25 DE ABRIL 2024
La Oficina Anticorrupción volverá a ser querellante en algunas causas penales
Lunes 27 de
Noviembre 2023
El designado ministro de Justicia planifica un "reordenamiento" de ese organismo y de la Unidad de Información Financiera (UIF). No descarta que en la OA se designe a un referente opositor.
El mediático abogado penalista que se hará cargo del ministerio de Justicia a partir del 10 de diciembre, tiene en carpeta una propuesta de reordenamiento de la cartera, que conversó con Javier Milei. Entre las políticas que buscan adoptar se encuentra la redefinición de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF). Mariano Cúneo Libarona buscará tenerlas bajo su órbita, restituirles el rol de querellantes con restricciones, y no descarta que la OA sea dirigida por la oposición.
“Javier, si la OA tiene que controlar al Poder Ejecutivo, no puede estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Deberíamos pedirle a la oposición que nos proponga una terna de dirigentes aptos para el cargo y que sean ellos los responsables de dirigirla”, le dijo Cúneo Libarona al presidente electo. La respuesta fue breve y contundente: “Me parece bien, yo quiero que nos controlen”.
Con esa determinación, el gobierno de LLA busca otorgar “autonomía al trabajo de la OA, que sea alguien externo a la gestión quien controle las declaraciones juradas, determine si hay irregularidades o no, impulse las correspondientes denuncias en caso de que haya causales”, explicaron a Clarín fuentes del espacio político.
En el reordenamiento del Estado que busca encarar La Libertad Avanza, con la finalidad de imprimir eficiencia y un gasto controlado, el Ministerio de Justicia también está revisando todas las áreas sobre las cuales tiene jurisdicción.
La OA y la UIF fueron organismos claves durante la gestión de Mauricio Macri en causas penales: denunciaron diversos hechos de corrupción y asumieron la querella, es decir, oficiaron de acusadores.
A mitad del mandato de Cambiemos, una de las tantas internas del gobierno derivó en una resolución a través de la cual la UIF quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía que por entonces manejaba Nicolás Dujovne.
Cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, quien dirigía la OA -Felix Crous (integrante de Justicia Legítima)-, tomó la decisión de retirarse de todas las causas de corrupción como querellante. Aquel criterio ofició como un efecto dominó: la UIF adoptó la misma postura y así fue que renunciaron a todos los expedientes en los que actuaban como querellantes. En la mayoría de esos expedientes, los acusados eran Cristina Kirchner y sus ex funcionarios.
Un dato que no es menor: si la fiscalía no impulsa la acusación este rol puede asumirlo la querella. Su rol es preponderante sobre todo cuando se trata de casos en los que el Estado se considera el principal damnificado, como son los hechos de administración fraudulenta, peculado, sobornos, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, entre otros.
Potestad para querellar
Aunque Cúneo Libarona decidió que volverá a concederle a la Oficina Anticorrupción la potestad de actuar como querellante en casos de corrupción, esa intervención “no debe ser la norma, sino la excepción: si vemos un mal accionar por parte del fiscal del caso, queremos que el organismo pueda cumplir la función de acusación y un rol que aporte a la justicia durante la investigación”, explicaron desde el equipo técnico de Cúneo.
Mantener la facultad de querellar también es algo que tendrá vigencia para la UIF. Pero en este caso, la primera medida será ssacarla del organigrama del Ministerio de Economía e incluirla dentro de la estructura del área de Justicia. “No tiene nada que hacer en Economía, y en los últimos años no ha hecho prácticamente nada inherente a sus funciones, siendo que es un organismo determinante en casos de corrupción”, indicaron a Clarín desde LLA.
El calendario para la UIF
En este caso particular, hay una fecha apremiante: en abril vendrán al país las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Es una organización intergubernamental que fija los estándares internacionales y “promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales”.
Dentro de cuatro meses se analizará el trabajo y las tareas emprendidas por la UIF en los últimos años. La Libertad Avanza es poco optimista respecto a la calificación que podría recibir la UIF argentina en abril del próximo año en función de las acciones del organismo antilavado durante la actual gestión.
El Tribunal Fiscal
Hay un tema más en carpeta. El equipo técnico que ya está trabajando para asumir el 10 de diciembre frente al ministerio de Justicia observa la necesidad de revisar el funcionamiento del Tribunal Fiscal y realizar una “puesta en valor de este tribunal tan relevante que se ocupa de revisar las acciones de la AFIP”.
Se trata de un organismo autárquico, especializado en materia tributaria y aduanera, “que entiende en la resolución de recursos interpuestos por los contribuyentes contra actos dictados por la Administración Federal de Ingresos Públicos -DGI y DGA”, explica la página oficial.
Lo que observa Cúneo Libarona, dejaron trascender desde su equipo, es que el Tribunal Fiscal “está colgado en el limbo y tiene una función preponderante respecto a los posibles abusos que cometa el fisco y como Tribunal hay que cuidarlo para que pueda desarrollar sus funciones completamente”. En teoría, también buscarían ver la posibilidad de que no continúe siendo autárquico, pero el caso está bajo análisis.
“Javier, si la OA tiene que controlar al Poder Ejecutivo, no puede estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Deberíamos pedirle a la oposición que nos proponga una terna de dirigentes aptos para el cargo y que sean ellos los responsables de dirigirla”, le dijo Cúneo Libarona al presidente electo. La respuesta fue breve y contundente: “Me parece bien, yo quiero que nos controlen”.
Con esa determinación, el gobierno de LLA busca otorgar “autonomía al trabajo de la OA, que sea alguien externo a la gestión quien controle las declaraciones juradas, determine si hay irregularidades o no, impulse las correspondientes denuncias en caso de que haya causales”, explicaron a Clarín fuentes del espacio político.
En el reordenamiento del Estado que busca encarar La Libertad Avanza, con la finalidad de imprimir eficiencia y un gasto controlado, el Ministerio de Justicia también está revisando todas las áreas sobre las cuales tiene jurisdicción.
La OA y la UIF fueron organismos claves durante la gestión de Mauricio Macri en causas penales: denunciaron diversos hechos de corrupción y asumieron la querella, es decir, oficiaron de acusadores.
A mitad del mandato de Cambiemos, una de las tantas internas del gobierno derivó en una resolución a través de la cual la UIF quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía que por entonces manejaba Nicolás Dujovne.
Cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, quien dirigía la OA -Felix Crous (integrante de Justicia Legítima)-, tomó la decisión de retirarse de todas las causas de corrupción como querellante. Aquel criterio ofició como un efecto dominó: la UIF adoptó la misma postura y así fue que renunciaron a todos los expedientes en los que actuaban como querellantes. En la mayoría de esos expedientes, los acusados eran Cristina Kirchner y sus ex funcionarios.
Un dato que no es menor: si la fiscalía no impulsa la acusación este rol puede asumirlo la querella. Su rol es preponderante sobre todo cuando se trata de casos en los que el Estado se considera el principal damnificado, como son los hechos de administración fraudulenta, peculado, sobornos, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, entre otros.
Potestad para querellar
Aunque Cúneo Libarona decidió que volverá a concederle a la Oficina Anticorrupción la potestad de actuar como querellante en casos de corrupción, esa intervención “no debe ser la norma, sino la excepción: si vemos un mal accionar por parte del fiscal del caso, queremos que el organismo pueda cumplir la función de acusación y un rol que aporte a la justicia durante la investigación”, explicaron desde el equipo técnico de Cúneo.
Mantener la facultad de querellar también es algo que tendrá vigencia para la UIF. Pero en este caso, la primera medida será ssacarla del organigrama del Ministerio de Economía e incluirla dentro de la estructura del área de Justicia. “No tiene nada que hacer en Economía, y en los últimos años no ha hecho prácticamente nada inherente a sus funciones, siendo que es un organismo determinante en casos de corrupción”, indicaron a Clarín desde LLA.
El calendario para la UIF
En este caso particular, hay una fecha apremiante: en abril vendrán al país las autoridades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Es una organización intergubernamental que fija los estándares internacionales y “promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundiales”.
Dentro de cuatro meses se analizará el trabajo y las tareas emprendidas por la UIF en los últimos años. La Libertad Avanza es poco optimista respecto a la calificación que podría recibir la UIF argentina en abril del próximo año en función de las acciones del organismo antilavado durante la actual gestión.
El Tribunal Fiscal
Hay un tema más en carpeta. El equipo técnico que ya está trabajando para asumir el 10 de diciembre frente al ministerio de Justicia observa la necesidad de revisar el funcionamiento del Tribunal Fiscal y realizar una “puesta en valor de este tribunal tan relevante que se ocupa de revisar las acciones de la AFIP”.
Se trata de un organismo autárquico, especializado en materia tributaria y aduanera, “que entiende en la resolución de recursos interpuestos por los contribuyentes contra actos dictados por la Administración Federal de Ingresos Públicos -DGI y DGA”, explica la página oficial.
Lo que observa Cúneo Libarona, dejaron trascender desde su equipo, es que el Tribunal Fiscal “está colgado en el limbo y tiene una función preponderante respecto a los posibles abusos que cometa el fisco y como Tribunal hay que cuidarlo para que pueda desarrollar sus funciones completamente”. En teoría, también buscarían ver la posibilidad de que no continúe siendo autárquico, pero el caso está bajo análisis.
Con información de
Clarín
