''No somos consultados como deberíamos'', afirmó el presidente de la Corte Suprema
Jueves 29 de
Agosto 2024
Horacio Rosatti abrió un encuentro de jueces de tribunales orales en San Juan; se quejó de que los magistrados saben qué está mal en el Poder Judicial, pero no les preguntan para corregirlo
Durante un encuentro de jueces de tribunales orales federales que se realizó en San Juan, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dijo que los jueces conocen las falencias que se deben corregir en el Poder Judicial, pero que no son consultados. “Sabemos lo que está mal del Poder Judicial y cómo corregirlo, no somos consultados como deberíamos”, afirmó. En el encuentro hablaron además los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La declaración se produce en medio de la tensa relación que el gobierno de Javier Milei mantiene con la Corte Suprema, a la que criticó en público, y mientras en el oficialismo impulsa al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes del máximo tribunal. Días atrás, ante el Senado, Lijo se propuso como un “representante del Poder Judicial en la Corte Suprema”; mientras que Milei afirmó que el cuestionado juez federal, apadrinado por Lorenzetti, “es el único que puede viabilizar la reforma judicial que necesitamos”.
En San Juan, Rosatti renovó su compromiso con el sistema acusatorio. “Tengo mucha expectativa”, dijo y contó que “las primeras estadísticas que me llegan de la jurisdicción de Rosario son alentadoras”. Dijo que se dio un cambio en un “contexto al que calificó como “un tanto tumultuoso”.
El titular de la Corte Suprema reconoció el trabajo de todos los estamentos judiciales y en particular del Consejo de la Magistratura, que también preside, para impulsar este cambio.
Respecto de la labor del Consejo de la Magistratura, Rosatti resaltó que “no sólo está desarrollando en tiempo récord los concursos que estuvieron demorados y retrasados, sino que está contribuyendo con eficacia –desde sus áreas técnicas, de infraestructura, comunicaciones, servicios jurídicos y administrativos– a instalar las salas de audiencias, reparar los edificios y construir lo que falta al ritmo que ha marcado el Ejecutivo y que nosotros, más allá de alguna postergación, venimos tratando de implementar”.
Rosatti se manifestó en desacuerdo con las visiones que le atribuyen a jueces y juezas una menor preponderancia a partir de la introducción de la nueva modalidad.
“El juez, en el sistema acusatorio, tiene un doble rol fundamental: garante del procedimiento y decisor”, dijo, y consideró que desempeña un papel clave tanto en el debido proceso adjetivo como en el sustantivo: por un lado, para “garantizar que el conjunto del procedimiento se lleve adelante con normalidad y regularidad” y, luego, para convalidarlo al arribar a una determinación justa.
“El juez tiene que sentirse mucho más liberado que antes porque, al dictar sentencia, podrá hacerlo sin ningún tipo de atadura o prejuicio: esto es una garantía para los justiciables”, afirmó.
Tras advertir, entre otros obstáculos que dificultan el avance del proyecto, que en jurisdicciones como Rosario la mitad de los cargos siguen vacantes, instó a los magistrados a marcar las falencias pero “seguir trabajando: debatir menos y hacer”. En tal sentido, sostuvo: “Sabemos lo que está mal del Poder Judicial y cómo corregirlo, no somos consultados como deberíamos”.
Asimismo, señaló que “muchas veces, lo que los poderes representativos no pueden resolver lo tiran a la Justicia, aunque después la respuesta no gusta: es un círculo vicioso”. Y concluyó: “Tenemos sobrecarga, pero sabemos lo que hay que hacer y debemos continuar haciéndolo”.
La agenda del evento continuó con una conferencia de Rosenkrantz sobre el rol de los jueces en la Argentina y una exposición de Lorenzetti. Además, habrá iniciativas solidarias, propuestas educativas y paneles sobre la implementación del Código Procesal Penal Federal, gestión eficaz de audiencias, tecnología y justicia, ambiente y derecho.
Entre las actividades complementarias están previstas reuniones de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal y de la mesa directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, presidida por Andrés Basso. En tanto, la directora de la Oficina Judicial de la Casación, María López Alducín, disertó sobre “la gestión pública de calidad, bases para la coordinación”.
En el primer panel, el camarista de la Casación Mariano Borinsky habló de los desafíos en la implementación del nuevo Código Procesal; Horacio Días, sobre el juicio de cesura; Carlos Mahiques, sobre el juicio en ausencia, y Carolina Prado, sobre la ejecución de la pena en el acusatorio adversarial.
Ángela Ledesma expuso sobre el nuevo rol del juez en las audiencias; Diego Barroetaveña, sobre la escucha activa en el tribunal oral, y Sabrina Namer, sobre el juez como comunicador.
También el juez Daniel Petrone habló de la tecnología al servicio de los tribunales orales; Javier de la Fuente, sobre el delito de contaminación ambiental, y Lucas Estrada Casas, sobre energías limpias.
La declaración se produce en medio de la tensa relación que el gobierno de Javier Milei mantiene con la Corte Suprema, a la que criticó en público, y mientras en el oficialismo impulsa al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla como nuevos integrantes del máximo tribunal. Días atrás, ante el Senado, Lijo se propuso como un “representante del Poder Judicial en la Corte Suprema”; mientras que Milei afirmó que el cuestionado juez federal, apadrinado por Lorenzetti, “es el único que puede viabilizar la reforma judicial que necesitamos”.
En San Juan, Rosatti renovó su compromiso con el sistema acusatorio. “Tengo mucha expectativa”, dijo y contó que “las primeras estadísticas que me llegan de la jurisdicción de Rosario son alentadoras”. Dijo que se dio un cambio en un “contexto al que calificó como “un tanto tumultuoso”.
El titular de la Corte Suprema reconoció el trabajo de todos los estamentos judiciales y en particular del Consejo de la Magistratura, que también preside, para impulsar este cambio.
Respecto de la labor del Consejo de la Magistratura, Rosatti resaltó que “no sólo está desarrollando en tiempo récord los concursos que estuvieron demorados y retrasados, sino que está contribuyendo con eficacia –desde sus áreas técnicas, de infraestructura, comunicaciones, servicios jurídicos y administrativos– a instalar las salas de audiencias, reparar los edificios y construir lo que falta al ritmo que ha marcado el Ejecutivo y que nosotros, más allá de alguna postergación, venimos tratando de implementar”.
Rosatti se manifestó en desacuerdo con las visiones que le atribuyen a jueces y juezas una menor preponderancia a partir de la introducción de la nueva modalidad.
“El juez, en el sistema acusatorio, tiene un doble rol fundamental: garante del procedimiento y decisor”, dijo, y consideró que desempeña un papel clave tanto en el debido proceso adjetivo como en el sustantivo: por un lado, para “garantizar que el conjunto del procedimiento se lleve adelante con normalidad y regularidad” y, luego, para convalidarlo al arribar a una determinación justa.
“El juez tiene que sentirse mucho más liberado que antes porque, al dictar sentencia, podrá hacerlo sin ningún tipo de atadura o prejuicio: esto es una garantía para los justiciables”, afirmó.
Tras advertir, entre otros obstáculos que dificultan el avance del proyecto, que en jurisdicciones como Rosario la mitad de los cargos siguen vacantes, instó a los magistrados a marcar las falencias pero “seguir trabajando: debatir menos y hacer”. En tal sentido, sostuvo: “Sabemos lo que está mal del Poder Judicial y cómo corregirlo, no somos consultados como deberíamos”.
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Con información de
La Nación
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