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COVID-19: posible excarcelación de violadores de DDHH levanta polémica en Chile
Miércoles 08 de
Abril 2020
El presidente Sebastián Piñera causó controversia en Chile al apoyar la iniciativa de parlamentarios de derecha que presionan para que se incluya a 115 militares condenados por delitos de lesa humanidad, en un proyecto de ley que busca beneficiar con el arresto domiciliario a unos 1.300 presos comunes para librarlos de ser infectados por el coronavirus.
Con la llegada de la pandemia a Chile y dadas las condiciones de hacinamiento de las cárceles del país, se empezó a debatir un proyecto de indulto para los presos comunes más vulnerables.
En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Paulina Vodanovic, presidenta la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados y de la Fundación Horizonte Ciudadano, recuerda que el proyecto de arrestos domiciliarios a presos comunes en condiciones de riesgo debido a la COVID-19, no contemplaba el indulto para quienes hubieran perpetrado violaciones a los derechos humanos y excluía expresamente a quienes hubieran permetrado delitos de lesa humanidad.
La normativa, que fue ingresada al Congreso en 2018 sin avances hasta ahora y a la cual el gobierno de Sebastián Piñera quiere ahora dar "urgencia", permitiría excarcelar a embarazadas, madres de niños menores de dos años y mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena y que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total.
"Lamentablemente en medio del trámite de ese proyecto de ley, la derecha empezó a impulsar que se incluyeran los delitos de lesa humanidad. Y por la presión de los conservadores hoy estamos frente al problema del atraso en la tramitación de ese proyecto y el grave perjuicio que ello representa para las personas en prisión que pueden beneficiarse con el indulto", señaló a RFI.
La oposición y organizaciones de defensa de los derechos humanos han presentado ya recursos frente al Tribunal Constitucional chileno con el propósito de bloquear el proyecto que impulsan legisladores oficialistas para que el indulto también beneficie también a los culpables de crímenes contra la humanidad. Según denuncian los demandantes, viola la legislación internacional en materia de DDHH.
No osbtante, el presidente Sebastián Piñera insiste en que el indulto humanitario debe cobijar también a presos terminales aunque hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad. "La idea es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario total y eso va a favorecer a muchas personas, no solamente de Punta Peuco sino de todas las cárceles de Chile, que yo creo que debieran poder morir con dignidad", agregó el mandatario chileno.
Punta Peuco y Colina son los dos recintos penitenciarios que albergan a exmilitares y agentes del Estado pertenecientes al régimen militar de Augusto Pinochet y condenados por crímenes de lesa humanidad.
Hasta el momento se han registrado seis casos de COVID-19 en dos penales, pero ninguno en Colina ni en Punta Peuco donde, además, las celdas de lujo en las que los exmilitares pagan sus condenas no conocen ni el hacinamiento ni la insalubridad. « Allí, las condiciones son muy diferentes porque tienen mayor cantidad de metros cuadrados y carecen de las condciones de hacinamiento de los otros penales", dijo a RFI Paulina Vodanovic.
La presidenta de la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados de Chile advierte que todos los presos comunes, en cambio, sí corren hoy un alto riesgo de contraer la pandemia. Así quedó demostrado tras las visitas del Instituto de Derechos Humanos y de la Comisión de DDHH del Colegio médico a diferentes unidades penitenciarias del país.
Entre esas, la cárcel de Puente Alto, una comuna cerca de Santiago, es la que tiene el mayor número de contagiados, afirma Vodanovic. "En esa unidad existe una sobre población penal del 216%, tiene capacidad para 500 y hay 1.132 reclusos », subraya. « Y no está segregada la población de alto riesgo, no se han separado los diabéticos, ni los hipertensos, la gente de edad avanzada... »
La "Ley Humanitaria" significa impunidad para represores
Familiares de las víctimas de la dictadura asi como organizaciones de DDHH condenan que a través de la llamada "Ley Humanitaria" la derecha chilena en el poder intente presentar a los victimarios como víctimas de la sociedad y denuncian, además, que los condenados en Chile por ilícitos constitutivos de crímenes contra la Humanidad, no sólo no han colaborado con la justicia ni expresado arrepentimiento, sino que algunos condenados han reivindicado públicamente sus atroces crímenes.
Las razones humanitarias que justifican beneficios a responsables de violaciones a los derechos humanos están claramente establecidas en los distintos tratados internacionales que ha suscrito Chile, señala la presidenta de la Comisión de DDHH del Colegio de abogados.
“El estatuto de Roma es claro en señalar bajo qué condiciones se pueden entregar beneficios: uno de ellos es el arrepentimiento eficaz, es decir que las personas hayan entregado información que haya podido servir para el esclarecimiento de los hechos. Y lamentablemente en Chile esto jamás ha ocurrido con los genocidas condenados”, concluye Paulina Vodanovic.
En Chile, todavía existen 1192 chilenos y chilenas detenidos desaparecidos, cuyo paradero aún se desconoce, fundamentalmente por la nula colaboración de los responsables. Y miles de otros crímenes de derechos humanos, como ejecutados políticos y torturados, siguen en la impunidad.
En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), Paulina Vodanovic, presidenta la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados y de la Fundación Horizonte Ciudadano, recuerda que el proyecto de arrestos domiciliarios a presos comunes en condiciones de riesgo debido a la COVID-19, no contemplaba el indulto para quienes hubieran perpetrado violaciones a los derechos humanos y excluía expresamente a quienes hubieran permetrado delitos de lesa humanidad.
La normativa, que fue ingresada al Congreso en 2018 sin avances hasta ahora y a la cual el gobierno de Sebastián Piñera quiere ahora dar "urgencia", permitiría excarcelar a embarazadas, madres de niños menores de dos años y mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena y que estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total.
"Lamentablemente en medio del trámite de ese proyecto de ley, la derecha empezó a impulsar que se incluyeran los delitos de lesa humanidad. Y por la presión de los conservadores hoy estamos frente al problema del atraso en la tramitación de ese proyecto y el grave perjuicio que ello representa para las personas en prisión que pueden beneficiarse con el indulto", señaló a RFI.
La oposición y organizaciones de defensa de los derechos humanos han presentado ya recursos frente al Tribunal Constitucional chileno con el propósito de bloquear el proyecto que impulsan legisladores oficialistas para que el indulto también beneficie también a los culpables de crímenes contra la humanidad. Según denuncian los demandantes, viola la legislación internacional en materia de DDHH.
No osbtante, el presidente Sebastián Piñera insiste en que el indulto humanitario debe cobijar también a presos terminales aunque hayan perpetrado crímenes de lesa humanidad. "La idea es conmutar la pena de privación de libertad por una pena de arresto domiciliario total y eso va a favorecer a muchas personas, no solamente de Punta Peuco sino de todas las cárceles de Chile, que yo creo que debieran poder morir con dignidad", agregó el mandatario chileno.
Punta Peuco y Colina son los dos recintos penitenciarios que albergan a exmilitares y agentes del Estado pertenecientes al régimen militar de Augusto Pinochet y condenados por crímenes de lesa humanidad.
Hasta el momento se han registrado seis casos de COVID-19 en dos penales, pero ninguno en Colina ni en Punta Peuco donde, además, las celdas de lujo en las que los exmilitares pagan sus condenas no conocen ni el hacinamiento ni la insalubridad. « Allí, las condiciones son muy diferentes porque tienen mayor cantidad de metros cuadrados y carecen de las condciones de hacinamiento de los otros penales", dijo a RFI Paulina Vodanovic.
La presidenta de la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados de Chile advierte que todos los presos comunes, en cambio, sí corren hoy un alto riesgo de contraer la pandemia. Así quedó demostrado tras las visitas del Instituto de Derechos Humanos y de la Comisión de DDHH del Colegio médico a diferentes unidades penitenciarias del país.
Entre esas, la cárcel de Puente Alto, una comuna cerca de Santiago, es la que tiene el mayor número de contagiados, afirma Vodanovic. "En esa unidad existe una sobre población penal del 216%, tiene capacidad para 500 y hay 1.132 reclusos », subraya. « Y no está segregada la población de alto riesgo, no se han separado los diabéticos, ni los hipertensos, la gente de edad avanzada... »
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Las razones humanitarias que justifican beneficios a responsables de violaciones a los derechos humanos están claramente establecidas en los distintos tratados internacionales que ha suscrito Chile, señala la presidenta de la Comisión de DDHH del Colegio de abogados.
“El estatuto de Roma es claro en señalar bajo qué condiciones se pueden entregar beneficios: uno de ellos es el arrepentimiento eficaz, es decir que las personas hayan entregado información que haya podido servir para el esclarecimiento de los hechos. Y lamentablemente en Chile esto jamás ha ocurrido con los genocidas condenados”, concluye Paulina Vodanovic.
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