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Mandan al Congreso la polémica ley para que las Fuerzas Armadas puedan patrullar y detener terroristas
Por:
Daniel Santoro
Jueves 01 de
Agosto 2024
El ministro de Defensa, Luis Petri, envió esta semana un borrador del proyecto a un grupo de diputados de la UCR, el PRO y la Libertad Avanza. Autoriza a los militares a patrullar las calles de una provincia en crisis si se define que hay "acciones de terrorismo".
El Gobierno reflotó esta semana, luego de tres meses de silencio, su proyecto para que las fuerzas armadas participen de la lucha contra el terrorismo y otras actividades vinculadas con la seguridad interior realizando patrullajes, controles de personas y vehículos y detenciones en flagrancia o con las manos en la masa como se dice comúnmente.
El ministro de Defensa, Luis Petri, mandó un borrador de proyecto de ley, al que accedió Clarín en exclusiva, a un grupo de diputados de la Libertad Avanza , la UCR y del PRO que propone solo reformar el artículo 27 de la ley 24.059 de Seguridad Interior sancionada durante el gobierno de Carlos Menem.
Entre los diputados a los que se les envió el proyecto figuran María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza), Alejandro Finocchiaro (PRO), Alejandro Bongiovanni (PRO), Francisco Monti (UCR), Beltrán Benedit (LLA), y Sergio Capozzi (PRO), entre otros, informaron fuentes parlamentarias a este diario.
La movida se realiza luego del exitoso desfile militar del 9 de Julio sobre la avenida Libertador y apesar de las restricciones presupuestarias que sufren las unidades militares.
La propuesta habla de una “opción intermedia” en entre las acciones de apoyo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Estado de Sitio.
Y sostiene, tras consultar a constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay y Félix Lonigro, que la Constitución “no contempla una diferenciación entre las cuestiones de seguridad interior y la defensa nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FF.AA.”
El proyecto propone que el ministerio de Defensa a propuesta de un Comité de Crisis creado en una provincia en riesgo que las FF.AA. apoyen “las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de diferentes capacidad”. Para esta tarea habrá un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la subsecretaria de Seguridad Interior de la Nación.
Pero primero el Comité de Crisis deberá calificar la situación como “acciones terroristas que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación”.
La ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, había calificado como “terrorismo” el asesinato de un playero de Rosario porque busca crear el terror en la población, en el marco de una serie de ataques de narcos contra el endurecimiento de las medidas de seguridad de los líderes de “Los Monos” y otras bandas narcos.
Entonces, el proyecto estipula que el Comité de Crisis podrá ordenar a las FF.AA. medidas como “patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles”. Además, “proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes en zonas especialmente determinadas y por tiempo limitado y la aprehensión en flagrancia”.
Sin embargo, “en caso de detectar un presunto delito, las FF.AA. podrán actuar en flagrancias y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente”.
La actuación de las FF.AA. en este tipo de situaciones deberán contar con la “autorización del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas”.
En estos casos, “el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito”.
Además, el ministerio de Defensa -dice el proyecto de borrador- “deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado”.
En ese sentido, precisa que en caso de que los militares debieran usar “medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectivo deberán hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional”. Su accionar “será calificado en cumplimiento de deber y por lo consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal”.
Finalmente, el proyecto señala que las FF.AA. “deberán contar con capacitación técnico y legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas, como así también el equipamiento deberán ajustarse a las necesidades operativas de la misión”.
Se trata de una propuesta mejorada y que cuenta con más asesoramiento jurídico que la que se barajaba en marzo y que, al igual que está, es resistida por sectores militares en actividad y en retiro por más que el Gobierno proponga como ejemplo, los casos de Brasil, México, Uruguay y Colombia.
En marzo, Petri había anunciado que mandaría en breve un proyecto al Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior de 1991 y permitir que las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad ciudadana.
No obstante, en una conferencia en la Universidad de Belgrano, los ex ministros de Defensa radical Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy coincidieron en objetar el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior original del Gobierno de Javier Milei. Y contra cualquier “rol policial” de las FF.AA.
En forma paralela, Petri tiene redactado un proyecto de decreto presidencial para anular la reforma a la reglamentación de la ley de Defensa que hizo la ex ministra de Nilda Garré en 2006 y prohibió a los militares actuar contra otra fuerza que no sea un Estado.
Para Petri, la “reforma Garré” y la propaganda de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sobre la violencia de los setenta “han demonizado y perseguido a las Fuerzas Armadas” en los últimos años por un “sesgo ideológico”.
En ese momento, fuentes cercanas a Petri había señalado que el ministro de Defensa necesitará por lo menos seis meses para entrenar un batallón “de no más de 2 mil efectivos” para intervenir en ese tipo de situaciones extraordinarias, como las que sufre Rosario.
No va a abarcar a los 86 mil efectivos que tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Desde 1991 hasta ahora, los militares solo daban apoyo logístico a los policías en la lucha contra el el narcotráfico y así lo hicieron durante los gobiernos kirchneristas y el de Mauricio Macri en los llamados Operativos Fortín I y Fortín II y Escudo Norte, entre otros.
El ministro de Defensa, Luis Petri, mandó un borrador de proyecto de ley, al que accedió Clarín en exclusiva, a un grupo de diputados de la Libertad Avanza , la UCR y del PRO que propone solo reformar el artículo 27 de la ley 24.059 de Seguridad Interior sancionada durante el gobierno de Carlos Menem.
Entre los diputados a los que se les envió el proyecto figuran María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza), Alejandro Finocchiaro (PRO), Alejandro Bongiovanni (PRO), Francisco Monti (UCR), Beltrán Benedit (LLA), y Sergio Capozzi (PRO), entre otros, informaron fuentes parlamentarias a este diario.
La movida se realiza luego del exitoso desfile militar del 9 de Julio sobre la avenida Libertador y apesar de las restricciones presupuestarias que sufren las unidades militares.
La propuesta habla de una “opción intermedia” en entre las acciones de apoyo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Estado de Sitio.
Y sostiene, tras consultar a constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay y Félix Lonigro, que la Constitución “no contempla una diferenciación entre las cuestiones de seguridad interior y la defensa nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FF.AA.”
El proyecto propone que el ministerio de Defensa a propuesta de un Comité de Crisis creado en una provincia en riesgo que las FF.AA. apoyen “las operaciones de seguridad interior mediante la afectación de diferentes capacidad”. Para esta tarea habrá un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la subsecretaria de Seguridad Interior de la Nación.
Pero primero el Comité de Crisis deberá calificar la situación como “acciones terroristas que tengan por fin atemorizar a la población y pongan en peligro la vida, la libertad, la independencia, la soberanía, la integridad o la autodeterminación”.
La ministra de Seguridad Interior, Patricia Bullrich, había calificado como “terrorismo” el asesinato de un playero de Rosario porque busca crear el terror en la población, en el marco de una serie de ataques de narcos contra el endurecimiento de las medidas de seguridad de los líderes de “Los Monos” y otras bandas narcos.
Entonces, el proyecto estipula que el Comité de Crisis podrá ordenar a las FF.AA. medidas como “patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de puestos de control en puntos fijos o móviles”. Además, “proporcionar seguridad a instalaciones permanentes y no permanentes en zonas especialmente determinadas y por tiempo limitado y la aprehensión en flagrancia”.
Sin embargo, “en caso de detectar un presunto delito, las FF.AA. podrán actuar en flagrancias y comunicarán su actuación de forma inmediata al fiscal competente”.
La actuación de las FF.AA. en este tipo de situaciones deberán contar con la “autorización del gobernador o los gobernadores de las zonas afectadas”.
En estos casos, “el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos y condiciones vigentes para las fuerzas de seguridad nacionales, quedando expresamente habilitadas la realización de operaciones de seguridad interior en dicho ámbito”.
Además, el ministerio de Defensa -dice el proyecto de borrador- “deberá elaborar las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado”.
En ese sentido, precisa que en caso de que los militares debieran usar “medios materiales de coacción en forma disuasiva o efectivo deberán hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional”. Su accionar “será calificado en cumplimiento de deber y por lo consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal”.
Finalmente, el proyecto señala que las FF.AA. “deberán contar con capacitación técnico y legal correspondiente para intervenir en las acciones previstas, como así también el equipamiento deberán ajustarse a las necesidades operativas de la misión”.
Se trata de una propuesta mejorada y que cuenta con más asesoramiento jurídico que la que se barajaba en marzo y que, al igual que está, es resistida por sectores militares en actividad y en retiro por más que el Gobierno proponga como ejemplo, los casos de Brasil, México, Uruguay y Colombia.
En marzo, Petri había anunciado que mandaría en breve un proyecto al Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior de 1991 y permitir que las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad ciudadana.
No obstante, en una conferencia en la Universidad de Belgrano, los ex ministros de Defensa radical Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy coincidieron en objetar el proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior original del Gobierno de Javier Milei. Y contra cualquier “rol policial” de las FF.AA.
En forma paralela, Petri tiene redactado un proyecto de decreto presidencial para anular la reforma a la reglamentación de la ley de Defensa que hizo la ex ministra de Nilda Garré en 2006 y prohibió a los militares actuar contra otra fuerza que no sea un Estado.
Para Petri, la “reforma Garré” y la propaganda de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sobre la violencia de los setenta “han demonizado y perseguido a las Fuerzas Armadas” en los últimos años por un “sesgo ideológico”.
En ese momento, fuentes cercanas a Petri había señalado que el ministro de Defensa necesitará por lo menos seis meses para entrenar un batallón “de no más de 2 mil efectivos” para intervenir en ese tipo de situaciones extraordinarias, como las que sufre Rosario.
No va a abarcar a los 86 mil efectivos que tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Desde 1991 hasta ahora, los militares solo daban apoyo logístico a los policías en la lucha contra el el narcotráfico y así lo hicieron durante los gobiernos kirchneristas y el de Mauricio Macri en los llamados Operativos Fortín I y Fortín II y Escudo Norte, entre otros.
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