25 DE ABRIL 2024
En 2021, el gasto del Gobierno en comida y planes sociales superó a la inversión en Educación
Por:
Andrés Klipphan
Sábado 14 de
Mayo 2022
El ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, es el tercero en importancia por su impacto presupuestario.
El año pasado tuvo una ejecución de $522.369 millones, superando incluso al ministerio de Educación, cuyo presupuesto fue de $504.271 millones. Después de analizar las planillas sobre los gastos e inversiones elaboradas por el ministerio de Economía, a las que accedió Infobae, queda claro que en la Argentina las preocupaciones y atenciones por el hambre y la falta de trabajo superan a la educativa.
Además de estos datos duros, expresados en los millones de pesos invertidos en esos dos ministerios, el desagregado de Desarrollo Social destaca que el 90,2% del gasto ejecutado correspondió a dos programas: Políticas Alimentarias, cuya inversión fue de $244.789 millones, e Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo (tal el nombre completo), con un presupuesto ejecutado de $226.557 millones. Las cifras representan un 179,1% más que un año atrás. Es decir, más de tres veces el índice de inflación que en 2021 fue del 50,9%. Solo este dato demuestra que la “recuperación económica” declamada por los funcionarios, al calor de las cifras, por ahora no llegó a las clases más vulnerables, que son los beneficiarios de estos programas sociales.
“La economía asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del 10,3 % del PBI, muy superior a la esperada. Esa recuperación nos permitió revertir la caída generada por la pandemia en 2020″, afirmó el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo pasado durante la apertura de sesiones ordinarias 2022 en el Congreso.
Alimentos y subsidios al trabajo
El jueves pasado, frente a la Casa Rosada, organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera dieron por finalizada la “Marcha Federal” que había comenzado el 9 de mayo y recorrió todo el país. Le reclamaron al Gobierno del Frente de Todos “empleo genuino”, la “apertura de planes sociales” como el Potenciar Trabajo y mayor cantidad de alimentos para los merenderos y comedores populares porque “no alcanza”. Exigían, además “salario para vivir”.
En las declaraciones públicas que realizaron los líderes de la movilización afirmaron que unas “seis millones de personas están en condiciones de acceder al Potenciar Trabajo”. Por esa razón, el reclamo era por la universalización de los programas sociales, es decir, que, al igual que la Asignación Universal por Hijo (AUH), se le otorgue a todo aquel que lo necesite que cumpla con los requisitos para acceder al programa, como lo fue también el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante los tramos más duros de la pandemia.
Al observar la abultada asignación que se le otorgó en 2021 al Potenciar Trabajo -casi la mitad de la partida presupuestaria del ministerio de Desarrollo Social- se comprende por qué la administración de Fernández se niega de manera enfática a este pedido. El presupuesto estallaría por el aire o no se podría cumplir con los acuerdos pactados con el Fondo Monetario Internacional.
¿A cuántas personas llegan el Programa Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar?
Desde la cartera a cargo de “Juanchi” Zabaleta le informaron de manera oficial a este medio que los beneficiarios del Potenciar Trabajo son 1.200.000 personas. El valor que perciben por cuatro horas de tareas en las Unidades de Gestión es el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en abril pasado fue de 19.470 y que en junio pasará a 22.770, según los dispuesto por la Resolución Nº 2022-6 del ministerio de Trabajo de la Nación.
La Prestación Alimentar, más conocida como Tarjeta Alimentar, la perciben 2.400.000 millones titulares, y alcanza a 4.100.000 personas según el siguiente esquema: $9.000 para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado; $13.500 en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado; $9.000 para quienes perciben la asignación por embarazo; $18.000 en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.
Ministerio para apagar incendios
“A lo largo del ejercicio 2021 la inversión social ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social creció un 98,4% con respecto al mismo período del año anterior. Ese incremento superó al doble la variación registrada en el conjunto de la Administración Pública Nacional, que fue de 53,8%”, analizaron desde el ministerio de Economía en el Informe de Ejecución Presupuestaria 2021.
Allí se puntualiza que las políticas alimentarias, como la Tarjeta Alimentar, aumentaron un 83,7% con respecto a 2020. Pero el Potenciar Trabajo se elevó en un 179,1%, más que lo gastado a lo largo de 2020.
La pobreza, la indigencia, la falta de empleo, la inflación y la economía son las principales demanda de la ciudadanía para con el gobierno de Alberto Fernández. Lo fueron el año pasado antes y después de las elecciones legislativas y lo serán el próximo, el año en que el jefe de Estado deberá revalidar su título.
El ministerio que conduce el intendente en uso de licencia de Hurlingham no está a cargo de la generación de puestos de trabajo ni del control de precios ni, mucho menos, de las políticas económicas. Sin embargo, es el que debe actuar como autobomba para apagar incendios. Lo hace a fuerza de políticas asistenciales que no se deberían mantener en el tiempo. Hacerlo es sinónimo de fracaso. Así y todo, al menos por ahora, no cederá a los planteos de las organizaciones sociales enfrentadas al Gobierno que piden la universalización del Programa Potenciar Trabajo.
Con un presupuesto ejecutado de $522.369 millones, el ministerio de Zabaleta -un albertista dentro de la interna del Frente de Todos- es el tercero en importancia en el gabinete nacional. El primero es el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de otro hombre del Presidente, Claudio Moroni, con $4.201 billones.
El segundo es el de Economía, a cargo de Martín Guzmán, el funcionario que “no funciona”, según la expresión de Cristina Kirchner y que el kirchnerismo quiere ver fuera del gabinete, con $976.093 millones. En cuarto lugar, con un presupuesto ejecutado en 2021 de $504.271 millones, figura el Ministerio de Educación.
En 2020, tan solo doce meses antes, Desarrollo Social figuraba en quinto lugar, tal el “orden de importancia según ejecución presupuestaria” elaborado por el ministerio de Economía. En ese caso, el área más sensible del Gobierno fue precedido por Trabajo, Desarrollo Productivo, Educación y Seguridad.
El trabajo analizado por los funcionarios de Guzmán también deja en claro que el 89,3% del total destinado a Transferencias ($440.153 millones) “fueron transferencias directas a personas (Ayudas Sociales a Personas), realizadas principalmente a través de los programas Políticas Alimentarias e Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo.
Muy por debajo quedaron las transferencias a gobiernos provinciales y municipales, que se llevaron el 6,1% del total ($29.910 millones), mientras que el 3,5% ($17.466 millones) correspondió a transferencias a instituciones culturales y sociales, donde también predominó el programa Políticas Alimentarias.
Signos de los tiempos que corren en un país cuya inflación anual proyectada para este 2022 está más cerca del 70% y la proximidad de un 2023 que estará cruzado por las elecciones presidenciales.
Además de estos datos duros, expresados en los millones de pesos invertidos en esos dos ministerios, el desagregado de Desarrollo Social destaca que el 90,2% del gasto ejecutado correspondió a dos programas: Políticas Alimentarias, cuya inversión fue de $244.789 millones, e Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo (tal el nombre completo), con un presupuesto ejecutado de $226.557 millones. Las cifras representan un 179,1% más que un año atrás. Es decir, más de tres veces el índice de inflación que en 2021 fue del 50,9%. Solo este dato demuestra que la “recuperación económica” declamada por los funcionarios, al calor de las cifras, por ahora no llegó a las clases más vulnerables, que son los beneficiarios de estos programas sociales.
“La economía asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del 10,3 % del PBI, muy superior a la esperada. Esa recuperación nos permitió revertir la caída generada por la pandemia en 2020″, afirmó el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo pasado durante la apertura de sesiones ordinarias 2022 en el Congreso.
Alimentos y subsidios al trabajo
El jueves pasado, frente a la Casa Rosada, organizaciones sociales nucleadas en la Unidad Piquetera dieron por finalizada la “Marcha Federal” que había comenzado el 9 de mayo y recorrió todo el país. Le reclamaron al Gobierno del Frente de Todos “empleo genuino”, la “apertura de planes sociales” como el Potenciar Trabajo y mayor cantidad de alimentos para los merenderos y comedores populares porque “no alcanza”. Exigían, además “salario para vivir”.
En las declaraciones públicas que realizaron los líderes de la movilización afirmaron que unas “seis millones de personas están en condiciones de acceder al Potenciar Trabajo”. Por esa razón, el reclamo era por la universalización de los programas sociales, es decir, que, al igual que la Asignación Universal por Hijo (AUH), se le otorgue a todo aquel que lo necesite que cumpla con los requisitos para acceder al programa, como lo fue también el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante los tramos más duros de la pandemia.
Al observar la abultada asignación que se le otorgó en 2021 al Potenciar Trabajo -casi la mitad de la partida presupuestaria del ministerio de Desarrollo Social- se comprende por qué la administración de Fernández se niega de manera enfática a este pedido. El presupuesto estallaría por el aire o no se podría cumplir con los acuerdos pactados con el Fondo Monetario Internacional.
¿A cuántas personas llegan el Programa Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar?
Desde la cartera a cargo de “Juanchi” Zabaleta le informaron de manera oficial a este medio que los beneficiarios del Potenciar Trabajo son 1.200.000 personas. El valor que perciben por cuatro horas de tareas en las Unidades de Gestión es el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en abril pasado fue de 19.470 y que en junio pasará a 22.770, según los dispuesto por la Resolución Nº 2022-6 del ministerio de Trabajo de la Nación.
La Prestación Alimentar, más conocida como Tarjeta Alimentar, la perciben 2.400.000 millones titulares, y alcanza a 4.100.000 personas según el siguiente esquema: $9.000 para las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado; $13.500 en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado; $9.000 para quienes perciben la asignación por embarazo; $18.000 en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad.
Ministerio para apagar incendios
“A lo largo del ejercicio 2021 la inversión social ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social creció un 98,4% con respecto al mismo período del año anterior. Ese incremento superó al doble la variación registrada en el conjunto de la Administración Pública Nacional, que fue de 53,8%”, analizaron desde el ministerio de Economía en el Informe de Ejecución Presupuestaria 2021.
Allí se puntualiza que las políticas alimentarias, como la Tarjeta Alimentar, aumentaron un 83,7% con respecto a 2020. Pero el Potenciar Trabajo se elevó en un 179,1%, más que lo gastado a lo largo de 2020.
La pobreza, la indigencia, la falta de empleo, la inflación y la economía son las principales demanda de la ciudadanía para con el gobierno de Alberto Fernández. Lo fueron el año pasado antes y después de las elecciones legislativas y lo serán el próximo, el año en que el jefe de Estado deberá revalidar su título.
El ministerio que conduce el intendente en uso de licencia de Hurlingham no está a cargo de la generación de puestos de trabajo ni del control de precios ni, mucho menos, de las políticas económicas. Sin embargo, es el que debe actuar como autobomba para apagar incendios. Lo hace a fuerza de políticas asistenciales que no se deberían mantener en el tiempo. Hacerlo es sinónimo de fracaso. Así y todo, al menos por ahora, no cederá a los planteos de las organizaciones sociales enfrentadas al Gobierno que piden la universalización del Programa Potenciar Trabajo.
Con un presupuesto ejecutado de $522.369 millones, el ministerio de Zabaleta -un albertista dentro de la interna del Frente de Todos- es el tercero en importancia en el gabinete nacional. El primero es el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de otro hombre del Presidente, Claudio Moroni, con $4.201 billones.
El segundo es el de Economía, a cargo de Martín Guzmán, el funcionario que “no funciona”, según la expresión de Cristina Kirchner y que el kirchnerismo quiere ver fuera del gabinete, con $976.093 millones. En cuarto lugar, con un presupuesto ejecutado en 2021 de $504.271 millones, figura el Ministerio de Educación.
En 2020, tan solo doce meses antes, Desarrollo Social figuraba en quinto lugar, tal el “orden de importancia según ejecución presupuestaria” elaborado por el ministerio de Economía. En ese caso, el área más sensible del Gobierno fue precedido por Trabajo, Desarrollo Productivo, Educación y Seguridad.
El trabajo analizado por los funcionarios de Guzmán también deja en claro que el 89,3% del total destinado a Transferencias ($440.153 millones) “fueron transferencias directas a personas (Ayudas Sociales a Personas), realizadas principalmente a través de los programas Políticas Alimentarias e Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo.
Muy por debajo quedaron las transferencias a gobiernos provinciales y municipales, que se llevaron el 6,1% del total ($29.910 millones), mientras que el 3,5% ($17.466 millones) correspondió a transferencias a instituciones culturales y sociales, donde también predominó el programa Políticas Alimentarias.
Signos de los tiempos que corren en un país cuya inflación anual proyectada para este 2022 está más cerca del 70% y la proximidad de un 2023 que estará cruzado por las elecciones presidenciales.
Con información de
Infobae
