La Iglesia Católica rechazó el proyecto oficial para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años
Viernes 09 de
Agosto 2024
La Conferencia Episcopal salió al cruce de la iniciativa del Gobierno con un documento titulado “No encerremos la esperanza”.
La Iglesia Católica rechazó este viernes bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) calificó al proyecto del Gobierno como una “salida superficial” al flagelo del delito en los adolescentes.
“Consideramos que es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad”, señala el documento, que fue titulado: “No encerremos la esperanza”.
“Hay un marco y un recorrido social desde que alguien es concebido hasta que comete un delito. Como sociedad tenemos que sentirnos responsables para ayudar a prevenir la conducta de los niños y jóvenes que transgreden la ley”, suma el texto.
Para la Iglesia, una de las principales razones para rechazar la baja del umbral para encarcelar adolescentes se debe a que el desarrollo cognitivo y psicológico de una persona, “que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos” aún “está incompleto” entre los 18 y 19 años de edad.
Además, plantea el documento, “es necesario hacer un relevamiento integral de la situación de los menores que delinquen, que debe ser fruto de una estadística real y presente: en el ámbito social, cultural, familiar y económico, para entender mejor las causas de sus acciones y permitir una intervención más efectiva del Estado, por lo que se hace necesario un trabajo de prevención urgente que implica un mayor compromiso”.
“Necesitamos a los jóvenes (...) pero no presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución. Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro”, sentencia la CEA.
Para la entidad, las estadísticas no justifican la implementación de la ley: “Se conoce que los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años representan el 0.4%, un porcentaje bajo del total de delitos en el país y que el porcentaje de participación en homicidios es del 0.7%. Además, las normativas internacionales y recomendaciones de organismos como Unicef y la ONU, sugieren mantener una edad mínima alta para la imputabilidad, protegiendo los derechos de los menores”.
“Estamos dispuestos a seguir dando razones de nuestra esperanza y una vida nueva para todos, en un mundo de hermanos, donde todos tengamos las mismas oportunidades y posibilidades para crecer y salir adelante en la vida”, concluye el texto.
A fines de julio, la bancada de la Libertad Avanza junto al PRO decidieron avanzar en el tratamiento de esta iniciativa clave para el Gobierno.
“Consideramos que es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad”, señala el documento, que fue titulado: “No encerremos la esperanza”.
“Hay un marco y un recorrido social desde que alguien es concebido hasta que comete un delito. Como sociedad tenemos que sentirnos responsables para ayudar a prevenir la conducta de los niños y jóvenes que transgreden la ley”, suma el texto.
Para la Iglesia, una de las principales razones para rechazar la baja del umbral para encarcelar adolescentes se debe a que el desarrollo cognitivo y psicológico de una persona, “que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos” aún “está incompleto” entre los 18 y 19 años de edad.
Además, plantea el documento, “es necesario hacer un relevamiento integral de la situación de los menores que delinquen, que debe ser fruto de una estadística real y presente: en el ámbito social, cultural, familiar y económico, para entender mejor las causas de sus acciones y permitir una intervención más efectiva del Estado, por lo que se hace necesario un trabajo de prevención urgente que implica un mayor compromiso”.
“Necesitamos a los jóvenes (...) pero no presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución. Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro”, sentencia la CEA.
Para la entidad, las estadísticas no justifican la implementación de la ley: “Se conoce que los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años representan el 0.4%, un porcentaje bajo del total de delitos en el país y que el porcentaje de participación en homicidios es del 0.7%. Además, las normativas internacionales y recomendaciones de organismos como Unicef y la ONU, sugieren mantener una edad mínima alta para la imputabilidad, protegiendo los derechos de los menores”.
“Estamos dispuestos a seguir dando razones de nuestra esperanza y una vida nueva para todos, en un mundo de hermanos, donde todos tengamos las mismas oportunidades y posibilidades para crecer y salir adelante en la vida”, concluye el texto.
A fines de julio, la bancada de la Libertad Avanza junto al PRO decidieron avanzar en el tratamiento de esta iniciativa clave para el Gobierno.
Con información de
TN
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