Se reanudó el debate por la movilidad jubilatoria en Diputados
Miércoles 08 de
Mayo 2024

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, encabeza una reunión informativa en la que se están tratando los dictámenes firmados el 16 de abril en la comisión de Previsión Social.
La comisión de Presupuesto y Hacienda presidida José Luis Espert abordó hoy en una reunión informativa la discusión en torno a los cuatro dictámenes firmados el 16 de abril pasado en la comisión de Previsión Social sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que mejoran lo dispuesto en el DNU 274 del Poder Ejecutivo.
Las distintas iniciativas plantean alternativas superadoras a la recomposición parcial que estableció el Gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia, en la que modificó el cálculo para la actualización de haberes tomando el IPC como coeficiente de variación.
A través de la esa resolución, que plasmó el ajuste mensual de los haberes, se fijó un cronograma de transición hasta que la nueva fórmula de movilidad esté plenamente vigente a partir del mes de julio.
En la comisión de Previsión Social se habían avalado cuatro dictámenes: el de mayoría terminó siendo el de Unión por la Patria, que propone una recomposición inicial del 30% del poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, y sobre esa base mantiene la actualización de acuerdo a la fórmula que conjuga variación salarial y recaudación de ANSES (la fórmula de Alberto Fernández) pero sumando adelantos mensuales atados a la inflación.
La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen de minoría proponiendo un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, y actualización mensual por IPC, con adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación.
Además, establece una recomposición del 8,1% para que junto al 12,5% que fijó el Gobierno por decreto se totalice un 20,6% correspondiente a la inflación de enero.
El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados.
La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional.
El PRO, en tanto, anunció a través de Silvana Giudici primero, y de María Eugenia Vidal después, que presentó un dictamen propio que no se aparte demasiado de lo que establece el DNU.
Como únicas diferencias, incorporan en la fórmula de actualización un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional en 12 cuotas mensuales.
“Este año los salarios no van a superar la inflación pero si en años posteriores cuando la actividad crezca y la economía mejore es bueno que tengamos un componente de la fórmula jubilatoria vinculada al salario y además porque jurídicamente tenemos antecedentes con el fallo Badano de que tiene que haber un componente salarial”, justificó Vidal, que aclaró que este dictamen solamente agrega un 0,14 puntos del PBI de impacto fiscal adicional respecto al DNU para este año 2024.
También el dictamen del PRO elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.
Al comienzo de la reunión, Espert difundió las estimaciones del costo fiscal de cada uno de los dictámenes que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había elaborado a solicitud suya.
En primer lugar, explicó que el decreto 274 tiene un costo de 0,31 puntos del PBI adicionales respecto de la ley 27.609 que había sido sancionada el 29 de diciembre del 2020 durante la gestión de Alberto Fernández.
Según se señaló en el informe de la OPC, el gasto previsional pasaría de 6,83 a 7,14 puntos del PBI.
"Si hay más gasto fiscal, ya hay mejora de las jubilaciones respecto de la ley", aclaró Espert sobre la propuesta del Gobierno.
El dictamen de minoría que suscribieron con siete firmas la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, tiene un costo fiscal de 0,41 puntos del PBI respecto del DNU, llegando a 7,57 puntos.
El dictamen de Unión por la Patria, con 13 firmas, tiene un costo fiscal adicional de 1,86 puntos, llegando a un gasto equivalente a 9 puntos del PBI.
Finalmente, el dictamen de minoría del Frente de Izquierda propone un gasto previsional adicional de 14,36 puntos, alcanzado 21,5 puntos del PBI.
Además, se señala que aún con el aumento en las contribuciones patronales y en Bienes Personales este proyecto de la izquierda redundaría en más de 8 puntos de déficit en relación al decreto.
“Para el oficialismo el déficit cero no es un capricho sino que es un tema central para terminar con el peor impuesto que sufren los pobres, los trabajadores y los jubilados que es la inflación. Ninguno de estos proyectos tiene en cuenta eso”, cuestionó Espert
“Hay una ley que está vigente cuyo artículo 38 dice taxativamente que cualquier proyecto de ley que aumente el presupuesto -y tenemos presupuesto prorrogado- por encima de lo que dice la ley de Presupuesto tiene que contar con presupuesto. Ninguno de estos proyectos lo tiene”, expresó.
El economista libertario especificó -siguiendo el informe de la OPC- que con la ley actual, los haberes jubilatorios mínimos en junio estarán en 241 mil pesos, y el DNU los llevaría a 265 mil.
Con el dictamen de la UCR, Hacemos y la CC la jubilación mínima estaría en 285 mil pesos, mientras que la propuesta de UP plantea un piso de 435 mil para junio y finalmente el proyecto de la izquierda que propone un primer escalón de un millón de pesos.
En el debate de los diputados, Juliana Santillán (La Libertad Avanza) cuestionó el dictamen de Unión por la Patria y recordó que “la fórmula anterior sumergió a los jubilados en las penumbras de la pobreza”.
A su turno, Christian Castillo (Frente de Izquierda) resaltó que la decisión del Gobierno de Javier Milei de “ajustar a los jubilados” no es algo “inevitable” y “lo único que se puede hacer” sino que es “una opción política” entre otras.
“Hay opciones de política económica que implican bajar sistemáticamente lo que se va a destinar al pago de jubilaciones y pensiones. Es una opción política ajustar a los jubilados, no es que es inevitable”, afirmó.
En este sentido, defendió el dictamen firmado por Nicolás del Caño en la comisión de Previsión Social que efectivamente plantea una "suba sustancial" del gasto previsional en relación al PBI, porque eso define lo que para la izquierda representa una "prioridad" en el reparto de los recursos.
Las distintas iniciativas plantean alternativas superadoras a la recomposición parcial que estableció el Gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia, en la que modificó el cálculo para la actualización de haberes tomando el IPC como coeficiente de variación.
A través de la esa resolución, que plasmó el ajuste mensual de los haberes, se fijó un cronograma de transición hasta que la nueva fórmula de movilidad esté plenamente vigente a partir del mes de julio.
En la comisión de Previsión Social se habían avalado cuatro dictámenes: el de mayoría terminó siendo el de Unión por la Patria, que propone una recomposición inicial del 30% del poder adquisitivo de los ingresos de jubilados y pensionados, y sobre esa base mantiene la actualización de acuerdo a la fórmula que conjuga variación salarial y recaudación de ANSES (la fórmula de Alberto Fernández) pero sumando adelantos mensuales atados a la inflación.
La UCR y Hacemos Coalición Federal firmaron un dictamen de minoría proponiendo un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, y actualización mensual por IPC, con adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación.
Además, establece una recomposición del 8,1% para que junto al 12,5% que fijó el Gobierno por decreto se totalice un 20,6% correspondiente a la inflación de enero.
El dictamen de minoría del Frente de Izquierda prevé que la jubilación mínima en ningún caso esté por debajo del monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor, y propone una actualización de haberes tomando alternativamente el IPC o el RIPTE, según cual Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual resulte más favorable. Además, asegura el 82% móvil para todos los jubilados.
La Libertad Avanza firmó un dictamen que reproduce los dispuesto en el decreto 274/24 del Poder Ejecutivo Nacional.
El PRO, en tanto, anunció a través de Silvana Giudici primero, y de María Eugenia Vidal después, que presentó un dictamen propio que no se aparte demasiado de lo que establece el DNU.
Como únicas diferencias, incorporan en la fórmula de actualización un componente vinculado a la variación salarial (RIPTE), y agregan un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%) pero dándole al Poder Ejecutivo la posibilidad de liquidar ese adicional en 12 cuotas mensuales.
“Este año los salarios no van a superar la inflación pero si en años posteriores cuando la actividad crezca y la economía mejore es bueno que tengamos un componente de la fórmula jubilatoria vinculada al salario y además porque jurídicamente tenemos antecedentes con el fallo Badano de que tiene que haber un componente salarial”, justificó Vidal, que aclaró que este dictamen solamente agrega un 0,14 puntos del PBI de impacto fiscal adicional respecto al DNU para este año 2024.
También el dictamen del PRO elimina las jubilaciones de privilegio tanto para presidente como vice, y pone esos cargos en el sistema general.
Al comienzo de la reunión, Espert difundió las estimaciones del costo fiscal de cada uno de los dictámenes que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había elaborado a solicitud suya.
En primer lugar, explicó que el decreto 274 tiene un costo de 0,31 puntos del PBI adicionales respecto de la ley 27.609 que había sido sancionada el 29 de diciembre del 2020 durante la gestión de Alberto Fernández.
Según se señaló en el informe de la OPC, el gasto previsional pasaría de 6,83 a 7,14 puntos del PBI.
"Si hay más gasto fiscal, ya hay mejora de las jubilaciones respecto de la ley", aclaró Espert sobre la propuesta del Gobierno.
El dictamen de minoría que suscribieron con siete firmas la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal, tiene un costo fiscal de 0,41 puntos del PBI respecto del DNU, llegando a 7,57 puntos.
El dictamen de Unión por la Patria, con 13 firmas, tiene un costo fiscal adicional de 1,86 puntos, llegando a un gasto equivalente a 9 puntos del PBI.
Finalmente, el dictamen de minoría del Frente de Izquierda propone un gasto previsional adicional de 14,36 puntos, alcanzado 21,5 puntos del PBI.
Además, se señala que aún con el aumento en las contribuciones patronales y en Bienes Personales este proyecto de la izquierda redundaría en más de 8 puntos de déficit en relación al decreto.
“Para el oficialismo el déficit cero no es un capricho sino que es un tema central para terminar con el peor impuesto que sufren los pobres, los trabajadores y los jubilados que es la inflación. Ninguno de estos proyectos tiene en cuenta eso”, cuestionó Espert
“Hay una ley que está vigente cuyo artículo 38 dice taxativamente que cualquier proyecto de ley que aumente el presupuesto -y tenemos presupuesto prorrogado- por encima de lo que dice la ley de Presupuesto tiene que contar con presupuesto. Ninguno de estos proyectos lo tiene”, expresó.
El economista libertario especificó -siguiendo el informe de la OPC- que con la ley actual, los haberes jubilatorios mínimos en junio estarán en 241 mil pesos, y el DNU los llevaría a 265 mil.
Con el dictamen de la UCR, Hacemos y la CC la jubilación mínima estaría en 285 mil pesos, mientras que la propuesta de UP plantea un piso de 435 mil para junio y finalmente el proyecto de la izquierda que propone un primer escalón de un millón de pesos.
En el debate de los diputados, Juliana Santillán (La Libertad Avanza) cuestionó el dictamen de Unión por la Patria y recordó que “la fórmula anterior sumergió a los jubilados en las penumbras de la pobreza”.
A su turno, Christian Castillo (Frente de Izquierda) resaltó que la decisión del Gobierno de Javier Milei de “ajustar a los jubilados” no es algo “inevitable” y “lo único que se puede hacer” sino que es “una opción política” entre otras.
“Hay opciones de política económica que implican bajar sistemáticamente lo que se va a destinar al pago de jubilaciones y pensiones. Es una opción política ajustar a los jubilados, no es que es inevitable”, afirmó.
En este sentido, defendió el dictamen firmado por Nicolás del Caño en la comisión de Previsión Social que efectivamente plantea una "suba sustancial" del gasto previsional en relación al PBI, porque eso define lo que para la izquierda representa una "prioridad" en el reparto de los recursos.
Con información de
Noticias Argentinas
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