La real oposición a Javier Milei: el enfriamiento de la economía
Por:
Carlos Pagni
Martes 12 de
Marzo 2024
Los números fiscales hacen dudar sobre la perduración del ajuste; la recaudación cae por el derrumbe de la actividad; la encrucijada del tarifazo; en Rosario apareció una lógica terrorista; el ministro Cúneo Libarona, abogado de un narco famoso
Si uno tuviera que recomendar una bibliografía para iluminar mejor el momento político y económico que está viviendo la Argentina, para entender desde una perspectiva más amplia y profunda de qué se trata la discusión, sería el momento de volver a los libros de Roberto Cortés Conde, un historiador que dedicó su vida a estudiar, desde el punto de vista del paso del tiempo, el problema fiscal. Todos sus trabajos giran alrededor de una pregunta, de un problema. Él sostiene que en la Argentina, desde mucho antes de la independencia, ha habido una cuestión que no pudimos resolver. ¿Cuáles son los bienes, los servicios y prestaciones que debe dar el Estado y cómo se financian? Es la pregunta acerca del gasto y los impuestos. Esa es la cuestión central hoy en el país por muchas razones. La primera es que ese problema ha tenido un nivel de deformación que ya se vuelve patológico, aun para quienes son, desde el punto de vista conceptual, personas poco proclives a poner lo fiscal en el centro del drama económico. La segunda razón por la cual es tan importante entender esta cuestión fiscal es que este Gobierno, con Javier Milei a la cabeza, ha decidido que toda la organización político-económica y su programa se basen casi exclusivamente en una promesa: reducir el déficit fiscal. ¿Cuál va a ser el régimen cambiario? ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿Dónde va a estar la tasa de interés? Eso no le interesa al Gobierno. La piedra fundamental de todo el edificio es la cuestión fiscal. Y si la cuestión fiscal se complica, empiezan a haber problemas en serio.
Si uno quisiera sintetizar en una línea de qué se trata la cuestión, habría que ir a buscar los diez puntos que puso el Presidente para lo que él llama el Pacto de Mayo y leer en ese temario el punto tres. Es el único punto que importa. Todos los demás dependen de este objetivo que él plantea en ese texto: “Reducir al 25% la carga del Estado sobre la economía”. Esta cuestión, si se la encara en serio, supone revisar muchísimos aspectos no solo de la economía sino también de la política y la vida social. Detrás de la cuestión fiscal, obviamente está la cuestión federal, la relación entre el poder central y los gobernadores, porque gran parte de los recursos son coparticipables. Esto es lo que plantea Cortés Conde: no solo hay que ver cómo gasto sino cómo financio ese gasto, de dónde vienen los recursos y quién los pone. También las empresas van a estar puestas sobre la mesa si cuestiono el problema fiscal, no solo porque en la Argentina soportan en cualquier actividad económica un peso abrumador del Estado, que aplasta cualquier iniciativa También porque hay muchas empresas que hacen fortunas amparadas por un decreto, fortunas que se hacen con impuestos o a través de subsidios y protecciones arancelarias. Es decir, fortunas que dependen del Estado. El ejemplo que se está tomando todos los días ahora, hasta al FMI lo mencionó, es el régimen de Tierra del Fuego.
Pero detrás de la pregunta fiscal también está la pregunta por la corrupción. Por cómo se financia la política, quién debe solventar y cómo la democracia. En qué medida la política debe estar sostenida por recursos del Estado. Cuando se habla de política, uno no se refiere a las familias de los políticos, que es lo que viene sucediendo después de tanto tiempo. Hay un Estado cada vez más pobre con una legión de políticos multimillonarios. Una vieja declaración de José Manuel De La Sota, que le dijo hace años a Bernardo Neustadt: “Algo anda mal en la Argentina si la gente cada vez está peor y los políticos cada vez estamos mejor”. Hablaba del patrimonio. Este es el problema.
Es obvio que si quiero reducir la dimensión del Estado de 45% a 25% del producto voy a tener que contar con un plan político y no solo fiscal. Aquí es donde aparece con toda claridad el rol estratégico de la negociación que abrió el Gobierno con los gobernadores, una de las políticas que deben estar incluidas en este programa económico, cuya clave de bóveda -insisto- es fiscal.
En estos días hay una novedad especial: aparecieron los números. Hasta ahora había una retórica de lo que estaba pasando con el programa económico. Pero ahora hay datos concretos. A partir de marzo tenemos números de enero y algunas cifras de febrero. Allí podemos ver la realidad y calibrar hasta dónde el Gobierno ha avanzado en lo que dice que avanzó, hasta dónde no avanzó, qué consistencia tiene la política fiscal y en qué medida lo hecho hasta ahora es sostenible o está amenazado. Una de las cosas que hay que empezar a mirar es el gasto. Nos basamos en datos relevados por Alfonso Prat-Gay. Si se compara el mes de enero del año pasado con enero del actual, nos encontramos con que ha caído el gasto social 29,5% en términos reales. Pero más importante aún es ver las transferencias a las provincias, que cayeron 82,7% en el mismo plazo. Esto quiere decir que hay un avance importante de las decisiones del estado nacional sobre los estados provinciales. El ajuste sobre los ingresos que reciben las provincias debe ser sumado al ajuste que están haciendo las propias provincias por la caída del nivel de ventas, que afecta directamente un impuesto fundamental de las finanzas provinciales que es el de Ingresos Brutos.
Por su parte, en subvenciones, el Gobierno redujo su gasto en 63,9% ya que dejó de pagar centralmente los subsidios a la Argentina. El Tesoro debe pagar a Cammesa, que es la empresa que le paga a los productores de energía, un determinado monto que dejó de transferir. Es clave remarcar esto ya que no es que el Estado se ahorró ese casi 64% sino que dejó de pagar, contrajo una deuda, postergó o difirió un gasto. Ya hay una empresa, Transener, que es una compañía de transporte de energía, que se expresó públicamente y dijo: “Ya tenemos un problemón porque Cammesa no quiere pagar”. Le están hablando a Luis Caputo y le dicen: “Usted se ufana de que hizo un ahorro, pero no es un ahorro. Nos deben una plata que nos genera un problema financiero”.
Por último, hay otro rubro que toca en el corazón el problema de la relación con las provincias que es la caída en un 81,1% de la inversión pública, que incluye obra pública. ¿Cuánto tiempo se puede sostener este tipo de ajuste basado en recortes de cosas que no puedo seguir dejando de hacer? Este es un problema central del enfoque fiscal que tiene la gestión Caputo. Obtiene un superávit, un equilibrio, a partir de medidas que no se pueden sostener en el tiempo.
Falta un problema por analizar de los datos provistos por el Ejecutivo: los ingresos. Si nos centramos en los impuestos ligados a la actividad económica, cayeron un 11,6%. Acá está planteado otro inconveniente principal, que es en qué medida la recesión no aleja la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Porque es cierto, dejo de gastar, postergan algunos gastos y contraen deuda, pero cae también la recaudación. La única que aumenta es la ligada al comercio exterior, que subió en un 127%. Se explica en gran medida por la devaluación de la moneda ya que aumenta el Impuesto PAÍS, aumenta la recaudación por retenciones y aumenta, al tener un dólar más caro, todo lo que ingresa por la Aduana en materia de aranceles. Entonces, existe un ingreso extraordinario que sostiene toda la política fiscal pero que depende de algo muy concreto: que no levanten el cepo. Si levantan el cepo elimina un impuesto que hoy es la principal fuente de ingresos del Tesoro.
Hay otra cuestión interesante en este diseño. Los impuestos que tienen que ver con el comercio exterior no son coparticipables. Por eso las provincias los están mirando y algunos gobernadores hasta piden percibir una parte del impuesto PAIS. Pero el día que lo coparticipen, van a tener un estímulo más débil para levantar el cepo. Y si levantan el cepo, van a tener que reemplazar ese ingreso. Mientras tanto, todo el mercado está suponiendo que el Gobierno va a levantar el cepo y unificar el tipo de cambio a partir de abril o mayo. Algunos creen incluso que Milei fijó el 25 de mayo como fecha de su pacto porque ya esa cuestión va a estar resuelta y va a poder ir a Córdoba con una economía dinamizada. Es otra dimensión del problema. ¿Es posible pensar una reanimación económica que permita mejorar el nivel de ingresos si no resuelven la cuestión cambiaria? Y si resuelven la cuestión cambiaria, ¿cómo reemplazan los ingresos de impuestos relacionados con el tipo de cambio? Estamos en una trampa, que se complica un poco más si uno ve el nivel de actividad económica y el problema central del fisco, que es ya no dejar de pagar los subsidios energéticos sino eliminarlos. Es lo que se propone el gobierno al pensar el aumento de tarifas.
¿Por qué caen los impuestos ligados al nivel de actividad? En un cuadro de Alfonso Prat-Gay se pueden observar los distintos niveles de actividad de noviembre de 2023 comparados con el primer bimestre del 2024. En las ventas minoristas hubo una caída del 2.5% en noviembre y una caída del 25% en el primer bimestre del 24, es decir, en enero y febrero. La producción de autos, que había subido alrededor de 5% en noviembre, se derrumbó aproximadamente al 18% en el primer bimestre. Y los despachos mensuales de cemento, donde el número solo se refiere a enero, habían caído alrededor del 10% en noviembre, y ahora se duplicó ese derrumbe al 20%. Esta es la situación general de las actividades más importantes en términos productivos.
En cuanto a los impuestos, el IVA, que había tenido una recuperación cercana al 5% en noviembre, tiene una caída de aproximadamente el 15% en el primer bimestre. Lo mismo pasa con el impuesto al cheque, porque ambos están ligados a la actividad económica. La promesa crucial, porque es casi la única, de llegar al equilibrio fiscal, empieza a ser problemática porque los ingresos empiezan a caer. Entonces, tendrán que preocuparse por ajustar muchísimo más el gasto. Ahí está el programa de quita de subsidios energéticos, es decir, de aumento de tarifas. Pero primero conviene mirar cuál es la situación de aquellos a los que se les retirará ese subsidio.
Según un informe de la Cámara de Mediana Empresa (CAME) sobre ventas minoristas, hay que advertir un 30% de reducción de las ventas en un comercio entre enero de este año y enero del año anterior. ¿Esto es sostenible? Porque impacta después en los niveles de recaudación y pone una gota de duda sobre la viabilidad de esta política fiscal.
El Gobierno está frente a una carrera complicada, que es la carrera entre cuánto cae el gasto y cuánto cae la recaudación. Es un viejo problema de todo programa de estabilidad en el que se piensa solamente en lo fiscal. Lo fiscal produce un ajuste en la economía que hace que caiga la recaudación y, por lo tanto, la meta se va corriendo y se puede ir volviendo inalcanzable. Esto, obviamente, vuelve más decisiva la discusión federal.
Este lunes hubo un documento, que emitió Martín Lousteau como presidente de la UCR y que fue conversado con los gobernadores del radicalismo, donde hay un típico reclamo radical sobre universidades. Pero, además, hay otro sobre lo que elegantemente llaman “autonomías provinciales”, que consiste en respetar la ecuación fiscal de cada provincia. Y en este documento intervinieron los gobernadores radicales. Es decir, la mesa federal empieza a volverse, como era de esperar, una mesa muy compleja.
Todo este panorama, que implica que hasta ahora el ajuste fiscal ha sido un ajuste de emergencia sostenido en medidas que son difíciles de mantener en el tiempo, nos abre la puerta hacia otro tema. ¿Cómo hacer un ajuste fiscal en serio? Es la pregunta que se hace el Gobierno y avanza sobre uno de los rubros más importantes del gasto: la cuestión de los subsidios energéticos. Y ahí aparece la gran encrucijada, la gran incógnita del gobierno de Milei para las próximas semanas: va a haber un retiro de subsidios, sólo se va a subsidiar a aquellos hogares -básicamente en la luz- cuya canasta energética [un concepto que abarca todo el gasto energético de la familia] supere el 10% de los ingresos totales. A todas las demás se las dejará de subsidiar. Esa es la primera novedad.
La segunda es que va haber un cargo fijo que, para las familias que consuman más de 600kw/h por mes, va a ser de 35 dólares. Ese monto se va a incrementar en la medida en que se incremente el consumo.
¿Cómo se va a saber qué familia puede estar subsidiada y cuál no? Aparentemente, se estaría por lograr el cruce de unas 15 bases de datos que darían, no una segmentación por clases sociales, sino que se llegaría a saber cuál es la situación de cada casa. Y cada casa tendría un subsidio distinto. ¿Eso es posible? ¿Es un mapa de datos alcanzable? Es la gran pregunta de este programa tarifario que está pensando la secretaría de Energía, específicamente Eduardo Rodríguez Chirilo, que es el cerebro de toda esta operación que depende de la Jefatura de Gabinete.
Hay otra decisión que es quitar la ayuda que reciben las pymes, -sin ningún tipo de subsidios ni de excepción- sean comerciales o industriales. Para las pymes se acabaron los subsidios.
¿Cómo se refleja todo lo anterior en números? Primero vamos a las familias. En un gráfico de distribución de la tarifa de Edesur se ve desde noviembre de 2023 cómo evoluciona el monto de la factura en la medida en que va aumentando la cantidad de kW/h que consume esa familia. En la facturación de febrero de 2024, con los ajustes tarifarios que está pensando el Gobierno, tendríamos un salto importantísimo en los 600 kW/h, sobre todo por el cargo fijo de 35 dólares.
Supongamos una familia que consume 1200 kW/h, en noviembre estaba pagando $20.000 y en la próxima factura que llegue en marzo estará casi en $70.000. Una familia que puede haber pagado entre $15000 y $17000 en la Capital Federal, en un departamento de tres ambientes, puede llegar -con el aumento del cargo fijo y el de la proporción por consumo, más los impuestos- a pagar una factura mayor a $100.000.
¿Qué pasa con las pymes? Según un cálculo de CAME una empresa con consumos menores a 300kw, que en enero pagó $15.000 la factura, en febrero debería pagar $44.000. En la interanual: en febrero de 2023, la que pagó $9700, pagaría ahora $44.000. El aumento es del 358%.
Hay que pensar este retiro de subsidios en relación con la caída de ventas. Este aumento de tarifas lo va a tener una empresa que vio reducida sus ventas, entre enero del año pasado y enero de este año, en un promedio del 30%.
En cuanto a las familias, el problema con el que se encuentra el Gobierno y con el que se encuentra la sociedad es que este ajuste es el gran problema de todos los gobiernos, no sólo de Milei. En el de Cristina Kirchner, a partir de 2010 empezaron los anuncios de ajustes por segmentaciones y nunca terminaron de hacerlos. Macri lo hizo. Y cuando le preguntan a la gente por qué se enojó con Macri - que era la pregunta que se hacía cuando no consiguió la reelección- la respuesta era que fue por las tarifas. A lo mejor Macri hizo cosas más agresivas que aumentar las tarifas, pero la gente cree que su enojo viene por ahí. Alberto Fernández trató todo lo posible de no aumentar, y Massa aumentó al final por un gran problema fiscal. Probablemente, ese aumento haya sido determinante del techo electoral que tuvo el peronismo en la experiencia anterior.
Hay que tener en cuenta cuál es la situación del salario real y ahí se va a ver cuál es el problema de aumentar las tarifas, cuál es el problema de encarar el verdadero ajuste fiscal a través de uno de los rubros más grandes del gasto, que es el subsidio a la energía. Hay que sumar otro tema muy importante: Ganancias. En este ajuste salarial y en este aumento de tarifas, también va a haber una reposición de Ganancias, que Milei pidió bajar acompañando a Massa durante la campaña electoral. Significa un recorte del salario
Un gráfico de la cuenta de X de Salvador Vitelli, especialista en finanzas y agronegocios, muestra la evolución del salario promedio registrado de los trabajadores estables. Es interesante porque arranca en los 90, en la convertibilidad de Menem, registra una caída, después viene el kirchnerismo -con un aumento importante del salario real del que se ufana Cristina Kirchner, aunque no se ufana del fenómeno inflacionario que fue atado a este problema- y al final muestra las experiencias que van desde el 2016 en adelante que son más o menos de una declinación. Pero en los últimos meses aparece un derrumbe.
Como publicó LA NACION, volvemos a niveles salariales similares a los de 2005: es un derrumbe del salario real, del poder adquisitivo.
Este ajuste dramático que piensa hacer el Gobierno sobre las tarifas, para poder cumplir con la promesa central de su programa, que es la promesa fiscal, se lo hace a una sociedad cuyo salario real está en el piso. Probablemente sea el peor momento para hacerlo.
Esto no es sólo culpa de Milei, es culpa de la situación. ¿Hay otra forma de pensar la cuestión fiscal? Desde el FMI dicen que sí. Habría que hacer un recorte más racional sobre el gasto público, habría que hacer una cantidad de ajustes más dialogados con distintos sectores. En alguna medida, a esta altura del año y en estas semanas, Luis Caputo, está intentando hacer a su manera, invertebradamente, desordenadamente, lo que algunos economistas le vienen recomendando al Gobierno desde hace mucho tiempo: lograr una política de ingresos, un acuerdo social que permita distribuir las cargas de manera más equitativa y, a lo mejor, más extendida en el tiempo.
¿Qué es lo que hace Caputo? Le pone un techo a las paritarias. No puede haber paritarias que se convaliden por encima del 16% en marzo y del 12% en abril, es decir, una licuación de los salarios: mantiene la tendencia del derrumbe y, por otra parte, llama al sector alimenticio y le dice que necesitan controlar los precios de los alimentos. Eventualmente, retraerlos. Porque muchas empresas alimenticias confesaron que se fueron al diablo cuando pensaron los precios en diciembre calculando una devaluación mucho más prolongada, que la que después hubo. Algunas empresas de alimentación que no ajustaron sus precios, que no los bajaron después de haberlos subido irracionalmente, se encontraron con una reducción en sus ventas de aproximadamente el 50% y ahora sí vieron que tienen que ajustar los precios.
Caputo empezó a hacer algo a lo Guillermo Moreno: en el gobierno ultraliberal, donde todo lo debería regular el mercado, ponemos en suspenso por un rato la escuela austríaca, llamamos a los funcionarios del gobierno, les decimos que no convaliden ningún salario que vaya por encima del 16%, llamamos al comercio, a la producción y les decimos que bajen los precios. Una forma de intervención, aunque sea casi clandestina.
En este contexto estalló la bomba: el Presidente se aumenta el salario 48% y golpea el corazón del relato. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salario real? ¿De qué hablamos cuando hablamos de caída en el nivel de actividad que afecta, sobre todo, a la pequeña y mediana empresa y también a las grandes? Basta preguntar qué pasa con el aluminio y qué pasa con el acero, con la producción de autos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un tarifazo? De que el ajuste, la motosierra, como era de esperarse -era la verdad, lo demás era un discurso de campaña- cae sobre la sociedad. El 60% o el 70% del ajuste lo paga “la gente de bien”, los argentinos de bien. Aunque haga el ajuste más feroz sobre la casta, es poco lo que puede reducir quitándole beneficios o privilegios a los funcionarios. Milei le dijo a Antonio Laje, el lunes por la mañana, que “el ajuste lo pagarán todos, en especial la casta”. Es un leve giro sobre el argumento tradicional: el ajuste lo pagará sólo la casta.
Por eso es tan importante para el Gobierno demostrar que hay una sanción sobre aquellos que permitieron el aumento del salario del presidente en 48%. Aunque sea injusta la sanción. Echaron al menos conocido, que es Ome Yasín, el secretario de Trabajo. Aparentemente el funcionario que cometió el error es el encargado de modernización del Estado, Armando Guibert. Pero, como Guibert está muy ligado al jefe de Gabinete, salvó la vida. Es fácil cortar cabezas para Milei por una peculiaridad de este Gobierno que también es lógica: casi no conoce a sus funcionarios. Es un gobierno que se armó de manera aluvional. No pensaban ganar, no tenían partido. Dicen que al secretario de Agricultura, Fernando Vilella, se lo presentó a Milei el ministro del Interior en Expoagro. La expulsión del secretario de Trabajo comunicada por el Presidente en LN+ fue parte del marketing de un gobierno que se vio aterrorizado ante el riesgo de que la gente comience a percibir lo natural: que el ajuste no lo paga la casta sino que lo paga la propia gente.
Toda la política del Gobierno, que está centrada en lo fiscal, depende en gran medida de una institución y una persona: el verdadero secretario de Hacienda es Horacio Rosatti. La Corte, como en la época de Macri, va a ser la encargada de resolver qué se hace con las tarifas. Habrá seguramente medidas cautelares. La Corte le impuso a Macri, sin decirlo explícitamente, que el ajuste de tarifas o quita de subsidios iba a durar tres semestres. Milei espera hacer en tres meses lo que Macri intentó hacer en tres semestres. La palabra la tiene la Corte y, en especial, el presidente de la Corte, que además de jurista es un político. Probablemente la discusión entre Nación y las provincias también pase por la Corte. Pasamos a un momento donde la Justicia termina siendo crucial, no solo por esta cuestión económica, también por el estallido de terrorismo que ha habido en Rosario.
Rosario es la otra novedad de estos días, de estas horas. Los narcos, que se peleaban entre ellos o con las fuerzas de Seguridad, ahora matan inocentes como una forma de extorsionar al Gobierno. Es el pasaje de la delincuencia organizada a una estrategia terrorista por la cual se siembra el pánico asesinando a gente común para producir una política determinada en el poder público. Es decir, terrorismo. Patricia Bullrich se puso al frente de este tema y está pidiendo una reforma legal para que haya mayor severidad sobre las bandas de narcotraficantes. Las fuerzas armadas están limitadas para intervenir. Bullrich se hace cargo de una reforma judicial. El ministro de Justicia Mario Cúneo Libarona parece quedar marginado. En estas horas se conoció una novedad: un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Estamos hablando de “Mameluco” Villalba. No va a las audiencias porque Bullrich pensó que es peligroso sacarlo de la cárcel. Curiosamente, el abogado del narcotraficante Villalba era Cúneo Libarona. ¿Tiene culpa el ministro por ser abogado de un cliente que es narcotraficante? No, está en su derecho como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cúneo Libarona, son cada vez más frecuentes.
Si uno quisiera sintetizar en una línea de qué se trata la cuestión, habría que ir a buscar los diez puntos que puso el Presidente para lo que él llama el Pacto de Mayo y leer en ese temario el punto tres. Es el único punto que importa. Todos los demás dependen de este objetivo que él plantea en ese texto: “Reducir al 25% la carga del Estado sobre la economía”. Esta cuestión, si se la encara en serio, supone revisar muchísimos aspectos no solo de la economía sino también de la política y la vida social. Detrás de la cuestión fiscal, obviamente está la cuestión federal, la relación entre el poder central y los gobernadores, porque gran parte de los recursos son coparticipables. Esto es lo que plantea Cortés Conde: no solo hay que ver cómo gasto sino cómo financio ese gasto, de dónde vienen los recursos y quién los pone. También las empresas van a estar puestas sobre la mesa si cuestiono el problema fiscal, no solo porque en la Argentina soportan en cualquier actividad económica un peso abrumador del Estado, que aplasta cualquier iniciativa También porque hay muchas empresas que hacen fortunas amparadas por un decreto, fortunas que se hacen con impuestos o a través de subsidios y protecciones arancelarias. Es decir, fortunas que dependen del Estado. El ejemplo que se está tomando todos los días ahora, hasta al FMI lo mencionó, es el régimen de Tierra del Fuego.
Pero detrás de la pregunta fiscal también está la pregunta por la corrupción. Por cómo se financia la política, quién debe solventar y cómo la democracia. En qué medida la política debe estar sostenida por recursos del Estado. Cuando se habla de política, uno no se refiere a las familias de los políticos, que es lo que viene sucediendo después de tanto tiempo. Hay un Estado cada vez más pobre con una legión de políticos multimillonarios. Una vieja declaración de José Manuel De La Sota, que le dijo hace años a Bernardo Neustadt: “Algo anda mal en la Argentina si la gente cada vez está peor y los políticos cada vez estamos mejor”. Hablaba del patrimonio. Este es el problema.
Es obvio que si quiero reducir la dimensión del Estado de 45% a 25% del producto voy a tener que contar con un plan político y no solo fiscal. Aquí es donde aparece con toda claridad el rol estratégico de la negociación que abrió el Gobierno con los gobernadores, una de las políticas que deben estar incluidas en este programa económico, cuya clave de bóveda -insisto- es fiscal.
En estos días hay una novedad especial: aparecieron los números. Hasta ahora había una retórica de lo que estaba pasando con el programa económico. Pero ahora hay datos concretos. A partir de marzo tenemos números de enero y algunas cifras de febrero. Allí podemos ver la realidad y calibrar hasta dónde el Gobierno ha avanzado en lo que dice que avanzó, hasta dónde no avanzó, qué consistencia tiene la política fiscal y en qué medida lo hecho hasta ahora es sostenible o está amenazado. Una de las cosas que hay que empezar a mirar es el gasto. Nos basamos en datos relevados por Alfonso Prat-Gay. Si se compara el mes de enero del año pasado con enero del actual, nos encontramos con que ha caído el gasto social 29,5% en términos reales. Pero más importante aún es ver las transferencias a las provincias, que cayeron 82,7% en el mismo plazo. Esto quiere decir que hay un avance importante de las decisiones del estado nacional sobre los estados provinciales. El ajuste sobre los ingresos que reciben las provincias debe ser sumado al ajuste que están haciendo las propias provincias por la caída del nivel de ventas, que afecta directamente un impuesto fundamental de las finanzas provinciales que es el de Ingresos Brutos.
Por su parte, en subvenciones, el Gobierno redujo su gasto en 63,9% ya que dejó de pagar centralmente los subsidios a la Argentina. El Tesoro debe pagar a Cammesa, que es la empresa que le paga a los productores de energía, un determinado monto que dejó de transferir. Es clave remarcar esto ya que no es que el Estado se ahorró ese casi 64% sino que dejó de pagar, contrajo una deuda, postergó o difirió un gasto. Ya hay una empresa, Transener, que es una compañía de transporte de energía, que se expresó públicamente y dijo: “Ya tenemos un problemón porque Cammesa no quiere pagar”. Le están hablando a Luis Caputo y le dicen: “Usted se ufana de que hizo un ahorro, pero no es un ahorro. Nos deben una plata que nos genera un problema financiero”.
Por último, hay otro rubro que toca en el corazón el problema de la relación con las provincias que es la caída en un 81,1% de la inversión pública, que incluye obra pública. ¿Cuánto tiempo se puede sostener este tipo de ajuste basado en recortes de cosas que no puedo seguir dejando de hacer? Este es un problema central del enfoque fiscal que tiene la gestión Caputo. Obtiene un superávit, un equilibrio, a partir de medidas que no se pueden sostener en el tiempo.
Falta un problema por analizar de los datos provistos por el Ejecutivo: los ingresos. Si nos centramos en los impuestos ligados a la actividad económica, cayeron un 11,6%. Acá está planteado otro inconveniente principal, que es en qué medida la recesión no aleja la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Porque es cierto, dejo de gastar, postergan algunos gastos y contraen deuda, pero cae también la recaudación. La única que aumenta es la ligada al comercio exterior, que subió en un 127%. Se explica en gran medida por la devaluación de la moneda ya que aumenta el Impuesto PAÍS, aumenta la recaudación por retenciones y aumenta, al tener un dólar más caro, todo lo que ingresa por la Aduana en materia de aranceles. Entonces, existe un ingreso extraordinario que sostiene toda la política fiscal pero que depende de algo muy concreto: que no levanten el cepo. Si levantan el cepo elimina un impuesto que hoy es la principal fuente de ingresos del Tesoro.
Hay otra cuestión interesante en este diseño. Los impuestos que tienen que ver con el comercio exterior no son coparticipables. Por eso las provincias los están mirando y algunos gobernadores hasta piden percibir una parte del impuesto PAIS. Pero el día que lo coparticipen, van a tener un estímulo más débil para levantar el cepo. Y si levantan el cepo, van a tener que reemplazar ese ingreso. Mientras tanto, todo el mercado está suponiendo que el Gobierno va a levantar el cepo y unificar el tipo de cambio a partir de abril o mayo. Algunos creen incluso que Milei fijó el 25 de mayo como fecha de su pacto porque ya esa cuestión va a estar resuelta y va a poder ir a Córdoba con una economía dinamizada. Es otra dimensión del problema. ¿Es posible pensar una reanimación económica que permita mejorar el nivel de ingresos si no resuelven la cuestión cambiaria? Y si resuelven la cuestión cambiaria, ¿cómo reemplazan los ingresos de impuestos relacionados con el tipo de cambio? Estamos en una trampa, que se complica un poco más si uno ve el nivel de actividad económica y el problema central del fisco, que es ya no dejar de pagar los subsidios energéticos sino eliminarlos. Es lo que se propone el gobierno al pensar el aumento de tarifas.
¿Por qué caen los impuestos ligados al nivel de actividad? En un cuadro de Alfonso Prat-Gay se pueden observar los distintos niveles de actividad de noviembre de 2023 comparados con el primer bimestre del 2024. En las ventas minoristas hubo una caída del 2.5% en noviembre y una caída del 25% en el primer bimestre del 24, es decir, en enero y febrero. La producción de autos, que había subido alrededor de 5% en noviembre, se derrumbó aproximadamente al 18% en el primer bimestre. Y los despachos mensuales de cemento, donde el número solo se refiere a enero, habían caído alrededor del 10% en noviembre, y ahora se duplicó ese derrumbe al 20%. Esta es la situación general de las actividades más importantes en términos productivos.
En cuanto a los impuestos, el IVA, que había tenido una recuperación cercana al 5% en noviembre, tiene una caída de aproximadamente el 15% en el primer bimestre. Lo mismo pasa con el impuesto al cheque, porque ambos están ligados a la actividad económica. La promesa crucial, porque es casi la única, de llegar al equilibrio fiscal, empieza a ser problemática porque los ingresos empiezan a caer. Entonces, tendrán que preocuparse por ajustar muchísimo más el gasto. Ahí está el programa de quita de subsidios energéticos, es decir, de aumento de tarifas. Pero primero conviene mirar cuál es la situación de aquellos a los que se les retirará ese subsidio.
Según un informe de la Cámara de Mediana Empresa (CAME) sobre ventas minoristas, hay que advertir un 30% de reducción de las ventas en un comercio entre enero de este año y enero del año anterior. ¿Esto es sostenible? Porque impacta después en los niveles de recaudación y pone una gota de duda sobre la viabilidad de esta política fiscal.
El Gobierno está frente a una carrera complicada, que es la carrera entre cuánto cae el gasto y cuánto cae la recaudación. Es un viejo problema de todo programa de estabilidad en el que se piensa solamente en lo fiscal. Lo fiscal produce un ajuste en la economía que hace que caiga la recaudación y, por lo tanto, la meta se va corriendo y se puede ir volviendo inalcanzable. Esto, obviamente, vuelve más decisiva la discusión federal.
Este lunes hubo un documento, que emitió Martín Lousteau como presidente de la UCR y que fue conversado con los gobernadores del radicalismo, donde hay un típico reclamo radical sobre universidades. Pero, además, hay otro sobre lo que elegantemente llaman “autonomías provinciales”, que consiste en respetar la ecuación fiscal de cada provincia. Y en este documento intervinieron los gobernadores radicales. Es decir, la mesa federal empieza a volverse, como era de esperar, una mesa muy compleja.
Todo este panorama, que implica que hasta ahora el ajuste fiscal ha sido un ajuste de emergencia sostenido en medidas que son difíciles de mantener en el tiempo, nos abre la puerta hacia otro tema. ¿Cómo hacer un ajuste fiscal en serio? Es la pregunta que se hace el Gobierno y avanza sobre uno de los rubros más importantes del gasto: la cuestión de los subsidios energéticos. Y ahí aparece la gran encrucijada, la gran incógnita del gobierno de Milei para las próximas semanas: va a haber un retiro de subsidios, sólo se va a subsidiar a aquellos hogares -básicamente en la luz- cuya canasta energética [un concepto que abarca todo el gasto energético de la familia] supere el 10% de los ingresos totales. A todas las demás se las dejará de subsidiar. Esa es la primera novedad.
La segunda es que va haber un cargo fijo que, para las familias que consuman más de 600kw/h por mes, va a ser de 35 dólares. Ese monto se va a incrementar en la medida en que se incremente el consumo.
¿Cómo se va a saber qué familia puede estar subsidiada y cuál no? Aparentemente, se estaría por lograr el cruce de unas 15 bases de datos que darían, no una segmentación por clases sociales, sino que se llegaría a saber cuál es la situación de cada casa. Y cada casa tendría un subsidio distinto. ¿Eso es posible? ¿Es un mapa de datos alcanzable? Es la gran pregunta de este programa tarifario que está pensando la secretaría de Energía, específicamente Eduardo Rodríguez Chirilo, que es el cerebro de toda esta operación que depende de la Jefatura de Gabinete.
Hay otra decisión que es quitar la ayuda que reciben las pymes, -sin ningún tipo de subsidios ni de excepción- sean comerciales o industriales. Para las pymes se acabaron los subsidios.
¿Cómo se refleja todo lo anterior en números? Primero vamos a las familias. En un gráfico de distribución de la tarifa de Edesur se ve desde noviembre de 2023 cómo evoluciona el monto de la factura en la medida en que va aumentando la cantidad de kW/h que consume esa familia. En la facturación de febrero de 2024, con los ajustes tarifarios que está pensando el Gobierno, tendríamos un salto importantísimo en los 600 kW/h, sobre todo por el cargo fijo de 35 dólares.
Supongamos una familia que consume 1200 kW/h, en noviembre estaba pagando $20.000 y en la próxima factura que llegue en marzo estará casi en $70.000. Una familia que puede haber pagado entre $15000 y $17000 en la Capital Federal, en un departamento de tres ambientes, puede llegar -con el aumento del cargo fijo y el de la proporción por consumo, más los impuestos- a pagar una factura mayor a $100.000.
¿Qué pasa con las pymes? Según un cálculo de CAME una empresa con consumos menores a 300kw, que en enero pagó $15.000 la factura, en febrero debería pagar $44.000. En la interanual: en febrero de 2023, la que pagó $9700, pagaría ahora $44.000. El aumento es del 358%.
Hay que pensar este retiro de subsidios en relación con la caída de ventas. Este aumento de tarifas lo va a tener una empresa que vio reducida sus ventas, entre enero del año pasado y enero de este año, en un promedio del 30%.
En cuanto a las familias, el problema con el que se encuentra el Gobierno y con el que se encuentra la sociedad es que este ajuste es el gran problema de todos los gobiernos, no sólo de Milei. En el de Cristina Kirchner, a partir de 2010 empezaron los anuncios de ajustes por segmentaciones y nunca terminaron de hacerlos. Macri lo hizo. Y cuando le preguntan a la gente por qué se enojó con Macri - que era la pregunta que se hacía cuando no consiguió la reelección- la respuesta era que fue por las tarifas. A lo mejor Macri hizo cosas más agresivas que aumentar las tarifas, pero la gente cree que su enojo viene por ahí. Alberto Fernández trató todo lo posible de no aumentar, y Massa aumentó al final por un gran problema fiscal. Probablemente, ese aumento haya sido determinante del techo electoral que tuvo el peronismo en la experiencia anterior.
Hay que tener en cuenta cuál es la situación del salario real y ahí se va a ver cuál es el problema de aumentar las tarifas, cuál es el problema de encarar el verdadero ajuste fiscal a través de uno de los rubros más grandes del gasto, que es el subsidio a la energía. Hay que sumar otro tema muy importante: Ganancias. En este ajuste salarial y en este aumento de tarifas, también va a haber una reposición de Ganancias, que Milei pidió bajar acompañando a Massa durante la campaña electoral. Significa un recorte del salario
Un gráfico de la cuenta de X de Salvador Vitelli, especialista en finanzas y agronegocios, muestra la evolución del salario promedio registrado de los trabajadores estables. Es interesante porque arranca en los 90, en la convertibilidad de Menem, registra una caída, después viene el kirchnerismo -con un aumento importante del salario real del que se ufana Cristina Kirchner, aunque no se ufana del fenómeno inflacionario que fue atado a este problema- y al final muestra las experiencias que van desde el 2016 en adelante que son más o menos de una declinación. Pero en los últimos meses aparece un derrumbe.
Como publicó LA NACION, volvemos a niveles salariales similares a los de 2005: es un derrumbe del salario real, del poder adquisitivo.
Este ajuste dramático que piensa hacer el Gobierno sobre las tarifas, para poder cumplir con la promesa central de su programa, que es la promesa fiscal, se lo hace a una sociedad cuyo salario real está en el piso. Probablemente sea el peor momento para hacerlo.
Esto no es sólo culpa de Milei, es culpa de la situación. ¿Hay otra forma de pensar la cuestión fiscal? Desde el FMI dicen que sí. Habría que hacer un recorte más racional sobre el gasto público, habría que hacer una cantidad de ajustes más dialogados con distintos sectores. En alguna medida, a esta altura del año y en estas semanas, Luis Caputo, está intentando hacer a su manera, invertebradamente, desordenadamente, lo que algunos economistas le vienen recomendando al Gobierno desde hace mucho tiempo: lograr una política de ingresos, un acuerdo social que permita distribuir las cargas de manera más equitativa y, a lo mejor, más extendida en el tiempo.
¿Qué es lo que hace Caputo? Le pone un techo a las paritarias. No puede haber paritarias que se convaliden por encima del 16% en marzo y del 12% en abril, es decir, una licuación de los salarios: mantiene la tendencia del derrumbe y, por otra parte, llama al sector alimenticio y le dice que necesitan controlar los precios de los alimentos. Eventualmente, retraerlos. Porque muchas empresas alimenticias confesaron que se fueron al diablo cuando pensaron los precios en diciembre calculando una devaluación mucho más prolongada, que la que después hubo. Algunas empresas de alimentación que no ajustaron sus precios, que no los bajaron después de haberlos subido irracionalmente, se encontraron con una reducción en sus ventas de aproximadamente el 50% y ahora sí vieron que tienen que ajustar los precios.
Caputo empezó a hacer algo a lo Guillermo Moreno: en el gobierno ultraliberal, donde todo lo debería regular el mercado, ponemos en suspenso por un rato la escuela austríaca, llamamos a los funcionarios del gobierno, les decimos que no convaliden ningún salario que vaya por encima del 16%, llamamos al comercio, a la producción y les decimos que bajen los precios. Una forma de intervención, aunque sea casi clandestina.
En este contexto estalló la bomba: el Presidente se aumenta el salario 48% y golpea el corazón del relato. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salario real? ¿De qué hablamos cuando hablamos de caída en el nivel de actividad que afecta, sobre todo, a la pequeña y mediana empresa y también a las grandes? Basta preguntar qué pasa con el aluminio y qué pasa con el acero, con la producción de autos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un tarifazo? De que el ajuste, la motosierra, como era de esperarse -era la verdad, lo demás era un discurso de campaña- cae sobre la sociedad. El 60% o el 70% del ajuste lo paga “la gente de bien”, los argentinos de bien. Aunque haga el ajuste más feroz sobre la casta, es poco lo que puede reducir quitándole beneficios o privilegios a los funcionarios. Milei le dijo a Antonio Laje, el lunes por la mañana, que “el ajuste lo pagarán todos, en especial la casta”. Es un leve giro sobre el argumento tradicional: el ajuste lo pagará sólo la casta.
Por eso es tan importante para el Gobierno demostrar que hay una sanción sobre aquellos que permitieron el aumento del salario del presidente en 48%. Aunque sea injusta la sanción. Echaron al menos conocido, que es Ome Yasín, el secretario de Trabajo. Aparentemente el funcionario que cometió el error es el encargado de modernización del Estado, Armando Guibert. Pero, como Guibert está muy ligado al jefe de Gabinete, salvó la vida. Es fácil cortar cabezas para Milei por una peculiaridad de este Gobierno que también es lógica: casi no conoce a sus funcionarios. Es un gobierno que se armó de manera aluvional. No pensaban ganar, no tenían partido. Dicen que al secretario de Agricultura, Fernando Vilella, se lo presentó a Milei el ministro del Interior en Expoagro. La expulsión del secretario de Trabajo comunicada por el Presidente en LN+ fue parte del marketing de un gobierno que se vio aterrorizado ante el riesgo de que la gente comience a percibir lo natural: que el ajuste no lo paga la casta sino que lo paga la propia gente.
Toda la política del Gobierno, que está centrada en lo fiscal, depende en gran medida de una institución y una persona: el verdadero secretario de Hacienda es Horacio Rosatti. La Corte, como en la época de Macri, va a ser la encargada de resolver qué se hace con las tarifas. Habrá seguramente medidas cautelares. La Corte le impuso a Macri, sin decirlo explícitamente, que el ajuste de tarifas o quita de subsidios iba a durar tres semestres. Milei espera hacer en tres meses lo que Macri intentó hacer en tres semestres. La palabra la tiene la Corte y, en especial, el presidente de la Corte, que además de jurista es un político. Probablemente la discusión entre Nación y las provincias también pase por la Corte. Pasamos a un momento donde la Justicia termina siendo crucial, no solo por esta cuestión económica, también por el estallido de terrorismo que ha habido en Rosario.
Rosario es la otra novedad de estos días, de estas horas. Los narcos, que se peleaban entre ellos o con las fuerzas de Seguridad, ahora matan inocentes como una forma de extorsionar al Gobierno. Es el pasaje de la delincuencia organizada a una estrategia terrorista por la cual se siembra el pánico asesinando a gente común para producir una política determinada en el poder público. Es decir, terrorismo. Patricia Bullrich se puso al frente de este tema y está pidiendo una reforma legal para que haya mayor severidad sobre las bandas de narcotraficantes. Las fuerzas armadas están limitadas para intervenir. Bullrich se hace cargo de una reforma judicial. El ministro de Justicia Mario Cúneo Libarona parece quedar marginado. En estas horas se conoció una novedad: un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Estamos hablando de “Mameluco” Villalba. No va a las audiencias porque Bullrich pensó que es peligroso sacarlo de la cárcel. Curiosamente, el abogado del narcotraficante Villalba era Cúneo Libarona. ¿Tiene culpa el ministro por ser abogado de un cliente que es narcotraficante? No, está en su derecho como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cúneo Libarona, son cada vez más frecuentes.
