En plena escalada de precios, la Ley de Abastecimiento será derogada
Jueves 14 de
Diciembre 2023
El secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, se lo anticipó a la UIA. El proyecto integra una ley ómnibus y apunta también a eliminar la ley de góndolas y los fideicomisos del trigo y el aceite.
El titular de la Secretaría de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, le adelantó a un grupo de industriales que derogará la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y eliminará los fideicomisos del trigo y el aceite como parte de un amplio proyecto de ley ómnibus que será enviado al Congreso.
El funcionario tuvo una reunión este mediodía con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que también anticipó que pondrá fin al esquema de controles de precios y revisará, además, las multas impuestas a empresas en el contexto de Precios Justos.
Lavigne convocó este jueves a la mesa chica de la entidad industrial para poner sobre la mesa sus primeras propuestas, que estarán basadas en la eliminación de las regulaciones que estuvieron vigentes durante los últimos años. Algunas de esas medidas formarán parte del proyecto de ley de desregulación de la economía en la que trabaja el gobierno de Javier Milei y otras serán iniciativas puntuales de Comercio e Industria.
Se prevé que la ley ómnibus incluya la eliminación de tres leyes que forman parte de los reclamos más habituales en las empresas de consumo masivo: las de Abastecimiento (promulgada en 1974 y actualizada en 2014), la del Observatorio de Precios (es la Ley 26.992 de fines de 2015) y la de Góndolas (Ley 27.545 del 2020).
La Ley de Abastecimiento habilita al Poder Ejecutivo a tomar una serie de decisiones, como determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, junto con la aplicación de multas, clausuras de establecimientos por 90 días, inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos, en caso de desabastecimiento o escasez. También otorga la potestad al Gobierno a establecer márgenes máximos de ganancia para las empresas.
El primer antecedente de aplicación data de 2011, cuando el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno dictó una resolución contra la petrolera Shell para que retrotraiga aumentos de naftas en los surtidores.
Luego, el gobierno del Frente de Todos barajó la posibilidad de hacer efectiva la disposición frente a empresas de consumo masivo o de materiales de la construcción.
Otra ley que la Secretaría de Comercio e Industria busca derogar será la del Observatorio de Precios, una medida que creó el gobierno de Axel Kicillof a fines de 2015. Esta norma tiene como objetivo “monitorear, relevar y sistematizar información de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados en el país”.
La tercera es la Ley de Góndolas. Esta normativa establece la manera de ordenar los productos en los supermercados. La ley indica, entre otros puntos, que los artículos de menor precio “deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y el último estante”.
Asimismo, se espera que la Secretaría de Comercio e Industria discontinúe las fiscalizaciones en supermercados y comercios, que insumían gran cantidad de recursos para supervisar precios, stock y exhibición de los productos. A su vez, tras el fin de Precios Justos, se revisarán las multas aplicadas por el Gobierno anterior.
El funcionario tuvo una reunión este mediodía con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que también anticipó que pondrá fin al esquema de controles de precios y revisará, además, las multas impuestas a empresas en el contexto de Precios Justos.
Lavigne convocó este jueves a la mesa chica de la entidad industrial para poner sobre la mesa sus primeras propuestas, que estarán basadas en la eliminación de las regulaciones que estuvieron vigentes durante los últimos años. Algunas de esas medidas formarán parte del proyecto de ley de desregulación de la economía en la que trabaja el gobierno de Javier Milei y otras serán iniciativas puntuales de Comercio e Industria.
Se prevé que la ley ómnibus incluya la eliminación de tres leyes que forman parte de los reclamos más habituales en las empresas de consumo masivo: las de Abastecimiento (promulgada en 1974 y actualizada en 2014), la del Observatorio de Precios (es la Ley 26.992 de fines de 2015) y la de Góndolas (Ley 27.545 del 2020).
La Ley de Abastecimiento habilita al Poder Ejecutivo a tomar una serie de decisiones, como determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, junto con la aplicación de multas, clausuras de establecimientos por 90 días, inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos, en caso de desabastecimiento o escasez. También otorga la potestad al Gobierno a establecer márgenes máximos de ganancia para las empresas.
El primer antecedente de aplicación data de 2011, cuando el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno dictó una resolución contra la petrolera Shell para que retrotraiga aumentos de naftas en los surtidores.
Luego, el gobierno del Frente de Todos barajó la posibilidad de hacer efectiva la disposición frente a empresas de consumo masivo o de materiales de la construcción.
Otra ley que la Secretaría de Comercio e Industria busca derogar será la del Observatorio de Precios, una medida que creó el gobierno de Axel Kicillof a fines de 2015. Esta norma tiene como objetivo “monitorear, relevar y sistematizar información de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados en el país”.
La tercera es la Ley de Góndolas. Esta normativa establece la manera de ordenar los productos en los supermercados. La ley indica, entre otros puntos, que los artículos de menor precio “deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y el último estante”.
Asimismo, se espera que la Secretaría de Comercio e Industria discontinúe las fiscalizaciones en supermercados y comercios, que insumían gran cantidad de recursos para supervisar precios, stock y exhibición de los productos. A su vez, tras el fin de Precios Justos, se revisarán las multas aplicadas por el Gobierno anterior.
Con información de
Noticias Argentinas
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