De las promesas de campaña al síndrome de la heladera vacía
Por:
Fernando Laborda
Viernes 31 de
Marzo 2023
Las cifras oficiales sobre pobreza y el aumento de los trabajadores registrados cuyo ingreso no cubre la canasta básica acrecientan la impotencia y el desconcierto de la fracción gobernante
El recurso de la agresión y el insulto es el reflejo de la impotencia de los dirigentes de una expresión política que no encuentran caminos ni atajos para evitar la derrota electoral. Tanto la catarata de improperios con los que días atrás el dirigente Juan Grabois se dirigió a la periodista Cristina Pérez, como el duro mensaje empleado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en su primer informe al Congreso de la Nación, son apenas dos de los más recientes indicadores de aquella incapacidad que se advierte en los distintos sectores de una coalición gobernante en la que reina el desconcierto.
Pocos definieron tan acertadamente al cada vez más apagado operativo clamor por “Cristina presidenta” como la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien, de visita por Buenos Aires, consideró que es el clamor de la desesperación y la agonía.
Culpar al mensajero, como Grabois con su condenable actitud ante una prestigiosa periodista, o afirmar que la violencia política en la Argentina se inició en 2008 con las protestas del campo, como sugirió Rossi, quien dilapidó en escasos minutos su fama de dirigente componedor, solo puede dar cuenta de impotencia. La estrategia discursiva que se limita a echarles la culpa a los demás no es más que un mecanismo de defensa del más débil entre los débiles.
Las palabras del jefe de Gabinete de Alberto Fernández tienen un agravante. Desvían la atención de la verdad histórica. Se vuelve a denostar a los productores rurales, que paradójicamente han sido en los últimos años el sector más dinámico de la economía argentina, y se realimenta así una grieta con la que se pretende encubrir la incompetencia de la coalición oficialista.
Constituyen los dichos de Rossi una pésima señal para cualquier potencial inversor en el país, por cuanto descalifican a quienes arriesgan como pocos sectores su capital en un negocio, como el agropecuario, donde el Estado –vía retenciones a las exportaciones– siempre se lleva la mayor parte, incluso hasta cuando los productores rurales sufren quebrantos. El Estado es socio en las ganancias, jamás en las pérdidas. Sin embargo, los violentos son los otros.
El nivel de agresividad también se manifiesta hacia el interior del Frente de Todos. Y casi siempre es Alberto Fernández la principal víctima. Recientemente, la dirigente cristinista Fernanda Vallejos, aquella que alguna vez lo tildó de “okupa” y “mequetrefe”, dijo que el primer mandatario no podía ganar ni a las figuritas. Pero más impactaron los calificativos que le prodigó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: consideró que si Néstor Kirchner estuviese vivo, “lo sacaría a patadas en el orto” al Presidente. El corolario estuvo a cargo de un comunicador asociado al kirchnerismo, como Roberto Navarro: “Esto es la crónica de una muerte anunciada”, presagió.
Economistas alguna vez cercanos al oficialismo, como el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, admiten que el actual es el peor año desde la crisis de 2001. Y prácticamente todos coinciden en que 2023, al margen de la elevada inflación de tres dígitos que se proyecta, terminará con una fuerte recesión, tras confirmarse que el país dejará de recibir alrededor de 20.000 millones de dólares como consecuencia de la sequía.
Las cifras difundidas ayer por el Indec sobre el crecimiento de la pobreza al 39,2% en el segundo semestre del año último terminaron de redondear un mes de marzo que será recordado por no pocos récords, que no serán los 102 goles de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina de fútbol.
Por caso, las reservas brutas del Banco Central desde fines de 2022 hasta hoy pasaron de unos 44.600 millones de dólares a alrededor de 35.400 millones, una pérdida de 8100 millones, mientras que las reservas netas líquidas serían negativas. “Estamos dando una batalla minuto a minuto para evitar una devaluación brusca”, afirmó el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, como si el peso no se hubiese devaluado en un 465% con respecto al dólar blue a lo largo de la actual gestión presidencial: ese dólar costaba 69,50 pesos hacia el 10 de diciembre de 2019 y ayer cerró en torno de los 393 pesos.
Hay, sin embargo, un dato más preocupante aún para el oficialismo. Pasa por el fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población, de la mano de la galopante inflación. Se sabe que la inflación siempre castiga con mayor profundidad a los segmentos más pobres. Lo novedoso de este ciclo es que, como pocas veces antes, una cada vez más importante porción de los trabajadores registrados se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Es decir que viven en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica, estimada actualmente en 177.063 pesos.
La gestión de Alberto Fernández ha creado alrededor de un millón de nuevos pobres por año y es el fuerte e incesante crecimiento de la inflación la principal causa. Un fenómeno que el Gobierno no puede atribuir a factores externos, tales como la pandemia de coronavirus o la guerra en Ucrania, por cuanto ninguno de nuestros países vecinos tiene semejantes niveles inflacionarios. La Argentina, con el 103% interanual, solo se ubica, en el concierto de naciones, por debajo del Líbano (139%) y de Zimbabwe (138%). Del mismo modo, es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de pobres (39,2%), con la única excepción de Venezuela (94%).
Lejos, muy lejos, quedaron las promesas de aquel candidato presidencial que hace cuatro años aseguraba que llenaría las heladeras de los argentinos y que, durante su gestión, se podría comer asado. Igualmente lejanas parecen las promesas de otro postulante presidencial que, ocho años atrás, proponía eliminar el IVA a los alimentos, pese a lo cual, desde abril, regirá una percepción en concepto de adelanto de ese impuesto, del 3% sobre todas las operaciones de venta de productos alimenticios, que encarecerán los costos y provocarán más aumentos de precios. ¿Recordarán sus promesas el actual Presidente y su ministro Sergio Massa?
Pocos definieron tan acertadamente al cada vez más apagado operativo clamor por “Cristina presidenta” como la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien, de visita por Buenos Aires, consideró que es el clamor de la desesperación y la agonía.
Culpar al mensajero, como Grabois con su condenable actitud ante una prestigiosa periodista, o afirmar que la violencia política en la Argentina se inició en 2008 con las protestas del campo, como sugirió Rossi, quien dilapidó en escasos minutos su fama de dirigente componedor, solo puede dar cuenta de impotencia. La estrategia discursiva que se limita a echarles la culpa a los demás no es más que un mecanismo de defensa del más débil entre los débiles.
Las palabras del jefe de Gabinete de Alberto Fernández tienen un agravante. Desvían la atención de la verdad histórica. Se vuelve a denostar a los productores rurales, que paradójicamente han sido en los últimos años el sector más dinámico de la economía argentina, y se realimenta así una grieta con la que se pretende encubrir la incompetencia de la coalición oficialista.
Constituyen los dichos de Rossi una pésima señal para cualquier potencial inversor en el país, por cuanto descalifican a quienes arriesgan como pocos sectores su capital en un negocio, como el agropecuario, donde el Estado –vía retenciones a las exportaciones– siempre se lleva la mayor parte, incluso hasta cuando los productores rurales sufren quebrantos. El Estado es socio en las ganancias, jamás en las pérdidas. Sin embargo, los violentos son los otros.
El nivel de agresividad también se manifiesta hacia el interior del Frente de Todos. Y casi siempre es Alberto Fernández la principal víctima. Recientemente, la dirigente cristinista Fernanda Vallejos, aquella que alguna vez lo tildó de “okupa” y “mequetrefe”, dijo que el primer mandatario no podía ganar ni a las figuritas. Pero más impactaron los calificativos que le prodigó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: consideró que si Néstor Kirchner estuviese vivo, “lo sacaría a patadas en el orto” al Presidente. El corolario estuvo a cargo de un comunicador asociado al kirchnerismo, como Roberto Navarro: “Esto es la crónica de una muerte anunciada”, presagió.
Economistas alguna vez cercanos al oficialismo, como el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, admiten que el actual es el peor año desde la crisis de 2001. Y prácticamente todos coinciden en que 2023, al margen de la elevada inflación de tres dígitos que se proyecta, terminará con una fuerte recesión, tras confirmarse que el país dejará de recibir alrededor de 20.000 millones de dólares como consecuencia de la sequía.
Las cifras difundidas ayer por el Indec sobre el crecimiento de la pobreza al 39,2% en el segundo semestre del año último terminaron de redondear un mes de marzo que será recordado por no pocos récords, que no serán los 102 goles de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina de fútbol.
Por caso, las reservas brutas del Banco Central desde fines de 2022 hasta hoy pasaron de unos 44.600 millones de dólares a alrededor de 35.400 millones, una pérdida de 8100 millones, mientras que las reservas netas líquidas serían negativas. “Estamos dando una batalla minuto a minuto para evitar una devaluación brusca”, afirmó el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, como si el peso no se hubiese devaluado en un 465% con respecto al dólar blue a lo largo de la actual gestión presidencial: ese dólar costaba 69,50 pesos hacia el 10 de diciembre de 2019 y ayer cerró en torno de los 393 pesos.
Hay, sin embargo, un dato más preocupante aún para el oficialismo. Pasa por el fuerte deterioro del poder adquisitivo de la población, de la mano de la galopante inflación. Se sabe que la inflación siempre castiga con mayor profundidad a los segmentos más pobres. Lo novedoso de este ciclo es que, como pocas veces antes, una cada vez más importante porción de los trabajadores registrados se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Es decir que viven en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica, estimada actualmente en 177.063 pesos.
La gestión de Alberto Fernández ha creado alrededor de un millón de nuevos pobres por año y es el fuerte e incesante crecimiento de la inflación la principal causa. Un fenómeno que el Gobierno no puede atribuir a factores externos, tales como la pandemia de coronavirus o la guerra en Ucrania, por cuanto ninguno de nuestros países vecinos tiene semejantes niveles inflacionarios. La Argentina, con el 103% interanual, solo se ubica, en el concierto de naciones, por debajo del Líbano (139%) y de Zimbabwe (138%). Del mismo modo, es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de pobres (39,2%), con la única excepción de Venezuela (94%).
Lejos, muy lejos, quedaron las promesas de aquel candidato presidencial que hace cuatro años aseguraba que llenaría las heladeras de los argentinos y que, durante su gestión, se podría comer asado. Igualmente lejanas parecen las promesas de otro postulante presidencial que, ocho años atrás, proponía eliminar el IVA a los alimentos, pese a lo cual, desde abril, regirá una percepción en concepto de adelanto de ese impuesto, del 3% sobre todas las operaciones de venta de productos alimenticios, que encarecerán los costos y provocarán más aumentos de precios. ¿Recordarán sus promesas el actual Presidente y su ministro Sergio Massa?
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