Revelan que Lagarde fue socia y asesora del bufete Baker & Mckenzie en paraísos fiscales

Domingo 24 de Noviembre 2019

Una investigación del diario El País, de España, dio a conocer que la actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) perteneció al consejo de administración de un holding de la firma legal en Bermudas y Singapur.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, fue consejera entre 2003 y 2005 de un bufete de abogados que defendía a una firma legal en Bermudas y Singapur. Se trata del despacho de abogados Baker & Mckenzie, domiciliado en las islas Bermudas, territorio frente a la costa este de Estados Unidos que figuraba entonces en la lista negra de la Unión Europea (UE) de paraísos fiscales.
 
Así lo reveló una investigación del diario El País, de España, el cual señaló que Lagarde perteneció también al consejo de una sociedad vinculada a la misma firma internacional en Singapur, cuando este país estaba blindado por el secreto bancario.
 
Lagarde fue socia hasta junio de 2005 del despacho de abogados internacional Baker & McKenzie. La firma, con presencia en todo el mundo, controlaba en Bermudas la sociedad Law in Context Ltd., un grupo empresarial en el que la mandataria francesa figuraba como consejera", según confirman a EL PAÍS fuentes próximas al bufete.
 
A su vez, el medio insistió que "la dirigente abandonó Law in Context en 2005 para ser ministra de Comercio Exterior del Gobierno del entonces primer ministro francés Dominique de Villepin. Años después, en 2011, se convirtió en directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y desde hace un mes es la presidenta del Banco Central Europeo (BCE)".
 
“Considerado como uno de los lugares más opacos del planeta, Bermudas fue hasta el pasado mayo un paraíso fiscal por su baja tributación, según la lista negra que elabora la UE”, remarcó el diario español. Vale recordar que, tras el escándalo de los papeles de Panamá, fue la propia Lagarde quien criticó los manejos de las multinacionales para pagar menos impuestos. “La evasión fiscal provoca mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios”, declaró la mandataria en una reunión en Valencia en junio de 2017 del Grupo Acción Financiera Internacional (FATF, en sus siglas en inglés), remata la investigación.
Con información de Ámbito

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