Precios Justos: empresas aceptarán pauta de 5%, pero piden mejor acceso a beneficios impositivos
Viernes 27 de
Octubre 2023
Economía comenzó a citar a las compañías para renovar el programa hasta fin de año. Las flexibilidades que se discuten y las dificultades que plantean algunas firmas para acceder al alivio fiscal.
La Secretaría de Comercio inició la etapa de negociaciones con las grandes alimenticias para instrumentar el último tramo del programa Precios Justos durante 2023. Aunque las empresas se prestarán a conversar la pauta propuesta de aumento del 5%, señalan que no todas logran aplicar los beneficios impositivos que el Gobierno ofrece como contraparte del acuerdo.
En medio de una suba de precios que hace dos meses consecutivos viaja a dos dígitos, la secretaría comandada por Matías Tombolini ya comenzó a citar a las empresas de alimentos y artículos de higiene y limpieza para acordar un sendero de aumentos de cara al 31 de diciembre.
La inflación actual aparece, como es costumbre en estas negociaciones, como el principal escollo para acordar un sendero de incrementos. Sin embargo, las empresas consultadas por Ámbito aseguran que “no tienen opción” más que aceptar el acuerdo. En primer lugar, porque es un programa aplicado a nivel nacional y en las principales cadenas de supermercados. Segundo, porque la AFIP muestra intensa actividad de control de cumplimiento en los grandes establecimientos. Tercero, porque reconocen representantes de empresas alimenticias que la buena elección de Sergio Massa en las generales apunta a un próximo gobierno que le dé continuidad a Precios Justos, esta vez con mayor fortaleza política. “Hay un atraso importante, ¿pero qué vas a hacer en este contexto?", se pregunta una fuente del sector, y explica: “Los costos acumulados son mucho más altos que lo que se nos permitió aumentar en estos meses”.
Es por eso que las mismas alimenticias admiten que Comercio flexibiliza un poco las negociaciones sobre este punto. “Las políticas de Precios Justos se firman para adelante, entonces dejan acomodar inicialmente el precio”, ejemplifica una alimenticia, en diálogo con Ámbito. “La otra alternativa es cambiar los productos del programa por otros que no afecten tanto la salud financiera de la empresa, porque no tienen tanta rotación”, agrega.
Otra cuestión que inquieta a las empresas consultadas tiene que ver con la aplicación de los beneficios impositivos que ofrece el Gobierno como contraparte de lo acordado. Entre otros puntos, se compromete a suspender el pago de impuestos para la compra de divisas con destino importación, reducir a 0% la alícuota de retenciones para mercaderías comercializadas dentro del Mercosur, un régimen especial de facilidades de pago para cancelar derechos de exportación previos y la prórroga de vencimiento del IVA y contribuciones a la seguridad social. A su vez, y de manera excepcional, se les ofrece a las pymes proveedoras de supermercados créditos a tasa subsidiada.
Para hacer uso de los beneficios, las empresas deben dejar por escrito el compromiso al acuerdo de precios voluntario. Sin embargo, una multinacional cuenta que no es alcanzada por estos ítems “por temas de penales tributarios y de compliance”. Otra empresa de bebidas alcohólicas advierte atravesar por la misma situación: “Por temas de auditoría y políticas internas no podemos tomar los beneficios”. A su vez, una alimenticia confiesa que es difícil dejar sentado bajo firma el convenio “porque con esta inflación y semejante devaluación en agosto, nadie quiere dejar por escrito que no se podrán aumentar los precios más de un 5%”. Contrariamente a las versiones del sector privado, la Secretaría de Comercio ratifica que para aplicar las reducciones impositivas “hay que firmar”, cosa que hicieron aproximadamente 179 empresas de 198 en total, según sus datos.
Aunque las empresas y proveedores tengan sus objeciones, todas las entidades consultadas confirman que el programa tiene un alto nivel de acatamiento y las conversaciones con Tombolini son constantes y “viables”. Sin embargo, alertan que la posible llegada de Javier Milei al gobierno echaría por tierra Precios Justos: “Si el programa no se fiscaliza, con un nuevo gobierno caerá en un saco roto”, advierte un supermercadista.
En medio de una suba de precios que hace dos meses consecutivos viaja a dos dígitos, la secretaría comandada por Matías Tombolini ya comenzó a citar a las empresas de alimentos y artículos de higiene y limpieza para acordar un sendero de aumentos de cara al 31 de diciembre.
La inflación actual aparece, como es costumbre en estas negociaciones, como el principal escollo para acordar un sendero de incrementos. Sin embargo, las empresas consultadas por Ámbito aseguran que “no tienen opción” más que aceptar el acuerdo. En primer lugar, porque es un programa aplicado a nivel nacional y en las principales cadenas de supermercados. Segundo, porque la AFIP muestra intensa actividad de control de cumplimiento en los grandes establecimientos. Tercero, porque reconocen representantes de empresas alimenticias que la buena elección de Sergio Massa en las generales apunta a un próximo gobierno que le dé continuidad a Precios Justos, esta vez con mayor fortaleza política. “Hay un atraso importante, ¿pero qué vas a hacer en este contexto?", se pregunta una fuente del sector, y explica: “Los costos acumulados son mucho más altos que lo que se nos permitió aumentar en estos meses”.
Es por eso que las mismas alimenticias admiten que Comercio flexibiliza un poco las negociaciones sobre este punto. “Las políticas de Precios Justos se firman para adelante, entonces dejan acomodar inicialmente el precio”, ejemplifica una alimenticia, en diálogo con Ámbito. “La otra alternativa es cambiar los productos del programa por otros que no afecten tanto la salud financiera de la empresa, porque no tienen tanta rotación”, agrega.
Otra cuestión que inquieta a las empresas consultadas tiene que ver con la aplicación de los beneficios impositivos que ofrece el Gobierno como contraparte de lo acordado. Entre otros puntos, se compromete a suspender el pago de impuestos para la compra de divisas con destino importación, reducir a 0% la alícuota de retenciones para mercaderías comercializadas dentro del Mercosur, un régimen especial de facilidades de pago para cancelar derechos de exportación previos y la prórroga de vencimiento del IVA y contribuciones a la seguridad social. A su vez, y de manera excepcional, se les ofrece a las pymes proveedoras de supermercados créditos a tasa subsidiada.
Para hacer uso de los beneficios, las empresas deben dejar por escrito el compromiso al acuerdo de precios voluntario. Sin embargo, una multinacional cuenta que no es alcanzada por estos ítems “por temas de penales tributarios y de compliance”. Otra empresa de bebidas alcohólicas advierte atravesar por la misma situación: “Por temas de auditoría y políticas internas no podemos tomar los beneficios”. A su vez, una alimenticia confiesa que es difícil dejar sentado bajo firma el convenio “porque con esta inflación y semejante devaluación en agosto, nadie quiere dejar por escrito que no se podrán aumentar los precios más de un 5%”. Contrariamente a las versiones del sector privado, la Secretaría de Comercio ratifica que para aplicar las reducciones impositivas “hay que firmar”, cosa que hicieron aproximadamente 179 empresas de 198 en total, según sus datos.
Aunque las empresas y proveedores tengan sus objeciones, todas las entidades consultadas confirman que el programa tiene un alto nivel de acatamiento y las conversaciones con Tombolini son constantes y “viables”. Sin embargo, alertan que la posible llegada de Javier Milei al gobierno echaría por tierra Precios Justos: “Si el programa no se fiscaliza, con un nuevo gobierno caerá en un saco roto”, advierte un supermercadista.
Con información de
Ámbito
Audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares: comienza la primera jornada con 200 oradores presenciales
La Libertad Avanza diseñó un sistema mixto de dos jornadas: una presencial y otra virtual, rechazado por los ambientalistas y por algunos sectores opositores.
¿Qué es e Derecho procesal constitucional?
Para responder esta pregunta es necesario saber que el Derecho Procesal Constitucional es, en esencia, el "escudo de protección" de la Constitución. Mientras que el Derecho Constitucional nos dice qué derechos tenemos, el Procesal Constitucional nos dice cómo defenderlos cuando alguien intenta vulnerarlos.
Milei se reunió en Olivos con el ministro Mahiques para definir nuevas modificaciones en el Código Penal
El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días reduce artículos y sube penas; no tocará la ley del aborto no punible, pero intentará cambiar la figura del femicidio
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
Conducen: Maxi Romero y Carlos Renna
LO MÁS VISTO
Goity: el músculo político baja… y el peso de las fotos también
Cuando un gobierno pierde volumen político, se nota… y bastante.
¿Cuáles son los desafíos actuales de la justicia?
Se trata de la prohibición de toda actividad relacionada al cuidado de vehículos en la vía pública; de la modificación del art.66 del del Código Procesal Penal Juvenil; y de la adhesión a la Ley Nacional 27786: Organizaciones criminales
Entre medidados y fines de 2026 podría consolidarse el evento climático, con riesgo de temperaturas récord, eventos meteorológicos extremos y un giro decisivo en la dinámica de precipitaciones del Cono Sur
