En México, un reportero publicó una historia. Al día siguiente lo mataron a tiros.
Sábado 21 de
Enero 2023
Justo después del atardecer del jueves 10 de febrero, dos hombres en una camioneta Dodge Ram blanca se detuvieron frente al pequeño estudio de radio de Heber López Vásquez en el sur de México. Un hombre salió, entró y mató a tiros al periodista de 42 años. Oscar, el hijo de 12 años de López, la única persona que estaba con él, se escondió, dijo el hermano de López a Reuters.
López fue uno de los 13 periodistas mexicanos asesinados en 2022, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), un grupo de derechos humanos con sede en Nueva York. Fue el año más mortífero registrado para los periodistas en México, ahora el país más peligroso para los reporteros en el mundo fuera de la guerra en Ucrania, donde el CPJ dice que 15 reporteros fueron asesinados el año pasado.
Un día antes, López, quien dirigía dos sitios de noticias en línea en el estado sureño de Oaxaca, había publicado una historia en Facebook acusando a la política local Arminda Espinosa Cartas de corrupción relacionada con sus esfuerzos de reelección.
Mientras yacía muerto, una patrulla cercana respondió a una llamada de emergencia, interceptó la camioneta y arrestó a los dos hombres. Uno de ellos, se supo más tarde, era el hermano de Espinosa, el político en la historia de López.
Espinosa no ha sido acusado en relación con el asesinato de López. Ella no respondió a múltiples solicitudes de comentarios y Reuters no pudo encontrar ningún comentario anterior que haya hecho sobre su papel en la corrupción o sobre la historia de López.
Su hermano y el otro hombre siguen detenidos pero aún no han sido juzgados. Su abogado no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
“Ya dejé de cubrir el narcotráfico y la corrupción y la muerte de Heber todavía me da miedo”, dijo Hiram Moreno, un veterano periodista oaxaqueño que recibió tres disparos en 2019, con heridas en la pierna y la espalda, luego de escribir sobre negocios de drogas por parte de grupos criminales locales. . Su agresor nunca fue identificado. "No puedes contar con el gobierno. La autocensura es lo único que te mantendrá a salvo".
Es un patrón de miedo e intimidación que se desarrolla en todo México, ya que años de violencia e impunidad han creado lo que los académicos llaman "zonas de silencio" donde los asesinatos y la corrupción no se controlan ni documentan.
"En las zonas de silencio, la gente no tiene acceso a la información básica para llevar a cabo sus vidas", dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “No saben por quién votar porque no hay investigaciones por corrupción. No saben qué áreas son violentas, qué pueden decir y qué no decir, entonces se quedan callados”.
El vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios sobre los ataques a los medios.
Desde el comienzo de la guerra contra las drogas en México en 2006, 133 reporteros han sido asesinados por motivos relacionados con su trabajo, según determinó el CPJ, y otros 13 por razones no determinadas. En ese tiempo México ha registrado más de 360,000 homicidios.
La agresión contra los periodistas se ha extendido en los últimos años a áreas que antes eran menos hostiles, como Oaxaca y Chiapas, y amenazan con convertir más partes de México en zonas muertas de información, dicen grupos de derechos como Reporteros sin Fronteras y 10 periodistas locales.
López fue el segundo periodista desde mediados de 2021 en ser asesinado en Salina Cruz, un puerto del Pacífico en Oaxaca. Está anidado en el Istmo de Tehuantepec, un estrecho tramo de tierra que conecta el Golfo de México y el Pacífico que se ha convertido en un lugar de aterrizaje de precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina, según tres analistas de seguridad y una fuente de la DEA.
La última historia de López, una de varias que escribió sobre Espinosa, cubría los supuestos esfuerzos del político para lograr que una empresa que construye un rompeolas en el puerto de Salina Cruz amenazara a los trabajadores con votar por su reelección o ser despedidos.
La infraestructura era parte del Corredor Interoceánico, uno de los proyectos de desarrollo emblemáticos de López Obrador en el sur de México.
José Ignacio Martínez, un reportero policial en el istmo, y nueve de los compañeros periodistas de López dicen que desde su asesinato tienen más miedo de publicar historias que ahondan en el proyecto del corredor, el narcotráfico y la colusión del Estado con el crimen organizado.
Un medio con el que habló Reuters, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que había realizado una investigación en el corredor, pero que no se sentía seguro de publicar después de la muerte de López.
El vocero de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios sobre acusaciones de corrupción relacionadas con el corredor.
EL MECANISMO
En 2012, el gobierno estableció el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Conocido simplemente como el Mecanismo, el organismo brinda a los periodistas protecciones tales como botones de pánico, equipos de vigilancia, vigilancia policial domiciliaria, guardias armados y reubicación. Desde 2017, nueve reporteros protegidos por el Mecanismo han sido asesinados, descubrió el CPJ.
Periodistas y activistas pueden solicitar protección ante el Mecanismo, que evalúa su caso junto con un grupo de defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de organizaciones sin fines de lucro, así como funcionarios de diversas dependencias gubernamentales que integran una junta de gobierno. No todos los que solicitan protección la reciben, según el análisis.
En la actualidad hay 1.600 personas inscritas en el Mecanismo, incluidos 500 periodistas.
Uno de los asesinados fue Gustavo Sánchez, periodista baleado a quemarropa en junio de 2021 por dos sicarios en motocicleta. Sánchez, que había escrito artículos críticos sobre políticos y grupos criminales, se inscribió en el Mecanismo por tercera vez después de sobrevivir a un intento de asesinato en 2020. La protección nunca llegó.
El fiscal de Oaxaca en ese momento dijo que la cobertura de Sánchez de las elecciones locales sería una línea principal de investigación sobre su asesinato. Nadie ha sido acusado en el caso.
El asesinato de Sánchez provocó que la comisión de derechos humanos de México realizara una investigación de 100 páginas sobre las fallas de las autoridades. Las pruebas "revelaron omisiones, demoras, negligencias e incumplimiento de deberes por parte de al menos 15 servidores públicos", dice el informe.
Enrique Irazoque, titular del Departamento de Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dijo que el Mecanismo aceptó los hallazgos, pero destacó el papel que jugaron las autoridades locales en el desfase de protección.
Quince personas dentro del gobierno y la sociedad civil dijeron a Reuters que el Mecanismo no tiene suficientes recursos dado el alcance del problema. Irazoque estuvo de acuerdo, aunque señaló que su personal de 40 aumentó el año pasado a 70. Su presupuesto para 2023 aumentó a alrededor de $28,8 millones de $20 millones en 2022.
Además de la escasez de fondos, Irazoque dijo que las autoridades locales, los gobiernos estatales y los tribunales deben hacer más, pero falta voluntad política.
“El Mecanismo está absorbiendo todos los problemas, pero los temas no son federales, son locales”, dijo en una entrevista con Reuters.
Más condenas es lo que Irazoque cree que más se necesita, diciendo que la falta de repercusiones legales para los funcionarios públicos fomenta la corrupción.
La impunidad por los asesinatos de periodistas ronda el 89%, según mostró un informe de 2021 del Ministerio del Interior, que supervisa el Mecanismo. Los servidores públicos locales fueron la mayor fuente de violencia contra los periodistas, por delante del crimen organizado, según el informe.
“Uno pensaría que el mayor enemigo serían los grupos armados y el crimen organizado”, dijo la periodista Patricia Mayorga, quien huyó de México luego de investigar la corrupción. "Pero en realidad son los lazos entre esos grupos y los funcionarios estatales los que son el problema".
Muchos periodistas mexicanos asesinados trabajaban para medios digitales pequeños e independientes que a veces solo publicaban en Facebook, señaló Irazoque, y dijo que sus historias profundizaban en temas políticos locales.
La Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) y su Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el papel de los gobiernos estatales y locales en los asesinatos de periodistas o las denuncias de vínculos corruptos con grupos criminales.
El presidente López Obrador frecuentemente ridiculiza a la prensa, criticando a los reporteros que critican su administración y realizando un segmento semanal en su conferencia de prensa diaria dedicada a las "mentiras de la semana". Condena los asesinatos, mientras acusa a los adversarios de hablar de la violencia para desacreditarlo.
Irazoque dice que no tiene evidencia de que los ataques verbales del presidente hayan llevado a la violencia contra los periodistas. El portavoz de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios.
"¿Qué tipo de vida es esta?", dijo el periodista Rodolfo Montes, mirando imágenes de seguridad desde el interior de su casa donde el Mecanismo, en el que se inscribió por primera vez en 2017, había instalado cámaras con ojos en el garaje, la calle y la entrada.
Años antes, un cártel lanzó una bala por debajo de la puerta como una amenaza, y desde entonces ha estado nervioso. Una caja de archivo completa de amenazas repartidas durante una década estaba en la esquina. Mirando su teléfono después de que un cártel amenazara a su hija de 24 años solo unos días antes, dijo: "Estoy vivo, pero estoy muerto, ¿sabes?"
Un día antes, López, quien dirigía dos sitios de noticias en línea en el estado sureño de Oaxaca, había publicado una historia en Facebook acusando a la política local Arminda Espinosa Cartas de corrupción relacionada con sus esfuerzos de reelección.
Mientras yacía muerto, una patrulla cercana respondió a una llamada de emergencia, interceptó la camioneta y arrestó a los dos hombres. Uno de ellos, se supo más tarde, era el hermano de Espinosa, el político en la historia de López.
Espinosa no ha sido acusado en relación con el asesinato de López. Ella no respondió a múltiples solicitudes de comentarios y Reuters no pudo encontrar ningún comentario anterior que haya hecho sobre su papel en la corrupción o sobre la historia de López.
Su hermano y el otro hombre siguen detenidos pero aún no han sido juzgados. Su abogado no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
“Ya dejé de cubrir el narcotráfico y la corrupción y la muerte de Heber todavía me da miedo”, dijo Hiram Moreno, un veterano periodista oaxaqueño que recibió tres disparos en 2019, con heridas en la pierna y la espalda, luego de escribir sobre negocios de drogas por parte de grupos criminales locales. . Su agresor nunca fue identificado. "No puedes contar con el gobierno. La autocensura es lo único que te mantendrá a salvo".
Es un patrón de miedo e intimidación que se desarrolla en todo México, ya que años de violencia e impunidad han creado lo que los académicos llaman "zonas de silencio" donde los asesinatos y la corrupción no se controlan ni documentan.
"En las zonas de silencio, la gente no tiene acceso a la información básica para llevar a cabo sus vidas", dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “No saben por quién votar porque no hay investigaciones por corrupción. No saben qué áreas son violentas, qué pueden decir y qué no decir, entonces se quedan callados”.
El vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios sobre los ataques a los medios.
Desde el comienzo de la guerra contra las drogas en México en 2006, 133 reporteros han sido asesinados por motivos relacionados con su trabajo, según determinó el CPJ, y otros 13 por razones no determinadas. En ese tiempo México ha registrado más de 360,000 homicidios.
La agresión contra los periodistas se ha extendido en los últimos años a áreas que antes eran menos hostiles, como Oaxaca y Chiapas, y amenazan con convertir más partes de México en zonas muertas de información, dicen grupos de derechos como Reporteros sin Fronteras y 10 periodistas locales.
López fue el segundo periodista desde mediados de 2021 en ser asesinado en Salina Cruz, un puerto del Pacífico en Oaxaca. Está anidado en el Istmo de Tehuantepec, un estrecho tramo de tierra que conecta el Golfo de México y el Pacífico que se ha convertido en un lugar de aterrizaje de precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina, según tres analistas de seguridad y una fuente de la DEA.
La última historia de López, una de varias que escribió sobre Espinosa, cubría los supuestos esfuerzos del político para lograr que una empresa que construye un rompeolas en el puerto de Salina Cruz amenazara a los trabajadores con votar por su reelección o ser despedidos.
La infraestructura era parte del Corredor Interoceánico, uno de los proyectos de desarrollo emblemáticos de López Obrador en el sur de México.
José Ignacio Martínez, un reportero policial en el istmo, y nueve de los compañeros periodistas de López dicen que desde su asesinato tienen más miedo de publicar historias que ahondan en el proyecto del corredor, el narcotráfico y la colusión del Estado con el crimen organizado.
Un medio con el que habló Reuters, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que había realizado una investigación en el corredor, pero que no se sentía seguro de publicar después de la muerte de López.
El vocero de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios sobre acusaciones de corrupción relacionadas con el corredor.
EL MECANISMO
En 2012, el gobierno estableció el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Conocido simplemente como el Mecanismo, el organismo brinda a los periodistas protecciones tales como botones de pánico, equipos de vigilancia, vigilancia policial domiciliaria, guardias armados y reubicación. Desde 2017, nueve reporteros protegidos por el Mecanismo han sido asesinados, descubrió el CPJ.
Periodistas y activistas pueden solicitar protección ante el Mecanismo, que evalúa su caso junto con un grupo de defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de organizaciones sin fines de lucro, así como funcionarios de diversas dependencias gubernamentales que integran una junta de gobierno. No todos los que solicitan protección la reciben, según el análisis.
En la actualidad hay 1.600 personas inscritas en el Mecanismo, incluidos 500 periodistas.
Uno de los asesinados fue Gustavo Sánchez, periodista baleado a quemarropa en junio de 2021 por dos sicarios en motocicleta. Sánchez, que había escrito artículos críticos sobre políticos y grupos criminales, se inscribió en el Mecanismo por tercera vez después de sobrevivir a un intento de asesinato en 2020. La protección nunca llegó.
El fiscal de Oaxaca en ese momento dijo que la cobertura de Sánchez de las elecciones locales sería una línea principal de investigación sobre su asesinato. Nadie ha sido acusado en el caso.
El asesinato de Sánchez provocó que la comisión de derechos humanos de México realizara una investigación de 100 páginas sobre las fallas de las autoridades. Las pruebas "revelaron omisiones, demoras, negligencias e incumplimiento de deberes por parte de al menos 15 servidores públicos", dice el informe.
Enrique Irazoque, titular del Departamento de Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, dijo que el Mecanismo aceptó los hallazgos, pero destacó el papel que jugaron las autoridades locales en el desfase de protección.
Quince personas dentro del gobierno y la sociedad civil dijeron a Reuters que el Mecanismo no tiene suficientes recursos dado el alcance del problema. Irazoque estuvo de acuerdo, aunque señaló que su personal de 40 aumentó el año pasado a 70. Su presupuesto para 2023 aumentó a alrededor de $28,8 millones de $20 millones en 2022.
Además de la escasez de fondos, Irazoque dijo que las autoridades locales, los gobiernos estatales y los tribunales deben hacer más, pero falta voluntad política.
“El Mecanismo está absorbiendo todos los problemas, pero los temas no son federales, son locales”, dijo en una entrevista con Reuters.
Más condenas es lo que Irazoque cree que más se necesita, diciendo que la falta de repercusiones legales para los funcionarios públicos fomenta la corrupción.
La impunidad por los asesinatos de periodistas ronda el 89%, según mostró un informe de 2021 del Ministerio del Interior, que supervisa el Mecanismo. Los servidores públicos locales fueron la mayor fuente de violencia contra los periodistas, por delante del crimen organizado, según el informe.
“Uno pensaría que el mayor enemigo serían los grupos armados y el crimen organizado”, dijo la periodista Patricia Mayorga, quien huyó de México luego de investigar la corrupción. "Pero en realidad son los lazos entre esos grupos y los funcionarios estatales los que son el problema".
Muchos periodistas mexicanos asesinados trabajaban para medios digitales pequeños e independientes que a veces solo publicaban en Facebook, señaló Irazoque, y dijo que sus historias profundizaban en temas políticos locales.
La Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) y su Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el papel de los gobiernos estatales y locales en los asesinatos de periodistas o las denuncias de vínculos corruptos con grupos criminales.
El presidente López Obrador frecuentemente ridiculiza a la prensa, criticando a los reporteros que critican su administración y realizando un segmento semanal en su conferencia de prensa diaria dedicada a las "mentiras de la semana". Condena los asesinatos, mientras acusa a los adversarios de hablar de la violencia para desacreditarlo.
Irazoque dice que no tiene evidencia de que los ataques verbales del presidente hayan llevado a la violencia contra los periodistas. El portavoz de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios.
"¿Qué tipo de vida es esta?", dijo el periodista Rodolfo Montes, mirando imágenes de seguridad desde el interior de su casa donde el Mecanismo, en el que se inscribió por primera vez en 2017, había instalado cámaras con ojos en el garaje, la calle y la entrada.
Años antes, un cártel lanzó una bala por debajo de la puerta como una amenaza, y desde entonces ha estado nervioso. Una caja de archivo completa de amenazas repartidas durante una década estaba en la esquina. Mirando su teléfono después de que un cártel amenazara a su hija de 24 años solo unos días antes, dijo: "Estoy vivo, pero estoy muerto, ¿sabes?"
Con información de
Reuters
