Obra pública y provincias, los gastos por los que Milei quiere pasar la "motosierra"
Miércoles 23 de
Agosto 2023
El libertario propone una reducción del gasto equivalente a 5 puntos del PBI "cuanto antes". Esquema PPP -resistido por empresarios- para infraestructura y fuerte recorte a los giros no automáticos.
El programa económico de La Libertad Avanza (LLA) comenzaría con un fuerte ajuste del gasto público para reducirlo, "cuanto antes", en cinco puntos del PBI, pero sin tocar las erogaciones sociales. En caso de asumir el gobierno, el candidato a presidente Javier Milei pasaría la "motosierra", fundamentalmente, por la obra pública y las transferencias a las provincias.
El equipo económico de LLA sostiene que la reducción de gasto de 5 puntos porcentuales es necesaria para llegar al equilibrio fiscal. Según estimó Darío Epstein, uno de los asesores de Milei, en diálogo con el periodista Maxi Montenegro en su canal de YouTube, los economistas esperan un déficit primario de 2,5% del PBI y un déficit financiero (sumando intereses de deuda) de otro tanto. Aunque Epstein aclaró que el recorte podría ser menor si el ministro de Economía, Sergio Massa, cumple con el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cierra 2023 con un rojo primario equivalente a 1,9% del Producto Bruto.
El ajuste fiscal es el primer punto del programa económico de LLA. El equilibrio fiscal debería alcanzarse "cuanto antes", repiten los que trabajan con Milei. Tanto el candidato como quienes lo rodean dicen que no recortarán ni gasto social, ni jubilaciones, ni salarios. "El ajuste será en todos los lugares en donde no aparezcan las prestaciones sociales, las jubilaciones o el gasto social", dijo Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno, en Futurock. "No tocaremos la educación ni la salud", agregó.
Obra pública
El foco del recorte sería en la obra pública. Milei pretende pasar la construcción a un sistema de Participación Público Privada (PPP) en el que las empresas financien la obra y luego recuperen la inversión al operar el servicio. Por ejemplo, con peajes en el caso de una autopista. Quedarían fuera de este esquema las obras no rentables, como la construcción y refacción de escuelas y hospitales. "Pero si no hay plata, no lo vamos a poder hacer", resumió Epstein.
Los libertarios quieren que el gasto presupuestado en obra pública, equivalente a 1,6% del PBI según el Presupuesto 2023, pase en su mayor parte a la gestión privada. El jueves, las seis cámaras empresarias que integran el G-6 respaldaron al sector de la construcción y enfatizaron que el Estado juega un rol clave en la obra pública, al presentar un programa de infraestructura consensuado para la próxima década llamado Construir 2024.
El presupuesto en obra pública viene sufriendo ajustes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), acumula una contracción del 8,7% en términos reales entre enero y julio. El freno afecta, sobre todo, a la inversión real directa del Estado Nacional. Las transferencias de capital a las provincias se mantienen constantes con la inflación, aunque los constructores remarcan que esas obras (las que ejecutan las provincias con financiamiento de la Nación) son las que más demoradas están en cuanto a pagos y redeterminaciones de precios.
Fondos a provincias
El otro gran foco de ajuste son las transferencias no automáticas a provincias. "Si no se les giran fondos adicionales porque no los tenemos, el gasto baja otros tres o cuatro puntos", dijo Epstein.
Las transferencias corrientes a provincias son el gasto en el que con más método ajusta el Gobierno desde que Massa sumió en Economía. En lo que va de 2023, cayeron 28% real y en julio -mes previo a las PASO- 40% anual, descontada la inflación. Nada se contrajo tanto, de acuerdo con los datos públicos que difunde la OPC.
Entre gastos de capital y transferencias corrientes a provincias y municipios, el Estado devengó aproximadamente 1,6 billones entre enero y julio, según la OPC. Es el 9,5% de los gastos totales de los primeros siete meses del año.
Epstein afirmó que el ajuste en subsidios a la energía ya comenzó y que, en la actualidad, un tercio de los usuarios pagan tarifa plena. Aquí, mayores recortes entran en terreno complejo, porque afectarían a usuarios de tarifa social y a la clase media pauperizada. El economista admitió que "bajar el gasto es recesivo", pero que buscarían hacerlo "sin tocar a la gente". Y agregó: "No es lo mismo hacerlo con la obra pública; el gasoducto se va a hacer igual, pero con fondos privados".
El equipo económico de LLA sostiene que la reducción de gasto de 5 puntos porcentuales es necesaria para llegar al equilibrio fiscal. Según estimó Darío Epstein, uno de los asesores de Milei, en diálogo con el periodista Maxi Montenegro en su canal de YouTube, los economistas esperan un déficit primario de 2,5% del PBI y un déficit financiero (sumando intereses de deuda) de otro tanto. Aunque Epstein aclaró que el recorte podría ser menor si el ministro de Economía, Sergio Massa, cumple con el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cierra 2023 con un rojo primario equivalente a 1,9% del Producto Bruto.
El ajuste fiscal es el primer punto del programa económico de LLA. El equilibrio fiscal debería alcanzarse "cuanto antes", repiten los que trabajan con Milei. Tanto el candidato como quienes lo rodean dicen que no recortarán ni gasto social, ni jubilaciones, ni salarios. "El ajuste será en todos los lugares en donde no aparezcan las prestaciones sociales, las jubilaciones o el gasto social", dijo Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno, en Futurock. "No tocaremos la educación ni la salud", agregó.
Obra pública
El foco del recorte sería en la obra pública. Milei pretende pasar la construcción a un sistema de Participación Público Privada (PPP) en el que las empresas financien la obra y luego recuperen la inversión al operar el servicio. Por ejemplo, con peajes en el caso de una autopista. Quedarían fuera de este esquema las obras no rentables, como la construcción y refacción de escuelas y hospitales. "Pero si no hay plata, no lo vamos a poder hacer", resumió Epstein.
Los libertarios quieren que el gasto presupuestado en obra pública, equivalente a 1,6% del PBI según el Presupuesto 2023, pase en su mayor parte a la gestión privada. El jueves, las seis cámaras empresarias que integran el G-6 respaldaron al sector de la construcción y enfatizaron que el Estado juega un rol clave en la obra pública, al presentar un programa de infraestructura consensuado para la próxima década llamado Construir 2024.
El presupuesto en obra pública viene sufriendo ajustes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), acumula una contracción del 8,7% en términos reales entre enero y julio. El freno afecta, sobre todo, a la inversión real directa del Estado Nacional. Las transferencias de capital a las provincias se mantienen constantes con la inflación, aunque los constructores remarcan que esas obras (las que ejecutan las provincias con financiamiento de la Nación) son las que más demoradas están en cuanto a pagos y redeterminaciones de precios.
Fondos a provincias
El otro gran foco de ajuste son las transferencias no automáticas a provincias. "Si no se les giran fondos adicionales porque no los tenemos, el gasto baja otros tres o cuatro puntos", dijo Epstein.
Las transferencias corrientes a provincias son el gasto en el que con más método ajusta el Gobierno desde que Massa sumió en Economía. En lo que va de 2023, cayeron 28% real y en julio -mes previo a las PASO- 40% anual, descontada la inflación. Nada se contrajo tanto, de acuerdo con los datos públicos que difunde la OPC.
Entre gastos de capital y transferencias corrientes a provincias y municipios, el Estado devengó aproximadamente 1,6 billones entre enero y julio, según la OPC. Es el 9,5% de los gastos totales de los primeros siete meses del año.
Epstein afirmó que el ajuste en subsidios a la energía ya comenzó y que, en la actualidad, un tercio de los usuarios pagan tarifa plena. Aquí, mayores recortes entran en terreno complejo, porque afectarían a usuarios de tarifa social y a la clase media pauperizada. El economista admitió que "bajar el gasto es recesivo", pero que buscarían hacerlo "sin tocar a la gente". Y agregó: "No es lo mismo hacerlo con la obra pública; el gasoducto se va a hacer igual, pero con fondos privados".
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