El Gobierno echó a un funcionario de la Anses que fue clave en el escándalo de los seguros y es concejal de Quilmes
Por:
Facundo Chaves
Lunes 24 de
Junio 2024
Federico D’Angelo fue director del Fondo de Garantías de Sustentabilidad. El Gobierno lo denunció en febrero. Ahora tomó la decisión de despedirlo, tras un sumario y el avance en la causa que investiga maniobras ilegales con las coberturas para los jubilados que tomaban créditos
El Gobierno echó de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) “con justa causa por injuria gravísima” a Federico D’Angelo Campos, un ex director del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) que es actualmente concejal oficialista de Quilmes, por su participación en la trama del escándalo de los seguros, que tiene al ex presidente Alberto Fernández entre sus principales involucrados. La Justicia investiga un negocio multimillonario en coberturas de préstamos otorgados a jubilados y pensionados con fondos del organismo previsional.
D’Angelo había sido denunciado el 29 de febrero pasado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres. Desde su cargo en el FGS, en mayo del año pasado firmó una nota que le ordenó a la compañía estatal “designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de Productor Asesor de Seguros”. Así, de manera unilateral, le habría garantizado un negocio a ambas compañías.
Esa nota firmada de puño y letra fue enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE) y llamó la atención de los investigadores. Por eso, el juez federal Julián Ercolini, que investiga el escándalo de los seguros, puso especial atención en esas empresas. Según la investigación publicada por Infobae en abril, San Ignacio y TG Brokers tuvieron una súbita facturación el año pasado: ambas cobraron 168.179.326 pesos de la ANSeS.
TG Broker es de Pablo Torres García, un empresario que tiene vínculos en el PRO, mientras que San Ignacio tiene relación con la coaseguradora, San Germán. Según la investigación del juez Ercolini, un director suplente de esa empresa, Hernán Bressi, está casado con una directora suplente de San Germano. Además, un amigo del presidente de San Ignacio que se involucró en la trama, Diego Rosendi, tendría un parentesco familiar con otro director de la coaseguradora. Rosendi, a su vez, está relacionado con otra empresa que le alquilaba oficinas a San Ignacio en la provincia de Misiones.
Más allá de las derivaciones judiciales a partir de las denuncias, D’Angelo Campos continuaba como funcionario, pese a que en la denuncia realizada el último día de febrero se lo acusó de haber ocasionado “perjuicio al Estado Nacional por comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros, en el marco de la operatoria Créditos Anses”. Los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
Los investigadores que trabajaron en la denuncia presentaron como prueba clave “una nota firmada de puño y letra dirigida a Nación Seguros donde se manifiesta la orden de contratar a empresas determinadas para intervenir en los contratos de seguros de vida para los saldos de los créditos tomados por jubilados y pensionados”.
Tras estallar el escándalo, entre marzo y abril, el Gobierno descabezó la primera línea de Nación Seguros. Desplazaron al gerente general, Mauro Tanos, al gerente de compras, Federico Eufemio, y al gerente comercial Matías Caselli, y otros dos empleados. Del lado de ANSeS, Milei desplazó a su primer director general, el cordobés Osvaldo Giordano, que fue quien destapó el escándalo de los seguros. Fue por un motivo político: su esposa, que es diputada nacional, votó en contra un par de incisos de la Ley Bases.
El nuevo titular de ANSeS, Mariano De los Heros, hizo una profunda reestructuración del personal que venía de la anterior gestión. De acuerdo con información que trascendió extraoficialmente, unas 1.200 personas fueron desplazadas o despedidas, la mayoría con cargos políticos y sueldos elevados.
Ahora, según pudo saber Infobae, a D’Angelo Campos le enviaron un telegrama en el que se le comunicó la decisión de despedirlo con justa causa por “injuria gravísima”. En el documento se hace mención a un sumario que se le abrió al ex funcionario, que estableció “la responsabilidad administrativa de D’Angelo Campos en atención a su conducta violatoria de las normas que eran de aplicación en cuanto a su función como director General de Operaciones del FGS”.
“La gravedad institucional puesta de manifiesto tanto en la denuncia penal formulada por este organismo como la que se vislumbra de la prueba agregada al sumario, con más la conducta irregular desplegada por el sumariado, compelen a propiciar la extinción de la relación de empleo por despido con justa causa”, indicó el sumario que sirvió de base para tomar la decisión de despedir al ex funcionario. Entre los aspectos que subraya esa investigación están “la falta de rechazo de las pólizas de Nación Seguros S.A., con inclusión de intermediarios designados por nota”.
Por último, la dirección de Recursos Humanos de la ANSeS destaca que se configuraron “graves incumplimientos a sus deberes de diligencia, colaboración y fidelidad (...) configurando todo ello una injuria gravísima que hace imposible la continuidad del vínculo laboral”.
La nota enviada con la firma de Federico D’Angelo Campos indicaba lo siguiente:
“Habiendo evaluado la conveniencia de contar con un asesoramiento profesional idóneo y de probada trayectoria para la evaluación, tratamiento y sustentabilidad de los seguros de vida colectivo de saldo deudor contratados y a contratar por este Organismo, se ha concluido que tal finalidad requiere la designación de un Organizador y un Productor Asesor de seguros en todo de acuerdo con los términos de la Ley N° 22.400 que regula dicha actividad.
A este respecto, le hago saber que se ha resuelto designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de Productor Asesor de Seguros para intervenir en los contratos de seguros mencionados, quienes deberán generar un asesoramiento constante en las coberturas vigentes.
En consecuencia, analizada la trayectoria y profesionalidad en la materia de los productores mencionados en la presente, dado que se encuentran antecedentes de haber asesorado eficientemente con anterioridad al organismo, es que la designación en cuestión resulta profesionalmente ventajosa para la administración.
Por último, cabe destacar que tales designaciones carecen de costo alguno para la ANSES”.
D’Angelo había sido denunciado el 29 de febrero pasado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el titular de la ANSeS, Mariano De los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres. Desde su cargo en el FGS, en mayo del año pasado firmó una nota que le ordenó a la compañía estatal “designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de Productor Asesor de Seguros”. Así, de manera unilateral, le habría garantizado un negocio a ambas compañías.
Esa nota firmada de puño y letra fue enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE) y llamó la atención de los investigadores. Por eso, el juez federal Julián Ercolini, que investiga el escándalo de los seguros, puso especial atención en esas empresas. Según la investigación publicada por Infobae en abril, San Ignacio y TG Brokers tuvieron una súbita facturación el año pasado: ambas cobraron 168.179.326 pesos de la ANSeS.
TG Broker es de Pablo Torres García, un empresario que tiene vínculos en el PRO, mientras que San Ignacio tiene relación con la coaseguradora, San Germán. Según la investigación del juez Ercolini, un director suplente de esa empresa, Hernán Bressi, está casado con una directora suplente de San Germano. Además, un amigo del presidente de San Ignacio que se involucró en la trama, Diego Rosendi, tendría un parentesco familiar con otro director de la coaseguradora. Rosendi, a su vez, está relacionado con otra empresa que le alquilaba oficinas a San Ignacio en la provincia de Misiones.
Más allá de las derivaciones judiciales a partir de las denuncias, D’Angelo Campos continuaba como funcionario, pese a que en la denuncia realizada el último día de febrero se lo acusó de haber ocasionado “perjuicio al Estado Nacional por comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros, en el marco de la operatoria Créditos Anses”. Los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.
Los investigadores que trabajaron en la denuncia presentaron como prueba clave “una nota firmada de puño y letra dirigida a Nación Seguros donde se manifiesta la orden de contratar a empresas determinadas para intervenir en los contratos de seguros de vida para los saldos de los créditos tomados por jubilados y pensionados”.
Tras estallar el escándalo, entre marzo y abril, el Gobierno descabezó la primera línea de Nación Seguros. Desplazaron al gerente general, Mauro Tanos, al gerente de compras, Federico Eufemio, y al gerente comercial Matías Caselli, y otros dos empleados. Del lado de ANSeS, Milei desplazó a su primer director general, el cordobés Osvaldo Giordano, que fue quien destapó el escándalo de los seguros. Fue por un motivo político: su esposa, que es diputada nacional, votó en contra un par de incisos de la Ley Bases.
El nuevo titular de ANSeS, Mariano De los Heros, hizo una profunda reestructuración del personal que venía de la anterior gestión. De acuerdo con información que trascendió extraoficialmente, unas 1.200 personas fueron desplazadas o despedidas, la mayoría con cargos políticos y sueldos elevados.
Ahora, según pudo saber Infobae, a D’Angelo Campos le enviaron un telegrama en el que se le comunicó la decisión de despedirlo con justa causa por “injuria gravísima”. En el documento se hace mención a un sumario que se le abrió al ex funcionario, que estableció “la responsabilidad administrativa de D’Angelo Campos en atención a su conducta violatoria de las normas que eran de aplicación en cuanto a su función como director General de Operaciones del FGS”.
“La gravedad institucional puesta de manifiesto tanto en la denuncia penal formulada por este organismo como la que se vislumbra de la prueba agregada al sumario, con más la conducta irregular desplegada por el sumariado, compelen a propiciar la extinción de la relación de empleo por despido con justa causa”, indicó el sumario que sirvió de base para tomar la decisión de despedir al ex funcionario. Entre los aspectos que subraya esa investigación están “la falta de rechazo de las pólizas de Nación Seguros S.A., con inclusión de intermediarios designados por nota”.
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