Jubilaciones: el gasto que se necesita para que no pierdan contra la inflación
Martes 16 de
Enero 2024
Para cumplir la meta fiscal, los jubilados y otros beneficiarios de la seguridad social volverían a ser la variable de ajuste. Mantener constantes sus ingresos implica más déficit
El programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de bajar drásticamente el gasto público y alcanzar un superávit fiscal primario equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB), es directamente incompatible con una mejora en el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de la seguridad social, como las asignaciones familiares.
Según evaluaron los analistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base al proyecto de "ley ómnibus" (Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos), quienes perciben ingresos de la seguridad social tendrán este año una fuerte caída en el poder de compra debido a la alta inflación que nuevamente se proyecta por encima del 200% anual, a menos que el Poder Ejecutivo decida que el recorte fiscal se reforzará en otras áreas. No será fácil: el gasto en seguridad social representó alrededor del 42% del total del Estado nacional en 2023, de acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto.
En 2023, el déficit de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue equivalente a 0,3 puntos del Producto, por ingresos que sumaron 7,9% y gastos acumulados por 8,2%. Así, quienes perciben la mínima o montos cercanos y las asignaciones familiares -aproximadamente el 48,6% del total de los cubiertos por el régimen- tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del 3,6% en términos reales, mientras que el resto de los haberes tuvo una reducción real del 36,5% en el último año de la presidencia de Alberto Fernández.
Ya que el artículo 106 del proyecto deroga la fórmula de movilidad previsional y deja a discreción los futuros aumentos, hasta que se establezca un nuevo mecanismo, los economistas María Pía Brugiafreddo, Andrés Kolesnik y Romina Muras simularon cuatro escenarios para calcular tanto el impacto presupuestario como el efecto en los bolsillos.
Qué va a pasar con las jubilaciones en 2024
Si en 2024 no hubiera incrementos ni bonos, la baja del poder de compra de todos los que perciben haberes previsionales acumularía otro 70% en términos reales y el gasto público disminuiría en 2,5 puntos porcentuales del PIB, por lo que el sistema tendría un superávit del 2,2%. Por supuesto que esta alternativa, que implicaría alcanzar la mitad del ajuste fiscal previsto solo por esta vía, no es social y políticamente sostenible. "Llevaría a la mitad de los beneficiarios a encontrarse por debajo de la línea de indigencia y a un 33% en situación de pobreza no indigente", proyecta la OPC.
En el caso de que solamente hubieran aumentos para los haberes más bajos y las asignaciones para acompañar la inflación, el sistema previsional pasaría a un superávit de 1,2% del PIB (ajuste de 1,5 puntos porcentuales), pero al final del año el porcentaje de beneficiarios que cobran la mínima treparía de 45,3% a 86,2%, con un gran achatamiento de la pirámide.
Con la óptica de la "sostenibilidad financiera" de la Anses, la OPC estimó que para que el sistema previsional tuviera un equilibrio entre gastos e ingresos haría falta eliminar todos los bonos. De esa forma, si el achique se distribuye de manera proporcional, todos los jubilados perderían un 19% de su poder de compra, mientras que si a los de la mínima les mantienen intactos sus ingresos, el resto vería una caída del 40,1%.
Por último, solamente para dejar constantes todos los haberes, sin ninguna mejora, la OPC calculó que el déficit previsional se tendría que ampliar en 0,5 puntos del PIB, a contramano del objetivo del Gobierno de ajustar el gasto.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, planteó que "el gobierno de Milei no está buscando una suspensión sino directamente una eliminación de la fórmula, estableciendo por ley lo que antes era una situación momentánea que fue prorrogándose con la pandemia". "Al reemplazar la fórmula establecida por ley por un cálculo arbitrario, se asegura la posibilidad de recortar los fondos previsionales a discreción, realizando el ajuste sobre las jubilaciones sin mayores problemas y sin necesidad de dar explicaciones", señaló.
Según evaluaron los analistas de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base al proyecto de "ley ómnibus" (Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos), quienes perciben ingresos de la seguridad social tendrán este año una fuerte caída en el poder de compra debido a la alta inflación que nuevamente se proyecta por encima del 200% anual, a menos que el Poder Ejecutivo decida que el recorte fiscal se reforzará en otras áreas. No será fácil: el gasto en seguridad social representó alrededor del 42% del total del Estado nacional en 2023, de acuerdo a los datos de Presupuesto Abierto.
En 2023, el déficit de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue equivalente a 0,3 puntos del Producto, por ingresos que sumaron 7,9% y gastos acumulados por 8,2%. Así, quienes perciben la mínima o montos cercanos y las asignaciones familiares -aproximadamente el 48,6% del total de los cubiertos por el régimen- tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del 3,6% en términos reales, mientras que el resto de los haberes tuvo una reducción real del 36,5% en el último año de la presidencia de Alberto Fernández.
Ya que el artículo 106 del proyecto deroga la fórmula de movilidad previsional y deja a discreción los futuros aumentos, hasta que se establezca un nuevo mecanismo, los economistas María Pía Brugiafreddo, Andrés Kolesnik y Romina Muras simularon cuatro escenarios para calcular tanto el impacto presupuestario como el efecto en los bolsillos.
Qué va a pasar con las jubilaciones en 2024
Si en 2024 no hubiera incrementos ni bonos, la baja del poder de compra de todos los que perciben haberes previsionales acumularía otro 70% en términos reales y el gasto público disminuiría en 2,5 puntos porcentuales del PIB, por lo que el sistema tendría un superávit del 2,2%. Por supuesto que esta alternativa, que implicaría alcanzar la mitad del ajuste fiscal previsto solo por esta vía, no es social y políticamente sostenible. "Llevaría a la mitad de los beneficiarios a encontrarse por debajo de la línea de indigencia y a un 33% en situación de pobreza no indigente", proyecta la OPC.
En el caso de que solamente hubieran aumentos para los haberes más bajos y las asignaciones para acompañar la inflación, el sistema previsional pasaría a un superávit de 1,2% del PIB (ajuste de 1,5 puntos porcentuales), pero al final del año el porcentaje de beneficiarios que cobran la mínima treparía de 45,3% a 86,2%, con un gran achatamiento de la pirámide.
Con la óptica de la "sostenibilidad financiera" de la Anses, la OPC estimó que para que el sistema previsional tuviera un equilibrio entre gastos e ingresos haría falta eliminar todos los bonos. De esa forma, si el achique se distribuye de manera proporcional, todos los jubilados perderían un 19% de su poder de compra, mientras que si a los de la mínima les mantienen intactos sus ingresos, el resto vería una caída del 40,1%.
Por último, solamente para dejar constantes todos los haberes, sin ninguna mejora, la OPC calculó que el déficit previsional se tendría que ampliar en 0,5 puntos del PIB, a contramano del objetivo del Gobierno de ajustar el gasto.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, planteó que "el gobierno de Milei no está buscando una suspensión sino directamente una eliminación de la fórmula, estableciendo por ley lo que antes era una situación momentánea que fue prorrogándose con la pandemia". "Al reemplazar la fórmula establecida por ley por un cálculo arbitrario, se asegura la posibilidad de recortar los fondos previsionales a discreción, realizando el ajuste sobre las jubilaciones sin mayores problemas y sin necesidad de dar explicaciones", señaló.
Con información de
Cronista
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