La mujer del comisario pidió que le devuelvan la camioneta
Jueves 16 de
Abril 2020
La defensa del ex jefe de la delegación local de la Policía Federal, Mariano Valdés, reclamó al juzgado la restitución de una Mitsubishi L200 que fue secuestrada en septiembre pasado. La Justicia le volvió a rechazar la prisión domiciliaria
La Justicia Federal santafesina rechazó por segunda vez un pedido de prisión domiciliaria para el ex jefe de la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA), el comisario Mariano Valdés, quien se encuentra detenido desde septiembre del año pasado, acusado en una causa por confabulación para el narcotráfico. En la resolución dictada el martes por el juez subrogante, Marcelo Bailaque, se hace referencia además a la solicitud de la defensa, para que se le restituya una camioneta Mitsubishi L200 azul, secuestrada el año pasado tras los allanamientos a la sede de la PFA en Santa Fe.
El abogado Silvio Omar Piorno, reclamó el vehículo este lunes, mediante un “incidente de devolución” instado por vía electrónica, bajo el cual se argumenta que la esposa de Valdés requiere la unidad tanto para dirigirse a su lugar de trabajo -es personal de salud de un hospital de Ramos Mejía-, como para llevar a sus hijas de 7 y 10 años a la casa de la niñera.
El incidente forma parte de los argumentos utilizados por el juez Bailaque para desestimar el pedido de domiciliaria de Valdés, ya que entre sus prerrogativas figuraba la de hacerse cargo del cuidado de sus hijas menores. Esto porque a las obligaciones laborales de la madre, se sumaba que la abuela de las niñas y madre de Valdés, de 86 años y con problemas de salud, tampoco podía hacerse cargo.
Rastro de drogas
En cuanto al vehículo, ya había sido pedida su devolución en ocasiones anteriores, aunque recién ahora se hace mención a la urgencia derivada de la especial situación y precariedad del transporte público, como consecuencia de la pandemia por el coronavirus Covid-19.
La camioneta Mitsubishi L200 azul fue secuestrada el 20 de septiembre pasado cuando la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y Gendarmería Nacional (GNA) allanaron la delegación Santa Fe de la PFA, ubicada en calle San Martín 3381. En las inmediaciones se encontraba estacionado el vehículo que en su interior resguardaba un bolso Adidas que desapareció el 9 de septiembre del baúl del Ford Focus en el que iba el jefe policial y una subalterna, cuando fueron baleados en plena autopista, a la altura de Villa Constitución. Como corolario, los equipos forenses de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que analizaron el bolso, donde había ropa y otros efectos personales de Valdés, descubrieron restos de drogas sintéticas, posiblemente éxtasis.
La investigación por el ataque en la autopista, que en un primer momento estuvo bajo la órbita de la justicia provincial, pasó a manos de la Justicia Federal cuando se confirmó la presencia de rastros de drogas, lo que abonó la teoría de la “confabulación”.
El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria del comisario Valdés y de su segundo, el comisario Higinio Bellaggio, los cuales resultaron procesados el 30 de diciembre por el juez federal N° 2, Francisco Miño. Además de la “confabulación para el narcotráfico” se les atribuyeron los delitos de “abuso de autoridad”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; “sustracción de elementos de prueba”; “empleo de servicios de la administración pública” y “falso testimonio”, todos ellos cometidos en el marco del suceso de amplia trascendencia pública.
Varios intentos
Desde que se encuentra a disposición de la Justicia Federal, la defensa de Valdés lleva varios intentos por lograr algún beneficio, ya sea por la vía de la excarcelación como de la domiciliaria. Uno de esos planteos -rechazo de la domiciliaria del 18 de diciembre- se encuentra bajo tratamiento en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
En tanto, el 2 de abril el abogado Piorno intentó otro camino, cuando interpuso un hábeas corpus en favor de Valdés, que se encuentra alojado en el Instituto Penal Federal de Colonia Pinto del Servicio Penitenciario Federal, en la provincia de Santiago del Estero. Amparado en la imposibilidad de viajar y en la carencia de red informática para accionar en la jurisdicción santafesina, el letrado solicitó la medida ante el juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Matanza, provincia de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Mary Mabel Castillo.
La jueza remitió el pedido al juzgado natural y tres días después el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien actúa como subrogante del Juzgado Federal N° 2, rechazó el recurso y remitió copias a la Cámara Federal para que se expidan sobre la domiciliaria, plateo que también fue rechazado por los camaristas de la Sala “B”, Elida Vidal y Aníbal Pineda.
Sin ir más lejos, la semana pasada la Cámara Federal rosarina fue categórica en cuanto que “la situación familiar invocada por Valdés generada por la pandemia declarada por virus Covid 19, no constituye un hecho suficiente que habilite la acción de hábeas corpus” y dijo que la domiciliaria debía ser tratada en el juzgado de origen.
Así, tras las últimas desestimaciones, el abogado Piorno volvió a pedir la domiciliaria la semana pasada ante el juez competente. En su resolución de este martes, Bailaque sostuvo que “corresponde no hacer lugar al beneficio de peticionado”. Para el juez “esta nueva presentación no ha desvirtuado con material probatorio alguno, las consideraciones realizadas en fecha 18 de diciembre de 2019, al rechazarse el pedido de prisión domiciliaria e imponerle la prisión preventiva como medida de coerción”, destacó.
El abogado Silvio Omar Piorno, reclamó el vehículo este lunes, mediante un “incidente de devolución” instado por vía electrónica, bajo el cual se argumenta que la esposa de Valdés requiere la unidad tanto para dirigirse a su lugar de trabajo -es personal de salud de un hospital de Ramos Mejía-, como para llevar a sus hijas de 7 y 10 años a la casa de la niñera.
El incidente forma parte de los argumentos utilizados por el juez Bailaque para desestimar el pedido de domiciliaria de Valdés, ya que entre sus prerrogativas figuraba la de hacerse cargo del cuidado de sus hijas menores. Esto porque a las obligaciones laborales de la madre, se sumaba que la abuela de las niñas y madre de Valdés, de 86 años y con problemas de salud, tampoco podía hacerse cargo.
Rastro de drogas
En cuanto al vehículo, ya había sido pedida su devolución en ocasiones anteriores, aunque recién ahora se hace mención a la urgencia derivada de la especial situación y precariedad del transporte público, como consecuencia de la pandemia por el coronavirus Covid-19.
La camioneta Mitsubishi L200 azul fue secuestrada el 20 de septiembre pasado cuando la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y Gendarmería Nacional (GNA) allanaron la delegación Santa Fe de la PFA, ubicada en calle San Martín 3381. En las inmediaciones se encontraba estacionado el vehículo que en su interior resguardaba un bolso Adidas que desapareció el 9 de septiembre del baúl del Ford Focus en el que iba el jefe policial y una subalterna, cuando fueron baleados en plena autopista, a la altura de Villa Constitución. Como corolario, los equipos forenses de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que analizaron el bolso, donde había ropa y otros efectos personales de Valdés, descubrieron restos de drogas sintéticas, posiblemente éxtasis.
La investigación por el ataque en la autopista, que en un primer momento estuvo bajo la órbita de la justicia provincial, pasó a manos de la Justicia Federal cuando se confirmó la presencia de rastros de drogas, lo que abonó la teoría de la “confabulación”.
El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria del comisario Valdés y de su segundo, el comisario Higinio Bellaggio, los cuales resultaron procesados el 30 de diciembre por el juez federal N° 2, Francisco Miño. Además de la “confabulación para el narcotráfico” se les atribuyeron los delitos de “abuso de autoridad”; “incumplimiento de los deberes de funcionario público”; “sustracción de elementos de prueba”; “empleo de servicios de la administración pública” y “falso testimonio”, todos ellos cometidos en el marco del suceso de amplia trascendencia pública.
Varios intentos
Desde que se encuentra a disposición de la Justicia Federal, la defensa de Valdés lleva varios intentos por lograr algún beneficio, ya sea por la vía de la excarcelación como de la domiciliaria. Uno de esos planteos -rechazo de la domiciliaria del 18 de diciembre- se encuentra bajo tratamiento en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
En tanto, el 2 de abril el abogado Piorno intentó otro camino, cuando interpuso un hábeas corpus en favor de Valdés, que se encuentra alojado en el Instituto Penal Federal de Colonia Pinto del Servicio Penitenciario Federal, en la provincia de Santiago del Estero. Amparado en la imposibilidad de viajar y en la carencia de red informática para accionar en la jurisdicción santafesina, el letrado solicitó la medida ante el juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Matanza, provincia de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Mary Mabel Castillo.
La jueza remitió el pedido al juzgado natural y tres días después el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien actúa como subrogante del Juzgado Federal N° 2, rechazó el recurso y remitió copias a la Cámara Federal para que se expidan sobre la domiciliaria, plateo que también fue rechazado por los camaristas de la Sala “B”, Elida Vidal y Aníbal Pineda.
Sin ir más lejos, la semana pasada la Cámara Federal rosarina fue categórica en cuanto que “la situación familiar invocada por Valdés generada por la pandemia declarada por virus Covid 19, no constituye un hecho suficiente que habilite la acción de hábeas corpus” y dijo que la domiciliaria debía ser tratada en el juzgado de origen.
Así, tras las últimas desestimaciones, el abogado Piorno volvió a pedir la domiciliaria la semana pasada ante el juez competente. En su resolución de este martes, Bailaque sostuvo que “corresponde no hacer lugar al beneficio de peticionado”. Para el juez “esta nueva presentación no ha desvirtuado con material probatorio alguno, las consideraciones realizadas en fecha 18 de diciembre de 2019, al rechazarse el pedido de prisión domiciliaria e imponerle la prisión preventiva como medida de coerción”, destacó.
Con información de
El Litoral
