25 DE ABRIL 2024
De un año a tres meses: el Gobierno acorta los contratos de los estatales y cerca de Milei no temen por una ola de juicios
Por:
Maia Jastreblansky
Miércoles 27 de
Marzo 2024
La Casa Rosada confirmó que los cesanteados serán 15.000, pero advirtió que acortará la vigencia de 55.000 contratos; los gremios estatales advierten que generará incertidumbre e infundirá temor; el “Caso Ramos”
El Gobierno confirmó hoy que los empleados cesanteados en el Estado serán 15.000 y no 70.000 como dijo Javier Milei el martes, sin inmutarse. La Casa Rosada también ratificó otra novedad y es que los restantes 55.000 empleados públicos que están bajo modalidad de contrato (que no integran la planta permanente estatal) renovarán sus convenios sólo por tres meses y no por un año, como se hizo en gestiones anteriores.
“El universo de contratos analizados es de 70.000. Sobre esos hay 15.000 que se darán de baja el 31 de marzo. El resto entran en un nuevo proceso que se sigue auditando y se sigue revisando por otro trimestre adicional”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. “Es un proceso quirúrgico”, agregó.
Los gremios estatales advierten que ese acortamiento del plazo de los contratos laborales generará incertidumbre e infundirá temor en buena parte de la dotación estatal. “Esto es estar con la soga al cuello cada tres meses”, dijo a LA NACION un delegado de UPCN, el gremio mayoritario y menos combativo de la administración pública.
Lo otro que comenzó a estar en la conversación fue la posibilidad de que se multipliquen los juicios laborales al Estado por la decisión oficial de pasar la guadaña de forma transversal por todos los organismos públicos. Todavía es prematuro saber el alcance que puede tener la judicialización, pero hoy ATE, el gremio más confrontativo, celebró la primera reunión de su equipo jurídico nacional junto con los asesores jurídicos de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires para “unificar criterios de actuación”. Sobre todo de cara a la situación en la Anses, donde se está registrando una segunda ola de desvinculaciones, que alcanza a los 910 empleados.
Cerca de Milei no se inmutaron por la posibilidad de que sobrevenga una oleada de planteos en los tribunales laborales. “¿Juicios por no renovar contratos que se vencieron? Que vayan a la Justicia”, lanzó un colaborador muy estrecho del Presidente.
En el Gobierno no acusaron recibo por el error que cometió Milei en su discurso al señalar que caerían la totalidad de los contratos del Estado. Adorni solo aludió a que se generó “confusión” y aclaró el verdadero alcance de las rescisiones en abril que, tal como anticipó LA NACION, involucrará a unos 15.000 trabajadores. Para salir del entuerto, el Gobierno redobló la apuesta advirtiendo que la planta de contratados seguirá sujeta a revisión, sin precisar hasta donde llegará el recorte en los meses venideros.
Está claro que en el Gobierno entienden que la “motosierra” les tributa políticamente no solo en la práctica sino –sobre todo- en el plano discursivo. Aunque no hubo un criterio unificado para definir qué empleados serían desvinculados. Según fuentes oficiales, el responsable de cada organismo fue el que evaluó a su planta y determinó quiénes cumplían funciones necesarias para la gestión. Extraoficialmente, el objetivo de la Casa Rosada fue que el recorte alcanzara al 20% de los contratados.
En varios organismos, según pudo reconstruir LA NACION, se utilizó como parámetro no renovar a los trabajadores que ingresaron a la función pública en el mandato de Alberto Fernández. Pero no fue el único criterio y también hubo cesanteados con muchos años de antigüedad. “Fui a buscar mis cosas. Los directores que comunicaron las desvinculaciones lloraban. Todos lloraban”, dijo a este medio una trabajadora con más de 20 años en su puesto.
Conflicto en Anses
Cerca de Milei resaltan que no corresponde indemnizar a los cesanteados de la administración pública central (que abarca a los ministerios del gabinete) porque se trata de personal encuadrado en el artículo 9º de la Ley Marco de Empleo Público que contempla un régimen de contrataciones de personal “por tiempo determinado” para “la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales”. Se trata de contratos con relación de dependencia sin estabilidad. Es decir que contemplan aportes patronales, obra social y vacaciones, pero no una indemnización al culminar el convenio.
En muchos casos se trata de trabajadores que llegan y se van con el gobierno de turno. El problema es que en el Estado hay miles de empleados que trabajaron durante décadas bajo esa modalidad inestable. Cientos de ellos comenzaron a recibir mails este mismo miércoles en todo el país.
Hay, por este motivo, algunos antecedentes que son mirados de cerca por el gremios estatales. En abril de 2010, en el caso “Ramos”, la Corte Suprema, con cuatro votos contra tres, avaló el reclamo de un trabajador que, por más de 20 años, había prestado servicios en la Armada tras la actualización continuada de su relación por tiempo determinado y le reconoció el derecho a una indemnización. En aquel momento, la composición del máximo tribunal era muy distinta a la actual.
Muchos organismos descentralizados del Estado, como la Anses o el PAMI, y las empresas estatales se rigen por convenios particulares dentro de la ley de contrato del trabajo. El caso Anses asoma como el más conflictivo de la era Milei. Allí esta semana se sumaron 910 cesanteados a los despidos que se habían registrado al inicio de la gestión. En las últimas horas, las desvinculaciones junto con las protestas de los gremios estatales generaron problemas en la atención al público en decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país.
Según pudo saber LA NACION, todos los casos de no renovación obedecieron a empleados que ingresaron entre 2019 y y 2023. En ese caso, muchos empleados esperan una indemnización y no se descarta una judicialización de la situación.
“El universo de contratos analizados es de 70.000. Sobre esos hay 15.000 que se darán de baja el 31 de marzo. El resto entran en un nuevo proceso que se sigue auditando y se sigue revisando por otro trimestre adicional”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. “Es un proceso quirúrgico”, agregó.
Los gremios estatales advierten que ese acortamiento del plazo de los contratos laborales generará incertidumbre e infundirá temor en buena parte de la dotación estatal. “Esto es estar con la soga al cuello cada tres meses”, dijo a LA NACION un delegado de UPCN, el gremio mayoritario y menos combativo de la administración pública.
Lo otro que comenzó a estar en la conversación fue la posibilidad de que se multipliquen los juicios laborales al Estado por la decisión oficial de pasar la guadaña de forma transversal por todos los organismos públicos. Todavía es prematuro saber el alcance que puede tener la judicialización, pero hoy ATE, el gremio más confrontativo, celebró la primera reunión de su equipo jurídico nacional junto con los asesores jurídicos de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires para “unificar criterios de actuación”. Sobre todo de cara a la situación en la Anses, donde se está registrando una segunda ola de desvinculaciones, que alcanza a los 910 empleados.
Cerca de Milei no se inmutaron por la posibilidad de que sobrevenga una oleada de planteos en los tribunales laborales. “¿Juicios por no renovar contratos que se vencieron? Que vayan a la Justicia”, lanzó un colaborador muy estrecho del Presidente.
En el Gobierno no acusaron recibo por el error que cometió Milei en su discurso al señalar que caerían la totalidad de los contratos del Estado. Adorni solo aludió a que se generó “confusión” y aclaró el verdadero alcance de las rescisiones en abril que, tal como anticipó LA NACION, involucrará a unos 15.000 trabajadores. Para salir del entuerto, el Gobierno redobló la apuesta advirtiendo que la planta de contratados seguirá sujeta a revisión, sin precisar hasta donde llegará el recorte en los meses venideros.
Está claro que en el Gobierno entienden que la “motosierra” les tributa políticamente no solo en la práctica sino –sobre todo- en el plano discursivo. Aunque no hubo un criterio unificado para definir qué empleados serían desvinculados. Según fuentes oficiales, el responsable de cada organismo fue el que evaluó a su planta y determinó quiénes cumplían funciones necesarias para la gestión. Extraoficialmente, el objetivo de la Casa Rosada fue que el recorte alcanzara al 20% de los contratados.
En varios organismos, según pudo reconstruir LA NACION, se utilizó como parámetro no renovar a los trabajadores que ingresaron a la función pública en el mandato de Alberto Fernández. Pero no fue el único criterio y también hubo cesanteados con muchos años de antigüedad. “Fui a buscar mis cosas. Los directores que comunicaron las desvinculaciones lloraban. Todos lloraban”, dijo a este medio una trabajadora con más de 20 años en su puesto.
Conflicto en Anses
Cerca de Milei resaltan que no corresponde indemnizar a los cesanteados de la administración pública central (que abarca a los ministerios del gabinete) porque se trata de personal encuadrado en el artículo 9º de la Ley Marco de Empleo Público que contempla un régimen de contrataciones de personal “por tiempo determinado” para “la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales”. Se trata de contratos con relación de dependencia sin estabilidad. Es decir que contemplan aportes patronales, obra social y vacaciones, pero no una indemnización al culminar el convenio.
En muchos casos se trata de trabajadores que llegan y se van con el gobierno de turno. El problema es que en el Estado hay miles de empleados que trabajaron durante décadas bajo esa modalidad inestable. Cientos de ellos comenzaron a recibir mails este mismo miércoles en todo el país.
Hay, por este motivo, algunos antecedentes que son mirados de cerca por el gremios estatales. En abril de 2010, en el caso “Ramos”, la Corte Suprema, con cuatro votos contra tres, avaló el reclamo de un trabajador que, por más de 20 años, había prestado servicios en la Armada tras la actualización continuada de su relación por tiempo determinado y le reconoció el derecho a una indemnización. En aquel momento, la composición del máximo tribunal era muy distinta a la actual.
Muchos organismos descentralizados del Estado, como la Anses o el PAMI, y las empresas estatales se rigen por convenios particulares dentro de la ley de contrato del trabajo. El caso Anses asoma como el más conflictivo de la era Milei. Allí esta semana se sumaron 910 cesanteados a los despidos que se habían registrado al inicio de la gestión. En las últimas horas, las desvinculaciones junto con las protestas de los gremios estatales generaron problemas en la atención al público en decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país.
Según pudo saber LA NACION, todos los casos de no renovación obedecieron a empleados que ingresaron entre 2019 y y 2023. En ese caso, muchos empleados esperan una indemnización y no se descarta una judicialización de la situación.
