Ley 'ómnibus': siguen negociando y la oposición no da nada por cerrado
Domingo 21 de
Enero 2024
Los bloques que dialogan con el Gobierno con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar la norma impulsada por el Ejecutivo insisten con modificaciones que el oficialismo resiste, mientras trata de instalar que tiene el número para la aprobación.
Se sabía que hubiera o no sesión este fin de semana, los diputados tendrían días intensos, acorde a lo que viene siendo este enero atípico, con actividad completa, en el marco del debate “intra muros” que se desarrolla en torno al proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
En efecto, no hubo descanso este fin de semana, que vino a ser una prolongación del viernes, con encuentros a puertas cerradas en los bloques de la oposición dialoguista, que a pesar de ese término mantienen diferencias con los representantes del Gobierno.
El bloque radical, por ejemplo, mantuvo reuniones por zoom el viernes y sábado. Para este domingo, están previstas reuniones también virtuales de esa bancada con los gobernadores de Juntos por el Cambio, el Pro y Hacemos Coalición Federal.
Si bien hay bastante hermetismo, desde la oposición dialoguista rechazan de plano dar por cerrado el acuerdo con el Gobierno. Por el contrario, una fuente consultada por parlamentario.com aclaró que “esa línea la quiere instalar el presidente”. Y no estaría sucediendo, hasta ahora.
A priori, los sectores que buscan alcanzar un acuerdo con el Gobierno quieren ver primero cómo quedan redactados los artículos en los que ya hubo entendimiento, al tiempo que insisten con modificar varios puntos. Recordemos que fuentes oficiales distribuyeron entre los diputados un documento en el que detallaron algunas de las concesiones que están dispuestos a hacer para llegar al recinto con un acuerdo que permita la aprobación del proyecto. En el mismo se propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años a un año más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (2 en total), y se eliminan las materias de defensa, social y sanitaria.
Además, se fija en 0% las retenciones para economías regionales -que originalmente se llevaban a un 15%- y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.
Respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el punteo que se conoció este viernes establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.
En tanto, de la lista de empresas a privatizar, se elimina a YPF. Por otra parte, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.
El más álgido de los puntos en discusión es el capítulo referido a las privatizaciones. Como se ha visto, el Gobierno solo sacó del listado de 41 empresas pasibles de privatización a YPF, y quiere que, a lo sumo, una bicameral dé el visto bueno a la privatización. La oposición rechaza esa alternativa: quiere que eso se decida en ambos recintos, no en una comisión bicameral.
También quieren excluir al Banco Nación del listado.
Otro punto que en la oposición quieren ver cómo queda redactado es el de las jubilaciones. Dan dos alternativas: o se elimina el artículo, o ponen una fórmula de actualización nueva atada al IPC. Pero quieren que eso quede por escrito, que no sea una promesa que después tengan que estar pendientes para saber si se cumple o no.
Hay más temas sensibles. El tema de la reestructuración de la deuda es uno de ellos. El proyecto de ley ómnibus establece que la reestructuración no tenga que pasar por el Congreso, como de hecho era en tiempos de Cambiemos. Ahora, la oposición quiere mantener la ley que se aprobó a instancias del exministro Martín Guzmán.
Diversidad en los bloques
Las diferencias que persisten entre el oficialismo y la oposición subsisten en el interior de los bloques. Tanto el Pro, como la UCR y Hacemos Coalición Federal tienen discrepancias internas. En el caso del radicalismo, están frescas las heridas que se exhibieron cuando la unificación de los bloques UCR y Evolución, cuando un sector se alineó con Facundo Manes. Esa movida duró solo un día, pero ahora esa división resurge frente al debate de esta ley clave. En diciembre pasado, la división dejó a 22 diputados de un lado y una docena del otro. Ahora Manes estaría arrastrando a varios correligionarios hacia el rechazo. Todavía no se sabe cuántos; algunos especulan con que sean solo 4, pero el neurocientífico estima que pueden llegar a ser 9. Se verá.
En efecto, no hubo descanso este fin de semana, que vino a ser una prolongación del viernes, con encuentros a puertas cerradas en los bloques de la oposición dialoguista, que a pesar de ese término mantienen diferencias con los representantes del Gobierno.
El bloque radical, por ejemplo, mantuvo reuniones por zoom el viernes y sábado. Para este domingo, están previstas reuniones también virtuales de esa bancada con los gobernadores de Juntos por el Cambio, el Pro y Hacemos Coalición Federal.
Si bien hay bastante hermetismo, desde la oposición dialoguista rechazan de plano dar por cerrado el acuerdo con el Gobierno. Por el contrario, una fuente consultada por parlamentario.com aclaró que “esa línea la quiere instalar el presidente”. Y no estaría sucediendo, hasta ahora.
A priori, los sectores que buscan alcanzar un acuerdo con el Gobierno quieren ver primero cómo quedan redactados los artículos en los que ya hubo entendimiento, al tiempo que insisten con modificar varios puntos. Recordemos que fuentes oficiales distribuyeron entre los diputados un documento en el que detallaron algunas de las concesiones que están dispuestos a hacer para llegar al recinto con un acuerdo que permita la aprobación del proyecto. En el mismo se propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años a un año más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo (2 en total), y se eliminan las materias de defensa, social y sanitaria.
Además, se fija en 0% las retenciones para economías regionales -que originalmente se llevaban a un 15%- y se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.
Respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el punteo que se conoció este viernes establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), “deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones”.
En tanto, de la lista de empresas a privatizar, se elimina a YPF. Por otra parte, se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%) y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También, se elimina la derogación de Ley de Azúcar.
El más álgido de los puntos en discusión es el capítulo referido a las privatizaciones. Como se ha visto, el Gobierno solo sacó del listado de 41 empresas pasibles de privatización a YPF, y quiere que, a lo sumo, una bicameral dé el visto bueno a la privatización. La oposición rechaza esa alternativa: quiere que eso se decida en ambos recintos, no en una comisión bicameral.
También quieren excluir al Banco Nación del listado.
Otro punto que en la oposición quieren ver cómo queda redactado es el de las jubilaciones. Dan dos alternativas: o se elimina el artículo, o ponen una fórmula de actualización nueva atada al IPC. Pero quieren que eso quede por escrito, que no sea una promesa que después tengan que estar pendientes para saber si se cumple o no.
Hay más temas sensibles. El tema de la reestructuración de la deuda es uno de ellos. El proyecto de ley ómnibus establece que la reestructuración no tenga que pasar por el Congreso, como de hecho era en tiempos de Cambiemos. Ahora, la oposición quiere mantener la ley que se aprobó a instancias del exministro Martín Guzmán.
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