Contadora estafó por casi 4 millones al Consejo de Ciencias Económicas
Lunes 09 de
Marzo 2020
La mujer solicitó numerosos reintegros al Departamento de Servicios Sociales de la entidad en la que está matriculada, acusando gastos de traslado y hospedaje en la provincia de Córdoba por un tratamiento médico. También entregó certificados truchos, con la “firma” de un especialista en transplantes de la vecina provincia. Gracias a una pista anónima, fue imputada y quedó en prisión preventiva.
Una denuncia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe fue el punto de partida de la investigación que recae sobre Gabriela Fernanda Iozia (43), la contadora pública nacional que defraudó a la obra social de dicha entidad por $ 3.782.807 . Debido a su delicado estado de salud, la profesional solicitaba reintegros por viajes y estadías en Córdoba, donde “tenía que realizar un tratamiento”, utilizando factureros de sus propios clientes y aprovechando su acceso a las claves fiscales de los mismos. También confeccionó al menos cinco certificados médicos falsos, plagiando la firma y el sello de un médico especialista en transplantes de la vecina provincia.
Al frente del caso se encuentra la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, quien comunicó que la denuncia ingresó el 26 de febrero y en la misma el Consejo “daba cuenta de una persona, que estaba registrada entre sus matriculados, que desde 2012 aproximadamente venía sufriendo algunas enfermedades que eran cubiertas por su obra social” y “había requerido algunas asistencias” relacionadas con servicios postoperatorios, como traslados y estadías. “En el mes de enero, por medio de un anoticiamiento anónimo, pudieron tomar cuenta de que todas las facturaciones que entregaba la contadora para luego tener reintegro habrían sido falsas”, y tras una investigación interna decidieron acercarse a la justicia.
El pasado jueves 5 de marzo se imputó a la profesional como autora de “estafas reiteradas en 108 veces en concurso real entre sí” y “falsificación de documento privado en cinco oportunidades en concurso ideal”. En esa misma audiencia, presidida por la jueza Sandra Valenti, los defensores Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano y la fiscalía acordaron la “prisión preventiva morigerada a domiciliaria dado que, si bien ella ha manipulado y mentido con su enfermedad, sí es cierto que posee cirugías y una condición de salud que es complicada y por ello el Código prevé que puede cursar esta investigación desde su casa”.
“La misma letra”
Durante los años en los que engañó al Departamento de Servicios Sociales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Gabriela Iozia solicitó reintegros por aproximadamente 3 o 4 viajes por mes a Córdoba, en “remises que son de la ciudad de Santo Tomé -ya- que ella, en su labor, poseía los factureros de estas personas”, que formaban parte de su cartera de clientes. “Asimismo tenía la clave fiscal de varios” de estos y habría utilizado esta información para, incluso, crearle “a uno de ellos un Apart Hotel” en la provincia a la que “viajaba”, para así autofacturarse el alojamiento. “La suma aproximada de la que estamos hablando es de unos cuatro millones de pesos, en el transcurso de este tiempo de investigación”, comentó la fiscal Urquiza.
La denuncia estuvo acompañada de toda la facturación falsa, que la contadora había confeccionado de su puño y letra, y de “una pericia caligráfica que constata” que tanto los certificados médicos como las facturas tenían la misma letra. Durante el allanamiento que se llevó a cabo en San José del Rincón, lugar de residencia de la imputada y en donde se efectuó su detención, también se secuestró material importate para la causa, como “un sello médico de la provincia de Córdoba, y varios formularios médicos en blanco, que ella posteriormente, estimo, rellenaría para futuros intentos de reintegro” aclaró la representante del MPA.
Algunas de las evidencias con las que la fiscalía cuenta hasta el momento son las facturas del Apart Hotel Martín Fierro y del Hotel Olmos -ambos de la ciudad de Córdoba-, y de al menos 4 empresas de remises, además de los elementos secuestrados durante el allanamiento.
Al frente del caso se encuentra la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, quien comunicó que la denuncia ingresó el 26 de febrero y en la misma el Consejo “daba cuenta de una persona, que estaba registrada entre sus matriculados, que desde 2012 aproximadamente venía sufriendo algunas enfermedades que eran cubiertas por su obra social” y “había requerido algunas asistencias” relacionadas con servicios postoperatorios, como traslados y estadías. “En el mes de enero, por medio de un anoticiamiento anónimo, pudieron tomar cuenta de que todas las facturaciones que entregaba la contadora para luego tener reintegro habrían sido falsas”, y tras una investigación interna decidieron acercarse a la justicia.
El pasado jueves 5 de marzo se imputó a la profesional como autora de “estafas reiteradas en 108 veces en concurso real entre sí” y “falsificación de documento privado en cinco oportunidades en concurso ideal”. En esa misma audiencia, presidida por la jueza Sandra Valenti, los defensores Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano y la fiscalía acordaron la “prisión preventiva morigerada a domiciliaria dado que, si bien ella ha manipulado y mentido con su enfermedad, sí es cierto que posee cirugías y una condición de salud que es complicada y por ello el Código prevé que puede cursar esta investigación desde su casa”.
“La misma letra”
Durante los años en los que engañó al Departamento de Servicios Sociales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Gabriela Iozia solicitó reintegros por aproximadamente 3 o 4 viajes por mes a Córdoba, en “remises que son de la ciudad de Santo Tomé -ya- que ella, en su labor, poseía los factureros de estas personas”, que formaban parte de su cartera de clientes. “Asimismo tenía la clave fiscal de varios” de estos y habría utilizado esta información para, incluso, crearle “a uno de ellos un Apart Hotel” en la provincia a la que “viajaba”, para así autofacturarse el alojamiento. “La suma aproximada de la que estamos hablando es de unos cuatro millones de pesos, en el transcurso de este tiempo de investigación”, comentó la fiscal Urquiza.
La denuncia estuvo acompañada de toda la facturación falsa, que la contadora había confeccionado de su puño y letra, y de “una pericia caligráfica que constata” que tanto los certificados médicos como las facturas tenían la misma letra. Durante el allanamiento que se llevó a cabo en San José del Rincón, lugar de residencia de la imputada y en donde se efectuó su detención, también se secuestró material importate para la causa, como “un sello médico de la provincia de Córdoba, y varios formularios médicos en blanco, que ella posteriormente, estimo, rellenaría para futuros intentos de reintegro” aclaró la representante del MPA.
Algunas de las evidencias con las que la fiscalía cuenta hasta el momento son las facturas del Apart Hotel Martín Fierro y del Hotel Olmos -ambos de la ciudad de Córdoba-, y de al menos 4 empresas de remises, además de los elementos secuestrados durante el allanamiento.
Con información de
El Litoral
#Docentes #SantaFe
— 𝗠𝗮𝘅𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@MaxiRomero22) May 7, 2024
Es la “declaración jurada” individual impuesta de modo anterior a una medida colectiva (paro) lo que la censura previa a la libertad de expresión.
Fíjese Gobierno:
Si se dice “designa toda acción u omisión dirigida a dificultar o imposibilitar, en forma…
