25 DE ABRIL 2024
Gustavo Weiss: "Los contratos de obra pública en curso deben ser respetados"
Lunes 27 de
Noviembre 2023
El sector de la construcción está en estado de alerta dadas las declaraciones del presidente electo, Javier Milei en el sentido de que suspendería la obra pública. Se estima que hay 1.408 contratos con avances de obra superiores al 60%. A nivel nacional existe una deuda devengada e impaga de $ 160.000 millones. El titular de Camarco espera poder ser recibido por las nuevas autoridades.
Pregunta: Los últimos datos oficiales, correspondientes a septiembre, señalan que la actividad del sector de la construcción acumula una caída de 2,9% con relación al año pasado. ¿En qué situación se encuentran en la actualidad?
Gustavo Weiss: No disponemos aun de datos oficiales, pero información de nuestros asociados y datos de consumo de materiales en octubre señalan que el nivel de actividad está descendiendo sensiblemente. Esto se agravó en la última semana, ante declaraciones del presidente Electo sobre cambios sustanciales en la futura política de inversión en obra pública
P.: Las empresas dedicadas a la obra pública mayoritariamente, el 57,4%, opinaba que el nivel de actividad disminuirá durante el período octubre-diciembre de 2023. ¿Cómo es la situación presente?
G.W.: Si fueran consultadas hoy, luego de las citadas declaraciones del presidente Electo, seguramente contestarían que el nivel de actividad descenderá abruptamente, desde este mismo mes, pues debe considerarse que la obra pública ejecutada hoy es cobrada dentro de 2 o 3 meses, cuando “no habrá plata” para pagarla, por lo que el empresario tratará de minimizar el perjuicio de haber erogado, para trabajar, ahora, y no recuperar esos montos en los próximos meses.
P.: ¿A cuánto asciende la deuda del Estado con los contratistas?
G.W.: Es difícil conocer el dato total. A nivel nacional se conoce que existe deuda devengada (es decir, contabilizada luego de ser inspeccionada y aprobada) e impaga de $ 160.000 millones. Se estima que existen trabajos realizados en curso de medición, y/o obligaciones en trámite y en curso de aprobación por un monto similar
P.: El presidente electo manifestó que las obras públicas “van a tener que ser hechas por iniciativas privadas” y las obras públicas que ya están comenzadas serán licitadas nuevamente “para que las haga en sector privado”.
G.W.: Existen tipos de obra en que la iniciativa y el financiamiento privado es posible y deseable, pues acelera la provisión de los servicios de infraestructura que el país necesita para crecer y para dar servicios a la comunidad. Entendemos que los contratos en curso deben ser respetados, como declaró el presidente Electo, con estricto apego al principio de continuidad del Estado. El respeto a ese principio será seguramente exigido por los potenciales inversores pues estos verán los resultados de sus inversiones, durante el lapso de varias administraciones publicas sucesivas, dado el largo ciclo de ejecución, operación y repago de ese tipo de inversiones
P.: ¿Cuántas obras públicas están en curso?
G.W.: Es difícil conocerlo a nivel global, pero a nivel nacional el Ministerio de Obras Publicas informa en su aplicación “Mapainversiones” que el Ministerio ejecuta actualmente 2.825 obras en todo el país y tiene 612 proyectos en distinto grado de avance.
Esto no incluye las obras de Vivienda, ni las de Energía, Transporte y Educación realizadas por otros ministerios
P.: ¿Cuántas son las obras que están cerca de finalizar, con un avance superior al 60%?
G.W.: Dentro de ese conjunto de obras realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, el citado Mapainversiones informa que 1.408 contratos tienen avances físicos superiores al 60 %. No tenemos información sobre los otros ministerios
P: En las obras con avances importantes para culminar, ¿no es anti económico su paralización?
G.W.: Paralizar cualquier obra significa un costo social explícito por los empleos perdidos, por la actividad derivada disminuida, en particular la local, y un efecto de menor recaudación fiscal devengada por toda la cadena de valor. Pero además tiene un alto costo directo por las desmovilizaciones, obradores abandonados, deterioro de lo construido. Además, implica postergar la prestación del servicio al que la obra está destinada, que tiene también un costo macroeconómico y social
P.: ¿La Cámara piensa acercar alguna propuesta para este tipo de obras?
G.W.: Para los contratos vigentes y las obras en curso, entendemos que la única solución es la continuidad de los contratos y el cumplimiento de las contraprestaciones comprometidas. Por supuesto, la Administración tiene la facultad de obtener fondeo o financiamiento de otras fuentes que no sean el presupuesto nacional
P.: En lo inmediato, las obras más avanzadas y en curso, ¿cuántas son?, ¿cuántas empresas abarcan? y ¿cuántos trabajadores involucran?
G.W.: Proyectando la información del Mapainversiones a otros sectores, estimamos que existen del orden de 3.500 contratos vigentes, que son realizados por alrededor de 1.300 empresas, la mayoría PyMEs de todo el país, que ocupan más de 200.000 empleos registrados directos. Las obras generan además alrededor de 160.000 empleos indirectos (80%)
P.: ¿Quiénes serían los más afectados?
G.W.: Los más afectados serían los trabajadores de la construcción, los empleados de las empresas constructoras y luego las propias empresas. El daño será mayor en las empresas constructoras PyMEs del interior del país que realizan obra de vivienda social y de sus redes de servicios públicos, en mercados donde la alternativa de inversión privada es inexistente.
P.: ¿Piensan iniciar acciones judiciales para que se respeten los contratos de las obras públicas ya en ejecución?
G.W.: Es una decisión de cada empresa, pero seguramente cada empresario procurará defender su capital y su continuidad en la actividad. Esperemos que los diferendos puedan resolverse rápidamente y sin llegar a una instancia judicial
P.: ¿El presidente afirmo que en el caso de que no haya interesados por realizar obras públicas, “se paralizarán pues significa que no tenían sentido económico”? ¿Esto es posible?, ¿puede poner ejemplos de obras que el sector privado no encararía?
G.W.: En todo el mundo la existencia de interesados en invertir en obras publicas se concentra en algún tipo de obra donde es posible el repago por el usuario (Concesión de autopistas de alto tránsito, aeropuertos, puertos) o en obras pagadas por el Estado en forma diferida, una vez disponible el servicio (llamadas PFI, que se destinan a hospitales, prisiones, edificios públicos).
En los últimos años esos contratos de inversión privada no significaron más del 17 % de la inversión total en infraestructura en el mundo: es decir el 83 % fue inversión pública en infraestructura pública.
Esa inversión pública es muy importante -superior a la concretada en Argentina- aun en los países de política más liberal del mundo como Singapur, Hong Kong, Suiza, Dinamarca- También en algunos países cercanos, usados como ejemplos de promoción de la inversión privada, como Chile y Perú.
Pero existe un concepto que debe aclararse. En los proyectos donde la inversión privada no puede recuperarse a partir del pago del usuario (escuelas, hospitales, cárceles, desagües de zonas urbanas, espacios públicos, etc., etc.), ello no significa que no tengan sentido económico.
Construir los medios para lograr salud, educación, seguridad, conectividad, etc. tiene beneficios indiscutibles para el futuro del país, para su productividad y cohesión.
Pero esos beneficios no son monetizables por el privado. El inversor no puede convertir esos beneficios macroeconómicos futuros en dinero para recuperar su erogación. En esos casos, en todo el mundo, el Estado toma ese papel.
P: ¿Qué opinión le merece el modelo chileno de concesión de la obra pública? ¿Es aplicable en la Argentina?
G.W.: El modelo chileno de concesión de obra publica es aplicable en Argentina a los proyectos que sean pagables por el usuario. Argentina ya usó ese modelo antes que Chile. Podrá reintentarse cuando las condiciones macroeconómicas e institucionales se acerquen a las de Chile.
El modelo chileno de PFI, obras pagadas por el Estado en forma diferida, podrá usarse en algunos sectores, si la Administración se compromete a hacerse cargo de los pagos futuros.
P.: ¿La Cámara Argentina de la Construcción tiene una propuesta alternativa para la obra pública que no sea el modelo chileno?
G.W.: La Cámara elabora, en forma periódica, propuestas de ejecución de las infraestructuras que el país necesita para crecer. La última edición fue realizada, en agosto de 2023, por el Consejo de Políticas de Infraestructura -CPI-, que nuclea a las entidades empresarias del G6, la CGT y UOCRA, es decir, consultando a los usuarios de las futuras infraestructuras.
En la publicación de CPI, Consensos de Políticas de Infraestructura, Construir 2034, se justifica que, para cerrar la brecha de infraestructura actual, la inversión necesaria para los próximos 10 años es del orden del 9,38 % del PBI.
Esa magnitud, requiere de todas las fuentes disponibles de financiamiento. La propuesta de CPI identifica que, de ese total, proyectos por el 2, 74 % del PBI deben ser fondeados por el sector privado. Ello representaría el 16,86 % de la inversión total, en línea con la experiencia mundial
P.: ¿La Cámara tuvo la oportunidad de hablar con el presidente electo?
G.W.: No existió aun una conversación especifica, directa. Solo en eventos multilaterales.
P.: ¿Tienen previsto reunirse nuevamente con las futuras autoridades del ministerio de Infraestructura? ¿Cuándo?
G.W.: Nos hemos reunido informalmente con las personas indicadas como futuras autoridades del Ministerio de Infraestructura. Esperamos reunirnos nuevamente esta semana
P.: ¿Qué propuestas llevarán a esos encuentros?
G.W.: Llevaremos las posiciones ya señaladas, más una exhortación a acciones meditadas, aplicadas coordinadamente para lograr una transición hacia los nuevos esquemas, que evite daños sociales y en el tejido productivo del sector, dolorosos y quizás irreparables E instaremos al dialogo continuado para colaborar en ese proceso
P.: Otra de las afirmaciones del presidente electo es que la obra pública favorece la corrupción. No se puede negar que en el pasado hubo hechos de corrupción que hoy se encuentran en la Justicia. ¿Qué ha hecho la Cámara o el sector privado de manera individual para evitar o controlar estas conductas?
G.W.: La Cámara contó con un Código de Ética desde su fundación. El mismo fue actualizado en 2015 y 2019, para adaptarlo a nuevas legislaciones, a los cambios tecnológicos y a la evolución del sector.
El Código vigente es parte del Programa de Integridad que adoptó la Cámara, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 27.401. Incluye el citado Código, un Canal de Denuncias, basado en las modernas tecnologías y Cursos de Capacitación en Integridad para socios y participantes en la actividad de la Cámara. Cabe destacar que el Código instituye un Consejo Asesor de Integridad formado por distinguidas personalidades de la sociedad civil en Argentina y de la construcción en Chile y Uruguay.
Las empresas que se asocian a la Cámara deben adherir formalmente al citado Código. Asimismo, promovemos institucionalmente que las empresas asociadas avancen hacia su propio Programa de Integridad, con el apoyo de nuestros cursos y de algunas herramientas diseñadas al efecto.
Gustavo Weiss: No disponemos aun de datos oficiales, pero información de nuestros asociados y datos de consumo de materiales en octubre señalan que el nivel de actividad está descendiendo sensiblemente. Esto se agravó en la última semana, ante declaraciones del presidente Electo sobre cambios sustanciales en la futura política de inversión en obra pública
P.: Las empresas dedicadas a la obra pública mayoritariamente, el 57,4%, opinaba que el nivel de actividad disminuirá durante el período octubre-diciembre de 2023. ¿Cómo es la situación presente?
G.W.: Si fueran consultadas hoy, luego de las citadas declaraciones del presidente Electo, seguramente contestarían que el nivel de actividad descenderá abruptamente, desde este mismo mes, pues debe considerarse que la obra pública ejecutada hoy es cobrada dentro de 2 o 3 meses, cuando “no habrá plata” para pagarla, por lo que el empresario tratará de minimizar el perjuicio de haber erogado, para trabajar, ahora, y no recuperar esos montos en los próximos meses.
P.: ¿A cuánto asciende la deuda del Estado con los contratistas?
G.W.: Es difícil conocer el dato total. A nivel nacional se conoce que existe deuda devengada (es decir, contabilizada luego de ser inspeccionada y aprobada) e impaga de $ 160.000 millones. Se estima que existen trabajos realizados en curso de medición, y/o obligaciones en trámite y en curso de aprobación por un monto similar
P.: El presidente electo manifestó que las obras públicas “van a tener que ser hechas por iniciativas privadas” y las obras públicas que ya están comenzadas serán licitadas nuevamente “para que las haga en sector privado”.
G.W.: Existen tipos de obra en que la iniciativa y el financiamiento privado es posible y deseable, pues acelera la provisión de los servicios de infraestructura que el país necesita para crecer y para dar servicios a la comunidad. Entendemos que los contratos en curso deben ser respetados, como declaró el presidente Electo, con estricto apego al principio de continuidad del Estado. El respeto a ese principio será seguramente exigido por los potenciales inversores pues estos verán los resultados de sus inversiones, durante el lapso de varias administraciones publicas sucesivas, dado el largo ciclo de ejecución, operación y repago de ese tipo de inversiones
P.: ¿Cuántas obras públicas están en curso?
G.W.: Es difícil conocerlo a nivel global, pero a nivel nacional el Ministerio de Obras Publicas informa en su aplicación “Mapainversiones” que el Ministerio ejecuta actualmente 2.825 obras en todo el país y tiene 612 proyectos en distinto grado de avance.
Esto no incluye las obras de Vivienda, ni las de Energía, Transporte y Educación realizadas por otros ministerios
P.: ¿Cuántas son las obras que están cerca de finalizar, con un avance superior al 60%?
G.W.: Dentro de ese conjunto de obras realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, el citado Mapainversiones informa que 1.408 contratos tienen avances físicos superiores al 60 %. No tenemos información sobre los otros ministerios
P: En las obras con avances importantes para culminar, ¿no es anti económico su paralización?
G.W.: Paralizar cualquier obra significa un costo social explícito por los empleos perdidos, por la actividad derivada disminuida, en particular la local, y un efecto de menor recaudación fiscal devengada por toda la cadena de valor. Pero además tiene un alto costo directo por las desmovilizaciones, obradores abandonados, deterioro de lo construido. Además, implica postergar la prestación del servicio al que la obra está destinada, que tiene también un costo macroeconómico y social
P.: ¿La Cámara piensa acercar alguna propuesta para este tipo de obras?
G.W.: Para los contratos vigentes y las obras en curso, entendemos que la única solución es la continuidad de los contratos y el cumplimiento de las contraprestaciones comprometidas. Por supuesto, la Administración tiene la facultad de obtener fondeo o financiamiento de otras fuentes que no sean el presupuesto nacional
P.: En lo inmediato, las obras más avanzadas y en curso, ¿cuántas son?, ¿cuántas empresas abarcan? y ¿cuántos trabajadores involucran?
G.W.: Proyectando la información del Mapainversiones a otros sectores, estimamos que existen del orden de 3.500 contratos vigentes, que son realizados por alrededor de 1.300 empresas, la mayoría PyMEs de todo el país, que ocupan más de 200.000 empleos registrados directos. Las obras generan además alrededor de 160.000 empleos indirectos (80%)
P.: ¿Quiénes serían los más afectados?
G.W.: Los más afectados serían los trabajadores de la construcción, los empleados de las empresas constructoras y luego las propias empresas. El daño será mayor en las empresas constructoras PyMEs del interior del país que realizan obra de vivienda social y de sus redes de servicios públicos, en mercados donde la alternativa de inversión privada es inexistente.
P.: ¿Piensan iniciar acciones judiciales para que se respeten los contratos de las obras públicas ya en ejecución?
G.W.: Es una decisión de cada empresa, pero seguramente cada empresario procurará defender su capital y su continuidad en la actividad. Esperemos que los diferendos puedan resolverse rápidamente y sin llegar a una instancia judicial
P.: ¿El presidente afirmo que en el caso de que no haya interesados por realizar obras públicas, “se paralizarán pues significa que no tenían sentido económico”? ¿Esto es posible?, ¿puede poner ejemplos de obras que el sector privado no encararía?
G.W.: En todo el mundo la existencia de interesados en invertir en obras publicas se concentra en algún tipo de obra donde es posible el repago por el usuario (Concesión de autopistas de alto tránsito, aeropuertos, puertos) o en obras pagadas por el Estado en forma diferida, una vez disponible el servicio (llamadas PFI, que se destinan a hospitales, prisiones, edificios públicos).
En los últimos años esos contratos de inversión privada no significaron más del 17 % de la inversión total en infraestructura en el mundo: es decir el 83 % fue inversión pública en infraestructura pública.
Esa inversión pública es muy importante -superior a la concretada en Argentina- aun en los países de política más liberal del mundo como Singapur, Hong Kong, Suiza, Dinamarca- También en algunos países cercanos, usados como ejemplos de promoción de la inversión privada, como Chile y Perú.
Pero existe un concepto que debe aclararse. En los proyectos donde la inversión privada no puede recuperarse a partir del pago del usuario (escuelas, hospitales, cárceles, desagües de zonas urbanas, espacios públicos, etc., etc.), ello no significa que no tengan sentido económico.
Construir los medios para lograr salud, educación, seguridad, conectividad, etc. tiene beneficios indiscutibles para el futuro del país, para su productividad y cohesión.
Pero esos beneficios no son monetizables por el privado. El inversor no puede convertir esos beneficios macroeconómicos futuros en dinero para recuperar su erogación. En esos casos, en todo el mundo, el Estado toma ese papel.
P: ¿Qué opinión le merece el modelo chileno de concesión de la obra pública? ¿Es aplicable en la Argentina?
G.W.: El modelo chileno de concesión de obra publica es aplicable en Argentina a los proyectos que sean pagables por el usuario. Argentina ya usó ese modelo antes que Chile. Podrá reintentarse cuando las condiciones macroeconómicas e institucionales se acerquen a las de Chile.
El modelo chileno de PFI, obras pagadas por el Estado en forma diferida, podrá usarse en algunos sectores, si la Administración se compromete a hacerse cargo de los pagos futuros.
P.: ¿La Cámara Argentina de la Construcción tiene una propuesta alternativa para la obra pública que no sea el modelo chileno?
G.W.: La Cámara elabora, en forma periódica, propuestas de ejecución de las infraestructuras que el país necesita para crecer. La última edición fue realizada, en agosto de 2023, por el Consejo de Políticas de Infraestructura -CPI-, que nuclea a las entidades empresarias del G6, la CGT y UOCRA, es decir, consultando a los usuarios de las futuras infraestructuras.
En la publicación de CPI, Consensos de Políticas de Infraestructura, Construir 2034, se justifica que, para cerrar la brecha de infraestructura actual, la inversión necesaria para los próximos 10 años es del orden del 9,38 % del PBI.
Esa magnitud, requiere de todas las fuentes disponibles de financiamiento. La propuesta de CPI identifica que, de ese total, proyectos por el 2, 74 % del PBI deben ser fondeados por el sector privado. Ello representaría el 16,86 % de la inversión total, en línea con la experiencia mundial
P.: ¿La Cámara tuvo la oportunidad de hablar con el presidente electo?
G.W.: No existió aun una conversación especifica, directa. Solo en eventos multilaterales.
P.: ¿Tienen previsto reunirse nuevamente con las futuras autoridades del ministerio de Infraestructura? ¿Cuándo?
G.W.: Nos hemos reunido informalmente con las personas indicadas como futuras autoridades del Ministerio de Infraestructura. Esperamos reunirnos nuevamente esta semana
P.: ¿Qué propuestas llevarán a esos encuentros?
G.W.: Llevaremos las posiciones ya señaladas, más una exhortación a acciones meditadas, aplicadas coordinadamente para lograr una transición hacia los nuevos esquemas, que evite daños sociales y en el tejido productivo del sector, dolorosos y quizás irreparables E instaremos al dialogo continuado para colaborar en ese proceso
P.: Otra de las afirmaciones del presidente electo es que la obra pública favorece la corrupción. No se puede negar que en el pasado hubo hechos de corrupción que hoy se encuentran en la Justicia. ¿Qué ha hecho la Cámara o el sector privado de manera individual para evitar o controlar estas conductas?
G.W.: La Cámara contó con un Código de Ética desde su fundación. El mismo fue actualizado en 2015 y 2019, para adaptarlo a nuevas legislaciones, a los cambios tecnológicos y a la evolución del sector.
El Código vigente es parte del Programa de Integridad que adoptó la Cámara, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 27.401. Incluye el citado Código, un Canal de Denuncias, basado en las modernas tecnologías y Cursos de Capacitación en Integridad para socios y participantes en la actividad de la Cámara. Cabe destacar que el Código instituye un Consejo Asesor de Integridad formado por distinguidas personalidades de la sociedad civil en Argentina y de la construcción en Chile y Uruguay.
Las empresas que se asocian a la Cámara deben adherir formalmente al citado Código. Asimismo, promovemos institucionalmente que las empresas asociadas avancen hacia su propio Programa de Integridad, con el apoyo de nuestros cursos y de algunas herramientas diseñadas al efecto.
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