Fuego y humo, el peligroso combo de los veranos en las islas frente a Rosario
Martes 25 de
Febrero 2020
La quema de pastizales para ganadería o por imprudencia de visitantes genera un problema ambiental, vial y de salud.
Un año sí y el otro también, las columnas de humo que emanan de los fuegos que queman parte del humedal que se extiende entre Santa Fe y Entre Ríos se convierten en un problema para la fauna y flora de la región, en una amenaza para la seguridad de quienes transitan la ruta entre Victoria y Rosario y en un inconveniente de salud para una parte de los rosarinos, que según como sople el viento conviven horas o días enteros con el olor picante del pasto seco que se incendia.
La quema descontrolada e ilegal de pastizales para ganadería ya es un clásico de los veranos en el sur de la provincia, donde la zona de islas frente a Rosario (bajo jurisdicción de Victoria) se convierte en un festival de focos de incendio y humo potenciados por el calor, el viento norte y la bajante del río.
A esta práctica habitual por parte de los productores ganaderos (que sólo puede hacerse bajo autorización, lo cual casi nunca ocurre) se sumaron este verano los incendios provocados por las personas que, también de manera ilegal, se detiene en la banquina de esa ruta para pescar, acampar o pasar el día. Una práctica prohibida que nadie controla: ni el concesionario de la traza vial, ni las provincias, ni las fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura que deben ordenar el uso del río, bajo la órbita de Nación.
El (no) plan de manejo del fuego
A estas dificultades se suman otros elementos más atados a las decisiones y voluntades políticas que se reflejan, por ejemplo, en los pocos recursos disponibles para combatir las llamas o evitar que esto suceda de forma sistemática.
El mejor ejemplo son los cada vez más escasos recursos financieros que Nación destina a combatir el fuego, una ecuación que empeoró durante los últimos años con fuertes recortes en las partidas.
Así se desprende de un informe reciente de la Fundación Argentina de Recursos Naturales (Farn) que analiza las partidas presupuestarias de Nación destinadas a aspectos de protección del ambiente año tras año desde 2013 hasta 2019.
El programa “Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres” pasó de tener una partida de 92 millones de dólares en 2017 a 57 millones dos años después. Además, cuando el manejo del fuego pasó de la órbita de Ambiente a Seguridad los fondos se redujeron hasta un 90%, calculados en dólares.
La Defensoría pidió por el Piecas
Aunque no lo parezca, ya existe un organismo multipartito para atender situaciones como la actual: se llama Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento del Delta del Paraná). Se trata de un plan con 10 años de vida creado tras los enormes incendios que en 2008 azotaron al Delta, con el detalle de que el humo invadió sectores de la Ciudad de Buenos Aires, algo que hizo que –finalmente–, se despertara el interés del gobierno nacional por el tema.
Con buena puntería, hace pocos días la Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió la reactivación de ese plan, la única instancia institucionalizada donde se reúnen los muchos y variados actores que deberían accionar ante las quemas ilegales: Nación, Vialidad, Prefectura, Provincias y municipalidades.
“Es de público conocimiento el daño ocasionado por la quema de pastizales en las islas y el deterioro constante de la flora y fauna. La repetición de esto año tras año evidencia el fracaso en las políticas públicas por parte de los Estados competentes, no solo desde el punto de vista sancionatorio sino y, mucho más importante, desde el preventivo” expresaron desde ese organismo.
Daño ecológico grave
La Defensoría también recordó que la zona afectada “incluye un área con características ecológicas únicas en Argentina, considerada en peligro y que cuenta con alta prioridad de conservación”.
Los humedales de la planicie aluvial cumplen un importante papel de regulación hidrológica y constituyen un formidable corredor biogeográfico en el que conviven especies de regiones tropicales, subtropicales y templadas que resultan en una gran diversidad de ambientes, flora y fauna.
El sistema es reservorio de biodiversidad, brindando alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas especies de peces, algunas de ellas migratorias, así como especies de aves, reptiles y mamíferos que presentan algún grado de amenaza.
La quema descontrolada e ilegal de pastizales para ganadería ya es un clásico de los veranos en el sur de la provincia, donde la zona de islas frente a Rosario (bajo jurisdicción de Victoria) se convierte en un festival de focos de incendio y humo potenciados por el calor, el viento norte y la bajante del río.
A esta práctica habitual por parte de los productores ganaderos (que sólo puede hacerse bajo autorización, lo cual casi nunca ocurre) se sumaron este verano los incendios provocados por las personas que, también de manera ilegal, se detiene en la banquina de esa ruta para pescar, acampar o pasar el día. Una práctica prohibida que nadie controla: ni el concesionario de la traza vial, ni las provincias, ni las fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura que deben ordenar el uso del río, bajo la órbita de Nación.
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El mejor ejemplo son los cada vez más escasos recursos financieros que Nación destina a combatir el fuego, una ecuación que empeoró durante los últimos años con fuertes recortes en las partidas.
Así se desprende de un informe reciente de la Fundación Argentina de Recursos Naturales (Farn) que analiza las partidas presupuestarias de Nación destinadas a aspectos de protección del ambiente año tras año desde 2013 hasta 2019.
El programa “Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres” pasó de tener una partida de 92 millones de dólares en 2017 a 57 millones dos años después. Además, cuando el manejo del fuego pasó de la órbita de Ambiente a Seguridad los fondos se redujeron hasta un 90%, calculados en dólares.
La Defensoría pidió por el Piecas
Aunque no lo parezca, ya existe un organismo multipartito para atender situaciones como la actual: se llama Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento del Delta del Paraná). Se trata de un plan con 10 años de vida creado tras los enormes incendios que en 2008 azotaron al Delta, con el detalle de que el humo invadió sectores de la Ciudad de Buenos Aires, algo que hizo que –finalmente–, se despertara el interés del gobierno nacional por el tema.
Con buena puntería, hace pocos días la Defensoría del Pueblo de Santa Fe pidió la reactivación de ese plan, la única instancia institucionalizada donde se reúnen los muchos y variados actores que deberían accionar ante las quemas ilegales: Nación, Vialidad, Prefectura, Provincias y municipalidades.
“Es de público conocimiento el daño ocasionado por la quema de pastizales en las islas y el deterioro constante de la flora y fauna. La repetición de esto año tras año evidencia el fracaso en las políticas públicas por parte de los Estados competentes, no solo desde el punto de vista sancionatorio sino y, mucho más importante, desde el preventivo” expresaron desde ese organismo.
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Con información de
Aire de Santa Fe
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