25 DE ABRIL 2024
El Gobierno deberá discutir la política cambiaria con el FMI en la próxima revisión
Por:
Carlos Burgueño
Viernes 22 de
Julio 2022
Son tiempos de definiciones en la política cambiaria del Gobierno.
Se sabe que el esquema actual de control y sostenimiento de la relación entre el peso y el dólar naufragó, y que se necesitan modificaciones radicales. Quizá hasta sistémicas. Sin embargo, el Ejecutivo comprende también que cualquier alteración a este capítulo trascendental de la política económica local, debe ser consultada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien el Facilidades Extendidas firmado con el organismo no incluye entre las metas fundamentales el diseño y aplicación de la política cambiaria, es parte de los objetivos cerrados durante las negociaciones que Martín Guzmán mantuvo con el staff técnico del Fondo antes de cerrar el acuerdo. Y que, en consecuencia, cualquier alteración, leve o profunda, de la estrategia oficial en cuanto al dólar debe formar parte de las consultas habituales con el organismo.
El FMI no puede prohibirle al país ejecutar ningún tipo de decisión en cuanto a la estrategia de control de dólares, pero desde Washington se reservan la potestad de dar su opinión cada vez que una misión de fiscalización del organismo termine su tarea, y desarrolle el paper de conclusiones generales sobre la marcha de la economía argentina. Ese trabajo es luego elevado al board que posteriormente es el encargado de aprobar o no las metas y objetivos de cada trimestre, para que finalmente el FMI libere o no los dólares para cubrir los vencimientos del stand by anterior.
La buena noticia es que para que un acuerdo se caiga, por la negociación que aplicó Martín Guzmán durante la cumbre de primavera del FMI de abril en la capital de los Estados Unidos, la revisión sobre las metas será anual. Esto no implica que si hay algo que al Fondo no le gusta, esto no quede por escrito en los informes trimestrales luego de cada misión. Y, está claro, que la política cambiaria forma parte de estos capítulos. Más si se tiene en cuenta que una de los objetivos fijados con el Fondo habla de la necesidad de reducir la brecha cambiaria y que esta no supere este año el 50%. En tiempos de distancias entre el oficial y los dólares financieros de más de 150%, ese objetivo es algo parecido a una utopía.
De ahí la necesidad de explicar con detalles a la gente del FMI cuando se concrete la segunda misión, lo que sucedería en agosto. Para recibir a esta misión, la que podría volver a ser virtual, el Gobierno sabe que más allá de las medidas cambiarias de cepos cruzados y múltiples y de permisos para turistas y otros sectores de recibir cotizaciones similares al MEP; lo que el Ministerio de Economía deberá explicar, es cómo piensa el Ejecutivo aplicar la política de devaluación controlada del oficial, para que el tipo de cambio no se retrase ante la inflación. Esta es la verdadera meta comprometida ante el FMI por Guzmán en las negociaciones cerradas con el acuerdo del 25 de marzo, e implica la obligación del Gobierno de no retrasar el peso ante un dólar actualizado por el alza de los precios; algo que está ocurriendo en lo que va del 2022. De hecho, y más allá de la corrida cambiaria que ya lleva seis semanas, el oficial se devaluó un 25%, con una inflación acumulada de 36,2% en junio; y que podría elevarse a casi 45% en julio.
El Gobierno podría explicar ante el FMI lo que sucede con los dólares financieros y con el ilegal; y manifestarse prescindente (al menos en el 2022), en la política de cepos cruzados que aplica el ministerio de Economía en estos tiempos complejos. Pero donde profundizará los controles, será en la inflación acumulada y el retraso del oficial.
En este punto, los funcionarios que enfrentarán a la gente del FMI, deberá explayarse con explicaciones sólidas. Por ahora el Gobierno confía en que habrá comprensión y que un eventual pedido de waiver anual no implicará una crítica ácida, directa o terminal en el Facilidades Extendidas. Sigue confiando el Gobierno que para todo el año es defendible un alza final de la inflación del 70%, lo que en medio de la tormenta actual, se especula en Buenos Aires, sería aceptable.
Lo fundamental en este caso es que se observe desde el Fondo la situación actual con un bimestre junio-julio para el olvido y excepcional de malo; pero con un agosto con la situación más dominada. Se confía en Buenos Aires que esto no implicará la caída del acuerdo, que Washington aceptará el incumplimiento y que se podrá renegociar la variable a un porcentaje más real. Siempre y cuando el principal compromiso no se altere. Esto es, un déficit fiscal de 2,5% de tope; una meta que también se convirtió en algo de complejo cumplimiento.
Si bien el Facilidades Extendidas firmado con el organismo no incluye entre las metas fundamentales el diseño y aplicación de la política cambiaria, es parte de los objetivos cerrados durante las negociaciones que Martín Guzmán mantuvo con el staff técnico del Fondo antes de cerrar el acuerdo. Y que, en consecuencia, cualquier alteración, leve o profunda, de la estrategia oficial en cuanto al dólar debe formar parte de las consultas habituales con el organismo.
El FMI no puede prohibirle al país ejecutar ningún tipo de decisión en cuanto a la estrategia de control de dólares, pero desde Washington se reservan la potestad de dar su opinión cada vez que una misión de fiscalización del organismo termine su tarea, y desarrolle el paper de conclusiones generales sobre la marcha de la economía argentina. Ese trabajo es luego elevado al board que posteriormente es el encargado de aprobar o no las metas y objetivos de cada trimestre, para que finalmente el FMI libere o no los dólares para cubrir los vencimientos del stand by anterior.
La buena noticia es que para que un acuerdo se caiga, por la negociación que aplicó Martín Guzmán durante la cumbre de primavera del FMI de abril en la capital de los Estados Unidos, la revisión sobre las metas será anual. Esto no implica que si hay algo que al Fondo no le gusta, esto no quede por escrito en los informes trimestrales luego de cada misión. Y, está claro, que la política cambiaria forma parte de estos capítulos. Más si se tiene en cuenta que una de los objetivos fijados con el Fondo habla de la necesidad de reducir la brecha cambiaria y que esta no supere este año el 50%. En tiempos de distancias entre el oficial y los dólares financieros de más de 150%, ese objetivo es algo parecido a una utopía.
De ahí la necesidad de explicar con detalles a la gente del FMI cuando se concrete la segunda misión, lo que sucedería en agosto. Para recibir a esta misión, la que podría volver a ser virtual, el Gobierno sabe que más allá de las medidas cambiarias de cepos cruzados y múltiples y de permisos para turistas y otros sectores de recibir cotizaciones similares al MEP; lo que el Ministerio de Economía deberá explicar, es cómo piensa el Ejecutivo aplicar la política de devaluación controlada del oficial, para que el tipo de cambio no se retrase ante la inflación. Esta es la verdadera meta comprometida ante el FMI por Guzmán en las negociaciones cerradas con el acuerdo del 25 de marzo, e implica la obligación del Gobierno de no retrasar el peso ante un dólar actualizado por el alza de los precios; algo que está ocurriendo en lo que va del 2022. De hecho, y más allá de la corrida cambiaria que ya lleva seis semanas, el oficial se devaluó un 25%, con una inflación acumulada de 36,2% en junio; y que podría elevarse a casi 45% en julio.
El Gobierno podría explicar ante el FMI lo que sucede con los dólares financieros y con el ilegal; y manifestarse prescindente (al menos en el 2022), en la política de cepos cruzados que aplica el ministerio de Economía en estos tiempos complejos. Pero donde profundizará los controles, será en la inflación acumulada y el retraso del oficial.
En este punto, los funcionarios que enfrentarán a la gente del FMI, deberá explayarse con explicaciones sólidas. Por ahora el Gobierno confía en que habrá comprensión y que un eventual pedido de waiver anual no implicará una crítica ácida, directa o terminal en el Facilidades Extendidas. Sigue confiando el Gobierno que para todo el año es defendible un alza final de la inflación del 70%, lo que en medio de la tormenta actual, se especula en Buenos Aires, sería aceptable.
Lo fundamental en este caso es que se observe desde el Fondo la situación actual con un bimestre junio-julio para el olvido y excepcional de malo; pero con un agosto con la situación más dominada. Se confía en Buenos Aires que esto no implicará la caída del acuerdo, que Washington aceptará el incumplimiento y que se podrá renegociar la variable a un porcentaje más real. Siempre y cuando el principal compromiso no se altere. Esto es, un déficit fiscal de 2,5% de tope; una meta que también se convirtió en algo de complejo cumplimiento.
Con información de
Ámbito
