Más despidos: el Gobierno confirmó el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia
Martes 11 de
Junio 2024
Las entidades, dependientes del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cuneo Libarona, brindaban atención legal primaria gratuita a personas vulnerables. Desde ATE apuntan contra los cientos de despidos.
El Gobierno nacional anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), entidades dependientes del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cuneo Libarona. Los espacios multidisciplinarios brindaban atención legal primaria gratuita a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Desde ATE denunciaron que con estas resoluciones, existe el peligro de que haya 400 despidos más.
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Justicia justificó que el cierre de los CAJ se debe a que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias". La cartera de justicia apuntó que "el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones" y aseguraron que el gasto de funcionamiento "le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año".
En esa línea, las autoridades ministeriales afirmaron que "en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes". Y concluyeron: "Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función".
Ate advirtió por los despidos
En este marco, desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que el cierre de estos centros de acceso a la justicia conllevan 400 despidos. Desde ATE detallaron que los CAJ “están integrados por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo” y describieron que “se encargan de realizar un abordaje Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una escucha transversal e interdisciplinaria. Habitualmente, en cada caso que asisten hay uno o más derechos insatisfechos”.
Actualmente, la cartera de Cuneo Libarona cuenta con 105 CAJ en todas las provincias, en barrios vulnerables, que una vez que se concrete el cierre de las 81 dependencias, quedarán 24 a nivel nacional, es decir, uno por provincia.
En este marco, Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada en la Secretaría de Justicia, afirmó que se encuentran "en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución de la que nos notificamos hoy". Según denunció en el área registran un total de 270 despidos desde el mes de diciembre. "Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más", completó.
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Justicia justificó que el cierre de los CAJ se debe a que "brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias". La cartera de justicia apuntó que "el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones" y aseguraron que el gasto de funcionamiento "le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año".
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Ate advirtió por los despidos
En este marco, desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que el cierre de estos centros de acceso a la justicia conllevan 400 despidos. Desde ATE detallaron que los CAJ “están integrados por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personales administrativo” y describieron que “se encargan de realizar un abordaje Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una escucha transversal e interdisciplinaria. Habitualmente, en cada caso que asisten hay uno o más derechos insatisfechos”.
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Con información de
El Destape
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