El gobierno de Bolsonaro modificó una norma sobre deportaciones de personas "peligrosas"
Lunes 14 de
Octubre 2019
La polémica ley que permitía la "deportación sumaria" de "personas peligrosas", elimina el término "sumaria" y aclara que "no se procederá a la repatriación o deportación de ningún individuo", entre otras modificaciones.
El Gobierno de Brasil modificó, para suavizarla, una polémica norma de julio pasado que regulaba la deportación sumaria y prohibía la entrada de personas consideradas "peligrosas" para la seguridad del país.
La nueva medida, publicada en el Diario Oficial y firmada por el ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, sustituye al texto anterior, objeto de duras críticas por parte de la Fiscalía General, entidades de juristas y organizaciones que dan asistencia a migrantes y refugiados.
La ordenanza inicialpermitía la "deportación sumaria" de "personas peligrosas" o "que hayan practicado acto contrario a los principios y objetivos" de la Constitución brasileña.
Según ese texto, el Ejecutivo consideraba como "personas peligrosas" a los "sospechosos" implicados en terrorismo; crimen organizado; tráfico de drogas, de personas o armas de fuego; pornografía o explotación sexual infantil; e hinchas con historial de violencia en estadios de fútbol.
Pero la norma publicada hoy elimina el término "sumaria" y aclara que "no se procederá a la repatriación o deportación de ningún individuo", cuando existan razones "para acreditar" que tal acción "puede poner en riesgo la vida o la integridad personal" del extranjero.
También destaca que ésta no se aplica a los extranjeros residentes debidamente regularizados en el país, como tampoco a las personas reconocidas por el Estado brasileño como refugiadas.
Además, amplía el plazo de dos a cinco días para que el individuo que sea notificado para su deportación presente su defensa ante las autoridades o deje el país de manera voluntaria.
La nueva medida, publicada en el Diario Oficial y firmada por el ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, sustituye al texto anterior, objeto de duras críticas por parte de la Fiscalía General, entidades de juristas y organizaciones que dan asistencia a migrantes y refugiados.
La ordenanza inicialpermitía la "deportación sumaria" de "personas peligrosas" o "que hayan practicado acto contrario a los principios y objetivos" de la Constitución brasileña.
Según ese texto, el Ejecutivo consideraba como "personas peligrosas" a los "sospechosos" implicados en terrorismo; crimen organizado; tráfico de drogas, de personas o armas de fuego; pornografía o explotación sexual infantil; e hinchas con historial de violencia en estadios de fútbol.
Pero la norma publicada hoy elimina el término "sumaria" y aclara que "no se procederá a la repatriación o deportación de ningún individuo", cuando existan razones "para acreditar" que tal acción "puede poner en riesgo la vida o la integridad personal" del extranjero.
También destaca que ésta no se aplica a los extranjeros residentes debidamente regularizados en el país, como tampoco a las personas reconocidas por el Estado brasileño como refugiadas.
Además, amplía el plazo de dos a cinco días para que el individuo que sea notificado para su deportación presente su defensa ante las autoridades o deje el país de manera voluntaria.
Con información de
Télam
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