25 DE ABRIL 2024
JUJUY
Palpalá: detuvieron a una funcionaria nacional en un violento desalojó de una comunidad aborigen
Miércoles 21 de
Octubre 2020
Luego de un violento episodio que incluyó forcejeos con la policía provincial, que disparó balas de goma, integrantes de la comunidad aborigen Tusca Pacha fueron desalojados este martes de terrenos ubicados sobre el margen del río Los Alisos, en la localidad de Palpalá.
En medio de las tensiones entre Nación y Río Negro por las tomas de grupos mapuches, el desalojo de Jujuy incluyó la detención de una coordinadora local del Ministerio de Agricultura de Nación y se realizó en presencia de concejales y diputados provinciales del Frente de Todos, opositores al gobierno del radical Gerardo Morales, quienes intentaron impedir la medida judicial.
El desalojo se produjo a partir del conflicto entre la comunidad y una empresa inmobiliaria que reclamó en la Justicia la propiedad de las tierras: dos hectáreas utilizadas para el mantenimiento de una huerta comunitaria y un maizal.
En el operativo policial fueron detenidos Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes y Andrés Deymonaz; además de Anastasia García, coordinadora provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), estructura que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación. Horas más tarde fueron liberados.
La medida se llevó a cabo durante la mañana de este martes, con la presencia de numerosos efectivos policiales, a partir de la orden impuesta por el juez de control Jorge Zurueta, por el reclamo judicial de la empresa inmobiliaria Sucre. La comunidad denunció que en el lugar había niños, ancianos y mujeres embarazadas.
"En estas tierras han vivido nuestros abuelos -ancianos indígenas- y ellos han sobrevivido con muchas necesidades. Pese a ello, nosotros somos fuertes, gente de campo que tenemos la capacidad y seguimos sobreviviendo en esta tierra. Hoy nos llegó el desalojo, ignorando todas las pruebas que hemos presentado como comunidad originaria", declaró este martes a un medio local Juana Mamaní, presidenta de la comunidad Tusca Pacha.
Además de la funcionaria detenida, Anastasia García, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), en el lugar estuvieron presentes los diputados Alejandra Cejas, Fátima Tisera y Emanuel Palmieri, del Frente de Todos-PJ, y la concejal Lorena Alfaro (Bloque Forja-Jujuy). Todos opositores al radical Morales.
Palmieri fue uno de los que se quejó por el accionar de la policía. "La gente estaba pacíficamente. A mí me apuntaron y a las diputadas estuvieron apuntándoles. Es una vergüenza, ojalá que hubiera este movimiento policial cuando desaparecen nuestras chicas, nuestros niños", señaló.
Los referentes de la comunidad, denunciaron que la Justicia provincial solo atiende el reclamo del emprendimiento inmobiliario y que, además, "viola la Ley 26.160 que prohíbe desalojos de las comunidades indígenas que se encuentren en conflictos con terceros".
Asimismo, remarcaron que poseen la documentación que da cuenta de los "procesos hechos" para el acceso a la personería jurídica, en donde "el Estado no quiere reconocer a la comunidad como preexistente, como pueblo originario u organización de carácter comunitario".
Reconocieron que la policía solo habría desarmado algunas casillas del lugar, sin avanzar sobre las casas en las que aun vive un centenar de familias de la comunidad. No obstante, los efectivos permanecieron custodiando la zona, a fin de evitar que se instalaran nuevamente los desalojados.
El desalojo se produjo a partir del conflicto entre la comunidad y una empresa inmobiliaria que reclamó en la Justicia la propiedad de las tierras: dos hectáreas utilizadas para el mantenimiento de una huerta comunitaria y un maizal.
En el operativo policial fueron detenidos Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes y Andrés Deymonaz; además de Anastasia García, coordinadora provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci), estructura que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación. Horas más tarde fueron liberados.
La medida se llevó a cabo durante la mañana de este martes, con la presencia de numerosos efectivos policiales, a partir de la orden impuesta por el juez de control Jorge Zurueta, por el reclamo judicial de la empresa inmobiliaria Sucre. La comunidad denunció que en el lugar había niños, ancianos y mujeres embarazadas.
"En estas tierras han vivido nuestros abuelos -ancianos indígenas- y ellos han sobrevivido con muchas necesidades. Pese a ello, nosotros somos fuertes, gente de campo que tenemos la capacidad y seguimos sobreviviendo en esta tierra. Hoy nos llegó el desalojo, ignorando todas las pruebas que hemos presentado como comunidad originaria", declaró este martes a un medio local Juana Mamaní, presidenta de la comunidad Tusca Pacha.
Además de la funcionaria detenida, Anastasia García, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), en el lugar estuvieron presentes los diputados Alejandra Cejas, Fátima Tisera y Emanuel Palmieri, del Frente de Todos-PJ, y la concejal Lorena Alfaro (Bloque Forja-Jujuy). Todos opositores al radical Morales.
Palmieri fue uno de los que se quejó por el accionar de la policía. "La gente estaba pacíficamente. A mí me apuntaron y a las diputadas estuvieron apuntándoles. Es una vergüenza, ojalá que hubiera este movimiento policial cuando desaparecen nuestras chicas, nuestros niños", señaló.
Los referentes de la comunidad, denunciaron que la Justicia provincial solo atiende el reclamo del emprendimiento inmobiliario y que, además, "viola la Ley 26.160 que prohíbe desalojos de las comunidades indígenas que se encuentren en conflictos con terceros".
Asimismo, remarcaron que poseen la documentación que da cuenta de los "procesos hechos" para el acceso a la personería jurídica, en donde "el Estado no quiere reconocer a la comunidad como preexistente, como pueblo originario u organización de carácter comunitario".
Reconocieron que la policía solo habría desarmado algunas casillas del lugar, sin avanzar sobre las casas en las que aun vive un centenar de familias de la comunidad. No obstante, los efectivos permanecieron custodiando la zona, a fin de evitar que se instalaran nuevamente los desalojados.
Con información de
El Litoral
