Mauricio Macri gastó 14 millones de euros en aviones que "no estaban operativos"
Jueves 09 de
Junio 2022
La Sindicatura General de la Nación señaló que el Ministerio de Defensa contaba con informes preliminares que alertaban sobre el estado de las aeronave, que se compraron en 2019 y nunca se pudieron utilizar.
Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) concluyó que durante la administración de Mauricio Macri se gastó casi 14 millones de euros en aviones para el Ministerio de Defensa que "no estaban operativos".
El documento de 35 páginas que analizó la gestión de compras llevadas a cabo por la cartera de Defensa, en el período 2016-2019, bajo la gestión de Oscar Aguad, puso el foco principalmente en los convenios celebrados con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel), según informó Infobae.
En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”, incluso “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”.
Con la adquisición de cinco cazabombardero, la Armada pretendía incrementar el adiestramiento de pilotos en 300 horas de vuelo anuales, evitando el éxodo de los mismos a la actividad aerocomercial y recuperar capacidad aeronaval. Sin embargo, de la auditoría se desprende que funcionarios con poder de decisión final en las compras desatendieron informes técnicos preliminares que advertían sobre el estado de las mismas y especificaban que resultaba “esencial” la obtención de “elementos críticos” para asegurar su funcionamiento, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.
En ese sentido se sugirió analizar que varios de esos repuestos eran de origen inglés, por lo que resultaba necesario tener en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que desde 1982 el Reino Unido no vende armamentos militares a nuestro país.
Entre las “falencias” que surgen del análisis, se señaló el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”.
“Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se concluyó.
Pero el ministro Oscar Aguad hizo caso omiso a las advertencias, realizó la compra y pago, por los aviones inutilizables y elementos complementarios, 12.550.000 euros. El Gobierno Nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos, lo que costó un total de 1.346.255 euros, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000.
Con respecto a los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito - OPV indican que “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”. En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición ‘Listo para Operar’”.
El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.
El documento de 35 páginas que analizó la gestión de compras llevadas a cabo por la cartera de Defensa, en el período 2016-2019, bajo la gestión de Oscar Aguad, puso el foco principalmente en los convenios celebrados con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel), según informó Infobae.
En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”, incluso “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”.
Con la adquisición de cinco cazabombardero, la Armada pretendía incrementar el adiestramiento de pilotos en 300 horas de vuelo anuales, evitando el éxodo de los mismos a la actividad aerocomercial y recuperar capacidad aeronaval. Sin embargo, de la auditoría se desprende que funcionarios con poder de decisión final en las compras desatendieron informes técnicos preliminares que advertían sobre el estado de las mismas y especificaban que resultaba “esencial” la obtención de “elementos críticos” para asegurar su funcionamiento, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.
En ese sentido se sugirió analizar que varios de esos repuestos eran de origen inglés, por lo que resultaba necesario tener en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que desde 1982 el Reino Unido no vende armamentos militares a nuestro país.
Entre las “falencias” que surgen del análisis, se señaló el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”.
“Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se concluyó.
Pero el ministro Oscar Aguad hizo caso omiso a las advertencias, realizó la compra y pago, por los aviones inutilizables y elementos complementarios, 12.550.000 euros. El Gobierno Nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos, lo que costó un total de 1.346.255 euros, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000.
Con respecto a los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito - OPV indican que “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”. En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición ‘Listo para Operar’”.
El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.
Con información de
Minuto1
