Cerrarán 40% de los registros y reducirán 30% el personal de la Dirección de Registro Automotor
Viernes 03 de
Mayo 2024
Un comunicado oficial señala numerosas medidas a adoptar, incluida la eliminación de la tarjeta azul y otras medidas. Cualquiera podrá circular en una unidad con el solo requisito de tener la tarjeta verde, física o digital.
Por medio de un comunicado oficial de presidencia de la nación, se hizo saber que se adoptarán una serie de medidas con el objetivo de reducir costos y se eliminar trámites burocráticos en el ámbito de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
El comunicado aduce que las medidas propuestas son el resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección, pero seguramente deben ponerse en el contexto de una serie de contrapuntos entre el Gobierno y los Registros, cuyo último capítulo fue el duro comunicado que la Asociación del sector publicó a fines de abril, advirtiendo que el congelamiento era contraproducente y que “No somos un costo para el Estado: generamos ingresos y seguridad jurídica a los dueños de automóviles”.
En realidad, el proceso de revisión había comenzado en el mes de abril cuando se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
Las medidas concretas
Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes registros que estén intervenidos.
Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Se eliminará la "cédula azul": A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil. En paralelo, se eliminará el vencimiento de todas las "cédulas verdes".
Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos. También s e digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales que, según el comunicado oficial, asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función. El comunicado no aclara en qué forma se evitará que una medida de este tipo no sea cuestionada por discriminación, dado que haber cumplido una tarea política no invalida para el desempeño de ninguna tarea pública o privada.
Monopolio, afuera; controles, afuera
El comunicado también señala que se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios. Hasta el presente, se argumentaba que el monopolio oficial en la impresión de formularios es clave para evitar el fraude con formularios apócrifos.
Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo, aunque a mediados del mes pasado se aumentó casi hasta 11 millones de pesos.
El comunicado no establece cuáles son los montos o los tipos de vehículos que dejarán de estar alcanzados por esta norma. Tampoco indica cuál sería el beneficio de que un titular que obtuvo de modo lícito el dinero para la adquisición de un vehículo deje de informarlo.
El comunicado aduce que las medidas propuestas son el resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección, pero seguramente deben ponerse en el contexto de una serie de contrapuntos entre el Gobierno y los Registros, cuyo último capítulo fue el duro comunicado que la Asociación del sector publicó a fines de abril, advirtiendo que el congelamiento era contraproducente y que “No somos un costo para el Estado: generamos ingresos y seguridad jurídica a los dueños de automóviles”.
En realidad, el proceso de revisión había comenzado en el mes de abril cuando se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
Las medidas concretas
Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes registros que estén intervenidos.
Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Se eliminará la "cédula azul": A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil. En paralelo, se eliminará el vencimiento de todas las "cédulas verdes".
Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos. También s e digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales que, según el comunicado oficial, asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función. El comunicado no aclara en qué forma se evitará que una medida de este tipo no sea cuestionada por discriminación, dado que haber cumplido una tarea política no invalida para el desempeño de ninguna tarea pública o privada.
Monopolio, afuera; controles, afuera
El comunicado también señala que se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios. Hasta el presente, se argumentaba que el monopolio oficial en la impresión de formularios es clave para evitar el fraude con formularios apócrifos.
Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo, aunque a mediados del mes pasado se aumentó casi hasta 11 millones de pesos.
El comunicado no establece cuáles son los montos o los tipos de vehículos que dejarán de estar alcanzados por esta norma. Tampoco indica cuál sería el beneficio de que un titular que obtuvo de modo lícito el dinero para la adquisición de un vehículo deje de informarlo.
Con información de
CBA24N
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