Competencia como un ente autárquico, sin que dependa de la secretaría de Comercio, como ocurre en la actualidad.
Carrió señaló que debe haber una “competencia clara y transparente entre las pymes”, y agregó: “Es cierto que hay concentraciones económicas que se van a terminar”.
Por su parte, Cabrera dijo que para el Gobierno nacional esta ley “es muy importante”. Además, destacó que hay que beneficiar a las pymes porque son ellas “las que generan empleo”.
“No vamos a poder generar empleo si no liberamos la cancha y permitimos que las pymes puedan competir”, manifestó el funcionario, quien además precisó: “Tenemos un plan productivo que tiene que ver con hacer más eficiente la economía y uno de los ejes es fomentar la competencia”.
Puntos principales de la propuesta
Mediante la iniciativa se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo descentralizado e independiente, en el ámbito del Poder Ejecutivo. 
La autoridad estaría conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.
A su vez, el Tribunal de Defensa de la Competencia estaría conformado por cinco miembros, de los cuales por lo menos dos deberían ser abogados y otros dos licenciados o con posgrados en Ciencias Económicas.
Con el proyecto se prohíben todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado.
Sin embargo, se prevé un “Programa de Clemencia” para detectar "cárteles", esto es, un beneficio de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran a este programa, en la medida en que aporten pruebas que permitan castigar a los miembros del cártel.
Para la primera empresa que adhiera, se propone la exención total de la sanción, mientras que para las siguientes se promueve una reducción parcial.
Otro aspecto central y novedoso es la creación de la figura del arrepentido, con el objeto de que una persona pueda denunciar el accionar monopólico, para que se pueda evitar esa cartelización que sucede alguna cuando se acuerdan precios entre dos o varias empresas.
Por otra parte, la iniciativa crea la Subsecretaría de Fomento a la Competencia, en el ámbito de la Secretaria de Comercio de la Nación, que debería administrar un “Fondo de Fomento de la Competencia”, destinado a financiar programas de capacitación, proyectos y la mejora de sistemas burocráticos del Estado con el objetivo de mejorar las condiciones de competencia.
En cuanto a las sanciones, aumentan las multas a las empresas que realizan prácticas de abuso de posición dominante que están muy desactualizadas.
Además, posibilita las acciones de reparación de daños y perjuicios causados como consecuencia de las infracciones a las normas de competencia y propone la creación de la Cámara de Apelaciones en Defensa de la Competencia como tribunal de alzada de las decisiones de la ANC.
También se subirá el monto para pedir autorización para la fusión de empresas y se lo ubicará en 2.200 millones de pesos porque la intención que tengan que realizar la gestión dos firmas con un peso económico significante. Significa que solo si una unión de empresas supera ese piso podría ser investigada.
La magnitud de las sanciones podría superar rápidamente los 10 dígitos, en caso de constatarse irregularidades como las que se comprobaron en el pasado con empresas cementeras, fabricantes de cerveza y de alimentos para mascotas, o la recientemente denunciada contra la compañía Prisma, propiedad de 14 bancos nacionales y extranjeros y dueña de las tarjetas de crédito Visa.
En el Congreso, la iniciativa deberá compatibilizarse con un conjunto de propuestas de distintas fuerzas políticas, que prevén reformas similares o aún más graves -la pena de prisión- para aquellos individuos responsables de organizar y participar en un cartel y en prácticas desleales.

Con información de IPROFESIONAL

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