JUEVES 9 DE MAYO
Incertidumbre, malestar y especulaciones en la Corte por la cautelar sobre coparticipación de CABA
Por:
Fabio Ferrer
Jueves 24 de
Noviembre 2022
Este jueves hay reunión del máximo tribunal, pero el expediente que involucra al gobierno porteño y al Estado Nacional no fue incluido en el temario
A solo un día de la fecha prevista por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el último acuerdo para tomar una decisión este jueves sobre la causa de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el expediente no ha sido incluido por la presidencia del Tribunal pese a las reuniones técnicas de los letrados de los cuatro ministros y la existencia de un proyecto de sentencia que, según informaron fuentes judiciales a Infobae, está listo par ser votado.
Imprevistamente, Horacio Rosatti no incluyó este tema en el listado de acuerdos que se distribuyó hoy, lo cual está generando una ardua discusión interna.
Rosatti habría hablado con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con quien tiene una relación personal estrecha, quien le hizo un pedido en representación de los gobernadores del Norte, con quienes se halla reunido en Corrientes. El pedido es que se postergue la decisión hasta el año próximo, para ver si hay un acuerdo general.
Rosatti habría hablado con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con quien tiene una relación personal estrecha, quien le hizo un pedido en representación de los gobernadores del Norte, con quienes se halla reunido en Corrientes. El pedido es que se postergue la decisión hasta el año próximo, para ver si hay un acuerdo general.
Con un escenario de fondo referido a la transferencia de las funciones de seguridad, se trata de dos causas iniciadas por el gobierno porteño en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación por el Estado Nacional, primero por el dictado de un decreto (735 de septiembre 2020) y luego de una ley nacional (27606, diciembre 2020). Ante esto, la administración de Horacio Rodríguez Larreta solicitó al máximo tribunal su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.
En la postura contrapuesta, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri en enero de ese año, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía CABA de la masa de fondos coparticipables. Entendió que era un porcentaje fijado de modo completamente arbitrario. Para ponerlo en números, el GCBA insiste en que el costo del traspaso de funciones se estimó en $13.070 millones a valores del año 2015.
En las audiencias celebradas en el Tribunal, y en el plazo de conciliación acordado, no se llegó a ningún acuerdo. Por eso, el Estado Nacional efectuó una presentación el 16 de mayo en la cual manifiesta esto y realiza una síntesis de lo acontecido, entre ello, la propuesta de $44.370.860.589, que no fue aceptada. Hace hincapié en que, en el hipotético caso de que la Corte concediera la pretensión cautelar de la Ciudad, retrotrayendo la cuestión a lo que en su momento previó el Decreto N° 257/18, estaría reconociendo, sólo para el año 2021, un exceso de aproximadamente $70.000.000.000 por sobre el valor real de la transferencia que estableció la Comisión Federal de Impuestos en su dictamen, que fue de un total estimado en $11.486.456.429,13. Ese es el cálculo que realiza el Estado Nacional sobre el efecto económico en caso de que se otorgase la medida cautelar.
Imprevistamente, Horacio Rosatti no incluyó este tema en el listado de acuerdos que se distribuyó hoy, lo cual está generando una ardua discusión interna.
Rosatti habría hablado con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con quien tiene una relación personal estrecha, quien le hizo un pedido en representación de los gobernadores del Norte, con quienes se halla reunido en Corrientes. El pedido es que se postergue la decisión hasta el año próximo, para ver si hay un acuerdo general.
Rosatti habría hablado con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con quien tiene una relación personal estrecha, quien le hizo un pedido en representación de los gobernadores del Norte, con quienes se halla reunido en Corrientes. El pedido es que se postergue la decisión hasta el año próximo, para ver si hay un acuerdo general.
Con un escenario de fondo referido a la transferencia de las funciones de seguridad, se trata de dos causas iniciadas por el gobierno porteño en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación por el Estado Nacional, primero por el dictado de un decreto (735 de septiembre 2020) y luego de una ley nacional (27606, diciembre 2020). Ante esto, la administración de Horacio Rodríguez Larreta solicitó al máximo tribunal su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.
En la postura contrapuesta, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri en enero de ese año, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía CABA de la masa de fondos coparticipables. Entendió que era un porcentaje fijado de modo completamente arbitrario. Para ponerlo en números, el GCBA insiste en que el costo del traspaso de funciones se estimó en $13.070 millones a valores del año 2015.
En las audiencias celebradas en el Tribunal, y en el plazo de conciliación acordado, no se llegó a ningún acuerdo. Por eso, el Estado Nacional efectuó una presentación el 16 de mayo en la cual manifiesta esto y realiza una síntesis de lo acontecido, entre ello, la propuesta de $44.370.860.589, que no fue aceptada. Hace hincapié en que, en el hipotético caso de que la Corte concediera la pretensión cautelar de la Ciudad, retrotrayendo la cuestión a lo que en su momento previó el Decreto N° 257/18, estaría reconociendo, sólo para el año 2021, un exceso de aproximadamente $70.000.000.000 por sobre el valor real de la transferencia que estableció la Comisión Federal de Impuestos en su dictamen, que fue de un total estimado en $11.486.456.429,13. Ese es el cálculo que realiza el Estado Nacional sobre el efecto económico en caso de que se otorgase la medida cautelar.
