Tarifas: el Gobierno acelera la quita de subsidios, que superan en 20% los pagos que hay que hacer este año al FMI
Por:
Virginia Porcella
Martes 09 de
Enero 2024
Luis Caputo había insinuado cierto gradualismo para corregir el precio de los servicios públicos, pero la necesidad de mostrar un ajuste fiscal sostenible acelera los tiempos
Como pilar de su política de ajuste fiscal, el Gobierno avanza en el proceso de recomposición de tarifas por el que se mantendrá la segmentación, pero sólo hasta abril.
A partir de ahí, se redefinirá el esquema que tenderá a focalizar mejor los subsidios y acelerar el recorte del gasto público asociado a la subvención de las facturas de energía de los usuarios. Ese concepto le costó al gobierno anterior la mitad de los 3 puntos del PBI con el que cerró el déficit fiscal el año pasado, según aseguró ayer Martin Vauthier, representante del Ministerio de Economía en la audiencia pública celebrada ayer para adecuar las tarifas de transporte y distribución de gas.
En dólares, la cifra asciende a unos USD 9.300 millones, lo que equivale a una reducción respecto a los más de USD 12.000 millones del año anterior pero sigue siendo una cifra insostenible para las cuentas públicas. Para poner el número en perspectiva, un año de subsidios a la energía, con recomposición “segmentada” de los precios a cubrir por parte de los usuarios supera en 20% a los pagos de deuda comprometidos con el Fondo Monetario para este año. Esa cuenta arroja USD 7.500 millones para 2024, que deberán empezar a pagarse este mismo mes.
Precisamente eso es lo que discuten por estos días los enviados del Fondo Monetario, Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, director para el Hemisferio Occidental y jefe del caso argentino respectivamente: cómo calzar pagos con desembolsos y, sobre todo, sujeto a qué metas. En términos fiscales, el Gobierno se presenta como más exigente que el FMI. En términos de acumulación de reservas y disponibilidad de esas divisas, probablemente la discusión sea algo más acalorada. Y también en lo que hace a los objetivos cualitativos o de “reformas estructurales”, tal como consideró hasta ahora el Fondo Monetario la cuestión tarifaria, más allá del ahorro fiscal.
En otras palabras, aún cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometa a llegar al déficit cero este año, persiste la exigencia de incluir la corrección más temprano que tarde de la distorsión de los precios relativos en la energía. Claro que sería muy complejo para el Gobierno equilibrar las cuentas sin atacar ese frente pero no deja de ser cierto que, de acuerdo al planteo inicial de Caputo en sus primeros anuncios económicos apenas asumido, la noción de gradualismo en el ajuste tarifario quedó instalada. De hecho, el ahorro fiscal previsto es de menos de la mitad del desequilibrio generado el año pasado (0,7% del PBI en total, lo que incluye también la asistencia al transporte), El mismo funcionario aseguró en entrevistas televisivas que concedió por esos días que el ajuste del costo de los servicios públicos sería un plan a tres años.
Esa idea, sin embargo, quedó puesta en duda cuando el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó ayer en el marco de las audiencias públicas que la segmentación tal y como está diseñada por el gobierno anterior se mantendrá durante el primer trimestre pero que, a partir de abril, el criterio para la asignación de subsidios dependerá de nuevas variables. Sus declaraciones hacen presumir al mercado que el plan es avanzar más aceleradamente con la quita de subsidios a sectores medios, algo que contrasta con el mensaje de gradualismo original de Caputo pero queda más alineado a la necesidad de buscar un equilibrio fiscal “sostenible” y no solamente basado en licuación de gasto e impuestos extraordinarios.
El propio Vauthier dimensionó la magnitud de la “tela por cortar”: “Los subsidios a la energía representan un monto mucho mayor a la partida de la asignación universal por hijo. Prácticamente el triple de los montos que se destinan a la AUH, que es un programa social destinado a la población más vulnerable del país”, indicó.
En el gráfico en el que se apoyó se observaba que mientras que en 2023 se destinó 1,5% del PBI a los subsidios, a la AUH se destinó 0,4% del PBI.
A partir de ahí, se redefinirá el esquema que tenderá a focalizar mejor los subsidios y acelerar el recorte del gasto público asociado a la subvención de las facturas de energía de los usuarios. Ese concepto le costó al gobierno anterior la mitad de los 3 puntos del PBI con el que cerró el déficit fiscal el año pasado, según aseguró ayer Martin Vauthier, representante del Ministerio de Economía en la audiencia pública celebrada ayer para adecuar las tarifas de transporte y distribución de gas.
En dólares, la cifra asciende a unos USD 9.300 millones, lo que equivale a una reducción respecto a los más de USD 12.000 millones del año anterior pero sigue siendo una cifra insostenible para las cuentas públicas. Para poner el número en perspectiva, un año de subsidios a la energía, con recomposición “segmentada” de los precios a cubrir por parte de los usuarios supera en 20% a los pagos de deuda comprometidos con el Fondo Monetario para este año. Esa cuenta arroja USD 7.500 millones para 2024, que deberán empezar a pagarse este mismo mes.
Precisamente eso es lo que discuten por estos días los enviados del Fondo Monetario, Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, director para el Hemisferio Occidental y jefe del caso argentino respectivamente: cómo calzar pagos con desembolsos y, sobre todo, sujeto a qué metas. En términos fiscales, el Gobierno se presenta como más exigente que el FMI. En términos de acumulación de reservas y disponibilidad de esas divisas, probablemente la discusión sea algo más acalorada. Y también en lo que hace a los objetivos cualitativos o de “reformas estructurales”, tal como consideró hasta ahora el Fondo Monetario la cuestión tarifaria, más allá del ahorro fiscal.
En otras palabras, aún cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometa a llegar al déficit cero este año, persiste la exigencia de incluir la corrección más temprano que tarde de la distorsión de los precios relativos en la energía. Claro que sería muy complejo para el Gobierno equilibrar las cuentas sin atacar ese frente pero no deja de ser cierto que, de acuerdo al planteo inicial de Caputo en sus primeros anuncios económicos apenas asumido, la noción de gradualismo en el ajuste tarifario quedó instalada. De hecho, el ahorro fiscal previsto es de menos de la mitad del desequilibrio generado el año pasado (0,7% del PBI en total, lo que incluye también la asistencia al transporte), El mismo funcionario aseguró en entrevistas televisivas que concedió por esos días que el ajuste del costo de los servicios públicos sería un plan a tres años.
Esa idea, sin embargo, quedó puesta en duda cuando el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó ayer en el marco de las audiencias públicas que la segmentación tal y como está diseñada por el gobierno anterior se mantendrá durante el primer trimestre pero que, a partir de abril, el criterio para la asignación de subsidios dependerá de nuevas variables. Sus declaraciones hacen presumir al mercado que el plan es avanzar más aceleradamente con la quita de subsidios a sectores medios, algo que contrasta con el mensaje de gradualismo original de Caputo pero queda más alineado a la necesidad de buscar un equilibrio fiscal “sostenible” y no solamente basado en licuación de gasto e impuestos extraordinarios.
El propio Vauthier dimensionó la magnitud de la “tela por cortar”: “Los subsidios a la energía representan un monto mucho mayor a la partida de la asignación universal por hijo. Prácticamente el triple de los montos que se destinan a la AUH, que es un programa social destinado a la población más vulnerable del país”, indicó.
En el gráfico en el que se apoyó se observaba que mientras que en 2023 se destinó 1,5% del PBI a los subsidios, a la AUH se destinó 0,4% del PBI.
