Daniel Ortega sigue con la ola de represión: arrestó a la cúpula empresarial de Nicaragua
Viernes 22 de
Octubre 2021
La Policía detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada por “el delito de lavado de dinero, bienes y activos”.
A dos semanas de las elecciones el régimen de Daniel Ortega continúa con la ola de represión en Nicaragua. Sus últimas víctimas fueron los dos máximos líderes del gremio empresarial, detenidos ayer jueves.
La Policía Nacional informó, en un comunicado, que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, por “el delito de lavado de dinero, bienes y activos”, prácticamente las mismas acusaciones contra el resto de los opositores presos.
También están señalados, como en los demás casos, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”.
Al parecer, el régimen de Ortega tiene un formulario único para las acusaciones, que usa con total impunidad.
“Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato”, reaccionó el COSEP, que consideró los arrestos un “ataque directo” contra el gremio empresarial.
Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes a la presidencia, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. Están acusados de delitos como “traición a la patria”, “terrorismo”, “lavado de dinero” y otros.
Healy fue detenido poco después de acudir a las oficinas del Ministerio Público, adonde fue citado, según dijo a periodistas, para una “entrevista” que no se produjo.
Cuando los periodistas le preguntaron si temía ser arrestado, Healy respondió: “necesariamente no”. No obstante, al abordar su vehículo fue seguido en dos motos por agentes de la policía armados que lo arrestaron camino a su domicilio.
Luego la Policía Nacional procedió al allanamiento de las viviendas de los líderes empresariales.
Healy goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el pasado 3 de agosto de 2018, y ocupa el máximo cargo empresarial en Nicaragua desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, quien está bajo arresto desde julio pasado.
Healy, empresario del sector azucarero, y Vargas, ganadero, fueron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Sus arrestos ocurren un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiera la “liberación inmediata” de los opositores detenidos, durante una sesión en Washington en la que se abordó la situación de Nicaragua. Esa resolución de la OEA fue promovida, entre otros, por Uruguay.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la detención de Healy y Vargas, las calificó de “arbitrarias” y demandó el respeto a su integridad. Agrupaciones opositoras, como la Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco, también condenaron los arrestos.
La Policía, dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, no ofreció ninguna evidencia para los arrestos de Healy y Vargas, y solo dijo que fue en el marco de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, en diciembre pasado.
Ruptura total.
Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Antes de estallar la crisis política en 2018, detonada por protestas contra una reforma social que derivó en una demanda de renuncia a Ortega, los empresarios y el gobierno tenían una alianza denominada de “diálogo y consenso”.
Ortega manifestó en un acto de lanzamiento de su campaña para las elecciones del 7 de noviembre que “ese tipo de entendimiento entre los ricos, los pobres, nunca se había dado”.
Durante una década, el sector privado apoyó reformas políticas y económicas impulsadas por Ortega, quien ahora los acusa de haberse enriquecido y de apoyar el “terrorismo”.
Esa ruptura llegó en parte porque el gremio empresarial no estuvo de acuerdo con la reformas a la seguridad social y retiraron su apoyo al gobierno en medio de la represión de las protestas de 2018 que dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. (Con información de AFP y EFE)
La Policía Nacional informó, en un comunicado, que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, por “el delito de lavado de dinero, bienes y activos”, prácticamente las mismas acusaciones contra el resto de los opositores presos.
También están señalados, como en los demás casos, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”.
Al parecer, el régimen de Ortega tiene un formulario único para las acusaciones, que usa con total impunidad.
“Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato”, reaccionó el COSEP, que consideró los arrestos un “ataque directo” contra el gremio empresarial.
Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes a la presidencia, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. Están acusados de delitos como “traición a la patria”, “terrorismo”, “lavado de dinero” y otros.
Healy fue detenido poco después de acudir a las oficinas del Ministerio Público, adonde fue citado, según dijo a periodistas, para una “entrevista” que no se produjo.
Cuando los periodistas le preguntaron si temía ser arrestado, Healy respondió: “necesariamente no”. No obstante, al abordar su vehículo fue seguido en dos motos por agentes de la policía armados que lo arrestaron camino a su domicilio.
Luego la Policía Nacional procedió al allanamiento de las viviendas de los líderes empresariales.
Healy goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el pasado 3 de agosto de 2018, y ocupa el máximo cargo empresarial en Nicaragua desde septiembre de 2020, en sustitución de José Aguerri, quien está bajo arresto desde julio pasado.
Healy, empresario del sector azucarero, y Vargas, ganadero, fueron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Sus arrestos ocurren un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiera la “liberación inmediata” de los opositores detenidos, durante una sesión en Washington en la que se abordó la situación de Nicaragua. Esa resolución de la OEA fue promovida, entre otros, por Uruguay.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la detención de Healy y Vargas, las calificó de “arbitrarias” y demandó el respeto a su integridad. Agrupaciones opositoras, como la Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco, también condenaron los arrestos.
La Policía, dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, no ofreció ninguna evidencia para los arrestos de Healy y Vargas, y solo dijo que fue en el marco de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, en diciembre pasado.
Ruptura total.
Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Antes de estallar la crisis política en 2018, detonada por protestas contra una reforma social que derivó en una demanda de renuncia a Ortega, los empresarios y el gobierno tenían una alianza denominada de “diálogo y consenso”.
Ortega manifestó en un acto de lanzamiento de su campaña para las elecciones del 7 de noviembre que “ese tipo de entendimiento entre los ricos, los pobres, nunca se había dado”.
Durante una década, el sector privado apoyó reformas políticas y económicas impulsadas por Ortega, quien ahora los acusa de haberse enriquecido y de apoyar el “terrorismo”.
Esa ruptura llegó en parte porque el gremio empresarial no estuvo de acuerdo con la reformas a la seguridad social y retiraron su apoyo al gobierno en medio de la represión de las protestas de 2018 que dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. (Con información de AFP y EFE)
Con información de
El País
