25 DE ABRIL 2024
El abogado de Cristina Kirchner dijo que irá a la Corte contra la reapertura del caso Hotesur-Los Sauces
Por:
Paz Rodríguez Niell
Martes 19 de
Septiembre 2023
El defensor Carlos Alberto Berladi informó a LA NACION que dentro de los próximos diez días presentará un recurso extraordinario; sus argumentos
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, dijo a LA NACION que presentará un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise el fallo de la Cámara Federal de Casación que ordenó ayer reabrir la causa Hotesur-Los Sauces contra su defendida, contra Máximo Kirchner y contra 24 acusados más.
“Lo vamos a recurrir. Vamos a presentar un recurso extraordinario. En primer lugar, porque debería haber una integración completa del tribunal: debieron haber sido tres jueces. Faltó un juez”, dijo Beraldi. El fallo que revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta fue firmado por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. La tercera magistrada que intervino en el caso fue Ana María Figueroa, que dejó el tribunal. La Corte Suprema declaró el 6 de septiembre pasado que ella “cesó en sus funciones” como magistrada el 9 de agosto, el día que cumplió 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo. Figueroa sostenía que correspondía esperar el nuevo aval del Congreso, que era impulsado por el kirchenrismo. El trámite para prorrogarle su mandato obtuvo un dictamen favorable de comisión en el Senado, pero el oficialismo no logró aprobarlo en el recinto.
Petrone y Barroetaveña le dedican al tema dos párrafos de su fallo: mencionan la decisión de la Corte del 6 de septiembre y dicen que concluyó “el proceso previsto en el art. 469 del Código Procesal Penal″ (el debate de los jueces de Casación) con un “voto coincidente de dos magistrados”.
Si bien hay antecedentes de fallos dictados por tribunales integrados por solo dos jueces, Berladi insistió en que, en el diseño institucional, las salas de la Cámara Federal de Casación están integradas por tres jueces cada una y eso debe respetarse. “Son tres los que deliberan y votan. Tienen que estar los tres, es una garantía de la defensa que el tribunal esté integrado como corresponde. Si no, por ley serían dos y después, solo si se necesita, se citaría a un tercero”, dijo.
El abogado de la vicepresidenta alegó que hay además “otros elementos del sobreseimiento [que había dictado el tribunal oral] que el fallo de ayer no consideró”.
El argumento central de Petrone y Barroetaveña para reabrir el caso Hotesur-Los Sauces fue que no correspondía que el tribunal oral lo cerrara sin hacer el juicio porque una decisión tan extraordinaria solo es admitida por el Código cuando aparece una “prueba nueva” que, por su entidad, hace innecesario el juicio. Eso, para los camaristas, no ocurrió. Los jueces sostuvieron que el tribunal oral se basó, para reabrir la causa, en los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales en los casos Vialidad y Oil Combustibles: elementos que, en primer lugar, no son “pruebas” sino acusaciones -dijeron-, y que, además, no son novedosos en la causa.
“Sí había prueba nueva. Había peritajes que demostraron que todo el dinero estaba bancarizado y entonces no se puede hablar de lavado”, dijo Beraldi a LA NACION. Según el abogado, los camaristas analizaron solo una parte de lo resuelto por el tribunal y obviaron elementos que para la defensa eran importantes.
El argumento de que al estar bancarizado el dinero no puede hablarse de lavado es discutido por la fiscalía, que alega que los contratos con los que justificaba el ingreso de millones a la familia Kirchner eran “simulados” y se utilizaban, en realidad, para esconder los “retornos” que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa pagaban a los Kirchner por los beneficios ilegales obtenidos del Estado. Los acusadores esgrimieron entre sus pruebas que se pagaba por habitaciones de hotel que en realidad no se usaban y que, en algunos casos, eran supuestamente utilizadas por operarios que tenían sus obras a cientos de kilómetros de donde en teoría pernoctaban. Los fiscales también consideraron sospechosa la forma de adquisición de los hoteles y el resultado económico de las operaciones: los investigadores advirtieron, por ejemplo, que mientras la familia presidencial logró embolsar $86,5 millones de las empresas de Báez, este empresario perdió $6,1 millones con Valle Mitre, la administradora del hotel Alto Calafate, de los Kirchner.
“El tema es que los alquileres son reales. Siempre hubo inquilinos. Ficción es cuando el inquilino no existe”, insistió Berladi. “Si la Corte no lo revierte, se verá en el juicio”, agregó.
Cómo sigue el trámite
Ahora, las defensas tienen diez días para presentar sus recursos extraordinarios. Después, la Cámara de Casación deberá decidir si los concede; es decir, si les habilita o no a los acusados el camino a la Corte Suprema. Si no lo hace, las defensas siempre tienen la posibilidad de ir “en queja” al máximo tribunal, pero saben que es más difícil que la Corte tome un caso llega así.
En cuanto a los jueces que, de acuerdo con el fallo de la Casación, ahora deberían hacer el juicio, el fallo de ayer apartó a los que habían dispuesto los sobreseimientos: Adrián Grünberg y Daniel Obligado. Solo quedará, del tribunal original, el Tribunal Oral Federal 5, la jueza Adriana Paliotti, que estará acompañada por dos nuevos magistrados que todavía no está definido quiénes serán, dijeron en la Casación.
El TOF 5 hoy está formado por Obligado (apartado), Paliotti y Herminio Fernando Canero, que no es titular sino subrogante en este tribunal y cuya suplencia se termina antes de fin de año. De todos modos, en los tribunales de Comodoro Py advierten que el juicio oral está lejos de empezar.
“Lo vamos a recurrir. Vamos a presentar un recurso extraordinario. En primer lugar, porque debería haber una integración completa del tribunal: debieron haber sido tres jueces. Faltó un juez”, dijo Beraldi. El fallo que revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta fue firmado por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. La tercera magistrada que intervino en el caso fue Ana María Figueroa, que dejó el tribunal. La Corte Suprema declaró el 6 de septiembre pasado que ella “cesó en sus funciones” como magistrada el 9 de agosto, el día que cumplió 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo. Figueroa sostenía que correspondía esperar el nuevo aval del Congreso, que era impulsado por el kirchenrismo. El trámite para prorrogarle su mandato obtuvo un dictamen favorable de comisión en el Senado, pero el oficialismo no logró aprobarlo en el recinto.
Petrone y Barroetaveña le dedican al tema dos párrafos de su fallo: mencionan la decisión de la Corte del 6 de septiembre y dicen que concluyó “el proceso previsto en el art. 469 del Código Procesal Penal″ (el debate de los jueces de Casación) con un “voto coincidente de dos magistrados”.
Si bien hay antecedentes de fallos dictados por tribunales integrados por solo dos jueces, Berladi insistió en que, en el diseño institucional, las salas de la Cámara Federal de Casación están integradas por tres jueces cada una y eso debe respetarse. “Son tres los que deliberan y votan. Tienen que estar los tres, es una garantía de la defensa que el tribunal esté integrado como corresponde. Si no, por ley serían dos y después, solo si se necesita, se citaría a un tercero”, dijo.
El abogado de la vicepresidenta alegó que hay además “otros elementos del sobreseimiento [que había dictado el tribunal oral] que el fallo de ayer no consideró”.
El argumento central de Petrone y Barroetaveña para reabrir el caso Hotesur-Los Sauces fue que no correspondía que el tribunal oral lo cerrara sin hacer el juicio porque una decisión tan extraordinaria solo es admitida por el Código cuando aparece una “prueba nueva” que, por su entidad, hace innecesario el juicio. Eso, para los camaristas, no ocurrió. Los jueces sostuvieron que el tribunal oral se basó, para reabrir la causa, en los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales en los casos Vialidad y Oil Combustibles: elementos que, en primer lugar, no son “pruebas” sino acusaciones -dijeron-, y que, además, no son novedosos en la causa.
“Sí había prueba nueva. Había peritajes que demostraron que todo el dinero estaba bancarizado y entonces no se puede hablar de lavado”, dijo Beraldi a LA NACION. Según el abogado, los camaristas analizaron solo una parte de lo resuelto por el tribunal y obviaron elementos que para la defensa eran importantes.
El argumento de que al estar bancarizado el dinero no puede hablarse de lavado es discutido por la fiscalía, que alega que los contratos con los que justificaba el ingreso de millones a la familia Kirchner eran “simulados” y se utilizaban, en realidad, para esconder los “retornos” que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa pagaban a los Kirchner por los beneficios ilegales obtenidos del Estado. Los acusadores esgrimieron entre sus pruebas que se pagaba por habitaciones de hotel que en realidad no se usaban y que, en algunos casos, eran supuestamente utilizadas por operarios que tenían sus obras a cientos de kilómetros de donde en teoría pernoctaban. Los fiscales también consideraron sospechosa la forma de adquisición de los hoteles y el resultado económico de las operaciones: los investigadores advirtieron, por ejemplo, que mientras la familia presidencial logró embolsar $86,5 millones de las empresas de Báez, este empresario perdió $6,1 millones con Valle Mitre, la administradora del hotel Alto Calafate, de los Kirchner.
“El tema es que los alquileres son reales. Siempre hubo inquilinos. Ficción es cuando el inquilino no existe”, insistió Berladi. “Si la Corte no lo revierte, se verá en el juicio”, agregó.
Cómo sigue el trámite
Ahora, las defensas tienen diez días para presentar sus recursos extraordinarios. Después, la Cámara de Casación deberá decidir si los concede; es decir, si les habilita o no a los acusados el camino a la Corte Suprema. Si no lo hace, las defensas siempre tienen la posibilidad de ir “en queja” al máximo tribunal, pero saben que es más difícil que la Corte tome un caso llega así.
En cuanto a los jueces que, de acuerdo con el fallo de la Casación, ahora deberían hacer el juicio, el fallo de ayer apartó a los que habían dispuesto los sobreseimientos: Adrián Grünberg y Daniel Obligado. Solo quedará, del tribunal original, el Tribunal Oral Federal 5, la jueza Adriana Paliotti, que estará acompañada por dos nuevos magistrados que todavía no está definido quiénes serán, dijeron en la Casación.
El TOF 5 hoy está formado por Obligado (apartado), Paliotti y Herminio Fernando Canero, que no es titular sino subrogante en este tribunal y cuya suplencia se termina antes de fin de año. De todos modos, en los tribunales de Comodoro Py advierten que el juicio oral está lejos de empezar.
