SANTA FE
Usurpaciones en el norte: la Justicia ordenó el desalojo
Lunes 17 de
Febrero 2020
A 10 días del comienzo de las usurpaciones de terrenos fiscales en distintos barrios del norte de la ciudad, la Justicia ordenó el desalojo de una de ellas, en barrio Transporte, pero hasta el momento no se concretó debido a la falta de una orden política hacia las fuerzas de seguridad, que deben ejecutar el operativo.
Desde la Municipalidad de Santa Fe estiman que son cerca de 40 las familias que llevan adelante un acampe y asentamiento ilegal en barrio Transporte, más precisamente en lotes de un terreno fiscal delimitado por las calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° de Mayo, en el norte de la ciudad.
Mientras se aguardaba la intervención judicial en el tema, el Municipio realizó un relevamiento social de las familias que ocuparon el terreno y las censó para conocer sus barrios de origen y necesidades.
Finalmente, el pasado fin de semana el juez federal Francisco Miño emitió al respecto una orden judicial de allanamiento y desalojo, para que la Gendarmería Nacional proceda. Así lo confirmó Mariano Granato, secretario de Integración y Economía Social de la Municipalidad santafesina, quien sostuvo que esta fuerza pública se puso en contacto con las distintas áreas del Estado tanto municipal como provincial. “Mantuvimos una reunión operativa para comenzar hoy (lunes) con una intervención que intente mediar desde las áreas sociales para no llegar a una situación violenta de desalojo”, explicó el funcionario.
“Las primeras acciones deberán estar orientadas al diálogo”, dijo Granato. Si llegaran a agotarse esta instancia, será la Justicia quien dictamine cómo sigue el operativo. “Abandonar el lugar es la condición innegable que dictó el juzgado federal”, remarcó el secretario.
Mientras se aguardaba la intervención judicial en el tema, el Municipio realizó un relevamiento social de las familias que ocuparon el terreno y las censó para conocer sus barrios de origen y necesidades.
Finalmente, el pasado fin de semana el juez federal Francisco Miño emitió al respecto una orden judicial de allanamiento y desalojo, para que la Gendarmería Nacional proceda. Así lo confirmó Mariano Granato, secretario de Integración y Economía Social de la Municipalidad santafesina, quien sostuvo que esta fuerza pública se puso en contacto con las distintas áreas del Estado tanto municipal como provincial. “Mantuvimos una reunión operativa para comenzar hoy (lunes) con una intervención que intente mediar desde las áreas sociales para no llegar a una situación violenta de desalojo”, explicó el funcionario.
“Las primeras acciones deberán estar orientadas al diálogo”, dijo Granato. Si llegaran a agotarse esta instancia, será la Justicia quien dictamine cómo sigue el operativo. “Abandonar el lugar es la condición innegable que dictó el juzgado federal”, remarcó el secretario.
Con información de
El Litoral
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