La Justicia obligó al Gobierno a dar información por una filtración de datos personales
Por:
Paz Rodríguez Niell
Viernes 08 de
Septiembre 2023
La Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a un planteo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que reclama saber cómo se protegen las bases que maneja el Estado
La Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a un planteo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y le ordenó al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que responda una serie de preguntas sobre cómo protege la seguridad de los datos personales de los ciudadanos.
La ADC presentó una acción de amparo el 8 de noviembre de 2021, después de que un usuario de Twitter publicó información privada de políticos, famosos y periodistas -subió, por ejemplo, la foto del DNI de Lionel Messi- y dijo que habría puesto a la venta datos personales de millones de argentinos. Antes de recurrir a la Justicia, la ADC había intentado sin éxito que el Gobierno le diera la información. En primera instancia, el planteo de la organización fue rechazado en los Tribunales con el argumento de que lo pedido afectaba “datos sensibles de ciberseguridad”. Pero el mes pasado, un fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó esa sentencia.
La decisión de la Cámara, firmada por los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, sostuvo que el Renaper tenía que contestar los puntos planteados por la ADC y que en caso de estimar que alguno de ellos estaba “alcanzado por una excepción al deber de informar”, debería “explicar circunstanciada y específicamente las razones normativas” en que se basaba para sostener eso. Subrayó en su resolución que no era suficiente dar una respuesta genérica sobre el presunto riesgo.
El fallo de la Cámara destacó que la regla es la publicidad y el deber de informar, y que para denegar un pedido como el de la ADC, se debe explicar con precisión por qué corresponde aplicar una excepción a esa regla.
Lo que pidió conocer la organización en 2021 -y aún no lo logró- es cuáles son los servidores en los que están almacenadas las bases de datos, en qué país y localidad se encuentran, quiénes tienen acceso a ellos, cuáles son los protocolos de confidencialidad que resguardan esa información y cuáles son las auditorías que se realizaron para evaluar su seguridad informática, entre otros puntos.
El fallo de la Cámara sostuvo: “No se soslaya aquí que la información pretendida tiene vinculación con los mecanismos de seguridad informática de una base de datos conformada por datos personales y sensibles de todos los habitantes del país, alcanzada por deberes constitucionales y legales que imponen su especial protección”. Pero dijo que lo pedido por la ADC “no puede considerarse como un peligro que podría exponer información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta”, y afirmó: “Por el contrario, el acceso a este tipo información puede permitir la participación de la ciudadanía en el control y la exigencia de que sus datos -que están en poder de la Administración Pública- estén debidamente resguardados y no sufran ataques externos que permitan que se haga un uso indebido de ellos”.
Alejandro Segarra, director ejecutivo adjunto de la ADC, explicó a LA NACION que el Renaper tuvo varias filtraciones, relató que lo mismo pasó en otros organismos públicos como el Ministerio de Salud y el PAMI, y dijo que su organización considera clave que se reconozca el derecho a saber cómo se protegen los datos de los ciudadanos, que muchas veces ni siquiera se enteran de que su información se filtró.
Segarra destacó la importancia del fallo de la Cámara y dijo que es innovador. “Normalmente el Estado no contesta estos temas técnicos y muchas veces se ampara en cuestiones de seguridad nacional, pero es una falacia”, afirmó. Explicó que lo que se pretende es saber “con qué grado de idoneidad se están protegiendo los datos en el Estado” y advirtió que está claro que el sistema “tiene muchas vulnerabilidades”.
Segarra indicó que los hackeos, en la Argentina, “son en general de privados que venden las bases, sobre todo para estafas”, y que cada vez hay más casos. Que se trata de un negocio que prolifera en el mundo.
La ADC presentó una acción de amparo el 8 de noviembre de 2021, después de que un usuario de Twitter publicó información privada de políticos, famosos y periodistas -subió, por ejemplo, la foto del DNI de Lionel Messi- y dijo que habría puesto a la venta datos personales de millones de argentinos. Antes de recurrir a la Justicia, la ADC había intentado sin éxito que el Gobierno le diera la información. En primera instancia, el planteo de la organización fue rechazado en los Tribunales con el argumento de que lo pedido afectaba “datos sensibles de ciberseguridad”. Pero el mes pasado, un fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó esa sentencia.
La decisión de la Cámara, firmada por los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, sostuvo que el Renaper tenía que contestar los puntos planteados por la ADC y que en caso de estimar que alguno de ellos estaba “alcanzado por una excepción al deber de informar”, debería “explicar circunstanciada y específicamente las razones normativas” en que se basaba para sostener eso. Subrayó en su resolución que no era suficiente dar una respuesta genérica sobre el presunto riesgo.
El fallo de la Cámara destacó que la regla es la publicidad y el deber de informar, y que para denegar un pedido como el de la ADC, se debe explicar con precisión por qué corresponde aplicar una excepción a esa regla.
Lo que pidió conocer la organización en 2021 -y aún no lo logró- es cuáles son los servidores en los que están almacenadas las bases de datos, en qué país y localidad se encuentran, quiénes tienen acceso a ellos, cuáles son los protocolos de confidencialidad que resguardan esa información y cuáles son las auditorías que se realizaron para evaluar su seguridad informática, entre otros puntos.
El fallo de la Cámara sostuvo: “No se soslaya aquí que la información pretendida tiene vinculación con los mecanismos de seguridad informática de una base de datos conformada por datos personales y sensibles de todos los habitantes del país, alcanzada por deberes constitucionales y legales que imponen su especial protección”. Pero dijo que lo pedido por la ADC “no puede considerarse como un peligro que podría exponer información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta”, y afirmó: “Por el contrario, el acceso a este tipo información puede permitir la participación de la ciudadanía en el control y la exigencia de que sus datos -que están en poder de la Administración Pública- estén debidamente resguardados y no sufran ataques externos que permitan que se haga un uso indebido de ellos”.
Alejandro Segarra, director ejecutivo adjunto de la ADC, explicó a LA NACION que el Renaper tuvo varias filtraciones, relató que lo mismo pasó en otros organismos públicos como el Ministerio de Salud y el PAMI, y dijo que su organización considera clave que se reconozca el derecho a saber cómo se protegen los datos de los ciudadanos, que muchas veces ni siquiera se enteran de que su información se filtró.
Segarra destacó la importancia del fallo de la Cámara y dijo que es innovador. “Normalmente el Estado no contesta estos temas técnicos y muchas veces se ampara en cuestiones de seguridad nacional, pero es una falacia”, afirmó. Explicó que lo que se pretende es saber “con qué grado de idoneidad se están protegiendo los datos en el Estado” y advirtió que está claro que el sistema “tiene muchas vulnerabilidades”.
Segarra indicó que los hackeos, en la Argentina, “son en general de privados que venden las bases, sobre todo para estafas”, y que cada vez hay más casos. Que se trata de un negocio que prolifera en el mundo.
Audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares: comienza la primera jornada con 200 oradores presenciales
La Libertad Avanza diseñó un sistema mixto de dos jornadas: una presencial y otra virtual, rechazado por los ambientalistas y por algunos sectores opositores.
¿Qué es e Derecho procesal constitucional?
Para responder esta pregunta es necesario saber que el Derecho Procesal Constitucional es, en esencia, el "escudo de protección" de la Constitución. Mientras que el Derecho Constitucional nos dice qué derechos tenemos, el Procesal Constitucional nos dice cómo defenderlos cuando alguien intenta vulnerarlos.
Milei se reunió en Olivos con el ministro Mahiques para definir nuevas modificaciones en el Código Penal
El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días reduce artículos y sube penas; no tocará la ley del aborto no punible, pero intentará cambiar la figura del femicidio
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
Conducen: Maxi Romero y Carlos Renna
LO MÁS VISTO
El avance del "Súper El Niño": científicos alertan sobre un fenómeno que podría transformar el clima global y el régimen de lluvias en Argentina y la región
Entre medidados y fines de 2026 podría consolidarse el evento climático, con riesgo de temperaturas récord, eventos meteorológicos extremos y un giro decisivo en la dinámica de precipitaciones del Cono Sur
Se trata de la prohibición de toda actividad relacionada al cuidado de vehículos en la vía pública; de la modificación del art.66 del del Código Procesal Penal Juvenil; y de la adhesión a la Ley Nacional 27786: Organizaciones criminales
El nivel de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente se incrementó tanto en la comparación anual como trimestral.
Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Nueva York, hasta que se defina la cuestión de fondo.
