Salto en el Presupuesto: por la aceleración de la inflación el Gobierno gastará este año un 52% más de lo previsto
Por:
Daniel Sticco
Jueves 16 de
Junio 2022
En lo que constituye la sexta modificación del año del Presupuesto 2022 de gastos y recursos que no pudo pasar por el filtro de la Cámara de Diputados, donde opositores y aliados lo rechazaron por considerar severas inconsistencias en los supuestos macroeconómicos, el Gobierno Nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 331, con 7 anexos, de los cuales uno tiene el detalle de las partidas que cambian en 1.052 folios; y otros 617 páginas con las nuevas pautas por jurisdicción, que se publicó esta mañana en un Suplemento del Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández, y el pleno del Gabinete de Ministros, dispuso elevar la autorización de gastos de la Administración Central en $5,57 billones, equivalente a un salto del 51,7 por ciento.
Semejante incremento, aunque no se lo explicita en los considerandos, se sustenta en el efecto de la aceleración de la tasa de inflación al 73% -según la última estimación del consenso de los consultores privados y estudios económicos de bancos y universidades que a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado comparten sus pronósticos con el Banco Central de la República Argentina-, aunque podría resultar mayor, en comparación con el 50,9% de 2021 y más aún respecto de la pauta original con una banda de 38% a 48% que llegaron a aprobar los técnicos del FMI en el acuerdo de refinanciamiento de la deuda el 25 de marzo último.
Al respecto, fuentes del Gobierno anticiparon a la prensa: “Al no haberse sancionado ni promulgado el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 que el Poder Ejecutivo Nacional remitiera al Congreso Nacional el pasado 15 de septiembre de 2021, fueron dictados el Decreto Nº882/2021 y la Decisión Administrativa 4/2022 que prorrogaron la Ley de Presupuesto 2021 Nº27.591. Con el fin de fortalecer la planificación presupuestaria y alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico, es necesario adaptar el marco presupuestario a las condiciones actuales”. Y agrega: “El DNU 331/2022 publicado en el día de la fecha, modifica el presupuesto prorrogado a los fines de establecer un marco de previsibilidad para la gestión fiscal y financiera, determinando un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN), como así también una determinación del déficit primario en base devengado”.
Según Economía: “El cambio en las condiciones económicas ha generado una modificación en la estacionalidad del gasto a lo largo del ejercicio fiscal. El Gobierno Nacional ha trabajado activamente para garantizar la seguridad energética minimizando el impacto del alza de los precios de la energía en el costo de mantenimiento del sistema. En particular, se alcanzó un nuevo acuerdo con Bolivia para garantizar el abastecimiento de gas natural. Complementariamente se alcanzó un intercambio de energía eléctrica con Brasil, que implicó una reducción de los costos necesarios para garantizar la seguridad energética. A pesar de estos esfuerzos, el impacto de la guerra en los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) y otros combustibles líquidos generó un incremento del gasto en subsidios, que se desacelerará a lo largo del año”.
Sorprende, que justamente, en medio de un compromiso de recorte del crecimiento del gasto real y de baja del déficit fiscal, el pleno del Gabinete firmara la ampliación presupuestaria presentada por el equipo económico de Martín Guzmán en $1,21 billones más que el aumento ahora esperado en los recursos tributarios ($4,36 billones), y consecuentemente se eleve la previsión de saldo negativo de las finanzas de la Administración Central en 42,1%, en comparación con la meta original.
Así, de ejecutarse plenamente la nueva autorización de gastos del año al conjunto de las áreas que forman la Administración Central: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Descentralizados y resultados de las empresas del Estado, que es de $16,26 billones; y recursos totales esperados por $12,34 billones, el déficit fiscal ascenderá a $4,08 billones, equivalente a 33,1% de los ingresos, y más de 4% del PBI. Aunque en Economía sostienen que los cambios en la asignación de gastos aprobados “son consistentes con la proyección de déficit primario base caja del Sector Público Nacional (SPN) de 2,5% del PBI” -antes del pago de intereses de la deuda.
Y pese a los acuerdos de refinanciamiento de los vencimientos de deuda, tanto con el sector privado en 2020, y últimamente con el FMI, se aprobó ampliar la partida para servicio de la deuda pública en $412.848 millones, seguramente a partir del efecto de la aceleración de la inflación sobre los bonos ajustables por CER, y también por el mayor ritmo nominal de la tasa de devaluación y de la tasa de referencia del Banco Central.
Claramente, la aceleración de la inflación está haciendo estragos sobre el conjunto de las finanzas públicas, al punto que en la primera revisión de las pautas del Acuerdo con el FMI los auditores alertaron sobre la necesidad de replantear las metas trimestrales del resto del año, aunque sin cambiar el resultado final, pese a las advertencias del consenso de los economistas que los objetivos originales serán incumplibles.
Aumentos de partidas más destacados
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, $2.337.790 millones;
Obligaciones a Cargo del Tesoro, Asistencia en Servicios Económicos, $733.343 millones;
Ministerio de Economía, $483.013 millones: Asistencia Empresas Públicas $471.962 millones, y Comisión Nacional de Energía Atómica (Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear) $11.051 millones;
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Incentivo Docente, $466.416 millones;
Servicio de la Deuda Pública, $412.848 millones;
Ministerio de Desarrollo Social, $163.414 millones;
Presidencia de la Nación, Agencia Nacional de Discapacidad, $139.615 millones;
Ministerio de Defensa, $127.714millones: Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares $66.913 millones; Estado Mayor General del Ejército Argentino, Sastrería Militar $34.155 millones; Estado Mayor General de la Armada Argentina, Transportes Navales $15.085 millones; Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina $13.300 millones; Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), Sostén Logístico Antártico $261 millones;
Ministerio de Seguridad, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, $97.965 millones;
Ministerio de Transporte, $83.377 millones;
Poder Judicial de la Nación, Programa Interceptación y Captación de las Comunicaciones: $76.644 millones;
Ministerio de Obras Públicas, $60.652 millones;
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, $47.383 millones;
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, $36.356 millones;
Ministerio de Salud, $34.195 millones;
Ministerio de Desarrollo Productivo, $26.049 millones;
Poder Legislativo, Programa Control Parlamentario sobre Órganos y Actividades de Seguridad Interior: $18.864 millones.
Dado que este ajuste presupuestario se basó en lo ocurrido hasta el cierre de mayo, en que la tasa de inflación acumuló 29,3% en 5 meses y 60,7% en comparación con un año antes, cabe esperar que si se mantiene el frenético ritmo del aumento generalizado de los precios, a una velocidad de 80% a 100% como ya vaticinan diversos consultores privados, el Jefe de Gabinete de Ministros va a disponer otras Decisiones Administrativas de autorización de mayores gastos, en particular los vinculados con el frente social, como jubilaciones y asignaciones familiares que ajustan con un rezago trimestral, y el pago de intereses de la deuda pública.
Al respecto, fuentes del Gobierno anticiparon a la prensa: “Al no haberse sancionado ni promulgado el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 que el Poder Ejecutivo Nacional remitiera al Congreso Nacional el pasado 15 de septiembre de 2021, fueron dictados el Decreto Nº882/2021 y la Decisión Administrativa 4/2022 que prorrogaron la Ley de Presupuesto 2021 Nº27.591. Con el fin de fortalecer la planificación presupuestaria y alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico, es necesario adaptar el marco presupuestario a las condiciones actuales”. Y agrega: “El DNU 331/2022 publicado en el día de la fecha, modifica el presupuesto prorrogado a los fines de establecer un marco de previsibilidad para la gestión fiscal y financiera, determinando un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN), como así también una determinación del déficit primario en base devengado”.
Según Economía: “El cambio en las condiciones económicas ha generado una modificación en la estacionalidad del gasto a lo largo del ejercicio fiscal. El Gobierno Nacional ha trabajado activamente para garantizar la seguridad energética minimizando el impacto del alza de los precios de la energía en el costo de mantenimiento del sistema. En particular, se alcanzó un nuevo acuerdo con Bolivia para garantizar el abastecimiento de gas natural. Complementariamente se alcanzó un intercambio de energía eléctrica con Brasil, que implicó una reducción de los costos necesarios para garantizar la seguridad energética. A pesar de estos esfuerzos, el impacto de la guerra en los precios internacionales del Gas Natural Licuado (GNL) y otros combustibles líquidos generó un incremento del gasto en subsidios, que se desacelerará a lo largo del año”.
Sorprende, que justamente, en medio de un compromiso de recorte del crecimiento del gasto real y de baja del déficit fiscal, el pleno del Gabinete firmara la ampliación presupuestaria presentada por el equipo económico de Martín Guzmán en $1,21 billones más que el aumento ahora esperado en los recursos tributarios ($4,36 billones), y consecuentemente se eleve la previsión de saldo negativo de las finanzas de la Administración Central en 42,1%, en comparación con la meta original.
Así, de ejecutarse plenamente la nueva autorización de gastos del año al conjunto de las áreas que forman la Administración Central: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Descentralizados y resultados de las empresas del Estado, que es de $16,26 billones; y recursos totales esperados por $12,34 billones, el déficit fiscal ascenderá a $4,08 billones, equivalente a 33,1% de los ingresos, y más de 4% del PBI. Aunque en Economía sostienen que los cambios en la asignación de gastos aprobados “son consistentes con la proyección de déficit primario base caja del Sector Público Nacional (SPN) de 2,5% del PBI” -antes del pago de intereses de la deuda.
Y pese a los acuerdos de refinanciamiento de los vencimientos de deuda, tanto con el sector privado en 2020, y últimamente con el FMI, se aprobó ampliar la partida para servicio de la deuda pública en $412.848 millones, seguramente a partir del efecto de la aceleración de la inflación sobre los bonos ajustables por CER, y también por el mayor ritmo nominal de la tasa de devaluación y de la tasa de referencia del Banco Central.
Claramente, la aceleración de la inflación está haciendo estragos sobre el conjunto de las finanzas públicas, al punto que en la primera revisión de las pautas del Acuerdo con el FMI los auditores alertaron sobre la necesidad de replantear las metas trimestrales del resto del año, aunque sin cambiar el resultado final, pese a las advertencias del consenso de los economistas que los objetivos originales serán incumplibles.
Aumentos de partidas más destacados
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, $2.337.790 millones;
Obligaciones a Cargo del Tesoro, Asistencia en Servicios Económicos, $733.343 millones;
Ministerio de Economía, $483.013 millones: Asistencia Empresas Públicas $471.962 millones, y Comisión Nacional de Energía Atómica (Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear) $11.051 millones;
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Incentivo Docente, $466.416 millones;
Servicio de la Deuda Pública, $412.848 millones;
Ministerio de Desarrollo Social, $163.414 millones;
Presidencia de la Nación, Agencia Nacional de Discapacidad, $139.615 millones;
Ministerio de Defensa, $127.714millones: Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares $66.913 millones; Estado Mayor General del Ejército Argentino, Sastrería Militar $34.155 millones; Estado Mayor General de la Armada Argentina, Transportes Navales $15.085 millones; Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina $13.300 millones; Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), Sostén Logístico Antártico $261 millones;
Ministerio de Seguridad, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, $97.965 millones;
Ministerio de Transporte, $83.377 millones;
Poder Judicial de la Nación, Programa Interceptación y Captación de las Comunicaciones: $76.644 millones;
Ministerio de Obras Públicas, $60.652 millones;
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, $47.383 millones;
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, $36.356 millones;
Ministerio de Salud, $34.195 millones;
Ministerio de Desarrollo Productivo, $26.049 millones;
Poder Legislativo, Programa Control Parlamentario sobre Órganos y Actividades de Seguridad Interior: $18.864 millones.
Dado que este ajuste presupuestario se basó en lo ocurrido hasta el cierre de mayo, en que la tasa de inflación acumuló 29,3% en 5 meses y 60,7% en comparación con un año antes, cabe esperar que si se mantiene el frenético ritmo del aumento generalizado de los precios, a una velocidad de 80% a 100% como ya vaticinan diversos consultores privados, el Jefe de Gabinete de Ministros va a disponer otras Decisiones Administrativas de autorización de mayores gastos, en particular los vinculados con el frente social, como jubilaciones y asignaciones familiares que ajustan con un rezago trimestral, y el pago de intereses de la deuda pública.
Con información de
Infobae
