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Santa Fe
Acuña avisó que los detenidos tienen teléfonos celulares en las cárceles
Jueves 27 de
Marzo 2014
El diputado justicialista señaló que el proyecto votado en julio del 2012 no fue respondido. En el recinto, había asegurado tener fotos y filmaciones de internos con aparatos de comunicación.
El diputado provincial Héctor Acuña recordó que -sin el voto del oficialismo- en julio de 2012, la Cámara aprobó un pedido de informes para conocer si los internos de los institutos carcelarios están autorizados a poseer celulares o elementos electrónicos, quién es la persona encargada de otorgar tal autorización y en qué horarios está permitido su uso. El legislador insistió en octubre de ese mismo año en reclamar una respuesta del Poder Ejecutivo y en el recinto había asegurado tener fotografías y filmaciones de internos con teléfonos móviles en su poder.
Acuña, presidente de la Comisión de Seguridad, le recordó al gobernador Antonio Bonfatti la advertencia realizada en el propio recinto en 2012 ahora que el mandatario señaló que “hay gente que es corrupta dentro de la institución policial y que permite que un preso tenga celulares” en alusión a la intercepción de llamadas entre el suboficial Germán Almirón y Aarón Treves (ambos detenidos) donde se oye que hacen planes para matar al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini, entre otros.
En la sesión del 12 de julio de 2012, Acuña aseguró en el recinto poseer fotografías “donde claramente se demuestra que los internos tienen celulares, que francamente las requisas fracasan y lo que es peor -y acá sí me detengo un minuto-, hay guardiacárceles a los cuales se les prohíbe que cuando encuentren un celular lo puedan requisar y llevárselo; tienen que devolvérselo al interno. Es la orden que reciben de las autoridades”. En su fundamentación acotó que “ya no sólo fracasan los controles, porque efectivamente ingresan los celulares sino que, además, no hay voluntad política por evitarlo”.
En esa misma ponencia, denunció el caso de dos agentes penitenciarios que fueron ascendidos pese a haber sido sancionados por incumplir normas internas y aseguró tener copias de esos sumarios administrativos. “Tengo las fotos, muchos presos tienen celulares, hablan por celulares, pasan los celulares y se tiene prohibido sacárselos. Lo que pretendemos es la reacción del Estado. De nada sirve que nos contesten si no actúan”, acotó para luego poner a disposición de la Cámara los sumarios administrativos así como el material fotográfico y fílmico que demuestran su afirmación.
Ese día, los diputados oficialistas Alicia Gutiérrez y Eduardo Di Pollina pidieron autorización para abstenerse de votar. Acuña impulsó el pedido ante los casos de secuestros virtuales que se conocían en esas semanas y ante la sospecha que los llamados eran realizados desde institutos penitenciarios.
Nota a la Casa Gris
Con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales -sin la firma de diputados oficialistas- el pedido fue aprobado en julio y en octubre, ante la falta de respuestas, Acuña envió una nota al gobernador Bonfatti dándole cuenta de las 18 preguntas contenidas en la minuta.
Además de reclamar conocer si los detenidos en cárceles están autorizados a tener teléfonos celulares, requiere conocer la cantidad de teléfonos públicos en cada dependencia carcelaria, si está previsto en las cárceles algún tipo de bloqueadores de celulares y si se permite a las visitas ingresar con computadoras, celulares o elementos informáticos de comunicación.
Otros aspectos del proyecto tenían que ver con las requisas, periodicidad y protocolos a seguir por el personal para dichos controles.
Colastiné
La Cámara de Diputados aprobó un pedido firmado por los diferentes bloques justicialistas donde reclaman transformar en comisaría la actual subcomisaría 4ª ubicada en Colastiné Norte. El objetivo es que sume efectivos policiales y móviles para prevenir el delito.
Mario Lacava señaló que “hay un antes y un después del brutal ataque que sufrió la pareja de ancianos que vivía en Colastiné. Desde el PJ escuchamos a los vecinos y nos hicimos eco de sus reclamos. La subcomisaría 4ª ya no tiene los elementos para trabajar de manera efectiva en la prevención del delito, ni tiene capacidad material para desarrollar adecuadamente sus tareas”.
Encuadre
Santa Fe adhirió mediante la ley 11.661, dictada en 1998, a la norma nacional 24.660 que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad y recién en noviembre de 2011, dictó el decreto 0598 donde reglamenta la aplicación de la norma por parte del Servicio Penitenciario Provincial.
El uso de aparatos de telefonía celular por parte de los detenidos en la norma nacional está considerada una falta grave y el decreto provincial especifica faltas leves y medias, pero en lo que hace a graves sigue los alcances del artículo 85 de la ley 24.660 donde en el inciso c establece como falta grave “tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros”.
Acuña, presidente de la Comisión de Seguridad, le recordó al gobernador Antonio Bonfatti la advertencia realizada en el propio recinto en 2012 ahora que el mandatario señaló que “hay gente que es corrupta dentro de la institución policial y que permite que un preso tenga celulares” en alusión a la intercepción de llamadas entre el suboficial Germán Almirón y Aarón Treves (ambos detenidos) donde se oye que hacen planes para matar al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini, entre otros.
En la sesión del 12 de julio de 2012, Acuña aseguró en el recinto poseer fotografías “donde claramente se demuestra que los internos tienen celulares, que francamente las requisas fracasan y lo que es peor -y acá sí me detengo un minuto-, hay guardiacárceles a los cuales se les prohíbe que cuando encuentren un celular lo puedan requisar y llevárselo; tienen que devolvérselo al interno. Es la orden que reciben de las autoridades”. En su fundamentación acotó que “ya no sólo fracasan los controles, porque efectivamente ingresan los celulares sino que, además, no hay voluntad política por evitarlo”.
En esa misma ponencia, denunció el caso de dos agentes penitenciarios que fueron ascendidos pese a haber sido sancionados por incumplir normas internas y aseguró tener copias de esos sumarios administrativos. “Tengo las fotos, muchos presos tienen celulares, hablan por celulares, pasan los celulares y se tiene prohibido sacárselos. Lo que pretendemos es la reacción del Estado. De nada sirve que nos contesten si no actúan”, acotó para luego poner a disposición de la Cámara los sumarios administrativos así como el material fotográfico y fílmico que demuestran su afirmación.
Ese día, los diputados oficialistas Alicia Gutiérrez y Eduardo Di Pollina pidieron autorización para abstenerse de votar. Acuña impulsó el pedido ante los casos de secuestros virtuales que se conocían en esas semanas y ante la sospecha que los llamados eran realizados desde institutos penitenciarios.
Nota a la Casa Gris
Con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales -sin la firma de diputados oficialistas- el pedido fue aprobado en julio y en octubre, ante la falta de respuestas, Acuña envió una nota al gobernador Bonfatti dándole cuenta de las 18 preguntas contenidas en la minuta.
Además de reclamar conocer si los detenidos en cárceles están autorizados a tener teléfonos celulares, requiere conocer la cantidad de teléfonos públicos en cada dependencia carcelaria, si está previsto en las cárceles algún tipo de bloqueadores de celulares y si se permite a las visitas ingresar con computadoras, celulares o elementos informáticos de comunicación.
Otros aspectos del proyecto tenían que ver con las requisas, periodicidad y protocolos a seguir por el personal para dichos controles.
Colastiné
La Cámara de Diputados aprobó un pedido firmado por los diferentes bloques justicialistas donde reclaman transformar en comisaría la actual subcomisaría 4ª ubicada en Colastiné Norte. El objetivo es que sume efectivos policiales y móviles para prevenir el delito.
Mario Lacava señaló que “hay un antes y un después del brutal ataque que sufrió la pareja de ancianos que vivía en Colastiné. Desde el PJ escuchamos a los vecinos y nos hicimos eco de sus reclamos. La subcomisaría 4ª ya no tiene los elementos para trabajar de manera efectiva en la prevención del delito, ni tiene capacidad material para desarrollar adecuadamente sus tareas”.
Encuadre
Santa Fe adhirió mediante la ley 11.661, dictada en 1998, a la norma nacional 24.660 que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad y recién en noviembre de 2011, dictó el decreto 0598 donde reglamenta la aplicación de la norma por parte del Servicio Penitenciario Provincial.
El uso de aparatos de telefonía celular por parte de los detenidos en la norma nacional está considerada una falta grave y el decreto provincial especifica faltas leves y medias, pero en lo que hace a graves sigue los alcances del artículo 85 de la ley 24.660 donde en el inciso c establece como falta grave “tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros”.
Con información de
el litoral
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