Vidal arremete contra los gremios docentes
Sábado 18 de
Marzo 2017
La provincia le solicitó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que les aplique sanciones ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria. “Nunca sucedió algo semejante. Demuestran que son un gobierno autoritario”, replicó Roberto Baradel.
Tras ocho días de paros y una movilización masiva en La Plata, la escalada del gobierno bonaerense contra los docentes organizados tuvo ayer un nuevo capítulo: la gobernadora María Eugenia Vidal le pidió al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, que inicie los trámites para quitarle la personería gremial a los sindicatos que no acataron la conciliación obligatoria. El ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, un hombre que se fogueó como gerente de Recursos Humanos de los supermercados Walmart y Jumbo y de Telecom, dijo que “se está evaluando la aplicación de multas a los gremios docentes que hayan adherido a medidas de acción directa existiendo un proceso de conciliación obligatoria” y explicó que “estamos recolectando actas e información de los medios gráficos, radiales y televisivos”. El titular de Suteba, Roberto Baradel, dijo a PáginaI12 que “en democracia nunca sucedió algo semejante: demuestran que son un gobierno autoritario”.
El dirigente señaló que “el cumplimiento de la conciliación obligatoria se dirime en la Justicia. Es la justicia la que debe pronunciarse sobre la ilegalidad o no. Está claro que están buscando confrontar y no resolver el conflicto”. Durante el día, los gremios enrolados en la Ctera organizaron la Marcha Federal que culminará el miércoles 22 con un acto en la Plaza de Mayo. En Buenos Aires, el plan de lucha continuó con paro en algunos distritos y marchas, clases públicas y “guardapolvazos”.
El Frente Gremial Docente que integran los seis sindicatos provinciales rechazó la oferta salarial de 19 por ciento en tres cuotas. A partir de ese momento se desató la ofensiva antigremial de Cambiemos, sin precedentes desde el retorno a la democracia. La campaña se agudizó con la denuncia para que le inicien juicio político al juez Luis Arias, quien avaló la protesta sindical y consideró ilegal el descuento de los días de huelga (ver aparte).
Villegas declaró que ya se concretó “una presentación ante el ministerio de Trabajo de la Nación, como autoridad de aplicación originaria en tema personería para que inicie un sumario tendiente a verificar el incumplimiento de los extremos legales que justifican el uso de personería y aplique las sanciones que corresponda” y abundó en que la medida se da “en el marco del cumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando alguien no acata la conciliación obligatoria ni la Ley de Ministerios y se perturba la paz social al impedir el inicio del ciclo lectivo, porque éste no es un paro que se da en el transcurso del ciclo lectivo sino al inicio”.
Dos jueces provinciales, Arias y María Martínez avalaron el derecho de los sindicatos a llevar adelante el plan de lucha. Las autoridades optaron por polarizar con el secretario general del SUteba, Roberto Baradel.
Diálogo no/ataque sí
La estrategia de la gobernadora, la figura con mayor popularidad de Cambiemos, se focalizó en la demonización de Baradel con varios objetivos:
Las tácticas empleadas no registraron límites ni éticos ni políticos .La gobernadora exigió en conferencia de prensa que el dirigente confesara si es kirchnerista –La alianza Cambiemos pareciera dispuesta a instaurar al “Kirchnerismo” como el delito más atroz del Código Penal–. En la misma rueda de prensa anunció la decisión de pagarles un plus salarial por única vez a quienes no adhieran a las medidas de fuerza. La vulneración de los derechos gremiales con resoluciones ejecutivas extorsivas mostró que están dispuestos a todo.
La artillería tuvo una primera ráfaga de fogueo: los voluntarios. Vidal llegó a decir que convocaría a los 60 mil que se habían ofrecido por las redes sociales para suplantar a los docentes en huelga. La descabellada propuesta sólo sirvió para atizar el fuego mediático. Las leyes, preexistentes a Cambiemos, protegen a los alumnos del ingreso a las aulas de cualquier ciudadano bien o mal intencionado que pretenda ponerse al frente de una clase. El solícito servicio de Inteligencia Mariano Bronenberg que se ofreció primero por las redes quedó entonces relegado al ostracismo.
Eso fue sólo el inicio. Se sucedieron la exposición de las fotos de los hijos y el nieto de Baradel en América TV, para mofarse de las amenazas que había recibido el dirigente y su familia. “Baradel no necesita que nadie lo cuide” había sido la frase habilitadora del presidente Mauricio Macri al inaugurar la Asamblea Legislativa.
A medida que avanzó la contundencia de la huelga y de las movilizaciones, las ráfagas no cesaron. Ayer Villegas dio un paso más al anunciar la decisión de impulsar la quita de personería a los gremios que desconocen la conciliación obligatoria.
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se propuso como “mediador” del conflicto. Mediante una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, y a los representantes del Frente Gremial Docente ofreció una instancia de diálogo para superar los obstáculos que “derivaron en la excesiva prolongación del conflicto docente, que afecta los derechos de los niños y padres que utilizan el servicio de educación pública y a los trabajadores a tener un salario digno y condiciones laborales adecuadas”. Villegas respondió que esa instancia de diálogo es la conciliación obligatoria.
El techo aplasta
La paritaria docente despunta el año de negociaciones gremiales. El Gobierno desesperado por la necesidad de contener la inflación y bajar los salarios decidió fijar el techo en un 18 por ciento –lo subió un punto en la ultima oferta– y no parece dispuesto a modificarlo.
La vicepresidenta Gabriela Michetti llegó a decir esta semana que “si ganara 9000 pesos no haría paro” y completó con candor: “La gran mayoría de los maestros vive con alguien, hay más de un ingreso”.
Desde el retorno a la democracia, la puja salarial con los maestros marcó a los diferentes gobiernos. Durante el mandato de Raúl Alfonsín,en 1988, la Marcha Blanca tras más de 50 días de huelga en reclamo, entre otras cosas, de un piso salarial unificado, opacó la movida educativa del Congreso Pedagógico. Nueve años después, el 2 de abril de 1997, los docentes instalaron la Carpa blanca frente al Congreso, el menemismo no quiso resolver el mismo reclamo y fue el debutante Fernando de la Rúa quien logró el levantamiento con un precario mecanismo de financiamiento educativo. Quizás la única promesa electoral que cumplió la fallida Alianza. El kirchnerismo logró aprobar por unanimidad la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 que garantizó el funcionamiento de la paritaria nacional. La complejidad del mecanismo en un país federal ha sido un dolor de cabeza para la Nación y la provincia. La Nación, ya en manos de Cambiemos, cumplió con la ley y convocó a la paritaria. Este año electoral decidió desconocer la herramienta. La fragmentación del sistema vuelve a asolar a la educación como en la década menemista.
El dirigente señaló que “el cumplimiento de la conciliación obligatoria se dirime en la Justicia. Es la justicia la que debe pronunciarse sobre la ilegalidad o no. Está claro que están buscando confrontar y no resolver el conflicto”. Durante el día, los gremios enrolados en la Ctera organizaron la Marcha Federal que culminará el miércoles 22 con un acto en la Plaza de Mayo. En Buenos Aires, el plan de lucha continuó con paro en algunos distritos y marchas, clases públicas y “guardapolvazos”.
El Frente Gremial Docente que integran los seis sindicatos provinciales rechazó la oferta salarial de 19 por ciento en tres cuotas. A partir de ese momento se desató la ofensiva antigremial de Cambiemos, sin precedentes desde el retorno a la democracia. La campaña se agudizó con la denuncia para que le inicien juicio político al juez Luis Arias, quien avaló la protesta sindical y consideró ilegal el descuento de los días de huelga (ver aparte).
Villegas declaró que ya se concretó “una presentación ante el ministerio de Trabajo de la Nación, como autoridad de aplicación originaria en tema personería para que inicie un sumario tendiente a verificar el incumplimiento de los extremos legales que justifican el uso de personería y aplique las sanciones que corresponda” y abundó en que la medida se da “en el marco del cumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando alguien no acata la conciliación obligatoria ni la Ley de Ministerios y se perturba la paz social al impedir el inicio del ciclo lectivo, porque éste no es un paro que se da en el transcurso del ciclo lectivo sino al inicio”.
Dos jueces provinciales, Arias y María Martínez avalaron el derecho de los sindicatos a llevar adelante el plan de lucha. Las autoridades optaron por polarizar con el secretario general del SUteba, Roberto Baradel.
Diálogo no/ataque sí
La estrategia de la gobernadora, la figura con mayor popularidad de Cambiemos, se focalizó en la demonización de Baradel con varios objetivos:
- Imponer la idea de que el sindicalista era el responsable exclusivo y excluyente de la huelga de maestros y profesores.
- Poner en duda su condición de docente
- Ocultar la unanimidad de los reclamos entre todos los sindicatos.
- Generar disputas internas en el Frente Gremial justamente por el protagonismo que desde el propio gabinete nacional y provincial le otorgaron al titular de Suteba.
- Advertir sobre la “desestabilización” del Gobierno.
Las tácticas empleadas no registraron límites ni éticos ni políticos .La gobernadora exigió en conferencia de prensa que el dirigente confesara si es kirchnerista –La alianza Cambiemos pareciera dispuesta a instaurar al “Kirchnerismo” como el delito más atroz del Código Penal–. En la misma rueda de prensa anunció la decisión de pagarles un plus salarial por única vez a quienes no adhieran a las medidas de fuerza. La vulneración de los derechos gremiales con resoluciones ejecutivas extorsivas mostró que están dispuestos a todo.
La artillería tuvo una primera ráfaga de fogueo: los voluntarios. Vidal llegó a decir que convocaría a los 60 mil que se habían ofrecido por las redes sociales para suplantar a los docentes en huelga. La descabellada propuesta sólo sirvió para atizar el fuego mediático. Las leyes, preexistentes a Cambiemos, protegen a los alumnos del ingreso a las aulas de cualquier ciudadano bien o mal intencionado que pretenda ponerse al frente de una clase. El solícito servicio de Inteligencia Mariano Bronenberg que se ofreció primero por las redes quedó entonces relegado al ostracismo.
Eso fue sólo el inicio. Se sucedieron la exposición de las fotos de los hijos y el nieto de Baradel en América TV, para mofarse de las amenazas que había recibido el dirigente y su familia. “Baradel no necesita que nadie lo cuide” había sido la frase habilitadora del presidente Mauricio Macri al inaugurar la Asamblea Legislativa.
A medida que avanzó la contundencia de la huelga y de las movilizaciones, las ráfagas no cesaron. Ayer Villegas dio un paso más al anunciar la decisión de impulsar la quita de personería a los gremios que desconocen la conciliación obligatoria.
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se propuso como “mediador” del conflicto. Mediante una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, y a los representantes del Frente Gremial Docente ofreció una instancia de diálogo para superar los obstáculos que “derivaron en la excesiva prolongación del conflicto docente, que afecta los derechos de los niños y padres que utilizan el servicio de educación pública y a los trabajadores a tener un salario digno y condiciones laborales adecuadas”. Villegas respondió que esa instancia de diálogo es la conciliación obligatoria.
El techo aplasta
La paritaria docente despunta el año de negociaciones gremiales. El Gobierno desesperado por la necesidad de contener la inflación y bajar los salarios decidió fijar el techo en un 18 por ciento –lo subió un punto en la ultima oferta– y no parece dispuesto a modificarlo.
La vicepresidenta Gabriela Michetti llegó a decir esta semana que “si ganara 9000 pesos no haría paro” y completó con candor: “La gran mayoría de los maestros vive con alguien, hay más de un ingreso”.
Desde el retorno a la democracia, la puja salarial con los maestros marcó a los diferentes gobiernos. Durante el mandato de Raúl Alfonsín,en 1988, la Marcha Blanca tras más de 50 días de huelga en reclamo, entre otras cosas, de un piso salarial unificado, opacó la movida educativa del Congreso Pedagógico. Nueve años después, el 2 de abril de 1997, los docentes instalaron la Carpa blanca frente al Congreso, el menemismo no quiso resolver el mismo reclamo y fue el debutante Fernando de la Rúa quien logró el levantamiento con un precario mecanismo de financiamiento educativo. Quizás la única promesa electoral que cumplió la fallida Alianza. El kirchnerismo logró aprobar por unanimidad la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 que garantizó el funcionamiento de la paritaria nacional. La complejidad del mecanismo en un país federal ha sido un dolor de cabeza para la Nación y la provincia. La Nación, ya en manos de Cambiemos, cumplió con la ley y convocó a la paritaria. Este año electoral decidió desconocer la herramienta. La fragmentación del sistema vuelve a asolar a la educación como en la década menemista.
Con información de
pagina12
