La Justicia allana empresas implicadas en la trama de los seguros del Estado con comisiones millonarias
Por:
Candela Ini
Viernes 05 de
Abril 2024
El juez federal Julián Ercolini ordenó más de 20 operativos; busca información sobre las personas involucradas en la maniobra investigada
El juez federal Julián Ercolini ordenó esta mañana una serie de allanamientos a empresas implicadas en la causa penal que investiga las contrataciones millonarias de seguros en distintas dependencias del Estado durante la gestión de Alberto Fernández. Así lo confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, que precisaron que los operativos son al menos 24 y todavía no terminaron de concretarse. Los procedimientos están a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA).
Además del expresidente Alberto Fernández, en el caso están imputados el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, allegado a Fernández; el extitular de la empresa Nación Seguros Alberto Pagliano y el empresario Pablo Torres García. Los domicilios y oficinas de todos ellos, excepto el expresidente, fueron allanados el mes pasado. En esos procedimientos fueron secuestrados notebooks, tablets, pendrives, teléfonos celulares, un DVD, dos agendas y documentos. La justicia se hizo, además, de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa de Gobierno entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023, para determinar si los imputados visitaron al expresidente durante su gobierno, una información que ya había sido difundida por Poder Ciudadano.
También está imputado Alejandro D’Angelo Campos, el exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, dado que uno de los hechos que se investigan es que la Anses contrató coberturas de seguros con Nación Seguros SA utilizando intermediarios y pagando comisiones millonarias.
Los procedimientos de hoy ocurrieron después de que los funcionarios judiciales a cargo del caso recibieran un informe elaborado por los síndicos internos de Nación Seguros, que responden a la Sindicatura General de la Nación, en el que se incluyen los nombres de todos los productores que cobraron comisiones y los montos. Según ese documento, Bachelier S.A -vinculada a Martínez Sosa-, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Torres García Brokers, fueron las empresas más beneficiadas por las contrataciones investigadas, y el monto de las comisiones asciende, al menos, a los $3453 millones, a valores nominales.
Martínez Sosa es el esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero. El mes pasado, consultado por LA NACION, Alberto Fernández negó haber intercedido para darle negocios a él y en cuanto a las versiones de que era Cantero quien pedía por su marido, dijo: “Yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.
Ercolini reúne las tres denuncias que se presentaron sobre este caso: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de la abogada Silvina Martínez y la de la Coalición Cívica. En este expediente, la hipótesis que se investiga es que a partir de un decreto presidencial que ordenaba al Estado contratar con Nación Seguros las pólizas, intervino Martínez Sosa, el broker allegado a Fernández, que cobraba millonarias comisiones. El fiscal del caso es Carlos Rívolo.
La práctica denunciada en la justicia federal comenzó en 2021 y fue observada y cuestionada por el extitular de la Anses, el exfuncionario cordobés Osvaldo Giordano. Cuando asumió su cargo Giordano pidió que fueran investigadas las razones de un contrato con Nación Seguros para asegurar los créditos a los jubilados. Antes de que asumiera Alberto Fernández, la Anses usaba autoseguros. Y a fines de 2021, el expresidente ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas.
Además del expresidente Alberto Fernández, en el caso están imputados el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, allegado a Fernández; el extitular de la empresa Nación Seguros Alberto Pagliano y el empresario Pablo Torres García. Los domicilios y oficinas de todos ellos, excepto el expresidente, fueron allanados el mes pasado. En esos procedimientos fueron secuestrados notebooks, tablets, pendrives, teléfonos celulares, un DVD, dos agendas y documentos. La justicia se hizo, además, de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa de Gobierno entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023, para determinar si los imputados visitaron al expresidente durante su gobierno, una información que ya había sido difundida por Poder Ciudadano.
También está imputado Alejandro D’Angelo Campos, el exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, dado que uno de los hechos que se investigan es que la Anses contrató coberturas de seguros con Nación Seguros SA utilizando intermediarios y pagando comisiones millonarias.
Los procedimientos de hoy ocurrieron después de que los funcionarios judiciales a cargo del caso recibieran un informe elaborado por los síndicos internos de Nación Seguros, que responden a la Sindicatura General de la Nación, en el que se incluyen los nombres de todos los productores que cobraron comisiones y los montos. Según ese documento, Bachelier S.A -vinculada a Martínez Sosa-, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Torres García Brokers, fueron las empresas más beneficiadas por las contrataciones investigadas, y el monto de las comisiones asciende, al menos, a los $3453 millones, a valores nominales.
Martínez Sosa es el esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero. El mes pasado, consultado por LA NACION, Alberto Fernández negó haber intercedido para darle negocios a él y en cuanto a las versiones de que era Cantero quien pedía por su marido, dijo: “Yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”.
Ercolini reúne las tres denuncias que se presentaron sobre este caso: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de la abogada Silvina Martínez y la de la Coalición Cívica. En este expediente, la hipótesis que se investiga es que a partir de un decreto presidencial que ordenaba al Estado contratar con Nación Seguros las pólizas, intervino Martínez Sosa, el broker allegado a Fernández, que cobraba millonarias comisiones. El fiscal del caso es Carlos Rívolo.
La práctica denunciada en la justicia federal comenzó en 2021 y fue observada y cuestionada por el extitular de la Anses, el exfuncionario cordobés Osvaldo Giordano. Cuando asumió su cargo Giordano pidió que fueran investigadas las razones de un contrato con Nación Seguros para asegurar los créditos a los jubilados. Antes de que asumiera Alberto Fernández, la Anses usaba autoseguros. Y a fines de 2021, el expresidente ordenó que todos los seguros estatales debían ser canalizados a través de Nación Seguros, empresa que contrataba, a su vez, a un broker y a empresas privadas.
