El Gobierno desafía al sindicalismo y suma la reforma laboral de la UCR A la Ley Bases
Viernes 12 de
Abril 2024
El Ejecutivo avaló el proyecto de los diputados y senadores que contempla cambios en el régimen del trabajo a los que los gremios se oponen.
Casi a la misma hora en que la CGT anunciaba el segundo paro general para el 9 de mayo, el gobierno de Javier Milei desafió a los gremios y avaló un proyecto de reforma laboral del bloque de diputados de la UCR cuya letra abiertamente pondrá a la Casa Rosada en pie de guerra con los sindicalistas.
La pax romana que un día antes habían sellado los líderes de la CGT y la Casa Rosada no duró mucho. Los líderes gremiales llamaron a un nuevo paro nacional y quebraron la promesa vertida ante el Gobierno de "mantener la paz social".
Como contragolpe la administración de Milei recibió ayer a los diputados y senadores de la UCR que le llevaron un revolucionario proyecto de reforma laboral que en varios de sus puntos atenta contra el espíritu de los gremialistas.
Puntos de la polémica
Entre otras cuestiones que generan rechazo de la CGT y de los gremios el proyecto del radicalismo de la reforma laboral propone eliminar las cuotas sindicales, fija nuevos mecanismos de indemnización y modifica el período de prueba laboral, entre otras cosas. Algunos de estos puntos fueron incluidos en el DNU que Milei emitió en diciembre y que la justicia frenó justamente en el capítulo laboral.
"El proyecto lo vemos bien y lo vamos a analizar en profundidad. Pero la idea es incorporarlo al proyecto de ley de Base si hay aval de los jefes de bancada de la oposición que nos acompaña", explicó a El Cronista un encumbrado funcionario luego de la reunión con los legisladores de la UCR.
El jefe de gabinete, Nicolás Posse recibió ayer a los senadores radicales Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y a los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Alejandro Cacace, Rodrigo De Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay.
Según dijo el diputado Cervi a El Cronista ,"hay buena predisposición del gobierno para avanzar con una profunda reforma laboral como la que el radicalismo plantea y que tenga un andamiaje legal sólido en la ley de Base y no sea cuestionable en un decreto".
No obstante, en la Casa Rosada admitieron ayer que la débil tregua que se había sellado con la CGT en la reunión de anteayer se quebró con la convocatoria al segundo paro nacional dispuesto por la central sindical para el 9 de Mayo. Como contrapartida la respuesta fue el aval al proyecto de reforma laboral de la UCR que ahora se incorporará en el dictamen de la ley de Base.
El proyecto de la UCR
Entre los ejes centrales que plantea la iniciativa del radicalismo para tratarse en Diputados figuran los siguientes puntos:
Se plantea la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos. La legislación vigente permite que en los convenios colectivos se incluya una cuota extra tanto para afiliados como para no afiliados. El proyecto radical los prohíbe por completo.
Las asociaciones sindicales "no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros". Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma.
Se establece una fuerte reducción de las multas por trabajo no registrado para calcular las indemnizaciones.
A la vez, se promueve que los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados "sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros." Este es uno de los puntos más resistidos por los gremios.
Bloqueos y huelgas
En esta misma línea de confrontación con los gremios el proyecto de la UCR prohíbe "afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; provocar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; ocasionar daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente".
En la Casa Rosada evalúan que esta parte de la iniciativa es casi una declaración de guerra contra los camioneros de Hugo Moyano.
Es que la propuesta del bloque radical sostiene que en caso de verificarse estas conductas mediante la acción directa sindical, "la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento".
También limita el accionar gremial ya que sostiene que los conflictos colectivos que "pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a garantías de prestación de servicios mínimos".
En cuanto al período de prueba el proyecto prevé que se entenderá por este el celebrado durante los primeros 6 meses de vigencia. "Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización". Esta también es una bandera que los gremios no avalarán.
La pax romana que un día antes habían sellado los líderes de la CGT y la Casa Rosada no duró mucho. Los líderes gremiales llamaron a un nuevo paro nacional y quebraron la promesa vertida ante el Gobierno de "mantener la paz social".
Como contragolpe la administración de Milei recibió ayer a los diputados y senadores de la UCR que le llevaron un revolucionario proyecto de reforma laboral que en varios de sus puntos atenta contra el espíritu de los gremialistas.
Puntos de la polémica
Entre otras cuestiones que generan rechazo de la CGT y de los gremios el proyecto del radicalismo de la reforma laboral propone eliminar las cuotas sindicales, fija nuevos mecanismos de indemnización y modifica el período de prueba laboral, entre otras cosas. Algunos de estos puntos fueron incluidos en el DNU que Milei emitió en diciembre y que la justicia frenó justamente en el capítulo laboral.
"El proyecto lo vemos bien y lo vamos a analizar en profundidad. Pero la idea es incorporarlo al proyecto de ley de Base si hay aval de los jefes de bancada de la oposición que nos acompaña", explicó a El Cronista un encumbrado funcionario luego de la reunión con los legisladores de la UCR.
El jefe de gabinete, Nicolás Posse recibió ayer a los senadores radicales Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y a los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Alejandro Cacace, Rodrigo De Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay.
Según dijo el diputado Cervi a El Cronista ,"hay buena predisposición del gobierno para avanzar con una profunda reforma laboral como la que el radicalismo plantea y que tenga un andamiaje legal sólido en la ley de Base y no sea cuestionable en un decreto".
No obstante, en la Casa Rosada admitieron ayer que la débil tregua que se había sellado con la CGT en la reunión de anteayer se quebró con la convocatoria al segundo paro nacional dispuesto por la central sindical para el 9 de Mayo. Como contrapartida la respuesta fue el aval al proyecto de reforma laboral de la UCR que ahora se incorporará en el dictamen de la ley de Base.
El proyecto de la UCR
Entre los ejes centrales que plantea la iniciativa del radicalismo para tratarse en Diputados figuran los siguientes puntos:
Se plantea la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos. La legislación vigente permite que en los convenios colectivos se incluya una cuota extra tanto para afiliados como para no afiliados. El proyecto radical los prohíbe por completo.
Las asociaciones sindicales "no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros". Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma.
Se establece una fuerte reducción de las multas por trabajo no registrado para calcular las indemnizaciones.
A la vez, se promueve que los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados "sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros." Este es uno de los puntos más resistidos por los gremios.
Bloqueos y huelgas
En esta misma línea de confrontación con los gremios el proyecto de la UCR prohíbe "afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; provocar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; ocasionar daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente".
En la Casa Rosada evalúan que esta parte de la iniciativa es casi una declaración de guerra contra los camioneros de Hugo Moyano.
Es que la propuesta del bloque radical sostiene que en caso de verificarse estas conductas mediante la acción directa sindical, "la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento".
También limita el accionar gremial ya que sostiene que los conflictos colectivos que "pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a garantías de prestación de servicios mínimos".
En cuanto al período de prueba el proyecto prevé que se entenderá por este el celebrado durante los primeros 6 meses de vigencia. "Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización". Esta también es una bandera que los gremios no avalarán.
Con información de
Cronista
