Nicolás Maduro no permitirá el ingreso a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a Venezuela
Viernes 31 de
Enero 2020
El canciller Jorge Arreaza publicó un comunicado en el que argumenta que el país no es miembro de la Organización de los Estados Americanos, que no ha invitado a la CIDH y que por lo tanto no autorizará su entrada al país
Nicolás Maduro negó este viernes la autorización de la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela, que tiene previsto comenzar este lunes, al argumentar que el país ya no pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA).
“En fecha 27 de abril de 2019, entró en vigencia la Carta de la OEA realizada por el Gobierno venezolano (...) En consecuencia, a partir de la mencionada fecha la República Bolivariana de Venezuela dejó de ser Estado parte de la OEA (...) En ningún momento el Gobierno de la República de Venezuela ha invitado o dado anuencia a la CIDH para realizar una visita al país”, recoge una carta publicada por el canciller Jorge Arreaza.
La semana pasada, la oposición liderada por Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció y autorizó la visita “in loco” de la CIDH desde el 3 al 8 de febrero, después de que por más de 17 años el ente internacional no haya hecho trabajo de campo en el país.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional anunciaron este jueves que la delegación estaría compuesta por cinco personas, entre ellas, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena, y que la visita sería “para constatar la situación de los derechos humanos en Venezuela”.
Los puntos propuestos para la visita incluían “persecución de diputados, independencia judicial de Venezuela, instrumentos de control social como el carné de la patria, libertad de expresión, funcionamiento de servicios públicos o el ecocidio en el Arco Minero del Orinoco”, apuntó el comisionado Humerto Prado.
Sin representación legítima
En la misiva del régimen de Maduro agregaron que “Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país”.
En abril del año pasado la OEA reconoció a Gustavo Tarre como representante de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), liderada por Juan Guaidó, hasta que haya elecciones en el país.
Inicialmente se esperaba reconocer a Tarre como embajador de Venezuela, pero tras una enmienda de Jamaica quedó como representante de la AN con el aval de 18 de los 34 miembros activos de la OEA, nueve votos en contra, seis abstenciones y la ausencia de la misión de Belice.
El texto resuelve “aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente, designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un Gobierno democráticamente electo”.
La OEA declaró el 10 de enero ilegítima la toma de posesión de Maduro, pero no ha aprobado ninguna resolución que específicamente reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela.
De manera bilateral, la mayor parte de los países del organismo han reconocido como presidente interino de Venezuela a Guaidó, que también ha recibido el respaldo del secretario general de la OEA Luis Almagro.
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La semana pasada, la oposición liderada por Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció y autorizó la visita “in loco” de la CIDH desde el 3 al 8 de febrero, después de que por más de 17 años el ente internacional no haya hecho trabajo de campo en el país.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional anunciaron este jueves que la delegación estaría compuesta por cinco personas, entre ellas, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena, y que la visita sería “para constatar la situación de los derechos humanos en Venezuela”.
Los puntos propuestos para la visita incluían “persecución de diputados, independencia judicial de Venezuela, instrumentos de control social como el carné de la patria, libertad de expresión, funcionamiento de servicios públicos o el ecocidio en el Arco Minero del Orinoco”, apuntó el comisionado Humerto Prado.
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En la misiva del régimen de Maduro agregaron que “Venezuela desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país”.
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Con información de
Infobae
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