El Gobierno intentará retomar la relación (hoy rota) con bonistas que entraron al canje de 2020
Miércoles 13 de
Julio 2022
La nueva gestión de Economía buscará transmitir un perfil “market friendly”. Actualmente, los bonos cotizan a precio de remate.
Intentando iniciar una nueva etapa en la relación con el sistema financiero internacional, el Ministerio de Economía intentará un futuro acercamiento con los tenedores de deuda local emitida en divisas en agosto 2020 por Martín Guzmán para reestructurar la deuda privada vigente, con una expectativa doble. Por un lado, intentar explicar cuál es la estrategia general del nuevo equipo económico en cuanto a respetar lo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y comunicar que los nuevos tiempos pretenden ser “market friendly”. La segunda intención es más pretenciosa, pero digna de intentarse. Se buscará que los bonistas, hoy furiosos tanto con el país como con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, cambien la visión que tienen sobre la economía argentina y les den una nueva oportunidad a los bonos. La idea es que no se desprendan de estas tenencias, asegurándoles a los inversores que aún mantienen estas posiciones que la intención del país es respetar los vencimientos y aventar cualquier posibilidad de incumplimiento. Al menos mientras Alberto Fernández sea presidente.
En las próximas horas el equipo de Silvina Batakis estudiará la manera de establecer contacto directo con los tenedores. En su momento mantuvieron una relación bastante sólida con Guzmán, pero que en desde hace un año, coincidiendo con los retrasos de un acuerdo con el FMI y el estallido de la crisis política local, fueron enojándose con el manejo de la política económica local, hasta llegar a una posición de malhumor constante y voluntad de rompimiento de contactos con el país. La idea de Batakis es la de retomar el dialogo y explicar los nuevos lineamientos fiscales y financieros anunciados el lunes pasado. Sabe el nuevo equipo que es una misión difícil, pero que, en definitiva, hay poco que perder. Los bonos lanzados al mercado en 2020 hoy cotizan en niveles de país al borde de default, y más cerca del interés de los fondos buitre que los de los inversores institucionales a nivel mundial.
Loa poseedores de esta deuda están tan enojados con el país y su conducción como con el FMI. Creen que el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, su directora adjunta, Julie Kozack, y el responsable del caso argentino, Luis Cubeddu, no fueron duros en la fiscalización al no exigirle al país una política fiscal, monetaria y cambiaria más restrictiva para cumplir las ya (para ellos) lánguidas metas comprometidas en el acuerdo de Facilidades Extendidas. Y que lo que ahora se vive en la economía argentina es la consecuencia de no haber sido rígidos en el momento de negociar y cerrar el acuerdo, y no pedirle al país políticas de cambios estructurales en la situación monetaria, fiscal y cambiaria de la Argentina.
Lo que terminó de malhumorar a los bonistas fue la decisión conjunta del país y el organismo de permitir renegociar la consecutividad de las metas comprometidas para todo el año (sin modificarlas, pero sí flexibilizarlas a lo largo de los meses de 2022). Esto provocó un alboroto máximo entre los inversores en deuda local que aún mantienen sus posiciones a la espera de algún tipo de azul en su rentabilidad que nunca llega. A partir de esta decisión tomada en la reunión del board de junio pasado (donde se aprobaron las metas del primer trimestre) de anualizar el cumplimiento de las metas, ya no hay necesidad de sostener responsabilidades sobre los ingresos y gastos, ya que una eventual caída del acuerdo se demoraría para bien entrado 2023. Según la interpretación de los bonistas, este peligro era la única restricción seria que tenía este año el Gobierno para sostener cierta prudencia en el manejo de los números de recaudación y gastos. Y que, hacia delante, ya no habrá incentivos (ni temores a castigos) para que el frente fiscal y financiero se ordene.
Para los bonistas, la consecuencia directa de todo este razonamiento es simple y negativa: sin que el FMI acelere el ajuste (por el contrario, que lo retrase) los bonos en su posesión continuarán navegando en valores de default, ya muy lejos de la psicológica tabla de supervivencia del 30% nominal. Sólo teniendo en cuenta que el Valor Presente Neto del canje fue de 54,8%, que cualquier bono normal de un país medianamente prolijo debería estar cotizando por arriba del 70%, que (a dos meses y 10 días de cumplirse dos años) el riesgo país se estabiliza en un nivel superior a 2000 puntos básicos, se entiende la tragedia financiera que viven los fondos de inversión.
Muchos de ellos están analizando seriamente pasar a la acción. Su posición es un clásico. Saben que la única manera de influir sobre los funcionarios locales, no es a través de la acción directa (nunca funcionó con la actual gestión), sino desde el FMI y sus misiones trimestrales. En consecuencia, planean presionar sobre los embajadores de los países que manejan el board del FMI para que interfieran entre Goldfajn y sus planes sobre Argentina.
En las próximas horas el equipo de Silvina Batakis estudiará la manera de establecer contacto directo con los tenedores. En su momento mantuvieron una relación bastante sólida con Guzmán, pero que en desde hace un año, coincidiendo con los retrasos de un acuerdo con el FMI y el estallido de la crisis política local, fueron enojándose con el manejo de la política económica local, hasta llegar a una posición de malhumor constante y voluntad de rompimiento de contactos con el país. La idea de Batakis es la de retomar el dialogo y explicar los nuevos lineamientos fiscales y financieros anunciados el lunes pasado. Sabe el nuevo equipo que es una misión difícil, pero que, en definitiva, hay poco que perder. Los bonos lanzados al mercado en 2020 hoy cotizan en niveles de país al borde de default, y más cerca del interés de los fondos buitre que los de los inversores institucionales a nivel mundial.
Loa poseedores de esta deuda están tan enojados con el país y su conducción como con el FMI. Creen que el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, su directora adjunta, Julie Kozack, y el responsable del caso argentino, Luis Cubeddu, no fueron duros en la fiscalización al no exigirle al país una política fiscal, monetaria y cambiaria más restrictiva para cumplir las ya (para ellos) lánguidas metas comprometidas en el acuerdo de Facilidades Extendidas. Y que lo que ahora se vive en la economía argentina es la consecuencia de no haber sido rígidos en el momento de negociar y cerrar el acuerdo, y no pedirle al país políticas de cambios estructurales en la situación monetaria, fiscal y cambiaria de la Argentina.
Lo que terminó de malhumorar a los bonistas fue la decisión conjunta del país y el organismo de permitir renegociar la consecutividad de las metas comprometidas para todo el año (sin modificarlas, pero sí flexibilizarlas a lo largo de los meses de 2022). Esto provocó un alboroto máximo entre los inversores en deuda local que aún mantienen sus posiciones a la espera de algún tipo de azul en su rentabilidad que nunca llega. A partir de esta decisión tomada en la reunión del board de junio pasado (donde se aprobaron las metas del primer trimestre) de anualizar el cumplimiento de las metas, ya no hay necesidad de sostener responsabilidades sobre los ingresos y gastos, ya que una eventual caída del acuerdo se demoraría para bien entrado 2023. Según la interpretación de los bonistas, este peligro era la única restricción seria que tenía este año el Gobierno para sostener cierta prudencia en el manejo de los números de recaudación y gastos. Y que, hacia delante, ya no habrá incentivos (ni temores a castigos) para que el frente fiscal y financiero se ordene.
Para los bonistas, la consecuencia directa de todo este razonamiento es simple y negativa: sin que el FMI acelere el ajuste (por el contrario, que lo retrase) los bonos en su posesión continuarán navegando en valores de default, ya muy lejos de la psicológica tabla de supervivencia del 30% nominal. Sólo teniendo en cuenta que el Valor Presente Neto del canje fue de 54,8%, que cualquier bono normal de un país medianamente prolijo debería estar cotizando por arriba del 70%, que (a dos meses y 10 días de cumplirse dos años) el riesgo país se estabiliza en un nivel superior a 2000 puntos básicos, se entiende la tragedia financiera que viven los fondos de inversión.
Muchos de ellos están analizando seriamente pasar a la acción. Su posición es un clásico. Saben que la única manera de influir sobre los funcionarios locales, no es a través de la acción directa (nunca funcionó con la actual gestión), sino desde el FMI y sus misiones trimestrales. En consecuencia, planean presionar sobre los embajadores de los países que manejan el board del FMI para que interfieran entre Goldfajn y sus planes sobre Argentina.
Con información de
Ámbito
