El partido de Evo Morales presentó un proyecto para dar inmunidad al ex presidente
Domingo 24 de
Noviembre 2019
También solicitaron amnistiar a los demás miembros del ex gobierno de Morales. El oficialismo de la autoproclamada presidente, Jeanine Áñez, decidió negar el pedido.
El Movimiento al Socialismo (MAS), partido del ex mandatario boliviano Evo Morales, presentó el sábado un proyecto de ley en el Senado para dar inmunidad al ex gobernante indígena y los antiguos miembros de su gobierno, una iniciativa que fue rechazada por el oficialismo y la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez. La medida fue presentada por la senadora quechua del MAS, Sonia Chiri, justo después de que la cámara alta aprobara por unanimidad un proyecto de ley consensuado para convocar nuevas elecciones.
Chiril indicó que el proyecto legislativo para "reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo Boliviano" busca “prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales y los antiguos integrantes de su Ejecutivo. Pretende, además, liberar a aquellos detenidos en protestas desde los comicios del 20 de octubre, indemnizar a las familias de los fallecidos en el conflicto y que el Estado dé los salvoconductos necesarios para las demandas de asilo de ex autoridades.
Tras su presentación, la propuesta fue rechazada por las bancadas del oficialista Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano, y el Senado entró en cuarto intermedio. El rechazo fue también manifestado por Áñez, quien advirtió que no promulgará la norma.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, la mandataria aseguró que “Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley" y realizó una denuncia contra el pedido: "Quiero denunciar ante el país que parlamentarios del Movimiento al Socialismo tienen la intención de aprobar una ley para favorecer a quienes han cometido delitos y ahora pretenden obtener impunidad".
"No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, escribió abajo en un nuevo tuit. "No vamos a defraudar la lucha pacífica de millones de bolivianos", aseguró.
En conferencia de prensa, Áñez acusó al MAS de pretender aprovechar su mayoría parlamentaria e insistió que los principios de su gobierno "no son negociables". Si bien afirmó que su Ejecutivo "no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico", este aceptará las decisiones de la justicia de investigar y sancionar a responsables de delitos. "No vamos a participar escribiendo una historia de infamia", sentenció.
El MAS presentó este proyecto legislativo un día después de que el gobierno de facto denunciará formalmente ante la Fiscalía de La Paz a Morales por delitos de "terrorismo y sedición". Tras presentarse la acusación, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, solicitó la autorización para poder interrogar al ex mandatario en México, país que le brinda asilo.
La denuncia Morales está basada en un video divulgado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, donde supuestamente el ex presidente fomentaba los piquetes en las ciudades para forzar la salida del nuevo Ejecutivo. Murillo había calificado este jueves la supuesta orden de Morales como "crimen de lesa humanidad" por el que iban a denunciarlo ante tribunales internacionales.
Sin embargo, el gobierno interino optó finalmente por presentar la acusación ante la justicia boliviana, que también inició investigaciones contra otros miembros del MAS.
La decisión de que sean el Ministerio Público y los tribunales locales los que investiguen el tema aporta mayor manejo de los tiempos procesales y le permiten al gobierno de Áñez buscar una herramienta, como podría ser una orden de detención, que inhiba la posibilidad de que Morales regrese a Bolivia en el corto plazo.
Chiril indicó que el proyecto legislativo para "reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo Boliviano" busca “prohibir las acciones de hecho, detenciones, aprehensiones y procesos judiciales” contra Morales y los antiguos integrantes de su Ejecutivo. Pretende, además, liberar a aquellos detenidos en protestas desde los comicios del 20 de octubre, indemnizar a las familias de los fallecidos en el conflicto y que el Estado dé los salvoconductos necesarios para las demandas de asilo de ex autoridades.
Tras su presentación, la propuesta fue rechazada por las bancadas del oficialista Unidad Demócrata y del Partido Demócrata Cristiano, y el Senado entró en cuarto intermedio. El rechazo fue también manifestado por Áñez, quien advirtió que no promulgará la norma.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, la mandataria aseguró que “Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley" y realizó una denuncia contra el pedido: "Quiero denunciar ante el país que parlamentarios del Movimiento al Socialismo tienen la intención de aprobar una ley para favorecer a quienes han cometido delitos y ahora pretenden obtener impunidad".
"No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, escribió abajo en un nuevo tuit. "No vamos a defraudar la lucha pacífica de millones de bolivianos", aseguró.
En conferencia de prensa, Áñez acusó al MAS de pretender aprovechar su mayoría parlamentaria e insistió que los principios de su gobierno "no son negociables". Si bien afirmó que su Ejecutivo "no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico", este aceptará las decisiones de la justicia de investigar y sancionar a responsables de delitos. "No vamos a participar escribiendo una historia de infamia", sentenció.
El MAS presentó este proyecto legislativo un día después de que el gobierno de facto denunciará formalmente ante la Fiscalía de La Paz a Morales por delitos de "terrorismo y sedición". Tras presentarse la acusación, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, solicitó la autorización para poder interrogar al ex mandatario en México, país que le brinda asilo.
La denuncia Morales está basada en un video divulgado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, donde supuestamente el ex presidente fomentaba los piquetes en las ciudades para forzar la salida del nuevo Ejecutivo. Murillo había calificado este jueves la supuesta orden de Morales como "crimen de lesa humanidad" por el que iban a denunciarlo ante tribunales internacionales.
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Con información de
Aire de Santa Fe
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