El Gobierno pedirá que los usuarios se vuelvan a registrar para recibir subsidios
Jueves 06 de
Junio 2024
La Nación quiere tener los datos actualizados de las familias para focalizar la ayuda del Estado solo a los más vulnerables. Depurarán el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que seguirá vigente y con los mismos criterios.
El Gobierno lanzará en las próximas semanas una campaña para pedir que los usuarios de energía eléctrica y gas natural por redes se vuelvan a inscribir en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que define la segmentación de tarifas.
De esa manera, los hogares brindarán voluntariamente sus datos para que la Secretaría de Energía pueda actualizar sus bases y en función de eso, categorizar correctamente a los usuarios según sus ingresos y patrimonios para focalizar la ayuda del Estado nacional.
"Las cosas no valen lo que la capacidad adquisitiva de la gente pueda pagar, sino lo mismo para todos, y por eso establecimos los precios de la energía uniformes para todos. El subsidio sí está en función del poder de compra. Nosotros queremos pasar de subsidios generalizados a focalizados, detectar a los vulnerables", definieron fuentes oficiales.
En ese sentido, las nuevas autoridades procuran "depurar" el RASE, un registro que se debería revisar cada 6 meses pero que nunca se hizo durante el Gobierno anterior, cuentan. "Sumaron a 1.700.000 hogares que tenían la tarifa social federal eléctrica por parte de las provincias al universo de usuarios Nivel 2 (ingresos bajos) sin que estuviera comprobado que necesitaran esos recursos nacionales", critican en los despachos oficiales.
Hasta mayo, las familias de menores ingresos y las que están en situación de pobreza abonaban apenas el 3% del costo pleno de abastecimiento eléctrico, un nivel que se elevará hasta poco más del 20% desde este mes.
La intención del Gobierno es que -sin cambiar los criterios de inclusión y exclusión para el acceso a los subsidios- los usuarios declaren sus datos actualizados para destinar el gasto público a quienes realmente lo necesitan.
"Va a salir una reglamentación para los que estén mal registrados. Los usuarios van a poder reclamar si creen que el registro los categoriza mal, y el sistema operará como con los reclamos de una tarjeta de crédito: primero se les dará la razón a los consumidores y se los volverá a incluir en los subsidios, pero se investigará caso por caso y se cobrará retroactivo si estaba bien la exclusión", detallaron en las cercanías de la Casa Rosada.
La continuidad del RASE, herramienta de la vieja segmentación de tarifas que quiso implementar el ex ministro de Economía Martín Guzmán y que puso en marcha Sergio Massa, no implica una caída del diseño de la Canasta Básica Energética (CBE).
Ese nuevo sistema tendrá un período de transición de 6 meses a 1 año y tiene múltiples complejidades: son 640 canastas distintas según el tipo de usuario y la región, entre otras variables; además, las provincias tienen que enviar sus bases de datos.
Con todo, un funcionario de confianza del presidente Javier Milei explicó que hasta el mes pasado la cobertura de costos del sistema eléctrico por parte de los usuarios era del 45%, mientras que a partir de los aumentos de tarifas que regirán desde junio, esa cobertura trepará al 65% (ahorro de subsidios).
De esa manera, los hogares brindarán voluntariamente sus datos para que la Secretaría de Energía pueda actualizar sus bases y en función de eso, categorizar correctamente a los usuarios según sus ingresos y patrimonios para focalizar la ayuda del Estado nacional.
"Las cosas no valen lo que la capacidad adquisitiva de la gente pueda pagar, sino lo mismo para todos, y por eso establecimos los precios de la energía uniformes para todos. El subsidio sí está en función del poder de compra. Nosotros queremos pasar de subsidios generalizados a focalizados, detectar a los vulnerables", definieron fuentes oficiales.
En ese sentido, las nuevas autoridades procuran "depurar" el RASE, un registro que se debería revisar cada 6 meses pero que nunca se hizo durante el Gobierno anterior, cuentan. "Sumaron a 1.700.000 hogares que tenían la tarifa social federal eléctrica por parte de las provincias al universo de usuarios Nivel 2 (ingresos bajos) sin que estuviera comprobado que necesitaran esos recursos nacionales", critican en los despachos oficiales.
Hasta mayo, las familias de menores ingresos y las que están en situación de pobreza abonaban apenas el 3% del costo pleno de abastecimiento eléctrico, un nivel que se elevará hasta poco más del 20% desde este mes.
La intención del Gobierno es que -sin cambiar los criterios de inclusión y exclusión para el acceso a los subsidios- los usuarios declaren sus datos actualizados para destinar el gasto público a quienes realmente lo necesitan.
"Va a salir una reglamentación para los que estén mal registrados. Los usuarios van a poder reclamar si creen que el registro los categoriza mal, y el sistema operará como con los reclamos de una tarjeta de crédito: primero se les dará la razón a los consumidores y se los volverá a incluir en los subsidios, pero se investigará caso por caso y se cobrará retroactivo si estaba bien la exclusión", detallaron en las cercanías de la Casa Rosada.
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Con información de
Clarín
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