25 DE ABRIL 2024
Decreto: Javier Milei allanó el camino para entregar Aerolíneas a los empleados de la empresa
Por:
Diego Cabot
Jueves 21 de
Diciembre 2023
Modificó varios artículos para reflotar los Programas de Propiedad Participada; por ahora, no se habla de privatizarlas, sino de entregarla a los trabajadores y no asistirla financieramente
Entre las centenares de derogaciones, modificaciones y nuevos regímenes que dejó plantado el decreto que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional hubo uno que ganó protagonismo. Con una serie de artículos, dejó allanado el camino para avanzar con su plan de campaña: entregar Aerolíneas Argentinas y sus empresas controladas a los trabajadores.
“Autorízase la cesión, parcial o total, del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y de sus empresas controladas, a los empleados de las respectivas empresas de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”, dice uno de los artículos.
Esta norma se complementa con otra que es fundamental, que en realidad, es la modificación de una ley cara al sentimiento kirchnerista: la 26.446, mediante la que se declaró de interés público a Aerolíneas Argentinas. Ahora, el artículo 5 tiene la siguiente redacción: “Autorízase la cesión total o parcial de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.) de conformidad con el Programa de Propiedad Participada. La cesión de los nuevos derechos se prorrateará entre los empleados que decidan participar en dicho programa de ampliación. Los empleados que participen de más de una de estas empresas deberán optar por su participación en una de ellas.”
Este párrafo esconde una trampa. Sucede que Milei y su equipo parecen que se cuidaron de mencionar la privatización de la empresa aérea. Lo que hicieron es dejar armado el andamiaje regulatorio para que la propiedad pase a manos de los empleados.
Semejante omisión, es decir, la de privatizarla a un grupo privado, no parece casual. Justamente, la conflictividad con la que amenazan los gremios ante cualquier cambio en la empresa llevó a que los reguladores del Gobierno sólo establezcan la posibilidad del pase de manos de las acciones: del Estado a los empleados. Ahora bien, qué podría pasar si los empleados no aceptan. Pues según otro artículo que se deroga en otra parte del decreto, el Tesoro no tiene obligación de asistirla por lo que, técnicamente y sin asistencia, podría quebrar.
Técnicamente, lo que también se modificó es la ley 26.412, mediante la que se rescató a la línea de bandera el 18 de septiembre de 2008. Así, la administración Milei convirtió en letra muerta el poderoso artículo 9. “En ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”, decía. Por ahora, esa imposibilidad ya es historia aeronáutica.
Hay algunas cuestiones más que modificarán el estado de las cosas en el mercado aerocomercial. “El despegue, la circulación y el aterrizaje de aeronaves es libre en el espacio aéreo argentino, en cuanto no fueren limitados por la legislación vigente. El tránsito será regulado de manera que posibilite el movimiento seguro y ordenado de las aeronaves. A tal efecto, la autoridad aeronáutica establecerá las normas generales relativas a circulación aérea”, se lee en un artículo que modificó las limitaciones que establecía el código aeronáutico. En otras palabras, la consagración de los “cielos abiertos”.
Un punto clave es quién tripulará los aviones. Ese es un tema neurálgico para los gremios que siempre requieren que sean argentinos. “En los servicios aerocomerciales el personal que desempeña funciones aeronáuticas deberá ser argentino. El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero, estableciéndose un procedimiento gradual de reemplazo del personal extranjero por personal argentino”. Es decir, cielos abiertos, pero no tanto como para no patear demasiado fuerte el avispero sindical.
“Autorízase la cesión, parcial o total, del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur y de sus empresas controladas, a los empleados de las respectivas empresas de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”, dice uno de los artículos.
Esta norma se complementa con otra que es fundamental, que en realidad, es la modificación de una ley cara al sentimiento kirchnerista: la 26.446, mediante la que se declaró de interés público a Aerolíneas Argentinas. Ahora, el artículo 5 tiene la siguiente redacción: “Autorízase la cesión total o parcial de las acciones representativas del capital social a los trabajadores de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.) de conformidad con el Programa de Propiedad Participada. La cesión de los nuevos derechos se prorrateará entre los empleados que decidan participar en dicho programa de ampliación. Los empleados que participen de más de una de estas empresas deberán optar por su participación en una de ellas.”
Este párrafo esconde una trampa. Sucede que Milei y su equipo parecen que se cuidaron de mencionar la privatización de la empresa aérea. Lo que hicieron es dejar armado el andamiaje regulatorio para que la propiedad pase a manos de los empleados.
Semejante omisión, es decir, la de privatizarla a un grupo privado, no parece casual. Justamente, la conflictividad con la que amenazan los gremios ante cualquier cambio en la empresa llevó a que los reguladores del Gobierno sólo establezcan la posibilidad del pase de manos de las acciones: del Estado a los empleados. Ahora bien, qué podría pasar si los empleados no aceptan. Pues según otro artículo que se deroga en otra parte del decreto, el Tesoro no tiene obligación de asistirla por lo que, técnicamente y sin asistencia, podría quebrar.
Técnicamente, lo que también se modificó es la ley 26.412, mediante la que se rescató a la línea de bandera el 18 de septiembre de 2008. Así, la administración Milei convirtió en letra muerta el poderoso artículo 9. “En ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”, decía. Por ahora, esa imposibilidad ya es historia aeronáutica.
Hay algunas cuestiones más que modificarán el estado de las cosas en el mercado aerocomercial. “El despegue, la circulación y el aterrizaje de aeronaves es libre en el espacio aéreo argentino, en cuanto no fueren limitados por la legislación vigente. El tránsito será regulado de manera que posibilite el movimiento seguro y ordenado de las aeronaves. A tal efecto, la autoridad aeronáutica establecerá las normas generales relativas a circulación aérea”, se lee en un artículo que modificó las limitaciones que establecía el código aeronáutico. En otras palabras, la consagración de los “cielos abiertos”.
Un punto clave es quién tripulará los aviones. Ese es un tema neurálgico para los gremios que siempre requieren que sean argentinos. “En los servicios aerocomerciales el personal que desempeña funciones aeronáuticas deberá ser argentino. El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero, estableciéndose un procedimiento gradual de reemplazo del personal extranjero por personal argentino”. Es decir, cielos abiertos, pero no tanto como para no patear demasiado fuerte el avispero sindical.
