Chile
Pandora Papers: la Justicia chilena abre un proceso penal contra el presidente Piñera
Viernes 08 de
Octubre 2021
Además del frente judicial el bloque de diputados opositor adelantó que la próxima semana presentará un proceso de juicio político contra el mandatario
La Justicia chilena dio luz verde hoy para la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera por una publicación de los Pandora Papers, en la que se revelaron negocios que el mandatario mantuvo en paraísos fiscales.
”El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera”, informó, a través de un comunicado, el Poder Judicial de Chile.
Tras conocerse la noticia, el abogado denunciante escribió en su cuenta de Twitter: “Me preocuparé que exista una investigación a fondo de estos hechos. Está claro que una investigación de oficio de la Fiscalía de Chile no ofrece las garantías necesarias. Demasiadas veces el ente persecutor ha sido parte de un esquema de impunidad para el poder económico y político”.
La información provista por el grupo de más de 600 periodistas de 117 países distintos -nucleados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)- exhibe que Piñera participó en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas, en 2010, durante su primer mandato. La transacción supone un conflicto de intereses, el cual fue descartado por el mandatario.
Rendón, abogado y activista ecológico, interpuso formalmente la querella acusando al presidente chileno del delito de “negociación incompatible”, en tanto “el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora”.
Tras hacerse públicos los documentos, a comienzos de la última semana, Piñera afirmó que la venta de la minera cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile, que la operación no le fue “consultada” y que se pagaron todos los impuestos correspondientes.
“Como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”, dijo el jefe de Estado, respecto de la operación en la que un amigo de su infancia compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de la minera Dominga, incluyendo la participación de la familia presidencial Piñera-Morel.
Sin embargo, el trabajo recopilado en los Pandora Papers reveló que una de las condiciones necesarias para realizar en aquel entonces la transacción era que el terreno donde se emplazaba el proyecto minero no fuera declarado reserva natural, una decisión que, por competencias, dependía del propio Presidente.
Además del frente judicial el bloque de diputados opositor a Piñera adelantó que la próxima semana presentará un juicio político contra el mandatario. Si bien el texto todavía no está redactado, el diputado socialista Jaime Naranjo explicó que los fundamentos de esa acusación van a estar basados en la ruptura del principio de probidad -de buena fe y desempeño honesto- y por comprometer “gravemente el honor de la patria”.
Por su parte, Javier Macaya, que preside el bloque oficialista de la Unión Demócrata Independiente (UDI), defendió a Piñera y repudió las acusaciones de la oposición. “No se trata de mirar para el techo, pero ojalá podamos ser serios cuando uno busca algo de suma gravedad como destituir al presidente de la República. Me parece irresponsable porque lo hechos ya fueron ampliamente investigados y datan de 2009, de una operación en la que el Presidente ya había definido hacer un fideicomiso porque iba a asumir una candidatura presidencial”, dijo, en diálogo con CNN Chile.
Los Pandora Papers, publicados el pasado domingo por el ICIJ, involucran no solo a Piñera sino a otros 330 políticos y funcionarios de distintos gobiernos a nivel mundial. Entre los líderes de América Latina que figuran en la nómina, están Piñera y sus pares Guillermo Lasso -Ecuador- y Luis Abinader -República Dominicana-, así como otros 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios que se valieron de sociedades offshore en paraísos fiscales.
”El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera”, informó, a través de un comunicado, el Poder Judicial de Chile.
Tras conocerse la noticia, el abogado denunciante escribió en su cuenta de Twitter: “Me preocuparé que exista una investigación a fondo de estos hechos. Está claro que una investigación de oficio de la Fiscalía de Chile no ofrece las garantías necesarias. Demasiadas veces el ente persecutor ha sido parte de un esquema de impunidad para el poder económico y político”.
La información provista por el grupo de más de 600 periodistas de 117 países distintos -nucleados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)- exhibe que Piñera participó en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas, en 2010, durante su primer mandato. La transacción supone un conflicto de intereses, el cual fue descartado por el mandatario.
Rendón, abogado y activista ecológico, interpuso formalmente la querella acusando al presidente chileno del delito de “negociación incompatible”, en tanto “el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora”.
Tras hacerse públicos los documentos, a comienzos de la última semana, Piñera afirmó que la venta de la minera cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile, que la operación no le fue “consultada” y que se pagaron todos los impuestos correspondientes.
“Como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”, dijo el jefe de Estado, respecto de la operación en la que un amigo de su infancia compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de la minera Dominga, incluyendo la participación de la familia presidencial Piñera-Morel.
Sin embargo, el trabajo recopilado en los Pandora Papers reveló que una de las condiciones necesarias para realizar en aquel entonces la transacción era que el terreno donde se emplazaba el proyecto minero no fuera declarado reserva natural, una decisión que, por competencias, dependía del propio Presidente.
Además del frente judicial el bloque de diputados opositor a Piñera adelantó que la próxima semana presentará un juicio político contra el mandatario. Si bien el texto todavía no está redactado, el diputado socialista Jaime Naranjo explicó que los fundamentos de esa acusación van a estar basados en la ruptura del principio de probidad -de buena fe y desempeño honesto- y por comprometer “gravemente el honor de la patria”.
Por su parte, Javier Macaya, que preside el bloque oficialista de la Unión Demócrata Independiente (UDI), defendió a Piñera y repudió las acusaciones de la oposición. “No se trata de mirar para el techo, pero ojalá podamos ser serios cuando uno busca algo de suma gravedad como destituir al presidente de la República. Me parece irresponsable porque lo hechos ya fueron ampliamente investigados y datan de 2009, de una operación en la que el Presidente ya había definido hacer un fideicomiso porque iba a asumir una candidatura presidencial”, dijo, en diálogo con CNN Chile.
Los Pandora Papers, publicados el pasado domingo por el ICIJ, involucran no solo a Piñera sino a otros 330 políticos y funcionarios de distintos gobiernos a nivel mundial. Entre los líderes de América Latina que figuran en la nómina, están Piñera y sus pares Guillermo Lasso -Ecuador- y Luis Abinader -República Dominicana-, así como otros 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios que se valieron de sociedades offshore en paraísos fiscales.
Con información de
La Nación
