Córdoba | Río Tercero
Paro por 40 despidos en industria de Río Tercero
Jueves 29 de
Mayo 2014 - 05:54

El conflicto en la empresa metalúrgica Weatherford no se solucionó tras la conciliación obligatoria. Piden que intervenga el Gobierno provincial.
Tras varias semanas de conciliación obligatoria, y sin que se llegara a un acuerdo entre las partes, la filial en Río Tercero de la metalúrgica Weatherford ratificó el despido de 40 empleados, de su plantel total de 182. En ese marco, parte del personal inició un paro por tiempo indeterminado y se instaló una carpa en el ingreso a la planta industrial.
El conflicto se inició semanas atrás cuando la empresa decidió despedir a un grupo de empleados, argumentando que venían aplicando medidas de quite de colaboración. Los trabajadores, poco antes, habían elegido a sus propios delegados en la planta y reclamaban, entre otras acciones, dejar el gremio UOM al que son afiliados y que se los reconozca como parte del sindicato de los químicos. Esa aspiración no era compartida por la firma.

Durante la conciliación, la empresa ofreció bajar la cantidad de despidos a 25, pagando la indemnización plena, y que los otros 20 fueran suspendidos como sanción transitoria. La asamblea, y el gremio UOM, resolvieron no aceptar ninguna propuesta que no implicara la inexistencia de ningún despido.
Ya con el paro en marcha, y la empresa trabajando sólo con parte de su personal, cerca del mediodía de este miércoles intervino la Provincia a partir de la gestión directa del ministro de Industria, Martín Llaryora, quien estaba visitando, por otro asunto, esta ciudad.
Llaryora aseguró que se pidió para esta semana una audiencia con el Ministerio de Trabajo para intentar reencauzar el diálogo. Opinó que “se tienen que conservar los puestos de trabajo y llegar a un acuerdo”.
Mientras el ministro mantenía una reunión en la sede céntrica del Centro Comercial local, un grupo de manifestantes de la empresa cortó la calle por un par de horas.
Sebastián Bergamín, vocero de los despedidos, calificó de “injusta” la medida y reclamó que "la empresa no quiere negociar”. A su vez, comentó que “en dos meses de conciliación en que no se pudo lograr nada, tampoco quedaron pruebas que hayan despedido con causa, como dicen, sino que fue por una persecución ideológica”.
Desde la UOM regional, Walter Carrizo, aclaró que “la planta no está tomada” y valoró “el apoyo de los trabajadores que no fueron despedidos y que ahora hacen huelga por tiempo indeterminado en solidaridad por el conflicto”.

Por su parte, el intendente Alberto Martino dijo estar detrás de gestiones ante la Provincia y el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se destrabe el problema. Comentó que mantuvo contacto con representantes de la empresa a nivel local, “pero las decisiones parece que se toman en Buenos Aires”.
Acotó que “es solucionable y la empresa debería abrirse más, porque acá no hay 45 empleados que quieran derrumbar a la industria sino que quieren otra representación gremial”.
Desde la industria, se mantuvo la posición de no hacer declaraciones a los medios. La empresa, de capitales norteamericanos, tiene varias plantas en Argentina. Se dedica a la producción de insumos para la industrtia del petróleo y del gas natural.
A través de una solicitada, días atrás, esgrimió que consideran legales los despidos y planteó, respecto de parte del personal, que fue “deliberada y premeditada la decisión de disminuir los niveles de producción durante 12 días corridos, afectando muy gravemente el normal desarrollo de la actividad, provocándole un perjuicio económico y poniendo en peligro el futuro de la planta”.
Además, denunció “comportamientos vandálicos durante todo el conflicto”.
A diferencia de metalúrgicas de otros rubros que atraviesan dificultades por merma en la producción, esta planta mantenía hasta ahora una intensa actividad y tanto fuentes empresariales como de los propios trabajadores indicaron que tiene por delante contratos de trabajo con grandes clientes como YPF y Petrobras.
El conflicto se inició semanas atrás cuando la empresa decidió despedir a un grupo de empleados, argumentando que venían aplicando medidas de quite de colaboración. Los trabajadores, poco antes, habían elegido a sus propios delegados en la planta y reclamaban, entre otras acciones, dejar el gremio UOM al que son afiliados y que se los reconozca como parte del sindicato de los químicos. Esa aspiración no era compartida por la firma.

Durante la conciliación, la empresa ofreció bajar la cantidad de despidos a 25, pagando la indemnización plena, y que los otros 20 fueran suspendidos como sanción transitoria. La asamblea, y el gremio UOM, resolvieron no aceptar ninguna propuesta que no implicara la inexistencia de ningún despido.
Ya con el paro en marcha, y la empresa trabajando sólo con parte de su personal, cerca del mediodía de este miércoles intervino la Provincia a partir de la gestión directa del ministro de Industria, Martín Llaryora, quien estaba visitando, por otro asunto, esta ciudad.
Llaryora aseguró que se pidió para esta semana una audiencia con el Ministerio de Trabajo para intentar reencauzar el diálogo. Opinó que “se tienen que conservar los puestos de trabajo y llegar a un acuerdo”.
Mientras el ministro mantenía una reunión en la sede céntrica del Centro Comercial local, un grupo de manifestantes de la empresa cortó la calle por un par de horas.
Sebastián Bergamín, vocero de los despedidos, calificó de “injusta” la medida y reclamó que "la empresa no quiere negociar”. A su vez, comentó que “en dos meses de conciliación en que no se pudo lograr nada, tampoco quedaron pruebas que hayan despedido con causa, como dicen, sino que fue por una persecución ideológica”.
Desde la UOM regional, Walter Carrizo, aclaró que “la planta no está tomada” y valoró “el apoyo de los trabajadores que no fueron despedidos y que ahora hacen huelga por tiempo indeterminado en solidaridad por el conflicto”.

Por su parte, el intendente Alberto Martino dijo estar detrás de gestiones ante la Provincia y el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se destrabe el problema. Comentó que mantuvo contacto con representantes de la empresa a nivel local, “pero las decisiones parece que se toman en Buenos Aires”.
Acotó que “es solucionable y la empresa debería abrirse más, porque acá no hay 45 empleados que quieran derrumbar a la industria sino que quieren otra representación gremial”.
Desde la industria, se mantuvo la posición de no hacer declaraciones a los medios. La empresa, de capitales norteamericanos, tiene varias plantas en Argentina. Se dedica a la producción de insumos para la industrtia del petróleo y del gas natural.
A través de una solicitada, días atrás, esgrimió que consideran legales los despidos y planteó, respecto de parte del personal, que fue “deliberada y premeditada la decisión de disminuir los niveles de producción durante 12 días corridos, afectando muy gravemente el normal desarrollo de la actividad, provocándole un perjuicio económico y poniendo en peligro el futuro de la planta”.
Además, denunció “comportamientos vandálicos durante todo el conflicto”.
A diferencia de metalúrgicas de otros rubros que atraviesan dificultades por merma en la producción, esta planta mantenía hasta ahora una intensa actividad y tanto fuentes empresariales como de los propios trabajadores indicaron que tiene por delante contratos de trabajo con grandes clientes como YPF y Petrobras.
Con información de
lavoz

Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
LO MÁS VISTO
Santa Fe: el peligro de un pequeño Estado totalitario
El llamado paquete de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro volvió a quedar postergado por falta de acuerdos dentro del propio oficialismo.
Tanto el Banco Nación como la Anses juegan un rol clave en los estímulos que imaginan en la cartera de Caputo; el pragmatismo del equipo parece estar aflorando
El texto en discusión sufrió modificaciones aceptadas por el oficialismo con el fin de poder aprobarlo; se mantiene la prohibición de crear manicomios y la internación como una medida excepcional
La Unión Docentes Argentinos (UDA), Seccional Santa Fe, reclamó este miércoles que "la Ley de Presupuesto 2027 contemple el pago de la deuda que el Gobierno de Maximiliano Pullaro mantiene con el sector docente", explicó Sergio Romero.

