Renunció Sergio Urribarri, tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción
Viernes 08 de
Abril 2022
Está a cargo de la embajada argentina en Israel; puso a disposición su renuncia; fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que se la aceptaron
El embajador en Israel, Sergio Urribarri, renunció a su cargo tras ser condenado a ocho años de prisión por corrupción. El funcionario puso “a disposición” su dimisión y lo informó en su cuenta de Twitter. El presidente, Alberto Fernández, se la aceptó, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. El exgobernador de Entre Ríos usó las redes también para criticar el fallo que se conoció esta noche.
El exmandatario comunicó la decisión luego que la Justicia entrerriana lo hallara culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.
“El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”, sostuvo Urribarri. Y agregó: “Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”.
El fallo de la Justicia lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. El juicio había puesto bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015. Se lo acusa al mandatario como parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvío de fondos.
El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, tomó la decisión de condenar al exgobernador, actual diplomático, de forma unánime. Para evitar ir a prisión, el exgobernador deberá apelar el fallo ante la Cámara de Casación provincial.
Junto a Urribarri, también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Como publicó LA NACION, Aguilera es cuñado de Urribarri. Fue acusado por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y ser funcionario, al mismo tiempo.
El expediente, que concentró cinco causas por diversas irregularidades, juzgó a otras once personas, además de Urribarri, Báez Aguilera. La Justicia endilgó distintas acciones a nueve de los 14 procesados y absolvió a los restantes, entre los que se cuenta el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó.
El proceso judicial analizó distintas contrataciones o hechos específicos como “El sueño entrerriano”, que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o “Causa del Mercosur”, que centró su atención en contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. Según la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del exgobernador.
Los camaristas analizaron si las contrataciones cuestionadas, como la de pautas publicitarias en medios de alcance nacional y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tenían por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.
El tribunal coincidió con la fiscalía y aseveró que quedó claro a lo largo de los debates, que se utilizaron fondos públicos destinados a la promoción política del ex mandatario y que el parador escondía un propósito particular. Ahora resta que se conozcan los fundamentos de la sentencia.
El exmandatario comunicó la decisión luego que la Justicia entrerriana lo hallara culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.
“El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”, sostuvo Urribarri. Y agregó: “Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”.
El fallo de la Justicia lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. El juicio había puesto bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015. Se lo acusa al mandatario como parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvío de fondos.
El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, tomó la decisión de condenar al exgobernador, actual diplomático, de forma unánime. Para evitar ir a prisión, el exgobernador deberá apelar el fallo ante la Cámara de Casación provincial.
Junto a Urribarri, también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Como publicó LA NACION, Aguilera es cuñado de Urribarri. Fue acusado por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y ser funcionario, al mismo tiempo.
El expediente, que concentró cinco causas por diversas irregularidades, juzgó a otras once personas, además de Urribarri, Báez Aguilera. La Justicia endilgó distintas acciones a nueve de los 14 procesados y absolvió a los restantes, entre los que se cuenta el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó.
El proceso judicial analizó distintas contrataciones o hechos específicos como “El sueño entrerriano”, que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o “Causa del Mercosur”, que centró su atención en contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. Según la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del exgobernador.
Los camaristas analizaron si las contrataciones cuestionadas, como la de pautas publicitarias en medios de alcance nacional y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tenían por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.
El tribunal coincidió con la fiscalía y aseveró que quedó claro a lo largo de los debates, que se utilizaron fondos públicos destinados a la promoción política del ex mandatario y que el parador escondía un propósito particular. Ahora resta que se conozcan los fundamentos de la sentencia.
